De Privatizaciones a Re Estatizaciones

Un Capitalismo de Estado como el venezolano ofrecía un amplio margen para un proceso masivo de privatizaciones, por tanto era un elemento importante en la política pública en el período de 1989 a 1998. Sin embargo este proceso no tuvo un amplio desarrollo.

Las privatizaciones se llevaron a cabo en dos tiempos, uno en el período de Carlos Andrés Pérez (1989 a 1993), de aquí las más notables fueron las de la Aerolíneas Viasa, Aeropostal Venezolana y la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos. La otra tanda de privatizaciones ocurre en el período de Rafael Caldera (1994 a 1998). Hay que destacar que la crisis financiera de 1994, da lugar a que inesperadamente el Estado se haga dueño de bancos, empresas de seguros, bienes inmuebles, hoteles, entre otras empresas, como resultante de la masiva asistencia financiera que el Estado brindó a los banqueros y a los ahorristas, en la debacle justo al iniciarse este quinquenio gubernamental. La erogación de dinero público para enfrentar la crisis financiera agotó las finanzas estatales y trajo consigo varias devaluaciones. Este año el PIB decrece en – 2,23%, y para contrarrestar la fuga de capitales, se imponen una serie de controles.

La privatización de la Aerolínea Viasa, línea bandera venezolana, había sido originalmente una empresa mixta, luego adquirida por el Estado, y en el marco de las políticas económicas fue privatizada en 1991, adquirida por Iberia, empresa estatal española. Lo que llama la atención que al final no fue privatizada en el sentido estricto, sino que paso a ser parte de una empresa aerocomercial estatal, que para entonces se había expandido en América Latina con la adquisición de otras aerolíneas. La experiencia de esta privatización evidenció al poco tiempo resultados frustrantes, ya que Iberia confrontó problemas financieros en su sede, y empresas como Viasa y otras aerolíneas latinoamericanas fueron expoliadas, sometiéndolas a insostenibles presiones financieras, perdiendo gradualmente competitividad, todo lo contrario de lo que los apologistas de la privatización argumentaron para que el Estado saliera de ella, además perdiendo su capital y sus activos en general, de aquí que a los pocos años de la privatización Viasa entró en bancarrota . Demás esta señalar que las relaciones con los trabajadores fueron traumáticas, y que las condiciones de trabajo se venían a menos. A más de tres lustros de su cierre, aún están abiertos juicios y reclamos laborales, como evidencias de un proceso fracasado. http://www.volarenvenezuela.com/vev/modules.php?name=News&file=article&sid=1408 consulta 20-2-2010.

Menos complejo fue la privatización de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela –CANTV-. Si bien formó parte de la misma política neoliberal en donde se inscribió la de Viasa, su privatización no estuvo dirigida a liquidarla, sino a extraerle los mayores beneficios, además el estado de las comunicaciones telefónicas existentes eran tan deplorables, que quienes se opusieron a su privatización encontraban poco eco en la sociedad. De todos modos hubo un tanto más de resistencia sindical. Lo que permitió que se destinara un 20% de las acciones para ser vendidas a los trabajadores y al público general, con trato especial en el financiamiento. Sin embargo en lo relativo a las Relaciones Laborales, los nuevos propietarios, originalmente consorcio con predominio de capital de EEUU, pusieron en prácticas nuevas políticas de remuneración, de negociaciones colectivas, de contratación y subcontratación, todas ellas modificando sustancialmente las condiciones de trabajo. Una de las primeras medidas fue replantear quienes eran los beneficiarios de los convenios colectivos, y la empresa presionó para colocar fuera de su cobertura a una importante cantidad de trabajadores

En el período de Rafael Caldera II, de 1994 a 1998, la privatización bancaria es la más activa en los primeros años. La crisis financiera -1994- puso en sus manos una importante cantidad de instituciones del área financiera. Esta privatización fue mayormente aprovechada por el capital español, quién se hizo de las más importantes instituciones financieras subastadas; en menor proporción participó el capital de USA y de Chile. Terminada la década del noventa la mayor parte del sistema financiero se había desnacionalizado.

De todas las privatizaciones la más importante ocurrida en el período de R Caldera II, fue la de la Siderúrgica del Orinoco –Sidor-, culminada en 1998. Se trata de la mayor empresa en esa área, que para entonces tenía un producción de 2.5 millones de toneladas de acero y productos planos. Sidor fue adquirida por un consorcio latinoamericano, liderado por el grupo argentino-italiano Techint, en sus diez años de conducción elevó la producción a 4.5 millones. Para ello emprendió reformas productivas y laborales, algunas muy controversiales. Como todos los casos analizados en esta sección, la empresa vuelve a manos del Estado venezolano en el 2008. De paso, el Estado nunca estuvo ausente de la propiedad parcial de esta compañía, así como de sus órganos directivos, ya que la privatización fue del 60% de las acciones, quedando 20% para el Estado y 20% para los trabajadores. Este 40% accionario estuvo representado por el Estado en todo este período privatizado.

De las políticas laborales más criticadas al momento de la re estatización en el 2008, era la masificación de la externalización. La empresa había experimentado desde mucho antes de la privatización procesos de reestructuración que venían bajando su plantilla de 18 mil trabajadores, al momento de la privatización ya contaban sólo con 12 mil, y diez años más tarde al momento de la re estatización, cuenta con sólo 6 mil, y en contrapartida la producción casi se había duplicado. Aquí cuenta por un lado la puesta en ejercicio de innovaciones organizacionales y tecnológicas, pero lo verdaderamente más efectivo en la reducción de la plantilla ha sido la subcontratación que alcanzaba para el 2008, a más de diez mil trabajadores.

El sector productivo tanto público como privado en todo el período que va desde los años sesenta hasta la apertura en 1989, dispuso de amplia protección lo que le permitió disfrutar de los beneficios de la renta derivada de las exportaciones del petróleo y del hierro. También estas rentas contribuyeron a un mejoramiento de las instalaciones y la infraestructura para la producción, lo que coadyuvó a un incremento del consumo interno. Los esfuerzos por reestructurar el sistema productivo sólo son visibles a partir de la apertura económica iniciada en 1989, pero con serias dificultades políticas, que finalmente no facilitaron sus resultados estables, sino que se abrió una etapa de inestabilidad que dio al traste con lo consensos políticos y económicos que se habían establecido a fines de la década del cincuenta y que desde los primeros años de la década del sesenta, fueron claves para el desarrollo de la estabilidad política y la industrialización sustitutiva.

Venezuela: Industrialización Tardía y Desindustrialización Temprana

Los esfuerzos por emprender la industrialización, se ubican a partir de la década del cincuenta y sesenta del pasado siglo. Un fenómeno tardío si se compara con otros países de la región. Se ha sustentado la tesis que la industrialización venezolana estuvo motivada a aumentar el consumo interno de bienes y servicios, para compensar los desequilibrios favorables de la balanza de pagos con los Estados Unidos de Norteamérica, es decir el país les exportaba (petróleo) pero no consumía, así que la industrialización le permitió al capital norteamericano asegurar un enclave para el consumo de sus productos (Malavé Mata, 1973: 56). Importa destacar que antes de la industrialización el ingreso per cápita del venezolano era de las más altas de América Latina.
También se ha destacado la tesis de la sobrevaluación del signo monetario; lo que afectó en una primera etapa las posiciones del sector agroexportador tradicional, benefició las importaciones, y no facilitó las exportaciones manufactureras. Estos signos se revierten con las devaluaciones que se inician en 1983 y que aún persisten (Baptista y Mommer, 1989). En tanto en los últimos años varios países latinoamericanos han sobrevaluado su moneda, en Venezuela la devaluación ha sido un fenómenos persistente en las últimas tres décadas.
Las inversiones estatales con recursos provenientes de las exportaciones petroleras, sirvieron para la instalación de las industrias básicas de energía y materias primas como el acero, la petroquímica y el aluminio, así como infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria recibieron cuantiosos recursos en los años cincuenta, sesenta y setenta. Todo esto respondía a una realidad, el Estado disponía de los recursos de la renta petrolera, lo que lo convertía en un distribuidor, y no sólo un redistribuidor de los ingresos derivados de la actividad productiva de capital y trabajo. De tal modo que la distribución factorial del ingreso en Venezuela es el resultado de dos procesos de distribución con características muy distintas entre sí (Baptista y Mommer, 1989:16); fortaleciendo así el peso del Estado en la determinación del modelo productivo.
En lo relativo al sector manufacturero, la década del sesenta fue clave para su establecimiento y crecimiento, ya que se adoptaron políticas estatales de estimulo y fomento. Fue un modelo que tuvo notables carencias en el limitado encadenamiento con la producción de materias primas e insumos nacionales, por tanto se le ha llamado un modelo ensamblador, que requería un fuerte componente de importaciones para su funcionamiento. Las inversiones extranjeras se sintieron atraídas por las facilidades otorgadas, y por otro lado, algunos pocos empresarios que detentaban riquezas adquiridas en la agricultura y el comercio, asumieron iniciativas en el sector secundario. Resultado de este proceso se alcanzó para los fines de los sesenta, una contribución del sector manufacturero al PIB de un 18%. Sin embargo a muy temprana fecha, el sector manufacturero empieza a vivir un acelerado proceso de cambio estructural con un marcado sesgo desindustrializador.
Algunos autores llaman la atención que la des-industrialización venezolana es de naturaleza temprana o prematura, pues parece haber comenzado a finales de los años ochenta cuando los niveles de PIB per capita eran bajos (Vera, 2009:89; Valecillos, 1993; Carmona, 2009). Hecho más llamativo y se toma en cuenta que la industrialización venezolana es de las más recientes en el continente, el despegue comenzó en los años cincuenta y se consolidó en los sesenta, es decir empezó sesenta años más tarde que Argentina, Brasil, Chile, México, e incluso veinte años más tarde que en Colombia. (Echavarría y Villamizar, 2010). Este proceso ha continuado persistentemente en los noventa y en lo que va del siglo XXI, en contrapartida ha ocurrido que la economía venezolana se ha primarizado, ya que su composición de actividades con valor agregado han venido a menos, a cambio de actividades basadas en la exportación de petróleo, así como en la importación de bienes de consumo.
Por supuesto que también ha ocurrido un amplio proceso de tercerización, que se expresa en que el sector servicios representa cerca del 70% de la estructura ocupacional, con énfasis en el empleo en la administración pública, en los servicios personales y en el comercio. El peso de los servidores al servicio gubernamental subió entre el 2004 y el 2008, con 517.600 nuevos trabajadores, para alcanzar a 2.257.126 (octubre 2009), representando un 18,2 % de la p.e.a. Para el 2003 el porcentaje era de 14%.
Un plan de re-industrialización es una tarea necesaria para el futuro del país. Es un tema para la discusión, el acuerdo y una visión amplia del país.

REESTRUCTURACIÓN PRODUCTIVA EN VENEZUELA: BALANCE LABORAL

Con este título hemos venido elaborando contribución para publicación colectiva que reune análisis de autores de varios países. La obra es dirigida por Julio Cesar Neffa -Argentina- y Enrique de la Garza -México-, pero además reune contribuciones de Marcio Pochman y Giovanny Alves -Brasil-, Jorge Carrillo -México-, Fernando Urrea -Colombia- y la contribución nuestra, caso venezolano obviamente, cuyo índice es que sigue, aunque cada contribución presente su propio esquema:

• I Introducción. Rasgos sobresalientes del modelo productivo

• Industrialización Tardía y Desindustrialización Temprana
• Manifestaciones de agotamiento del modelo de desarrollo productivo previo; 1983-1989.
• Reestructuración Productiva: Apertura, Privatización, Descentralización, 1989-1998

• II Caracterización del funcionamiento laboral en Venezuela. Nuevas institucionalidades; ruptura del pacto tripartito; recentralización y tensiones políticas.
• Libertad Sindical
• Sindicalismo fragmentado. Paralelismo y consecuencias. Conflictos inter e intra sindicales. Violencia Laboral y Sindical.
• La Violencia Sindical
• Criminalización de la Protesta Laboral
• El fomento de nuevas formas de representación.
• Los Delegados de Prevención
• Los Consejos de Trabajadores
• Los Consejos Comunales
• Las Milicias Obreras
• Las luchas reivindicativas: negociaciones colectivas
• La reforma de la Legislación Laboral
• Salarios Mínimos: Inflación, Dialogo, Cobertura y Dolarización
• Política Social

• III Estatización del aparato productivo. Nuevos esquemas productivos. Nuevas Relaciones de Trabajo, 2003-2008.
• Fomento del Cooperativismo
• Las Empresas de Producción Social
• Las Empresas de Propiedad Social
• Las expropiaciones
• Sistema Productivo y Relaciones Internacionales

• Conclusiones

• Bibliografía
• Apéndice Estadístico

Es un esquema de fenómenos controversiales en el desarrollo productivo y laboral de los últimos 25 años, y desde ya el mayor interés en intercambiar sobre los mismos.

Violencia Laboral en Carabobo

Quienes hacemos estudios de las Relaciones de Trabajo, hemos venido viendo paulatinamente la descomposición de su funcionamiento. Múltiples manifestaciones lo vienen mostrando. Y preocupa que se haga muy poco para contrarrestarlo. Un proceso de descomposición laboral avanza y hace la convivencia más difícil en los espacios productivos.

En ese marco parece ubicarse lo ocurrido el pasado jueves 12 del presente mes, con asesinato de gerente de Recursos Humanos de la empresa italiana Ghella C.A., constructora contratada para las obras del ferrocarril.

Todo parece apuntar a una víctima más de la existencia de anormalidades en el funcionamiento laboral que desembocan en la violencia. Hechos como la existencia de múltiples organizaciones sindicales, así como múltiples mecanismos de representación, - paralelismo pronunciado-, ya que además de la diversidad de sindicatos actuantes en un mismo sector productivo, y por encima de ellos las organizaciones sindicales de segundo y tercer grado (federaciones y centrales sindicales), funcionan los delegados de prevención y los comités de esa misma actividad, los consejos comunales que se vinculan con los repartos de los empleos, las “pseudocooperativas”, a todo ellos agréguese que se vienen promoviendo las milicias obreras, y los consejos de trabajadores. Con tal diversidad de instituciones imaginemos la complejidad y dificultad para el ejercicio de una representación laboral efectiva, autónoma y transparente. Para las empresas que se desenvuelven en esos escenarios la actividad productiva se torna heroica. Por eso la competitividad para un mejoramiento sustentable y sostenido de las condiciones de trabajo se convierte en una quimera.

El fenómeno de la violencia laboral adquiere magnitudes extremas a partir del 2005. El Informe de Provea, institución no gubernamental que lleva registros de violaciones de los derechos humanos, indica para ese año, el asesinato de 45 dirigentes sindicales, la amplia mayoría relacionados con la obtención de empleos en los sectores de la construcción y petrolero. El año siguiente -2006- el Informe de Provea correspondiente indica un número de 48 asesinados, el más alto en toda la historia del país; el fenómeno sigue ocurriendo por el acceso al empleo, en los sectores mencionados.

El número baja a 29 en el 2007, este año “se instala una mesa de dialogo de alto nivel constituida en el 2007 para buscar soluciones a esta problemática fue abandonada tanto por los trabajadores como por el gobierno sin haber logrado resultado alguno” (Provea 2008:128). Nuevamente en el 2009, se tienen 46 casos. La amplia mayoría ocurren en el sector de la construcción, y en menor proporción en el sector petrolero y el automotriz.

Con los datos anteriores Provea informa que ya para el año 2007 “Venezuela es el segundo país en el mundo más peligroso para los sindicalistas, luego de Colombia” . Sin embargo, comparando y analizando los datos recopilados por la Escuela Nacional Sindical –ENS-, resulta discutible esta afirmación, véase lo siguiente: Disponiendo de dos fuentes por un lado la ESN, que da cuenta de 22 homicidios de sindicalistas –Colombia- en el 2007 y de 34 en el 2008. Estos números son más bajos que los de Venezuela en esos mismos años. Aunque otra fuente importante como es la Confederación Sindical Internacional, a la cual está afiliado el sindicalismo colombiana, presenta un registro de 39 y 45 de asesinatos de sindicalistas para igual período.

Hay que destacar que en Colombia se inició en el 2006 un programa de dialogo y varias medidas para combatir el problema – “Acuerdo sobre Libertad Sindical y Democracia”-, que incluye por cierto la instalación permanente de una misión de OIT coadyuvando a la solución del problema. La Comisión de Aplicación de Normas de la OIT informa de los adelantos, entre ellos el aumento de las sentencias condenatorias, la creación de un fondo de reparación para las víctimas de la violencia. La Comisión sigue considerando bajo el número de de condenas, y que las sentencias que han sido dictadas sólo se refieren a los autores materiales de la violencia y no a los instigadores.

Volviendo al caso del gerente de RRHH asesinado el pasado 12 del presente, hay que destacar, que hasta ahora, no ha habido ninguna declaración de funcionarios públicos sobre el particular, ni de la empresa ni de los sindicatos del ramo. En cuanto a la Administración del Trabajo, hace rato que se le ha venido escapando su papel orientador, pedagógico y vigilante de las relaciones entre empresas y trabajadores, para una convivencia favorable el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, y de una mejor producción para la sustentabilidad productiva y el bienestar general de sociedad.

Desarrollo Endógeno y Socialismo no Participativo

El modelo productivo dominante en el discurso promovido desde el Estado se le identifica como un modelo de desarrollo endógeno. Indudablemente bien distante a la orientación de un modelo abierto con proyección exportadora. Hay que recordar que el modelo productivo que se pretende sustituir tampoco llegó a alcanzar niveles de exportaciones importantes. El patrón de consumo dominante descansaba en una producción desarticulada sin encadenamientos productivos estables, con un alto nivel de importaciones.
Para alcanzar sus propósitos se ha fomentado un mayor control del sistema productivo por parte del Estado. Hay que señalar que las primeras medidas de control, que fueron enunciadas y aprobadas a fines del 2001, generaron inmediatamente una relación tirante con el empresariado, que se ha profundizado año tras año, a pesar de ciertas muestras de acercamiento que buena parte del empresariado parecería estar dispuesto a aceptar, si al menos el gobierno hiciera algún gesto. Pero éste recurre sistemáticamente a recordar hechos ocurridos en el 2002 y 2003, para invocar y justificar el distanciamiento y hasta la "lucha de clases".
El modelo productivo y las consecuencias en las Relaciones de Trabajo se hacen más impactantes, a partir del fomento de formas de propiedad y organización del trabajo por parte del Estado. En este sentido se destacan el reimpulso al Cooperativismo que ha resultado más bien en pseudocooperativismo, el fomento de nuevas organizaciones productivas, como son las Empresas de Producción Social por un lado, y más recientemente la Empresas de Propiedad Social. A ello hay que agregar las estatizaciones, fundadas en un primer momento en el carácter de sectores productivos estratégicos, en otros casos la ansiada búsqueda de la soberanía alimentaria, en otros casos como resultado de situaciones conflictivas laborales, no siempre bien conducidas por la Administración del Trabajo, y finalmente estatizaciones que no expresan claramente sus fundamentos, en donde las justificaciones surgen es a posteriori de la propia estatización, sin ningún debate con nadie ni en ningún ámbito que pueda corresponder con la más mínima dosis de participación, resultando algo así como "Socialismo no participativo", que caso tras caso van minando la capacidad productiva del país, y no vamos ni al desarrollo exógeno, ni al endógeno, más bien al no desarrollo.

Salarios Mínimos:Inflación, Dialogo, Cobertura y Dolarización

Con el establecimiento del salario mínimo por primer vez en 1975, conviene llamar la atención que hasta entonces, la inflación no era un problema en la economía petrolera venezolana del siglo XX; cincuenta años con una inflación anual entre 1 y 3 %. La estabilidad concluye en los años del primer boom, cuando por primera vez se llega a los dos dígitos en 1974, como se puede ver en la gráfica “Inflación 1950-2008”, de ahí su implantación, como decisión unilateral del Poder Ejecutivo.
Posteriormente en 1990 con la nueva Ley Orgánica del Trabajo se establece un mecanismo de Dialogo Social, que coloca primeramente en las negociaciones entre empleadores y trabajadores la determinación del porcentaje de incremento. Este es colocado en manos del Poder Ejecutivo quien lo confirma o modifica, para luego ser planteado al Legislativo. Desde 1991 hasta 1999 este mecanismo se practicó regularmente, en el mes de enero de cada año se instalaba la comisión y lo concertado pasaba al Ejecutivo y Legislativo, apuntando a ser anunciado y puesto en vigencia con motivo del 1 de Mayo, Día del Trabajador.
En la última década este mecanismo se ha practicado de manera diferente, no obstante que no se han modificado los textos legales del caso. El hecho central es que no se convoca a los actores empresariales y sindicales. En los primeros años se convocaba a un espectro de diversas instituciones, originando que las tradicionales organizaciones representativas de los actores, presentaran quejas ante la OIT por la deformación y ruptura del Dialogo Social. Finalmente las confrontaciones abiertas, entre por un lado el gremio empresarial de Fedecamaras y la CTV, y por el otro el Gobierno Nacional, determinaron que el salario mínimo resulta solamente establecido por este último.
El alcance del salario mínimo ha venido resultando un incremento de salarios para un número cada vez mayor de trabajadores. Si bien en los primeros años de su establecimiento, de 1975 a 1987 existía un diferencial notable entre el ingreso laboral real promedio y el salario mínimo -al respecto existen datos demostrativos-. Pero desde 1988 el diferencial se ha reducido, en principio por la disminución del primero, pero desde 1989 ocurrió otro tanto con los salarios mínimos. Una de los factores de este decrecimiento fue la bonificación salarial, práctica que permitía a los empleadores pagar a sus trabajadores con bonos que no tenían carácter salarial y éstos llegaron a superar ampliamente el salario, perjudicando a la larga los ingresos anuales y de la vida laboral de los trabajadores, ya que los bonos no eran tomados en cuenta para pagos como vacaciones y utilidades, ni para la seguridad social. En 1997 se reforma el régimen legal y se le fija un límite a esta práctica, dando lugar a un mejoramiento del salario mínimo.Hoy persiste el generalizado ticket de alimentación que conserva tal carácter, ya no repercute en prestaciones de liquidación por terminación de servicios y mucho menos en la seguridad social del trabajador.
En cuanto a la población que recibe el salario mínimo como remuneración regular, datos oficiales la ubican en 5.023.726, lo que representa el 40% de la población económicamente activa.
El poder adquisitivo del salario mínimo es objeto de controversias por el hecho de que las mediciones del INE son cuestionadas por entidades no gubernamentales que mes a mes publican resultados de sus encuestas, las más importantes y acreditadas son el Cenda y el Cendas.
Mientras los datos del INE tienden a mostrar que con el salario mínimo se cubre la canasta alimentaria, al menos así lo muestran sus registros desde el 2006 para acá, los de las entidades no gubernamentales demuestran que sólo alcanza para cubrir parte de la misma, tan poco como solamente el 45% caso del año 2008 hasta años mejores sobre el 60% como el 2006 y el 2007, por ejemplo.
La diferencia entre estos datos y los del INE se debe a dos consideraciones metodológicas, ya que por un lado no es la misma cesta y lo segundo es que las entidades no gubernamentales hacen su encuesta con los precios reales. En cambio el INE lo hace con los precios regulados.También hay que registrar que sus datos son recogidos a nivel nacional, en cambios las entidades no gubernamentales se refieren es al Area Metropolitana. Para ver las diversas metodologías se recomienda consultar a Venescopio, centro de análisis y métodos de datos sociales, su web http://www.venescopio.org.ve/docs/reporte_octubre.pdf -consultado 18-1-2010-
La representación del salario mínimo en dólares de los EEUU, plantea la dificultad de que han existido dos tasas cambiarias en los diversos controles de cambio a lo largo de los años ochenta, noventa y en este siglo. Incluso en algunos momentos se han llegado a manejar tres tasas, y de ellas dos oficiales, y una no oficial pero no marginal por los montos que transa. Entonces si se trata de expresar el salario mínimo en dólares EEUU, habría que expresarlo en las distintas tasas cambiarias.
Finalmente lo deseable es que los salarios mínimos sean referenciales, como fueron en sus primeros doce años (1975-1987), en donde era notable la brecha entre los salarios promedios y el mínimo. El grueso de estos era resultado de la propia relación entre las partes, que contractualmente fijaban según las posibilidades y características de los centros productivos sus propios salarios mínimos, por supuesto siempre por encima del referencial que habían convenido empresarios, trabajadores y gobierno.

RAFAEL CALDERA Y LOS INICIOS DE LAS REGULACIONES LABORALES

La desaparición de Rafael Caldera este 24 de diciembre, invita a una reflexión sobre su vida y obra en el ámbito de los estudios del trabajo, ya que la misma estuvo signada por este campo y la política. Tan dilatada trayectoria exige un esfuerzo considerable que una breve nota no puede pretender sino sugerir algunas ideas preliminares.
Centrándose en sus contribuciones en el ambito de los estudios del trabajo, hay que empezar por destacar su temprana inclinación por estos asuntos. Habiendo nacido en 1916, que ya en 1939 haya publicado su obra “Derecho del Trabajo”, es decir con apenas 23 años de edad, y que la misma haya tenido un impacto que aún hoy se siente, es una evidencia de su precocidad en el análisis y la profundización de estos temas. Su temprana inclinación por indagar los asuntos relativos a la normativa laboral, en un país que para el tiempo de sus estudios universitarios de Derecho en la década del treinta, era sumamente atrasado. Hay que recordar que Venezuela, como se ha repetido tantas veces, entra en el siglo XX en el año de 1936 en adelante. De aquí que el haber escogido la temática laboral como centro de sus preocupaciones académicas ya es un postura visionaria.
En la construcción de los análisis de los asuntos del trabajo para entonces dominaron la marxista, la utilitaria y la doctrina de la Iglesia Católica. En nuestro país, las dos primeras aún no habían prendido en los contados medios académicos. En cambio la tercera sí contaba con notable influencia. La encíclica "Rerum Novarum" (1.891) del papa León XII, había tenido notable influencia en el mundo católico mundial, e incluso se le señala como una de las fuentes que inspiraron las primeras legislaciones laborales en nuestro continente. La temprana vinculación de Rafael Caldera con estas fuentes contribuyó a marcar su inquietud por lo laboral.
La creación de la primera entidad gubernamental dedicada al tema trabajo, la Oficina Nacional del Trabajo creada en febrero de 1936 tuvo a Caldera con apenas veinte años de edad, como Subdirector. Ha de destacarse que esta Oficina era parte del programa que tuvo que diseñar y presentar públicamente el régimen de López Contreras, ante las presiones populares de Febrero de 1936. A esta Oficina se le asigna como tarea central preparar un proyecto de Ley del Trabajo. Desde la década pasada, los veinte, ya un movimiento favorable a la construcción de legislaciones laborales estaba en pleno desarrollo en toda América Latina. Era parte de una respuesta a los acuerdos de paz al terminar la I Guerra Mundial, firmados por casi todos los países de la región, que incluían un capítulo de derechos de los trabajadores y comprometía a las autoridades a su implementación.
Es significativo destacar en la formación y oportunidad que tuvo Rafael Caldera en el ejercicio de la responsabilidad asignada en la Oficina Nacional de Trabajo, que Venezuela es receptora de la primera misión de asistencia técnica brindada por la Oficina Internacional del Trabajo, creada en 1919 y que ya había alcanzado una importante influencia mundial en las regulaciones laborales. Aquí se destacan dos hechos que brindaron una oportunidad que el joven estudiante de derecho Rafael Caldera no desaprovechó, una el haber contado con la asesoría de dos experimentados profesionales destacados por la OIT para apoyar en la elaboración de la Ley del Trabajo inicialmente, y luego su Reglamento dos años más tarde, se trata de David Blelloch en 1936 y de Wilfred Jenks, el cual estuvo casi un año en Venezuela para conocer el país y revisar los términos del proyecto de código del trabajo de 1938. Vinculado con esta relación profesional Rafael Caldera fue el primer corresponsal de la OIT en Venezuela.
Seguro que pronto habrá oportunidad para intercambiar sobre su obra en este campo, en donde Rafael Caldera deja una huella profunda, que aún hoy después de su obra pionera de hace setenta años, sigue siendo citado por los interesados en los temas de derecho del trabajo.