La convivencia mundial ha dado lugar a que en nombre de los países sus representantes logren acuerdos sobre temas de interés de esas mismas sociedades, dando lugar a convenios y recomendaciones de carácter universal; de esos compromisos emanan mecanismos de revisión. En ese sentido en la presente semana que recién concluyó, a nuestro país le tocó ser examinado por dos instancias del sistema de Naciones Unidas.
El primer examen fue sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), y el segundo ante la 104 Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo. El primero fue adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966, que creó un órgano especial para la vigilancia de su cumplimiento, a diferencia de otros instrumentos internacionales de derechos humanos que incluyen entre sus provisiones el establecimiento de un comité de expertos independientes.
Este es un examen periódico a cargo de un comité de expertos independientes, creado por el Pacto para monitorear y contribuir a la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales respecto de los cuales, los estados se comprometen a garantizar frente a la comunidad internacional.
Entre estos derechos se encuentran: el derecho a la educación; el derecho a la salud y a la seguridad social; el derecho a un nivel de vida adecuado, libre de la pobreza y del hambre; el derecho al trabajo, a condiciones laborales equitativas y a la libertad sindical; los derechos ambientales; así como el derecho a la igualdad de hombres y mujeres, y a la no discriminación de los pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas en cárceles, personas LGBTI y personas con alguna condición de salud, entre otras, del pleno goce de estos derechos.
Para este examen el Estado venezolano envió una nutrida delegación de 26 altos funcionarios del Estado, de los cuales 19 viajan desde Venezuela. Una importante cantidad de divisas entre viáticos, traslados, alojamiento y pasajes. Veinte seis personas entre ministros, viceministros y personal de alto nivel conforman la delegación. Por supuesto las organizaciones no gubernamentales que documentan las denuncias viajan con recursos no oficiales, así como invierten su talento en organizar los estudios y soportes para sustentar las denuncias. Es una loable labor que amerita dedicación y voluntad.
Obviamos detallar los origines de la OIT por ser más conocidos. Este año la Conferencia tenía en su agenda nueve casos de denuncia de sindicatos venezolanos, el número más alto desde que gobierna la revolución bolivariana. La amplia mayoría se refiere a casos donde el patrono es el Estado (de los sectores petroleros, de salud, de la CVG, universidades, cemento, fábrica de casas).
Es destacable que los reclamos de las organizaciones de los trabajadores y otras organizaciones sociales, así como de los afectados directamente por la violación de sus derechos han recurrido previamente a las instancias nacionales y han concluido que no se ha hecho justicia con sus casos, y no encuentran en su propio país instituciones estatales neutrales que procesen sus planteamientos. Instituciones como la Asamblea Nacional, Poder Judicial, Fiscalía General de la República y Defensoría del Pueblo son instituciones que frecuentemente eluden procesar denuncias y planteamientos que interpelen al Gobierno nacional, de ahí la recurrencia a las instancias internacionales.
En el caso de la conferencia anual de OIT, los temas a plantear están referidos a los derechos sindicales y libertades civiles; asesinatos de dirigentes sindicales y sindicalistas, detenciones en el marco de acciones de protesta, política de criminalización de la acción sindical y violación de los convenios internacionales en la Ley Orgánica del Trabajo (artículos 367, 368 y 388).
El sindicalismo autónomo de Venezuela también presentará sus argumentos sobre los inconvenientes a la libre elección de los representantes sindicales y papel del Consejo Nacional Electoral, el derecho de las organizaciones sindicales a organizar libremente sus actividades, así como la ausencia de diálogo social. La participación del sindicalismo autónomo en la Conferencia es gracias al apoyo y solidaridad de organizaciones internacionales que los acreditaron, ya que nuevamente el Gobierno venezolano excluyó de la delegación de los trabajadores al resto de las centrales sindicales.
La delegación sindical que formalmente recibió el reconocimiento del Gobierno venezolano está integrado únicamente por sindicalistas afectos a su política, ignorando otras expresiones legítimas y existentes en la realidad sindical nacional. El ejercicio de su vocería más que ejercer la que corresponde a la búsqueda de salidas a los serios problemas laborales, lo que se orientó fue más bien a defender al gobierno y justificar sus políticas.
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