MAS SALARIOS, PERO NO MENOS POBREZA

Cada vez es más inusual que se pueda tener un empleo estable y bien remunerado. Lo primero es más viable que lo segundo. La estabilidad puede ser forzada por la aplicación puramente de regulaciones y la vigilancia de autoridades, pero también puede ser de otra mejor manera como cuando  el empleador y la entidad productiva permite las posibilidades y la viabilidad para ofrecer condiciones estables de empleo y remuneraciones.

  En los entes públicos la situación es diferente, la estabilidad deja de existir si se mantiene públicamente una posición de oposición o de discrepancia. Esto se entiende como parte de una cultura autoritaria que administra los empleos al servicio del Estado como empleos al servicio de la parcela política gobernante, y que por tanto se puede desde esas esferas decidir sobre el ingreso, la permanencia y el término de la relación de trabajo de los trabajadores, independientemente de la antigüedad acumulada, de la calidad y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.

  En ese orden, en los últimos meses se han vuelto a repetir situaciones penosas para funcionarios y trabajadores al servicio del Estado venezolano, quienes haciendo uso de derechos constitucionales han sido objeto de amenazas y atropellos por parte de personeros y funcionarios de mayor jerarquía, que han determinado procedimientos para impedir el ejercicio de derechos y en casos más extremos el despido arbitrario, con el agravante de no tener a quién apelar para que con autonomía trate el caso, para estos trabajadores no existe administración del trabajo, ni administración de justicia.

  Lo de tener un empleo bien remunerado si resulta en estos tiempos muy excepcional. Y no tiene solo que ver con el desempeño del trabajador, ni tampoco con la organización del trabajo, ni con la conducción de la empresa, tiene más que ver con factores externos al centro productivo que provienen del contexto, y por tanto la empresa y su personal son receptores de consecuencias que no determinan.

  Es por ello que la revisión salarial es un asunto que demanda analizar varios factores, en primer lugar el costo de vida, tanto en salarios como en productos necesarios para las familias y junto con ello la permanencia de la fuente de trabajo. Hay que mirar el costo de la canasta alimentaria y de la normativa. Verla en el momento de la revisión, en el reciente pasado y estimarla para el futuro inmediato. Y para estas estimaciones en los tres tiempos, ha de existir una metodología compartida por los reguladores (gobierno), empresas y trabajadores, en la que se consideran diversas formas de ajustes y sus mecanismos de financiamiento, entendido que es con mayor producción y productividad como son sostenibles los incrementos.

  Por supuesto que una revisión salarial, no es ajena a otros factores del quehacer económico en donde se ubica la política salarial. Necesario asegurar condiciones para que las empresas funcionen en su quehacer productivo, que tengan recursos o accedan a ellos para sus materias primas, equipos de trabajo, mercado para sus productos, y relaciones estables y justas con su personal. Reglas claras y certidumbres. Lo contrario genera incertidumbres o aún peor dificultades para cumplir con las remuneraciones justas y el empleo estable.

  Hacer publicidad destacando que en los últimos tres lustros se ha incrementado el salario mínimo en 30 ocasiones, no es un indicador que revele una política salarial exitosa, ni siquiera razonable. Refleja que no se ha logrado la estabilidad salarial para que trabajadores y empleadores funcionen regularmente en cuanto al precio de la fuerza de trabajo. Estas intervenciones estatales niegan a los actores de la producción, quienes no cuentan con autonomía para el ejercicio de una política de remuneraciones acorde con sus esfuerzos y posibilidades.

Igualmente, destacar que el salario mínimo es una política del ejecutivo que beneficia directamente a más de diez millones de trabajadores que devengan este monto, es un abierto fracaso. El salario mínimo es para el ingreso a la actividad de trabajador dependiente. Que luego de adquirir una cierta experiencia y conocimiento, ha de pasar a un nivel mayor de remuneración, mantenerlo en el salario mínimo sólo aplica para trabajos que no demandan ningún conocimiento específico o experiencia de tiempo dada.

  El sentido común que se aplica en una empresa, cabe igual en una familia; en un hogar se administra un presupuesto de ingresos y egresos. El funcionamiento familiar implica acuerdo entre todos los miembros, con la conducción de los adultos, en quienes recae la mayor responsabilidad para que los ingresos y egresos se equilibren; y si no fuera posible se toman decisiones, se identifican planes y estrategias para ir resolviendo.

  En una empresa se tiene a los propietarios, a los gerentes y a los trabajadores. Se administran ingresos y egresos. Hay que responderle a los tres componentes internos. El papel del Estado es vigilar que esto funcione, que se produzca para el mercado por un lado, y que se cumpla con los trabajadores por el otro; y que se paguen los impuestos y las tasas correspondientes.

  Pero también el Estado es productor, tanto de bienes como de servicios. Los ciudadanos requieren tener mecanismos para exigirle el cumplimiento de sus funciones. Por ello los poderes públicos han de ser independientes del Ejecutivo, es decir gobierno. Los  poderes Legislativo, Judicial y Ciudadano deben tener autonomía e independencia del ejecutivo, de lo contrario no hay control en quién administra los ingresos de la nación, y además maneja los activos de todo orden que pertenecen a la República.

  En la presente situación del país los ciudadanos, tanto actuando como trabajadores o como empresarios, no tienen la posibilidad de ejercer control en los actos del gobierno, es una condición esencial para que se pueda construir una política salarial. Resulta una simplificación pretender resolver el problema salarial al margen de la producción y  de los actores laborales, y que solo por vía de decretos de aumentos salariales y bonificaciones, la calidad de vida del  venezolano podrá  revertir el deterioro sostenido que lleva luego de varios años de recesión y de alta inflación.

AUMENTOS SALARIALES E INCERTIDUMBRE

De nuevo un anuncio de incrementos del salario mínimo y del bono de alimentación levanta más inquietudes y preocupaciones que satisfacciones. Es un reflejo de la incertidumbre que alcanza a trabajadores y empleadores. Predomina la desconfianza en los actos gubernamentales. Analicemos algunos elementos que explican el por qué de la incertidumbre. 

1-  En primer lugar ver y decidir sobre los ingresos de los trabajadores sólo desde la perspectiva del Ejecutivo. Se continúa ignorando al poder Legislativo para tratar la materia, aún más cuestionable esta marginación tratándose de un poder electo en fecha reciente con una marcada mayoría. Obviamente es un reflejo de la crisis de relación entre los poderes. Igualmente esta fractura nos comunica la falta de diálogo no sólo entre los poderes públicos, sino del Ejecutivo con la sociedad en general.

 2- Un segundo elemento de incertidumbre es tratar el tema del precio del trabajo al margen de otras variables económicas como la inflación, el consumo, la producción y de los actores representativos de las empresas y de trabajadores. Al aumento que significan estos ingresos, al trabajador y a los consumidores en general la primera inquietud que les asalta es plantearse cuanto tendrán que pagar por los bienes y servicios.

Se tiene la certeza que el deterioro del tejido productivo y la baja de los ingresos por exportación de petróleo, así como los compromisos internacionales que limitan nuevos financiamientos y por el contrario se destacan las amenazas y riesgos por  compromisos de pagos, que han dado lugar a concesiones de activos de la nación que comprometen nuestro presente y futuro.

 3- Un tercer elemento es la opacidad que persiste en asuntos sensibles al seguimiento de la vida productiva y de consumo. No se publican desde las entidades estatales existentes para tales fines los datos necesarios para el seguimiento que requieren los actores. El BCV es un instrumento de la política del Ejecutivo y por tanto ha perdido la capacidad de orientar y tener posiciones que lo hagan creíble ante la sociedad. Un país en donde sus autoridades no publican los datos económicos básicos no ofrece certezas a sus ciudadanos ni a la comunidad internacional, en donde existen entidades económicas con las cuales tenemos relaciones. Somos miembros de instituciones como: ONU, Opep, OEA, Mercosur, Unasur, BID, FMI, OMC, CAF, Banco del Sur.

4- Favorecer el incremento de los ingresos de los trabajadores por vía del bono de alimentación que como se sabe no es salario, y por tanto sin incidencias en otros beneficios ni la seguridad social. Esto fue llamado en el pasado, década de los ochenta, como la bonificación salarial, y obviamente condenado por el movimiento sindical autónomo de la izquierda de entonces, quienes gestionaron judicialmente la demanda de que se considerar la bonificación como salario y lograron  una respuesta favorable de la Corte Suprema de Justicia, lo que sería el TSJ de esa época.

Luego derivó en medidas legislativas que impusieron un tope a estos ingresos, señalado en la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, que no debían de exceder en más de un 20% del salario de los trabajadores. Mas tarde la Ley de Alimentación para los Trabajadores y Trabajadoras promulgada en 2004 subió este tope a un 30%, pero esto fue derogado el pasado año. Se ha regresado nuevamente a la bonificación salarial, y en esta ocasión el sindicalismo ha formulado sus cuestionamientos sin impacto alguno. Importante es tener presente la falta de autonomía del poder judicial, lo que obviamente es un factor determinante de la incertidumbre.

5- Igualmente, se destacaba que la bonificación salarial perjudicaba también a la seguridad social, ya que ella percibía sus ingresos en base al salario, sin incluir lo bonificado, que en su situación más extrema llegó a tener una relación que un salario mínimo de Bs15.000, de los de entonces, que serían hoy 15 millones ya que con el Bolívar fuerte en el 2008 se le quitaron los tres ceros y si se los regresamos entonces se multiplican por un mil.

6- En los últimos años se ha incrementado el número de beneficiarios de las pensiones de jubilación, resulta contradictorio que se favorezca una política que vaya en detrimento del fortalecimiento de la seguridad social. De todas maneras la opacidad en el manejo de los ingresos que aportan los trabajadores y los empleadores a la caja de la seguridad social, que por muchos años ha sido y sigue siendo inauditable, desde lejos no alcanzan para cubrir las erogaciones que representan las pensiones. Tal modo de manejar la seguridad social coloca el sistema pensional como un híbrido entre la seguridad y la asistencia social.

7- Al establecerse el salario mínimo en Venezuela en 1975, por un período fue solamente referencial, hasta fines de los 80, ya que era el salario de ingreso. Al poco tiempo de estar desempeñando sus ocupaciones los trabajadores recibían mayores ingresos, por eso había una brecha notable entre el salario mínimo y los salarios promedios. Hoy resulta que es el salario de ingreso y de estadía laboral, y se deben tener ciertas calificaciones para estar por encima del salario mínimo, lo que determina que eso es lo que percibe la mayor parte de la población asalariada.


8- Finalmente, véase que se vienen decretando incrementos de salarios y de bonos, tres y cuatro veces al año, pero continúa el empobrecimiento de los trabajadores y el cierre de empresas. Todo lo cual sugiere la necesidad de replantear la manera de darle a los trabajadores soluciones que reviertan su empobrecimiento. Una meta sin cumplirse y un reto para mañana.

DIVERSAS CONFLICTIVIDADES DE LOS TRABAJADORES

Los conflictos por motivaciones laborales venían siendo los más frecuentes en los reportes del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social -OVCS-, alrededor del 40% tenían estas motivaciones. Así se registró en los cinco años que van desde 2011 al 2015. Pero en el presente año, el informe del primer semestre los coloca en el 18%.

  Nos informa el OVCS que las causas de la mayor frecuencia de conflictos laborales ocurren por “demanda de un salario justo, respeto a las contrataciones colectivas y a la libertad sindical son parte de la lucha cotidiana de los trabajadores, que han utilizado los cierres de calle, concentraciones, paros y huelgas como mecanismos democráticos y constitucionales para llamar la atención de las autoridades y patronos.” -Informes del OVCS-

  El despacho del ramo no informa de este asunto tan importante de la vida laboral del país. La más reciente memoria hecha pública en su página web -2014- la expresión “conflictos laborales” no existe en su contenido. Es insólito, ya que es tan natural que en las relaciones laborales existan diferencias y conflictos, así también negociaciones y acuerdos. Es propio a la convivencia productiva.  

  En las décadas del ochenta y principios de los noventa, una memoria del despacho laboral informaba de los pliegos de peticiones,  de ellos los conflictivos, y en éstos cuantos trabajadores y empresas abarcaban, así como las horas de trabajo perdidas en los diferentes sectores. Una información que se deplora no se suministre hoy con la ventaja de contar con más recursos tecnológicos para facilitarlos. Acaso por no informar la situación pueda ser mejor, por supuesto que es ingenuidad y no cumplimiento de funciones elementales. El seguimiento de los reclamos, conflictos y paralizaciones es un dato revelador del estado de las relaciones laborales. De todos modos si no se informa de otros datos básicos de la economía como inflación, crecimiento, escasez, hay que entender que lo que ocurre con los datos de las relaciones de trabajo no van a ser objeto de un trato diferente.    

  Que los conflictos laborales alcancen en este primer semestre del 2016 un porcentaje menor a los que se venía observando en años anteriores se explica por la emergencia de situaciones extraordinarias en la vida de los ciudadanos. Hay que mencionar en primer lugar que las razones de mayor frecuencia de protesta comprenden mayoritariamente a los trabajadores, pero se trata de protestas que demandan la atención de necesidades que se salen del marco de la relación con los empleadores. En ese orden se tiene en primer lugar el rechazo a la escasez y desabastecimiento 27% de las protestas, luego las protestas por vivienda y servicios especialmente de agua, electricidad 24%, y hasta seguridad ciudadana, cárceles y justicia que alcanza el 15% casi se empareja en frecuencia con las protestas laborales.

  Hay una clara situación de inseguridad alimentaria que da lugar a protestas en todos los estratos sociales que tienen una creciente frecuencia, con el agravante que se empieza a manifestar con actos radicales como son los saqueos e intentos de saqueo. En los primeros meses del presente año eran más frecuentes los intentos que los saqueos efectivos. Pero a partir de marzo se ha invertido y los saqueos son los hechos más frecuentes, el último mes reportado -Junio 2016- alcanzaron los 97, y los intentos sumaron 65. 

  Sobre las dificultades de acceso a alimentos y productos básicos, la conflictividad no ha alcanzado mayores niveles porque en los centros de trabajo generalmente el personal consigue receptividad y flexibilidad para invertir tiempo en su búsqueda, pero es una situación anormal e insostenible porque reproduce un circulo vicioso, ya que existiendo cada vez menos producción, como es que al mismo tiempo se laboran  menos horas de trabajo efectivas en aquellos que quienes tienen empleo o manejan pequeños negocios. 

  Todo esto genera una situación regresiva con efectos perjudiciales para los trabajadores en sus posibilidades de mejoramiento de sus ingresos e incluso en el puro mantenimiento de los salarios reales. Si los empresarios se quejan justificadamente por las dificultades que tienen para el desarrollo productivo, véase el más dramático cuadro para los trabajadores subordinados y autónomos.  

  ¿Cuáles son las respuestas de las políticas públicas? En términos efectivos no hay respuestas. Los intentos son a lo sumo contraproducentes, nos referimos a la pretendida militarización de las cadenas productivas del ramo alimentario, además de la pugnacidad y el maltrato a los productores, la ficción de diálogo con los actores productivos. En esta onda de desaciertos se ubica el intento de promover el trabajo obligatorio para aquellos que están trabajando en centros que dentro de las dificultades están activos. Aún cuando sea en términos de sentido común una resolución inaplicable, nos referimos a la Resolución No. 9855 emitida por el despacho del Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, que se denomina “Régimen laboral transitorio en el marco del decreto número 2.323, mediante el cual se declara el estado de excepción y de la emergencia económica”.  Su elaboración deja en evidencia el modo de ver el problema así como las soluciones. 

   La guerra económica que se invoca regularmente, realmente la experimentan quienes realizan la actividad productiva tanto del lado del trabajo como de las empresas en no contar con certidumbres, equidad y estímulos de parte de las políticas pública, todo lo cual crea condiciones para el incremento de la conflictividad, y la militarización, que su mayor efecto es intimidar, pero no crea condiciones para los actos productivos, para la eficiencia y la solución real de las carencias.  

TRABAJO OBLIGATORIO IGNORA VOLUNTAD DEL TRABAJADOR

La voluntad del individuo y la autonomía de las organizaciones de los trabajadores son dos conquistas alcanzadas por el esfuerzo y luchas sociales y políticas, y que son parte de los fundamentos de las relaciones de trabajo.

  El trabajador decide cuando y para quién trabajar. Lo voluntario es lo opuesto a lo obligatorio. Por supuesto que ha de hacerlo para subsistir tanto él como su familia, entendida la obligación con aquellos miembros que no pueden hacerlo.

  En cuanto a lo colectivo, muy importante por la necesidad de reducir las brechas entre el poder de los empleadores y el del trabajador visto individualmente, los trabajadores al agruparse en organizaciones lo hacen voluntariamente, así como ha de ser la vida regular de las mismas. Es el fundamento esencial de la libertad sindical. Se trata de organizaciones que no han de ser interferidas por el estado, ni por el patrono.

  En condiciones de calamidad, siniestros, tragedias, hambre, guerras, los intereses superiores de la sobrevivencia de una colectividad algunos Estados imponen demandas que pueden dar lugar a excepciones a la definición de trabajo forzoso u obligatorio. Igual se excepcionan los pequeños trabajos comunales realizados por miembros de una comunidad en beneficio directo de la misma. Pero el Convenio No. 105 sobre la abolición del trabajo forzoso de1957 que complementa el No.29 sobre trabajo forzoso de 1930, demanda la abolición completa de este tipo de trabajo, incluso como “método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico”. Ambos convenios han sido ratificados por la República.

  Por supuesto que el gobierno además de ejercer las acciones de administración que le son propias regularmente, también ha de tener previsiones para las contingencias, ahí juegan un papel importante instituciones como las fuerzas armadas, policiales, bomberiles, de defensa civil, de emergencias de salud, y suministro de productos y servicios esenciales, las cuales están subordinadas a criterios claramente definidos para su intervención. En convenios con los gobiernos, se agregan a las instituciones estatales otras de naturaleza privada que han acumulado una amplia experiencia nacional e internacional en el apoyo a situaciones de emergencia, tales como la Cruz Roja Internacional y Cáritas.

  Todo lo planteado tiene relación con la Resolución No. 9855 emitida por el despacho del Ministro del poder popular para el proceso social del trabajo, que se denomina “Régimen laboral transitorio en el marco del decreto número 2.323, mediante el cual se declara el estado de excepción y de la emergencia económica”. En esencia esta resolución plantea el trabajo obligatorio y lo fundamenta en la llamada guerra económica. Llama la atención que en el mundo hay toda una acción para erradicar el trabajo forzoso, que sea el Estado venezolano quién proponga y promueva el trabajo obligatorio, sin tomar en cuenta la voluntad del trabajador, que es una forma del trabajo forzoso.

  El gobierno nacional ha insistido en la existencia de una guerra económica, pero no ha logrado convencer a la mayoría de la población de que esa sea la razón de la escasez y las dificultades que tiene la población para el acceso a productos y bienes esenciales. Predomina el criterio que las explicaciones están en el modelo seguido por el gobierno para las decisiones económicas. De ahí se deriva que la declaratoria de el estado de excepción y de la emergencia económica no logró la aprobación parlamentaria.

  La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso es uno de los cuatro principios y derechos fundamentales en el trabajo enumerados en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, de 1998, que todos los Miembros se comprometen «a respetar, promover y hacer realidad, de buena fe» (OIT “Intensificar la lucha contra el trabajo forzoso”, 2014).


  Habiendo el estado venezolano ratificado  en 1944 el Convenio de OIT N° 29 sobre el trabajo forzoso u obligatorio, todas las disposiciones en la legislación venezolana posterior a esta ratificación han estado en concordancia con los principios de esta convención, hasta el día de hoy que se aprobó esta resolución No. 9855.

 A los efectos de este convenio No.29, la expresión trabajo forzoso u obligatorio designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Ocurre cuando el trabajo o el servicio, es exigido por el Estado o por personas que tienen la voluntad y el poder de amenazar a los trabajadores.

  En el nivel regional es de destacar que nuestro país como miembro de Mercosur adhiere a su Declaración Sociolaboral, que incluye los dos convenios de OIT 29 y 105, por lo que su violación se convierte también en objeto de denuncia de esta Declaración.  

La OIT estima que en el mundo “el 90 por ciento del trabajo forzoso se da actualmente en la economía privada. Tres cuartas partes de este trabajo forzoso se concentran en actividades productivas como la agricultura, el trabajo doméstico, la construcción, la pesca y la fabricación, mientras que el resto implica la explotación sexual con fines comerciales”.

   El trabajo forzoso u obligatorio ocurre en el mundo predominantemente en el sector privado, lo que nos impulsa a ser más enfático en el análisis de este caso, porque quien lo fomenta sea el gobierno, el mismo que ha estatizado una importante cantidad de empresas agrícolas, agroindustriales e industriales que las ha manejadas erráticamente y hoy presentan un critico estado productivo. Resulta entonces contradictorio que quien ha de velar por la administración y el buen desempeño de las relaciones de trabajo, invoque como solución para sus actividades el trabajo obligatorio, y  que al mismo tiempo es el responsable de la inspección de la administración del trabajo en esos centros productivos. Todo esto es violatorio de los convenios mencionados, de la legislación laboral, y de un ventajismo y alevosía en contra tanto de los trabajadores como de los productores privados.