POLÍTICA ECONÓMICA y SALARIAL

En toda la política salarial que se sigue con quienes prestan sus servicios al Estado, el único procedimiento que se aproxima a preservar el poder adquisitivo de las remuneraciones es el de las Normas de Homologación, claro siempre que se ajusten los salarios a los índices del costo de vida. Lo que ciertamente sólo ocurrió en los primeros años de su vigencia en la década de los ochenta. Luego se han producido brechas entre las respuestas oficialistas y los índices del BCV, a pesar de la vigilancia gremial.

  Las negociaciones salariales del pasado año para el personal académico de las Universidades no se realizaron siguiendo la metodología vigente de las Normas de Homologación. Voceros vinculados al Gobierno llegaron a afirmar que estas no estaban vigentes, pero se ha demostrado que mantienen su vigencia. Evidentemente fue premeditado ignorarlas y así imponer un procedimiento diferente, a pesar de las observaciones que oportunamente se formularon desde el gremio docente mayoritario -Fapuv-, que no cesó en su reclamo en insistir se respetara el procedimiento vigente.

  Obviamente  la fortaleza gremial es una condición necesaria para que las brechas entre los índices de aumento del costo de vida y lo acordado se minimicen. Pero ha de reconocerse que existen problemas en cuanto a fortaleza gremial  se refiere, y ello es de carácter general más allá del ámbito de las universidades, es del sindicalismo del país. Se tiene entendido que las luchas por demandas salariales en el marco de una política económica sólo es posible en condiciones de una autentica autonomía y unidad, lo que históricamente ha sido posible en muy contados momentos de la lucha gremial. En el presente, la falta de autonomía lleva a los sindicatos a repetir consignas huecas e inmovilizadoras, y a prestarse para acciones más bien de fomento de diatribas inter-sindicales, prestándole un servicio a los patronos y lo peor un daño a las bases de afiliados.   

  Es importante llamar la atención de la importancia de una lucha gremial en el marco de una política económica, porque de lo contrario no hay garantías que se preserven los salarios y su poder adquisitivo, así como disponer, invocar y usar mecanismos expeditos de revisión y actualización. Si miramos que quienes producen bienes y servicios privados están ajustando sus precios al ritmo de la evolución económica, entendido como condición necesaria para su preservación como entidades productivas, lo mismo y exactamente igual vale para la fuerza de trabajo, hay que revisar sus condiciones de manera expedita, justa y equilibrada. 

 Una aspiración en las acciones gremiales en temas salariales es no subordinarlas a los esquemas de polarización existente en otros ámbitos de la relación Gobierno y Sociedad. Un ejemplo en este sentido es la cohesión que muestran los empresarios para reclamar sus aspiraciones ante las instancias estatales, como es la política de precios y cobro de deudas, es una sola voz.

  El gobierno por su parte dispone del ingreso petrolero que recibe en divisas duras, de los impuestos que le pagamos que son siempre crecientes, y de otras tasas que vienen expresadas en unidades tributarias indexadas anualmente, por tanto preserva buena parte de sus ingresos, además incurre en la impresión de dinero inorgánico, que hoy y a futuro le crea problemas a todo el mundo en el país como generador de inflación, aparte de incurrir cíclicamente en nuevas paridades cambiarías, que de hecho representan devaluaciones que sustraen poder adquisitivo a nuestros salarios. 

  A la política económica gubernamental no hay quien le ponga límites. Si bien no se maneja con predominio de criterios de mercado, tampoco se maneja con los límites de acuerdos y consensos con los productores reales como son empresas y trabajadores. Afortunadamente el único producto que se maneja con criterio de mercado es la venta y exportaciones de petróleo, que justamente por razones de mercado disfruta de un precio que nada tiene que ver con los costos de producción, sino más bien con la oferta y la demanda. Este cuadro determina que los limites de la política económica  son los problemas de gobernabilidad y desabastecimiento, con un continuado deterioro del tejido productivo y de la institucionalidad. El peor de los escenarios para quienes somos sus destinatarios.  

   Aparentemente a favor de los consumidores, si bien existen en algunos productos suministrado por empresas estatales que son subsidiados como la gasolina y el gas, y en algunas zonas la electricidad. Así también pasa con productos de varias empresas estatales, caso cemento, alimentos, agroindustria, cabillas, acero, aluminio, entre otros, suele ocurrir que se crean mafias en estas empresas y en la cadena productiva con conexiones y vinculaciones con personas de entidades estatales y privadas externas que se lucran promoviendo y sosteniendo un mercado negro, tanto para el mercado interno como externo, que a la postre determina precios elevados que sustraen dinero del salario de los trabajadores. 

  Las negociaciones salariales en un país con tan débil institucionalidad como es el caso nuestro, obligan a que ellas requieran de un esfuerzo titánico desde el lado de los trabajadores, esto pasa por apelar a las movilizaciones que tengan el tema salarial en el centro de las acciones, claro que vinculado con la política oficial. Recordemos que no existen mecanismos establecidos para que los trabajadores exterioricen su voz en esta materia. La negociación tripartita era un mecanismo alcanzado como conquista sindical pero que por años ha sido satanizado por el discurso oficial, pasa el tiempo y al día de hoy no ha sido sustituido por algún otro que de voz a los trabajadores.   

  Hay que reconocer que el país ha experimentado una intensa actividad movilizadora a partir de las protestas estudiantiles, que ha agregado a otros sectores sociales, cuyas consignas son de carácter más general que las referentes a los salarios. 

  Sin embargo el deterioro creciente y continuado de la situación económica nacional estimuló la organización y celebración de masivas marchas con motivo del 1 de Mayo en varias ciudades del país, donde destacaron la necesidad de reclamar la revisión y protección de los salarios como primera consigna. Por el momento son sólo consignas que no han logrado alcanzar un mínimo de institucionalidad en la esfera estatal; la que más bien se conforma con el sólo ajuste unilateral y desconectado de un proceso coherente de revisión del salario mínimo, por lo que gradualmente se viene convirtiendo más en el salario medio de la fuerza de trabajo del país, lo que deja contento al gobierno que lo anuncia convertido en inexistentes dólares a 6.30 como el más alto de América Latina. Los empresarios cómodamente lo asimilan porque no implica mayores compromisos y los trabajadores.. cada vez más pobres. 

hector.lucena@gmail.com          

@hl_lucena

DIFICULTADES EN LA RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE EMPRESAS RECUPERADAS

  En la conmemoración y celebración del día del Trabajador vale considerar la situación de las muchas empresas recuperadas, y la difícil e inestable situación que viven quienes ahí laboran, así como sus proveedores y destinatarios de los productos y servicios para quienes situaciones de incertidumbre también repercuten en su fuerza de trabajo, por lo que se trata de un efecto ampliado que amerita su consideración. Hay que distinguir lo particular de estas situaciones porque son empresas que en manos de sus propietarios cerraron y abandonaron o las dejaron en estado crítico de funcionamiento, con saldos rojos en producción y económicos en general. 

  En visita a Montevideo tuve contacto con grupo de trabajadores involucrados en la conducción de empresas recuperadas, las que llevan varios años  de importantes esfuerzos por salir adelante. Hay que destacar que casi todos los gestores vienen del sindicalismo, o de la propia fuerza de trabajo de esas empresas que cayeron en bancarrota. Trabajadores que optaron entre privilegiar el reclamo de sus pasivos laborales y luego irse a buscar otros caminos, o luchar para defender la fuente de trabajo y persistir en la continuidad de la empresa. 

  Hay que resaltar que aquí en Venezuela son más los casos de empresas que han sido estatizadas, estando en plena normalidad o con un aceptable  funcionamiento. El gobierno estatizador lo justifica como una necesidad de controlar sectores que considera estratégicos, o en otros casos se trata de estatizaciones por retaliaciones, y aquí nos encontramos  las más diversas y en algunos casos con muy pocas razones económicas para tales decisiones. Con esto se destaca que hay frecuentemente más razones políticas  que económicas en las estatizaciones, que estas últimas razones son más bien subalternas. 

  Si es de particular relevancia destacar que en la mayoría de los casos de empresas recuperadas sea por razones de las identificadas en el primer párrafo, como de las que están explicadas en el tercero,  son puestas bajo la conducción de nuevos directivos y gestores, en donde no siempre son los trabajadores los que están a la cabeza, sino que los nuevos gestores son nombrados desde el gobierno y en muchos casos sin relación ni experiencia en la actividad productiva de la empresa en cuestión. Lo que amerita un esfuerzo de análisis y estudio, que muy poco se está haciendo, no obstante la relevancia que plantean estas experiencias y en particular la conducción, para contribuir a evidenciar las posibilidades de nuevas opciones de gestión y funcionamiento productivo, que trasciendan los modelos y las prácticas de la forma anterior que dio lugar a la bancarrota o las dificultades de funcionamiento. Esta distinción es importante, entender como empresa recuperada la que proviene de la bancarrota o de una situación de funcionamiento difícil y accidentado, de aquella que fue estatizada en condiciones normales de funcionamiento  productivo.

  Es importante destacar que el tema no es debatido suficientemente, ni el mismo forma parte de la agenda de organismos que deben velar por el buen uso de los recursos públicos, porque esa sería también la ocasión para identificar errores y enmendar  e incluso llegar a plantearse ¿que tan viable puede ser llegar a normalizar la empresa?. Todo esto conlleva análisis sociales, en primer lugar por los empleos en juego, pero también análisis económicos, para que se opte por alternativas que no se constituyan finalmente en problemas mayores para las finanzas públicas, que en definitiva son los aportes de los contribuyentes para contar con los servicios que el Estado les debe prestar.

  La inquietud más importante en principio en torno a las empresas recuperadas es su sobrevivencia y normalización. El tema es muy espinoso ya que son empresas que llegaron a paralizarse porque funcionaban en condiciones muy deplorables, y por tanto es un compromiso titánico regresarlas a la normalidad.

  Un problema común a las empresas recuperadas es el que los trabajadores más calificados abandonan el barco al ver señales inestables, lo que deja un vacío importante a la hora de reactivarlas. Lo otro es que el hecho de la parálisis produce un enorme desasosiego e incertidumbre, que no necesariamente es respondido de igual manera por el colectivo laboral. Se conoce que aquellos que vienen de una prolongada militancia sindical tienen mayores posibilidades de cohesionarse en la búsqueda y construcción de alternativas, igualmente  si tienen contactos políticos o ventajas para construirlos, ellos van a ser importantes para gestiones en instancias públicas que apunten a conseguir los apoyos y recursos para la reactivación. También ser parte de una organización colectiva es un espacio idóneo para ir monitoreando el desenvolvimiento de la empresa con anterioridad al colapso. Por supuesto que la dirección de la empresa lo vendrá haciendo incluso con las ventajas de la información confidencial privilegiada, y que no toda ella esta al alcance del sindicato, aún más cuando la organización es sólo de los operarios y al nivel de la empresa, como suele ser el modelo organizacional sindical predominante en el caso venezolano. 

  Llegado ya al momento del colapso de la empresa, digamos la parálisis productiva,  uno de los principales riesgos que obliga a poner en práctica una extrema vigilancia es la amenaza de vaciamiento y la vandalización de la empresa, de sus instalaciones y equipos. Lo primero como opción consciente y ventajosa de sus dueños, y lo segundo como dramática realidad social del entorno que ve en el abandono de un sede productiva la oportunidad para hacerse de bienes vendibles e incluso para contar con un techo y vivir. Contrarrestar estas dos situaciones es normalmente una opción de los propios trabajadores y sus organizaciones sindicales, por entender la importancia de preservar el centro productivo como garantía de sus reclamos laborales, y lo más importante como alternativa para lograr la continuidad de la fuente de trabajo. 

  Esta etapa de vigilancia y protección de las instalaciones productivas es de duración indefinida, sin horarios, sin descansos, sin feriados, es un sacrificio auto impuesto por los trabajadores organizados para la defensa de las instalaciones. En este lapso la fuerza laboral se integra y homogeneiza en un sólo cuerpo, que gradualmente clarifica sus objetivos de alcanzar los medios para que la fuente de trabajo no se pierda. 

Este punto de partida en la transición de empresa de propietarios capitalistas a propietarios trabajadores, abona a favor de que la reapertura se logre en condiciones de homogeneidad de intereses, lo que teóricamente abona a favor de contar con una mística y férrea voluntad para superar complejos obstáculos de la reactivación productiva. Por ello es un contrasentido que a estas experiencias el estado o el gobierno las condicione al imponerle una dirección con personas advenedizas, ajenas al natural proceso de construcción del proyecto socio productivo y sus propias identidades. 

Sociedad de la comunicación y déficit de debate

  Sin duda que la reunión entre gobierno y oposición transmitida en directo y en cadena nacional, con acompañamiento internacional es un hecho extraordinario en la vida del país. Complace que se nos permita ver y oír a aquellos que hablan en nombre del pueblo, del soberano, tanto del gobierno como de la oposición, especialmente verlos construir ideas, comentarios y proposiciones. Es lo menos que se le puede pedir a un dirigente. El déficit de debate se ha acentuado a medida que la atmósfera de su lugar natural como es el Parlamento ha sido escenario de atropellos de sus conductores o con su venia a quienes disientan.

  Es un lugar común afirmar que estamos en la sociedad de la información y de la comunicación a escala global, pero aquí en nuestro país cuán lejos se ha estado de esos paradigmas y realidades mundiales en estos años que los canales del Estado han estado secuestrados. Además qué atraso es el que para cada asunto de rutina administrativa del Ejecutivo se le imponga a la ciudadanía las cadenas de radio y TV, negándote el derecho a escoger oír o ver lo que quieras.

  Cuando Radio Caracas Televisión y Globovisión dominaban la captación de la audiencia en las ondas televisivas, y mantenían una posición crítica del gobierno, se argumentaba que las cadenas del Ejecutivo eran para alcanzar el equilibrio informativo. Hoy que no existe ningún canal que se pueda calificar de neutral, ya que son del gobierno abiertamente o actúan autocensurados y con temor, por tanto se afecta su misión de informar con amplitud a la sociedad, entonces qué sentido tienen las cadenas al menos para sustentar el equilibrio informativo.

  A lo anterior se agrega que empiezan a asignarse canales a corporaciones estatales o no, pero controladas por el pensamiento único dominante, tal es el caso del nuevo canal de la Fuerza Armada, ya en funcionamiento. Así como la anunciada Televisora Venezolana de los Trabajadores próxima a abrir, que se propone como el canal de la central oficialista promovida por el gobierno. Con estos orígenes estas nuevas televisoras presagian más instrumentos al servicio de un pensamiento que rechaza el pluralismo, y se presta para discriminar y excluir. Si fueran instrumentos informativos y comunicacionales para la pluralidad estaríamos en un caso de progreso y desarrollo, pero si se trata de reiterar lo que ocurre en VTV, es más bien una pena y una acentuación de la exclusión.

  Efectivamente que es un hecho positivo para el movimiento de los trabajadores contar con un canal televisivo para el uso y beneficio de la diversidad de pensamiento y propuestas que coexisten. Debates, formación, campañas, cultura, divulgación de sus acciones, en fin es una oportunidad para disponer de una herramienta prototipo de la sociedad de la información y de la comunicación. Hoy se impone con mayor razón la formación en línea, y para ello la televisión y el internet son aliados estratégicos. ¿Hay garantías de que esto sea así? No las vemos por ningún lado, de ahí la importancia de plantear la inquietud.

  En el último mes dos eventos vinculados con la crisis política de nuestro país en el seno de la OEA estuvieron marcados por el debate de determinar si la sesión fuera pública o privada. Uno, el análisis de la crisis a partir de planteamiento del Gobierno panameño y el otro momento era la intervención de la diputada María Corina Machado y otros representantes populares venezolanos. En ambos casos fue necesario dirimir en un ambiente tenso y de múltiples esfuerzos de cabildeo, si la sesión en cuestión fuera con presencia de periodistas y cámaras de TV. Los resultados fueron negativos a la aspiración de debate público.

  Con lo anterior queremos significar cuán importante es el debate abierto y público. Acumulamos un prolongado déficit de poder contrastar cara a cara planteamientos y propuestas. Por supuesto las partes en conflicto tienen múltiples oportunidades para el intercambio privado y confidencial, para decirse o plantearse lo que consideren. Pero ante la audiencia televidente al menos habrá un momento para que oigamos y veamos, es lo menos que nos merecemos en estos tiempos de la sociedad de la información y comunicación, en donde los ciudadanos a través de las redes sociales masificadas evalúan y diagnostican en tiempo real lo que se ve y oye. Igualmente es importante preservar esta conquista de la sociedad moderna, en permanente amenaza por las tentaciones autoritarias.   

DISENTIR E INTERVENCIONISMO EN LAS RELACIONES LABORALES

 Alcanzar y sostener un comportamiento democrático en el seno de las organizaciones de los trabajadores es un objetivo complejo. Por un lado la relación constructiva entre los altos dirigentes, los intermedios y de las bases del propio movimiento, así como con los afiliados supone una madurez y equilibrio entre sus diversos miembros,  que alcanzarlo implica vencer resistencias. Estas proceden de diversas fuentes, por un lado las organizaciones partidistas con sus visiones y perspectivas del papel que han de jugar estas organizaciones de los trabajadores, para acompañar el desarrollo y materialización de la ideología profesada por el partido. Téngase presente que un movimiento sindical democrático respeta las posiciones que política e ideológicamente tengan sus afiliados, ya que el objetivo central es la representación de todos. 

  Por otro lado los empleadores generalmente están interesados en contar con un sindicato confiable, amigable y hasta dócil para el alcance de las funciones propias de la actividad productiva. Finalmente los gobiernos, interesados en el apoyo pleno del movimiento a su estabilidad, al alcance de sus objetivos y a enfrentar a sus contrarios y críticos. Esto es aún mas complicado sin quienes gobiernan identifican a quienes disienten o piensan diferente, no solo como opuestos sino como enemigos.  

  

  Con lo anterior nos remitimos a una etapa que así como la actual, evidenció la dificultad en el propio seno del movimiento para el alcance de este equilibrio. Veamos que en los primeros años de la década del ochenta, consecuencia del conflicto ínter sindical se intervinieron sindicatos importantes como Sutiss (Sidor) y Sutrahierro (Ferrominera) en el Estado Bolívar, el interventor era el mismo movimiento sindical desde sus instancias superiores. Sutiss estuvo intervenido arbitrariamente por siete largos años, desde 1982 hasta 1989. El lamento de los interventores nacía del hecho que la victoria electoral en el sindicato, había sido alcanzado por una fuerza disidente que criticaba abiertamente a las cúpulas. 

  En el movimiento sindical de base se planteaban cuestionamientos a métodos poco democráticos en las relaciones entre las instancias nacionales y las locales. La Federaciones Nacional de los Metalúrgicos y la Federación Regional del Estado Bolívar fueron los verdugos de las organizaciones de base intervenidas. El verticalismo en el movimiento generaba protestas desde las bases que eran apagadas con controles, amenazas e intervenciones. Las reglamentaciones mismas de los organismos nacionales eran limitativas de la democracia sindical. 

  En este contexto las protestas de siderúrgicos y mineros fueron directamente hacia las altas esferas del movimiento sindical por su limitada democracia,  y dado que esta burocracia contaban con el apoyo de las empresas fueran privadas o estatales, la protesta de las bases repercutía entonces en sus patronos. Nuevas corrientes políticas deslindadas de aquellas comprometidas con el estatus sindical sea por acciones o por omisiones,  nacieron al calor de la protesta y efervescencia obrera, así como otras que apenas venían sobreviviendo encontraron espacios para dejar oír su voz.

  Los gobiernos de Acción Democrática y Copei tenían en el movimiento sindical cetevista un aliado, que había jugado un papel importante en la estabilización del sistema democrático en la década del sesenta, que en contraprestación había acumulado ventajas y prebendas que eran monopolizadas por los niveles directivos, lo que agregaba malestar en las bases, ello se fue manifestando más abiertamente a partir de los años que el país empezó a mostrar señales de enlentecimiento de su dinámico crecimiento económico entre 1961 y 1978. 

  Los agudos cuestionamientos a esta central procedentes del sindicalismo nacido en el seno de los trabajadores siderúrgicos, se hicieron notorios a partir del amplio triunfo electoral en Sutiss en 1979 y rápidamente se fueron generalizando. Su impacto en la zona de Guayana se tradujo en una revuelta laboral por la emergencia de alternativas a la hegemonía de la CTV. Además de la victoria en Sutiss en 1979, otros importantes triunfos fueron logrados por fuerzas emergentes en Alcasa y en Harbor, otra fuerza de la izquierda El Pueblo Avanza -EPA- logro sendos triunfos. A su vez la Causa R, además alcanzo un empate en Venalum. En las empresas básicas, tan solo en Ferrominera se mantuvo bajo mayoría de Acción Democrática. Del total de las bases obreras de esta zona, tan sólo el estatus sindical controlaba el 10%.

  Treinta años mas tarde, estamos en presencia de un cuadro que demanda cuestionamientos tan complejo o quizás mas que aquel encarado por la dirigencia de entonces. Uno de los más relevante es el que tiene relación con el modo como son dirigidas estas entidades productivas, que no lo son estrictamente con criterios de empresas sino como organismos cuasi partidistas. Lo que plantea discriminaciones por pensar o profesar posturas políticas e ideológicas diferentes a las del poder gubernamental, lo que determina consecuentes conflictos que abonan a mayores dificultades para el mismo alcance de los logros productivos. Convirtiéndose en un circulo vicioso de discriminación, reacción, represión, conflicto laboral y político, y finalmente retraso y parálisis productiva, y con ello menor producción y desabastecimiento. Esta lógica no es de una guerra económica determinada por fuerzas externas, pero si es un conflicto abierto que tiene como principales contendientes al Gobierno y a quienes viven del trabajo, organizados en su movimiento.  

   Por otro lado en la legislación que se relaciona con la vida sindical se han colado textos con deliberados propósitos de control estatal, aún mayores que los existentes treinta años atrás. De hecho hoy tenemos intervenciones masivas de las organizaciones y de la vida de los trabajadores, ya sea por los controles del Consejo Nacional Electoral, de la Administración del Trabajo, de mecanismos judiciales, del llamado Poder Moral y de la militarización de la vida civil, incluso con la venía de jefes sindicales oficialistas que anuncian entrenamiento militar y milicias obreras ¿para qué? y ¿contra quién?    

hector.lucena@gmail..com

@hl_lucena

GUAYANA: POBLACION LABORAL EN INCERTIDUMBRE

   Desde los años sesenta las empresas de producción de bienes básicos para el desarrollo industrial instaladas en la región de Guayana, iniciaron proceso continuado de crecimiento y contribución al desarrollo tanto de la propia zona como del resto del país. Interesa mirar este proceso desde la perspectiva laboral. Entendiendo que así como el ya más antiguo desarrollo petrolero generó consecuencias laborales modernizadoras, por los impactos que una actividad para entonces inédita trajo para el país, y que luego se expandió a otras regiones, por lo que algunas de sus experiencias e instituciones se replicaron y fueron adoptadas en las relaciones de trabajo de otras actividades productivas.   

  Para la mejor comprensión de lo indicado es importante identificar el funcionamiento y características de las relaciones de trabajo en una región determinada y particular, y algunos de sus impactos más allá de la misma región.

  Es entendido que en el país hay un sólo marco regulatorio que tiene alcance nacional, hay unos entes nacionales que dirigen las políticas públicas en materia de trabajo, hay unas organizaciones representativas de los actores socio laborales que responden a lineamientos que provienen de sus organismos de dirección nacional. Los entes empleadores reciben sus más importantes directrices desde el alto gobierno si son estatales, o de su alta gerencia si son nacionales y su cabeza funciona en la capital como sucede con la mayor parte de las empresas de gran tamaño. Igual ocurre con las transnacionales que funcionan bajo orientación y dirección desde sus casas matrices, no importa cuan lejos estén. Total las relaciones de trabajo están bajo la influencia de una perspectiva centralizadora. 

  No obstante lo anterior las regiones tienen perfiles que han de ser tomados en cuenta para conocer mejor su funcionamiento laboral. Esos perfiles responden especialmente a cual es el tipo de actividad productiva predominante, en sus niveles tecnológicos, en su propiedad y organización, así como cuales son los componentes humanos que laboran en ella y su grado de organización colectiva,  y en cuanto al contexto,  el tipo y la naturaleza de las fuerzas sociales más influyentes en la región. 

  Igual es importante tener presente los procesos que dieron lugar al nacimiento y desarrollo de las relaciones laborales. Es entendido que las empresas al nacer o ser creadas son la resultante de proposiciones de quienes son sus iniciadores, y en el camino se topa con otros actores que inciden en que las decisiones pasan de unilaterales a bilaterales, tripartitas o multipartitas incluso. En este proceso es muy importante tener presente a los de abajo, a sus resistencias, respuestas y aportes. Estos cuentan igual con sus proyectos, que son menos explícitos que los vinculados con los empresarios y los gobiernos, pero que en tanto se constituyan en organizaciones  autónomas a partir de la condición de trabajadores se identifica una vía para expresarlo. En un escenario como el que planteamos, estamos hablando de aquellos que viven del trabajo,  que es un concepto que incluye a la tradicional clase obrera, la de braga azul y casco, pero que los procesos productivos han expandido a categorías de mediana y alta calificación que otrora se les ubicaba como cercanos  de los empleadores. 

   La fuerza laboral que conforman las empresas básicas proviene no solo de la misma Guayana, sino de todo el país, así como del exterior. El fenómeno de atracción humana que esta región representó durante varias décadas la convirtió en un ámbito con rasgos cosmopolitas como fue Maracaibo, por la explotación petrolera,  en su momento. Todos en el país recordamos el boom de atracción de personas de muchos lugares en tiempos que se ampliaba la capacidad productiva de Sidor, a mediados de los años setenta.  

  En estas empresas ocurrieron interesantes experiencias de relaciones laborales, que fueron originales y contribuyeron a enriquecer el patrimonio de este campo, y acompañaron el mejoramiento productivo y el bienestar de la población laboral. Entre ellos un continuado desarrollo y respeto a la libertad sindical, con sus correspondientes accidentes propios de las dinámicas políticas, y derivado de ello la extensión y mejoramiento de las condiciones de trabajo vía negociaciones colectivas y prácticas de gestión de recursos humanos que mejoraron la calidad de vida de los trabajadores y su familia.  Sin embargo en los últimos años se observa más bien el predominio de dificultades en la convivencia laboral que no encuentran salidas. 

  Por supuesto esto no es ajeno al deterioro de las capacidades productivas que son en primer lugar las que posibilitan la progresividad de las condiciones de trabajo. Esto lleva a plantearse cuanta vigencia tiene el presente modo como estas empresas son administradas. El haber pasado de ser la segunda fuente de generación de divisas para la economía del país, a la de organizaciones productivas en situación critica que no se sustentan con todo el esfuerzo de buena parte de la población trabajadora, por sometimiento e imposiciones gestoras no participativas que estrangulan sus posibilidades, por lo que requieren de subsidios para funcionar, esto les plantea un oscuro panorama a todos los que ahí trabajan y tienen vínculos con estas empresas.  Para ellos reflexionar, reconocer realidades y liberarse de esquemas fracasados de conducción son opciones de sobrevivencia.   

DESABASTECIMIENTO, EMPRESARIOS Y PROTESTA POPULAR

La parálisis productiva explica el desabastecimiento de productos y servicios de los más variados, pero que la población resiente más cuando se trata de alimentos y de productos de primera necesidad. A su vez se ha destacado que el malestar de una sociedad emerge clara y contundentemente cuando observa que estos problemas no son bien atendidos por quienes le compete. Más bien éstos por el contrario argumentan explicaciones que no resisten cualquier análisis imparcial, no comprometido con justificar errores y desaciertos en la conducción de las políticas económicas. Es por eso que reiteramos que el argumento de la guerra económica o de la amenaza de fuerzas extranjeras, son entendidas más bien como evasivas para justificar incompetencias y fracasos en la conducción económica. 

  China y Vietnam son ejemplos contundentes como países que confrontaron abiertamente con el poder económico y político mundial, encontraron las vías para construir un sistema económico que les ha venido dando resultados, incluso reconociendo el avance tecnológico de quienes eran sus opuestos. También podemos observar que países que llevan adelante políticas de incuestionable énfasis en la soberanía no presentan este tipo de problemas de escasez, tales como Brasil, Ecuador, Nicaragua, ni siquiera llevan registros de índices de escasez que en nuestro caso es una preocupación cotidiana y fundamental de consumidores y productores.

  Cuando se habla de parálisis productiva, se puede establecer algunas diferenciaciones. Por un lado la parálisis total. Caso de empresas cerradas, totalmente paradas. Otra situación es la parálisis parcial, aquellas  que han cerrado solo algunas líneas de producción, o ya no elabora parte de su producción. Si es una manufacturera se observan casos de empresas que optaron por adquirirla de otro fabricante nacional o internacional y así mantener su mercado. Si es el segundo caso, se plantea el problema del acceso a las divisas, que pasan por complejos procesos de procura y permisos. 

  Total estamos en presencia de una pronunciada disminución de la actividad productiva transformadora, que es la que agrega más valor y la que motoriza los encadenamientos productivos, tan necesario para la actividad económica general. Igual es parálisis parcial cuando de su capacidad productiva sólo puede utilizar un porcentaje, por carencia de elementos indispensables sean materias primas o equipos parados. Un caso de parálisis peligrosa se observa en el sector automotriz, especialmente ensamblaje, que en estos dos primeros meses del año, han utilizado tan solo un 5% de su capacidad instalada, lo que acarrea igual consecuencia con los fabricantes de auto partes que producen fundamentalmente para equipos originales. Esto es resultado de una política errática, y la respuesta oficial es la importación de vehículos completos o al semi ensamblaje tipo maquila, sin incidencia en la cadena productiva,  con trabajo precarizado y sin libertad sindical, haciendo caso omiso de las regulaciones que imponen la incorporación de partes nacionales. 

  Si algo que parece novedoso, ha ocurrido en estas semanas de protesta de calle iniciada por la juventud venezolana, y a la cual se han agregado otros sectores sociales, es que se ha abierto un intercambio entre el Gobierno y los Empresarios. Estos tenían años pidiendo ser atendidos, y a lo sumo hubo algunos momentos de encuentros de dialogo, que posteriormente los mismos empresarios convocados resentían que sus planteamientos no eran tomados en cuenta, por lo que estos diálogos eran más bien de apariencia. Por lo demás eran procesos acompañados de desconfianzas, y de las continuadas amenazas y expropiaciones sin indemnizaciones al empresariado. 

  La confianza que es un factor económico se vino al suelo. Ahora, levantarla no será fácil, y estas reuniones ocurridas en el medio de una crisis política no muestran suficiente señales para no entenderla como mecanismos oficiales para tratar de calmar la turbulencia de la protesta. Y cuando se mencionan las presentes reuniones de dialogo Gobierno y Empresarios, no se quiere decir que se haya superado el  grave estado de desconfianza, sino que dentro de la crisis sirve al gobierno intentar conseguir un entente con quienes ha acusado de promover la guerra económica, pero que muestran más capacidad para producir que lo que viene ocurriendo en las empresas tomadas por las expropiaciones y confiscaciones, a pesar de los sesgos de las políticas oficiales a favor de las empresas del estado. 

  Las respuestas oficiales a la paralización productiva no son muy diferentes a las que viene ejecutando para aplacar la protesta civil, es decir la militarización. Los despachos oficiales claves que vigilan, supervisan y controlan los procesos productivos han sido militarizados, o aún estando en manos civiles, se comportan con métodos más bien propios de los operativos militares cuando se fijan como objetivo conocer de la situación productiva de una empresa determinada.  

   Las conversaciones con los empresarios han tenido un perfil bajo, no se sabe suficiente de ellas, pero visto que están en desarrollo al tiempo que hay una agudización de medidas severas a las instituciones civiles y a los sectores que participan y se exponen en las protestas, origen de los diálogos con empresarios, bien debieran  tantos éstos como los sectores laborales, que poco se han sentido en la presente situación, plantear exigencias que brinden atención no sólo a cambios en aspectos económicos sino también  políticos y sociales. Es importante que aspiraciones sentidas por la sociedad sean integradas y evitar su fragmentación. 

PARALISIS PRODUCTIVA: CAUSAS, REPERCUSIONES E INCERTIDUMBRE

En medio de la peor crisis política de los últimos años, otra empresa del sector automotriz ha enviado a los trabajadores a sus hogares por no contar con materiales para producir. Este viernes 14 de marzo Chrysler se suma a Toyota que ya lo había hecho el mes pasado. La Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez) también reporta que la ensambladora de camiones Iveco de Venezuela tampoco armó vehículos en los dos primeros meses del año. La situación del resto de ensambladoras no es muy diferente, por lo pronto trabajan a un mínimo de su capacidad,  con parte de la fuerza de trabajo en sus hogares o con horarios reducidos.

  El estado de convulsión política que vive el país en estas ultimas semanas contrarresta la atención a estos hechos complejos del mundo productivo y laboral, como es la parálisis de importantes centros de trabajo. Consideramos que las protestas generalizadas del último mes responden a varias preocupaciones de la población, una de ellas es el desabastecimiento de diversos productos, los más sentidos son los alimentos y medicinas, pero aunque menos expresado sabemos también las enormes dificultades de las familias, para adquirir un vehículo que por las limitadas condiciones del transporte colectivo y la inseguridad general, se ha convertido en un producto de primera necesidad de la población,  y que su escasez por la baja de la producción haya dado lugar a la elevación de los precios.

  Las dificultades de funcionamiento de todo el aparato económico han sido visibles por varios años. Lamentablemente ausencia de dialogo con los actores reales del funcionamiento productivo,  tanto del capital como del trabajo, facilitaron la promoción y  fomento de políticas que desde un principio mostraban sus fragilidades,  y hoy  muestran limitaciones y contradicciones extremas con elementales propósitos de la búsqueda de bienestar para los trabajadores y de fortalecimiento del sistema productivo. El discurso carismático y emocional del oficialismo no contó con el acompañamiento de resultados tangibles en materia productiva. Sus carencias se ha tratado de subsanar con importaciones dadas por la bonanza petrolera y no por la eficiente administración, bonanza que ha sido la más generosa de toda nuestra historia como exportador de este bien primario. Este circulo lleva el país gradual e inevitablemente a peores situaciones en materia de bienestar. Tener la capacidad de ver este panorama es obviamente un estimulo de la protesta social. 

  

  Las políticas económicas que han venido arrinconando a las empresas, al final se traducen en dificultades para quienes en ella trabajan. El discurso anti empresarial indiscriminado finalmente deviene en consecuencias para quienes viven de su trabajo, es decir la clase trabajadora, no solo porque se pone en entredicho la  viabilidad del mejoramiento progresivo de sus condiciones de trabajo, del sostenimiento y avance de los convenios colectivos, sino por el propio mantenimiento de la fuente de empleo. Y con ello las repercusiones en el encadenamiento productivo, que es inherente a todo tipo de producción que siempre está vinculada con proveedores, suministros, clientes, es decir mercado de uno y otro lado. Además al producir menos, ofertar menor cantidad de bienes y servicios, se reducen las contribuciones fiscales y parafiscales de las cuales se alimentan los entes públicos. 

  Los ingresos del Seniat todos los años se incrementan, ya que si bien ha habido un mayor control fiscal tanto a las empresas reales como a las personas naturales, también son incrementos de ingresos más nominales que reales, por la persistente alta inflación, además son ingresos que llenan el vacío que gradualmente va dejando la reducción de los aportes petroleros, ya sea por las deudas externas e internas de Pdvsa, como por sus compromisos adquiridos como proveedor subsidiario de  otros países, lo que al final se traduce en que la sociedad venezolana no mejora su ingreso. 

  Destacamos en el párrafo anterior el mayor control sobre las empresas reales, ya que a mas controles al final éstos son evadidos y emergen empresas de maletín que violan no sólo al estado a través del Seniat, sino a toda la sociedad venezolana al succionarle recursos que le hacen falta a los servicios esenciales de la población. 

  Ante las dificultades operacionales de empresas, es importante hacer un diagnóstico que se acerque a la verdad. Ya que si se asumen explicaciones como la de la llamada guerra económica, es decir que las empresas optan deliberadamente por producir menos, por no distribuir los productos, lo más expedito entonces es que se llegue a creer que estatizando se resuelva el problema, ya hemos visto bastantes casos que no es así. Es una lista larga de estatizaciones que al estar la empresa en manos del Estado, resulta en menos producción, menos pago de impuestos y servicios suministrados por otros entes estatales, mas deuda con terceros, desmejoramiento de las condiciones de trabajo y de los convenios colectivos, menor estabilidad en el empleo por la incertidumbre y muy importante porque se aplican sesgos políticos e ideológicos por encima de la disciplina y responsabilidad laboral.     

  En el sector automotriz, las dificultades de las ensambladoras y las autopartistas, y toda la cadena de comercialización y distribución, hará que sus miles de trabajadores vean con nerviosismo e incertidumbre, una política automotriz que privilegia la maquila y la importación indiscriminada, y si a esto se le agregan improvisadas aspiraciones de estatización de las empresas manufactureras, vemos que la guerra económica es de estas políticas contra los que viven de su trabajo.