El discurso oficial destaca que la revolución bolivariana tiene en los trabajadores su principal apoyo y destinatario, para lograr sus propósito de transformación de la sociedad venezolana a estadios superiores de bienestar y de felicidad.
Los trabajadores han expresado opinión y pareceres sobre lo afirmado, y siguen haciéndolo, en las oportunidades que no son muchas por cierto, de realización de ejercicios democráticos de decisión electoral en las urnas.
El inicio de la revolución bolivariana fue muy entusiasta en promover las elecciones hasta más allá incluso de los cargos públicos, como fue el referéndum para obligar al movimiento sindical - entes privados-, a hacer elecciones supervisadas por un ente externo estatal -CNE-, como fueron las únicas de carácter general y nacional -en el 2001- llevadas a cabo hasta ahora, y con un resultado favorable a fuerzas opositores, el perdedor -el gobierno- al desconocer los resultados optó por violar la regla básica del que compite en una contienda, es decir aceptarlos aún mas cuando el órgano que administró este proceso era del total control gubernamental, como sigue siéndolo. Han pasado trece años, y el oficialismo tiene control de algunos entes sindicales nacionales, incluyendo una central o confederación, pero se abstiene de llevar a cabo elecciones, igual ocurre con unas cuantas de las federaciones bajo su control.
Es interesante tener presente que el devenir de la economía y la producción venezolana han evolucionado en dirección contraria a ofrecer un contexto favorable al desarrollo sindical. Empecemos por tener claro que como condición primaria para este desarrollo es necesario la existencia de empresas y de sectores productivos con estabilidad en su funcionamiento.
En general los sistemas económicos mundiales han evolucionado en una dirección que no facilitan las condiciones para el desarrollo sindical. En algunos casos es el desempleo, pero en otros es éste más el deterioro del mercado del trabajo, sea por la vía de informalidad y la precarización. Igual complejidad acusan los procesos de reestructuración productiva para reemprender el crecimiento.
Nuestro país no está al margen de ello, muchos menos con una situación de clara recesión económica, siendo el único país del continente con este cuadro de crisis. En cuanto a afirmarse oficialmente que nuestro desempleo es de sólo 6.7%, no quiere ello decir que de nuestra población económicamente activa de catorce millones apenas en ella estarían desempleados algo más de novecientas mil personas, y que el resto son sujetos que tienen una relativa facilidad para organizarce sindicalmente. Pero la realidad es más compleja por la informalidad y la precariedad, ambas situaciones implican una muy compleja posibilidad de sindicalizarce.
Con todos los registros que aportan los sindicatos así como las empresas, perfectamente el ministerio del ramo pudiera informar la tasa de sindicalización, así como otros índices de importancia para hacer el seguimiento de las relaciones de trabajo. No lo hace, pero si entendemos que esta tasa sumamente baja, apenas superara el 10% de la población económicamente activa.
En el medio oficial predomina un discurso que menciona la centralidad del trabajo y de un aparente apoyo a los trabajadores, sin embargo predomina una política que gradualmente ha venido minando y erosionando al movimiento de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Se privilegia ofrecer beneficios a los trabajadores en tanto individuos, pero no a ellos mismos en tanto afiliados a organizaciones colectivas, por eso la muy frecuente dificultad para la negociación de convenios colectivos, la represión a la protesta laboral, que muy justificadamente se ha multiplicado y ha alcanzado desde hacer varios años la razón de protesta más frecuente en el país, incluso por encima aquellas motivadas por necesidades y problemas de aguda repercusión en la vida familiar y social, sean por la inflación, el desabastecimiento, la inseguridad, el deterioro de los servicios públicos, la violación de los derechos humanos.
Predomina igualmente un discurso anti empresa, que ha dado lugar a la existencia de casos que los propios trabajadores hagan causa común con muchos empresarios que se ven acosados y en dificultades derivado de las dificultades del modelo económico, recientemente el caso de Venoco.
Este fenómeno se ve complementado con el hecho de que las empresas que por acoso no continúan funcionando al pasar a manos del gobierno, quienes en ella continúan trabajando pasan a experimentar diversas situaciones de incertidumbre, las que se agregan a las ya existentes de prestar servicios en una empresas que venía mostrando señalas criticas en la producción y funcionamiento en general.
No es de menor importancia señalar, que la incertidumbre se prolonga ahora con un patronato oficial que suele pasar la conducción de empresas a nuevos criterios donde se cuestiona lo que se venía haciendo. Se inicia un proceso de reestructuración en la mayoría de los casos conducido por personas ajenas a la actividad productiva del ente. La incertidumbre crece. En todo esto la revolución desconfía de los sindicatos y del movimiento de los trabajadores, sólo confía en sus cuadros, que dirigen organizaciones sin autonomía y que siguen las directrices de altos funcionarios gubernamentales preocupados primariamente en mantener el modelo, antes que los intereses de los trabajadores. Urgente la unidad de organizaciones de trabajadores que cada día menos se justifica su dispersión y atomización.
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