Publicado en EL UNIVERSAL del martes 14 de junio de 2011 12:00 AM
La falta de resultados con el control obrero en Guayana, cuna del experimento socialista que lleva adelante el Gobierno en materia laboral, ha ocasionado nuevas formas de violencia sindical, como las observadas en el último mes.
Al menos así lo cree el coordinador del programa doctoral de Estudios del Trabajo de la Universidad de Carabobo, Héctor Lucena, quien aseguró que detrás de los últimos hechos de violencia en el sur del país se encuentra la necesidad de obtener un poder político.
"Hay una situación con el control obrero y es que no hay resultados. Eso lleva a la desesperación a la dirigencia que sigue creyendo en eso", dijo.
En el último mes se han registrado dos sonados episodios: el atentado contra el dirigente de Bauxilum, José Luis Morocoima, y la muerte del trabajador de Ferrominera, Renny Rojas, ambos en confusos episodios adornados con un sinfín de versiones de bando y bando.
"Es una señal tenebrosa eso de que a una persona la maten delante de la Guardia Nacional, de toda una asamblea de trabajadores, de cámaras de videos", dijo Lucena.
Destacó que lo más seguro es que el sector que perdió la influencia entre los trabajadores haya activado la violencia. Ese día se iba a elegir la junta electoral que lideraría los comicios del sindicato de esa empresa.
Según los datos de la Vicaría de Derechos Humanos y de Provea, entre 1999 y hasta septiembre de 2010 han asesinado a 280 dirigentes sindicales en Venezuela. Aunque no hay datos preliminares de este año, en la última semana se han registrado dos muertes de sindicalistas.
Pero los casos de la violencia sindical política apenas son una mínima expresión de lo que ha ocurrido en los últimos años. El coordinador docente de la Universidad de Carabobo señala que en el tráfico de empleos se centra la verdadera causa de la violencia y el sicariato sindical.
Gobierno responsable
Lucena destacó que la intervención de los poderes públicos en el problema ha sido inexistente, lo que permite pensar que se trata de una política del gobierno que, en el fondo, busca desprestigiar al movimiento sindical y mover a sus afiliados hacia otras formas de representación laboral.
"El Estado ha promovido sistemáticamente el paralelismo sindical, que fomenta la división y la violencia entre los trabajadores", indicó.
Es tan cierto, que la instalación de una mesa de diálogo para frenar la violencia en 2008 -medida adoptada por el exministro del Trabajo Roberto Hernández- redujo a 19 los asesinatos a sindicalistas ese año, luego de tres años con más de 40 casos. La salida de Hernández trajo la disolución de la instancia y enseguida los crímenes subieron a 46 en 2009 y a 68 en 2010, el registro más alto de los últimos 14 años.
miércoles, 22 de junio de 2011
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