Sigue siendo un tema relevante abordar asuntos vinculados con los jóvenes, es por lo que volvemos a destacar su situación con relación al trabajo. No olvidar que sus indices de desempleo son el doble del indice general y el triple del de adultos. Pero también en otras dimensiones laborales muestran índices ampliamente desventajosos, aunque no dejamos de tener presente que el inicio de la vida laboral y en esos primeros años se manifiesten resultados no similares a los trabajadores adultos, ya que tiene sentido reconocer el valor de la experiencia y competencias que se adquieren en el ejercicio de la vida laboral. Pero el tema inquietante son las brechas que se ahondan entre las condiciones laborales de los adultos y las de los jóvenes, así como la desesperanza que les embarga por las dificultades de acceder a buenos empleos.
Según Informe “Trabajo Decente y Juventud en América Latina. Políticas para la acción” Edit OIT, 2013, se señalan datos sobre la crisis del empleo juvenil en América Latina (15-24 años), que afecta a casi ocho millones de jóvenes que están desempleados y a otros 27 millones que están ocupados pero en condiciones de informalidad, generalmente con bajos ingresos, inestabilidad laboral, sin protección social ni derechos.
La tasa regional de desempleo juvenil urbano y rural es de 13,9%, triplica a la de los adultos, por otra parte seis de cada 10 jóvenes que sí consiguen ingresar al mercado laboral lo hacen en condiciones de informalidad. De aquellos que lo hacen en la formalidad un 40% labora en pequeñas empresas que usualmente tienen problemas para ofrecer las mejores condiciones de trabajo, y frecuentemente por sus limitaciones incurren en violaciones de normas laborales.
En cuanto a la protección social, el Informe aludido destaca que un 39% de los jóvenes cotizan para un régimen de pensiones, lo que representa un 13% menos que los trabajadores adultos. En todos los países se observa una fuerte correlación entre el nivel de ingreso de los hogares y la tasa de cobertura de la seguridad social, dado que los trabajadores de hogares del quintil más rico de la distribución del ingreso presentan tasas de contribución sistemáticamente superiores que las de los trabajadores pertenecientes al quintil más pobre. Cabe mencionar que a medida que se desciende en la escala de ingresos, el porcentaje de trabajadores por cuenta propia aumenta, lo que explica en parte el menor acceso a los sistemas de seguridad social.
Estos datos regionales del informe de la OIT conviene asociarlos con la realidad venezolana en la misma temática. Lo primero a destacar que seguimos midiendo la informalidad con la encuesta de hogares utilizando el concepto establecido por PREALC-OIT 1976, que solo toma como informales a los cuentapropistas no profesionales, los ayudantes familiares no remunerados, quienes trabajan en microempresas -no profesionales- y el trabajo doméstico.
Este concepto fue revisado y ampliado en el 2003, a partir de la XVII Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, que acuerda Resolución sobre las Estadísticas del Empleo en el Sector Informal, la que a su vez toma en cuenta resolución de la XV -1993- conferencia de la misma entidad.
Las categorías originales siguen siendo válidas, pero han de ampliarse ya que las transformaciones en el mercado laboral en los ochenta, específicamente su deterioro daban lugar al fomento de empleos y situaciones de inserción laboral que si bien ocurrían en el sector formal, no cumplían con los supuestos del empleo formal propiamente entendido, que supone la cobertura y tutela de la legislación laboral y de seguridad social (Ver en blog nuestro artículo "La informalidad real y la oculta ").
En la política oficial se actúa con un doble discurso, por un lado se emiten regulaciones y políticas dirigidas al fomento de la laboralizacion en el ámbito privado, por lo que en las empresas se hacen inspecciones en ese sentido, pero en paralelo se promueve la informalidad en el sector público y una de sus expresiones es la masificación de contratados, que laboran en condiciones desventajosas con respecto a quienes tienen nombramiento. Es por lo que recientes fusiones de ministerios han levantado zozobras entre los trabajadores, particularmente ya que hay mas de un millón doscientos mil contratados sin nombramientos (según dirigentes de la UNT), y cuya precariedad ha quedado en evidencia en pasadas fusiones como el caso de los despachos de Planificación y de Finanzas, que dejó en el 2010 a más de 1200 trabajadores por fuera, casi todos contratados. Recientemente se han fusionado varios despachos ministeriales y vuelven los contratados a temblar por la precariedad e informalidad de su situación.
Algunos juicios u opiniones dan la impresión de considerar que la opción de trabajar en la informalidad, es una alternativa que depende de la decisión personal y que es voluntaria. Necesario profundizar los procesos que llevan a estar en una situación u otra. Desde la mayor parte de los estudios muy poco se concluye que sea predominante la voluntad personal, y que mas bien son las políticas macroeconómicas, las de mercado laboral, las oportunidades de empleo y otras características estructurales lo que determinan el problema.
En nuestro país, se viene anunciando desde el gobierno un proyecto de ley del primer empleo para los jóvenes, es interesante que su texto salga del ámbito oficial y se discuta también con empresarios, sindicatos y la academia, para cruzar opiniones entre diversas visiones del problema. Hasta ahora, algunas notas de prensa sobre su difusión luce más bien como intercambios propagandísticos y no analíticos. Vivimos una etapa de muy limitada creación de empleos, y sin duda ello afecta más a los jóvenes, por lo que todo esfuerzo ha de ser con amplitud.
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