| Héctor Lucena, doctor en ciencias sociales y experto en relaciones laborales, criticó la injerencia del Estado en las organizaciones de trabajadores. Edgar Meléndez, dirigente del PCV en el estado Bolívar, afirmó que el gobierno se parcializa por ciertos grupos de trabajadores y criminalizar las protestas en su contra. Ramsés Ulises Siverio
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Foto Archivo  Trabajadores pro gobierno han sido críticos de la gestión oficial “Para cubrir estos servicios mínimos que garanticen la funcionalidad de la empresa en el estado Bolívar, se requieren dos millones 137 mil bolívares. Es decir, el 50 por ciento de lo que dejamos de recaudar producto de la ineficiencia, negligencia, y el boicot de Iraida Alfonzo en nivel nacional”, fustigaba Francisco Alarcón, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Eléctricos del Estado Bolívar (Suteeb). - ¿Quiénes están detrás del supuesto boicot? - El área de recursos humanos y el área financiera. Lo técnico nos lo dejaron a nosotros, a los trabajadores; pero el área financiera, que es la que tiene que cumplir con los pasivos de los trabajadores y los proveedores, no está cumpliendo con sus funciones. Mientras Alarcón seguía lanzando sus dardos, cargados con el amargo fruto de la crítica, justo detrás de él y los trabajadores que lo acompañaban, se asomaba una gigantografía del presidente Chávez. El mismo que, durante la juramentación del control obrero, profirió una frase que hoy retumba en la memoria de sus simpatizantes: “Yo me las juego con los trabajadores”. “Yo creo en ustedes, yo me las juego con los trabajadores, me juego la vida con la clase obrera y le pido al Gobierno todo que nos juguemos la vida con la clase obrera”, dijo el mandatario al inaugurar un ciclo no menos polémico: el control obrero en las empresas de Guayana. Esto es el discurso, pero la realidad muestra otro escenario. El último informe sobre manifestaciones públicas realizado por las ONG Espacio Público y Provea, revela que entre enero y junio de este año, se registraron 989 protestas por derechos laborales. Esta cifra representa un incremento de 107% en relación con el mismo período del año pasado, cuando el número de manifestaciones por esta causa fue de 478. Entre todos los sectores manifestantes, el que más se movilizó fue el de los trabajadores, al protagonizar 747 acciones de protesta en todo el país; un 31,7% del total de manifestaciones durante los primeros seis meses del año. Sin derechos laborales
Para el doctor en ciencias sociales y experto en relaciones laborales, Héctor Lucena, hablar de “gobierno obrerista” es una denominación amigable desde el punto de vista político, pero de poco sustento en la realidad. Desde su óptica, hay varios indicadores que permiten demostrar que el gobierno no es proclive a favorecer los derechos de los trabajadores. “En primer lugar, hay poca autonomía e independencia de las organizaciones laborales. Hay mucha interferencia del Estado, que dificulta el ejercicio del rol de los trabajadores”. Lucena explicó que muchas veces, las mismas organizaciones favorecen esta obstrucción a cambio de prebendas y beneficios, lo cual propicia la formación de grupos que coliden con los sindicatos en sus luchas e intereses. “Eso explica en gran medida los hechos de violencia entre los mismos trabajadores”. El experto quiso dejar muy en claro que la confrontación política no es ajena al mundo laboral. De hecho, es normal que la lucha de los trabajadores esté asociada históricamente a un enfrentamiento con el patrón. Un enfrentamiento, antes más hostil, y hoy más circunscrito al ámbito del derecho. Esto es lo normal para Lucena. No así las pugnas entre trabajadores, que -a su juicio terminan por debilitarlos como fuerza política. - ¿Por qué muchos trabajadores, siendo del mismo oficialismo, se pelean entre sí? - Es normal que no existan coincidencias, pero eso es algo que deben resolver los trabajadores en su seno. Lo importante no son las corrientes sino el acuerdo. Todas esas corrientes necesitan un congreso fundacional, pero sin la intervención patronal -resaltó con un tono casi petitorio. Para Lucena, el gobierno ha hecho promesas que no ha cumplido, pero tampoco ha sido indolente al respecto. Al contrario, asegura que en 12 años de gestión ha implementado medidas que favorecen al sector, pero haciendo la salvedad de que éstas no son el resultado de un diálogo con los trabajadores. De hecho, criticó que algunas de estas medidas se utilicen para favorecer a ciertos grupos, política que calificó de “no conveniente para las relaciones laborales”. “Está por ejemplo el caso de la Lopcymat, que se aplica de manera muy rigurosa para el sector privado, y muy levemente para las empresas del Estado. Esa es una forma de favorecer a ciertos grupos y no a todos los trabajadores por igual”, argumentó. Otro de sus señalamientos al estamento público es la falta de instituciones en materia laboral, y de organismos que cumplan su función porque, desde su perspectiva, “el Ministerio del Trabajo perdió su papel de árbitro”. - ¿Qué otros indicadores le hablan de la falta de políticas en materia laboral? - La congelación de convenciones colectivas como hecho generalizado. Eso es robarle un derecho fundamental a los trabajadores; la falta de empleos dignos. Hay muchos empleos, pero nada de calidad: no hay protección de la empresa al trabajador, no hay seguridad social, y muchos sindicatos trabajan por intereses particulares; y el decrecimiento de la producción, debido a gestiones erráticas e incompetentes. Diversidad roja
Esas diferencias de las que hablaba Lucena también las ven algunos simpatizantes del gobierno. Uno de ellos es Edgar Meléndez, secretario del movimiento obrero y sindical del Partido Comunista de Venezuela (PCV) en el estado Bolívar, quien pese a reconocer los avances del gobierno en materia de derechos laborales, no tiene problema en asumir la existencia de tales divergencias. El primer punto de discusión es la idea sobre el momento político que vive el Estado venezolano. “Nosotros desde el PCV pensamos que Venezuela está pasando por un proceso de liberación nacional, no socialista. Todavía no se puede hablar de socialismo porque los medios de producción todavía no están en manos de los trabajadores”. Las discrepancias entre grupos de gobierno también forman parte de esa realidad. Según Meléndez, hay facciones que buscan el beneficio para los trabajadores y otras, simplemente, saciar sus propios intereses. Para el dirigente, la situación ha trascendido hasta el mundo de las organizaciones obreristas. “Las diferencias políticas son irreversibles. Para nadie es un secreto la separación de la FBT y la Unete, y que en la FBT hay muchas personas del viejo sindicalismo. Muchos oportunistas que lo que están buscando es su beneficio personal”, aseveró el dirigente comunista. Argumentó su posición recordando que, en la anterior Asamblea Nacional (AN), los parlamentarios del PSUV se negaron a discutir la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, sabiendo que era una ley que beneficiaría a todos los trabajadores del país. “Tuvimos que ponernos de acuerdo nosotros, en el I encuentro nacional del control obrero, y tomar la decisión de recoger firmas para activar el mecanismo del pueblo legislador para proponer esta reforma y la de Consejos de Trabajadores y Trabajadoras”, añadió. - ¿Ustedes creen que el Gobierno nacional realmente es obrerista? - Nosotros creemos que no, por todas esas experiencias que demuestran que este gobierno no está a favor de los trabajadores. - ¿Como cuáles? - La criminalización de la protesta, por ejemplo. Ahí está el caso de Rubén González, que lo pusieron preso por protestar. Jorge Figueroa, trabajador que recibió una calificación de despido por denunciar la corrupción de la junta de transición de Friosa. Lo mismo con el trabajador de Orinoco Iron Rubén Palomo, que denunció al rey de las cabillas Luis Velásquez, y la persecución y el hostigamiento a los trabajadores revolucionarios de la Mitsubishi Motors en Puerto La Cruz. Todos esos hechos nosotros los rechazamos. Ahí están los hechos. Ahí están los escenarios. Por un lado: promesas, arengas y consignas para formar “la patria obrera”. Por el otro: persecuciones, represiones, falta de inversiones en las empresas, incumplimiento de beneficios laborales y ausencia de contratos colectivos. Mientras tanto, la figura de Hugo Chávez sigue presente en numerosos volantes y afiches. Y en algunos de ellos, todavía legible, se leen tipografías rojas que recuerdan su mensaje: “Yo me las juego con los trabajadores”. Por la ley y el trabajo Edgar Meléndez recordó que fue el grupo de la Unete (Unión Nacional de Trabajadores) el que llevó las firmas hasta la Asamblea Nacional y la Vicepresidencia de la República. Esto con la finalidad de solicitar una reforma a la Ley Orgánica del Trabajo y la Ley de Consejos de Trabajadores. Pero este viernes, cuando el presidente de la AN, Fernando Soto Rojas, visitó Guayana, otro grupo le entregó una nueva solicitud. Todos ellos, casualmente, eran de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT). ¿Cuál propuesta discutirá el poder legislativo? ¿La primera? ¿La segunda? ¿Ambas? Las cartas están echadas. | 
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