Sociedad de la comunicación y déficit de debate

  Sin duda que la reunión entre gobierno y oposición transmitida en directo y en cadena nacional, con acompañamiento internacional es un hecho extraordinario en la vida del país. Complace que se nos permita ver y oír a aquellos que hablan en nombre del pueblo, del soberano, tanto del gobierno como de la oposición, especialmente verlos construir ideas, comentarios y proposiciones. Es lo menos que se le puede pedir a un dirigente. El déficit de debate se ha acentuado a medida que la atmósfera de su lugar natural como es el Parlamento ha sido escenario de atropellos de sus conductores o con su venia a quienes disientan.

  Es un lugar común afirmar que estamos en la sociedad de la información y de la comunicación a escala global, pero aquí en nuestro país cuán lejos se ha estado de esos paradigmas y realidades mundiales en estos años que los canales del Estado han estado secuestrados. Además qué atraso es el que para cada asunto de rutina administrativa del Ejecutivo se le imponga a la ciudadanía las cadenas de radio y TV, negándote el derecho a escoger oír o ver lo que quieras.

  Cuando Radio Caracas Televisión y Globovisión dominaban la captación de la audiencia en las ondas televisivas, y mantenían una posición crítica del gobierno, se argumentaba que las cadenas del Ejecutivo eran para alcanzar el equilibrio informativo. Hoy que no existe ningún canal que se pueda calificar de neutral, ya que son del gobierno abiertamente o actúan autocensurados y con temor, por tanto se afecta su misión de informar con amplitud a la sociedad, entonces qué sentido tienen las cadenas al menos para sustentar el equilibrio informativo.

  A lo anterior se agrega que empiezan a asignarse canales a corporaciones estatales o no, pero controladas por el pensamiento único dominante, tal es el caso del nuevo canal de la Fuerza Armada, ya en funcionamiento. Así como la anunciada Televisora Venezolana de los Trabajadores próxima a abrir, que se propone como el canal de la central oficialista promovida por el gobierno. Con estos orígenes estas nuevas televisoras presagian más instrumentos al servicio de un pensamiento que rechaza el pluralismo, y se presta para discriminar y excluir. Si fueran instrumentos informativos y comunicacionales para la pluralidad estaríamos en un caso de progreso y desarrollo, pero si se trata de reiterar lo que ocurre en VTV, es más bien una pena y una acentuación de la exclusión.

  Efectivamente que es un hecho positivo para el movimiento de los trabajadores contar con un canal televisivo para el uso y beneficio de la diversidad de pensamiento y propuestas que coexisten. Debates, formación, campañas, cultura, divulgación de sus acciones, en fin es una oportunidad para disponer de una herramienta prototipo de la sociedad de la información y de la comunicación. Hoy se impone con mayor razón la formación en línea, y para ello la televisión y el internet son aliados estratégicos. ¿Hay garantías de que esto sea así? No las vemos por ningún lado, de ahí la importancia de plantear la inquietud.

  En el último mes dos eventos vinculados con la crisis política de nuestro país en el seno de la OEA estuvieron marcados por el debate de determinar si la sesión fuera pública o privada. Uno, el análisis de la crisis a partir de planteamiento del Gobierno panameño y el otro momento era la intervención de la diputada María Corina Machado y otros representantes populares venezolanos. En ambos casos fue necesario dirimir en un ambiente tenso y de múltiples esfuerzos de cabildeo, si la sesión en cuestión fuera con presencia de periodistas y cámaras de TV. Los resultados fueron negativos a la aspiración de debate público.

  Con lo anterior queremos significar cuán importante es el debate abierto y público. Acumulamos un prolongado déficit de poder contrastar cara a cara planteamientos y propuestas. Por supuesto las partes en conflicto tienen múltiples oportunidades para el intercambio privado y confidencial, para decirse o plantearse lo que consideren. Pero ante la audiencia televidente al menos habrá un momento para que oigamos y veamos, es lo menos que nos merecemos en estos tiempos de la sociedad de la información y comunicación, en donde los ciudadanos a través de las redes sociales masificadas evalúan y diagnostican en tiempo real lo que se ve y oye. Igualmente es importante preservar esta conquista de la sociedad moderna, en permanente amenaza por las tentaciones autoritarias.   

DISENTIR E INTERVENCIONISMO EN LAS RELACIONES LABORALES

 Alcanzar y sostener un comportamiento democrático en el seno de las organizaciones de los trabajadores es un objetivo complejo. Por un lado la relación constructiva entre los altos dirigentes, los intermedios y de las bases del propio movimiento, así como con los afiliados supone una madurez y equilibrio entre sus diversos miembros,  que alcanzarlo implica vencer resistencias. Estas proceden de diversas fuentes, por un lado las organizaciones partidistas con sus visiones y perspectivas del papel que han de jugar estas organizaciones de los trabajadores, para acompañar el desarrollo y materialización de la ideología profesada por el partido. Téngase presente que un movimiento sindical democrático respeta las posiciones que política e ideológicamente tengan sus afiliados, ya que el objetivo central es la representación de todos. 

  Por otro lado los empleadores generalmente están interesados en contar con un sindicato confiable, amigable y hasta dócil para el alcance de las funciones propias de la actividad productiva. Finalmente los gobiernos, interesados en el apoyo pleno del movimiento a su estabilidad, al alcance de sus objetivos y a enfrentar a sus contrarios y críticos. Esto es aún mas complicado sin quienes gobiernan identifican a quienes disienten o piensan diferente, no solo como opuestos sino como enemigos.  

  

  Con lo anterior nos remitimos a una etapa que así como la actual, evidenció la dificultad en el propio seno del movimiento para el alcance de este equilibrio. Veamos que en los primeros años de la década del ochenta, consecuencia del conflicto ínter sindical se intervinieron sindicatos importantes como Sutiss (Sidor) y Sutrahierro (Ferrominera) en el Estado Bolívar, el interventor era el mismo movimiento sindical desde sus instancias superiores. Sutiss estuvo intervenido arbitrariamente por siete largos años, desde 1982 hasta 1989. El lamento de los interventores nacía del hecho que la victoria electoral en el sindicato, había sido alcanzado por una fuerza disidente que criticaba abiertamente a las cúpulas. 

  En el movimiento sindical de base se planteaban cuestionamientos a métodos poco democráticos en las relaciones entre las instancias nacionales y las locales. La Federaciones Nacional de los Metalúrgicos y la Federación Regional del Estado Bolívar fueron los verdugos de las organizaciones de base intervenidas. El verticalismo en el movimiento generaba protestas desde las bases que eran apagadas con controles, amenazas e intervenciones. Las reglamentaciones mismas de los organismos nacionales eran limitativas de la democracia sindical. 

  En este contexto las protestas de siderúrgicos y mineros fueron directamente hacia las altas esferas del movimiento sindical por su limitada democracia,  y dado que esta burocracia contaban con el apoyo de las empresas fueran privadas o estatales, la protesta de las bases repercutía entonces en sus patronos. Nuevas corrientes políticas deslindadas de aquellas comprometidas con el estatus sindical sea por acciones o por omisiones,  nacieron al calor de la protesta y efervescencia obrera, así como otras que apenas venían sobreviviendo encontraron espacios para dejar oír su voz.

  Los gobiernos de Acción Democrática y Copei tenían en el movimiento sindical cetevista un aliado, que había jugado un papel importante en la estabilización del sistema democrático en la década del sesenta, que en contraprestación había acumulado ventajas y prebendas que eran monopolizadas por los niveles directivos, lo que agregaba malestar en las bases, ello se fue manifestando más abiertamente a partir de los años que el país empezó a mostrar señales de enlentecimiento de su dinámico crecimiento económico entre 1961 y 1978. 

  Los agudos cuestionamientos a esta central procedentes del sindicalismo nacido en el seno de los trabajadores siderúrgicos, se hicieron notorios a partir del amplio triunfo electoral en Sutiss en 1979 y rápidamente se fueron generalizando. Su impacto en la zona de Guayana se tradujo en una revuelta laboral por la emergencia de alternativas a la hegemonía de la CTV. Además de la victoria en Sutiss en 1979, otros importantes triunfos fueron logrados por fuerzas emergentes en Alcasa y en Harbor, otra fuerza de la izquierda El Pueblo Avanza -EPA- logro sendos triunfos. A su vez la Causa R, además alcanzo un empate en Venalum. En las empresas básicas, tan solo en Ferrominera se mantuvo bajo mayoría de Acción Democrática. Del total de las bases obreras de esta zona, tan sólo el estatus sindical controlaba el 10%.

  Treinta años mas tarde, estamos en presencia de un cuadro que demanda cuestionamientos tan complejo o quizás mas que aquel encarado por la dirigencia de entonces. Uno de los más relevante es el que tiene relación con el modo como son dirigidas estas entidades productivas, que no lo son estrictamente con criterios de empresas sino como organismos cuasi partidistas. Lo que plantea discriminaciones por pensar o profesar posturas políticas e ideológicas diferentes a las del poder gubernamental, lo que determina consecuentes conflictos que abonan a mayores dificultades para el mismo alcance de los logros productivos. Convirtiéndose en un circulo vicioso de discriminación, reacción, represión, conflicto laboral y político, y finalmente retraso y parálisis productiva, y con ello menor producción y desabastecimiento. Esta lógica no es de una guerra económica determinada por fuerzas externas, pero si es un conflicto abierto que tiene como principales contendientes al Gobierno y a quienes viven del trabajo, organizados en su movimiento.  

   Por otro lado en la legislación que se relaciona con la vida sindical se han colado textos con deliberados propósitos de control estatal, aún mayores que los existentes treinta años atrás. De hecho hoy tenemos intervenciones masivas de las organizaciones y de la vida de los trabajadores, ya sea por los controles del Consejo Nacional Electoral, de la Administración del Trabajo, de mecanismos judiciales, del llamado Poder Moral y de la militarización de la vida civil, incluso con la venía de jefes sindicales oficialistas que anuncian entrenamiento militar y milicias obreras ¿para qué? y ¿contra quién?    

hector.lucena@gmail..com

@hl_lucena

GUAYANA: POBLACION LABORAL EN INCERTIDUMBRE

   Desde los años sesenta las empresas de producción de bienes básicos para el desarrollo industrial instaladas en la región de Guayana, iniciaron proceso continuado de crecimiento y contribución al desarrollo tanto de la propia zona como del resto del país. Interesa mirar este proceso desde la perspectiva laboral. Entendiendo que así como el ya más antiguo desarrollo petrolero generó consecuencias laborales modernizadoras, por los impactos que una actividad para entonces inédita trajo para el país, y que luego se expandió a otras regiones, por lo que algunas de sus experiencias e instituciones se replicaron y fueron adoptadas en las relaciones de trabajo de otras actividades productivas.   

  Para la mejor comprensión de lo indicado es importante identificar el funcionamiento y características de las relaciones de trabajo en una región determinada y particular, y algunos de sus impactos más allá de la misma región.

  Es entendido que en el país hay un sólo marco regulatorio que tiene alcance nacional, hay unos entes nacionales que dirigen las políticas públicas en materia de trabajo, hay unas organizaciones representativas de los actores socio laborales que responden a lineamientos que provienen de sus organismos de dirección nacional. Los entes empleadores reciben sus más importantes directrices desde el alto gobierno si son estatales, o de su alta gerencia si son nacionales y su cabeza funciona en la capital como sucede con la mayor parte de las empresas de gran tamaño. Igual ocurre con las transnacionales que funcionan bajo orientación y dirección desde sus casas matrices, no importa cuan lejos estén. Total las relaciones de trabajo están bajo la influencia de una perspectiva centralizadora. 

  No obstante lo anterior las regiones tienen perfiles que han de ser tomados en cuenta para conocer mejor su funcionamiento laboral. Esos perfiles responden especialmente a cual es el tipo de actividad productiva predominante, en sus niveles tecnológicos, en su propiedad y organización, así como cuales son los componentes humanos que laboran en ella y su grado de organización colectiva,  y en cuanto al contexto,  el tipo y la naturaleza de las fuerzas sociales más influyentes en la región. 

  Igual es importante tener presente los procesos que dieron lugar al nacimiento y desarrollo de las relaciones laborales. Es entendido que las empresas al nacer o ser creadas son la resultante de proposiciones de quienes son sus iniciadores, y en el camino se topa con otros actores que inciden en que las decisiones pasan de unilaterales a bilaterales, tripartitas o multipartitas incluso. En este proceso es muy importante tener presente a los de abajo, a sus resistencias, respuestas y aportes. Estos cuentan igual con sus proyectos, que son menos explícitos que los vinculados con los empresarios y los gobiernos, pero que en tanto se constituyan en organizaciones  autónomas a partir de la condición de trabajadores se identifica una vía para expresarlo. En un escenario como el que planteamos, estamos hablando de aquellos que viven del trabajo,  que es un concepto que incluye a la tradicional clase obrera, la de braga azul y casco, pero que los procesos productivos han expandido a categorías de mediana y alta calificación que otrora se les ubicaba como cercanos  de los empleadores. 

   La fuerza laboral que conforman las empresas básicas proviene no solo de la misma Guayana, sino de todo el país, así como del exterior. El fenómeno de atracción humana que esta región representó durante varias décadas la convirtió en un ámbito con rasgos cosmopolitas como fue Maracaibo, por la explotación petrolera,  en su momento. Todos en el país recordamos el boom de atracción de personas de muchos lugares en tiempos que se ampliaba la capacidad productiva de Sidor, a mediados de los años setenta.  

  En estas empresas ocurrieron interesantes experiencias de relaciones laborales, que fueron originales y contribuyeron a enriquecer el patrimonio de este campo, y acompañaron el mejoramiento productivo y el bienestar de la población laboral. Entre ellos un continuado desarrollo y respeto a la libertad sindical, con sus correspondientes accidentes propios de las dinámicas políticas, y derivado de ello la extensión y mejoramiento de las condiciones de trabajo vía negociaciones colectivas y prácticas de gestión de recursos humanos que mejoraron la calidad de vida de los trabajadores y su familia.  Sin embargo en los últimos años se observa más bien el predominio de dificultades en la convivencia laboral que no encuentran salidas. 

  Por supuesto esto no es ajeno al deterioro de las capacidades productivas que son en primer lugar las que posibilitan la progresividad de las condiciones de trabajo. Esto lleva a plantearse cuanta vigencia tiene el presente modo como estas empresas son administradas. El haber pasado de ser la segunda fuente de generación de divisas para la economía del país, a la de organizaciones productivas en situación critica que no se sustentan con todo el esfuerzo de buena parte de la población trabajadora, por sometimiento e imposiciones gestoras no participativas que estrangulan sus posibilidades, por lo que requieren de subsidios para funcionar, esto les plantea un oscuro panorama a todos los que ahí trabajan y tienen vínculos con estas empresas.  Para ellos reflexionar, reconocer realidades y liberarse de esquemas fracasados de conducción son opciones de sobrevivencia.   

DESABASTECIMIENTO, EMPRESARIOS Y PROTESTA POPULAR

La parálisis productiva explica el desabastecimiento de productos y servicios de los más variados, pero que la población resiente más cuando se trata de alimentos y de productos de primera necesidad. A su vez se ha destacado que el malestar de una sociedad emerge clara y contundentemente cuando observa que estos problemas no son bien atendidos por quienes le compete. Más bien éstos por el contrario argumentan explicaciones que no resisten cualquier análisis imparcial, no comprometido con justificar errores y desaciertos en la conducción de las políticas económicas. Es por eso que reiteramos que el argumento de la guerra económica o de la amenaza de fuerzas extranjeras, son entendidas más bien como evasivas para justificar incompetencias y fracasos en la conducción económica. 

  China y Vietnam son ejemplos contundentes como países que confrontaron abiertamente con el poder económico y político mundial, encontraron las vías para construir un sistema económico que les ha venido dando resultados, incluso reconociendo el avance tecnológico de quienes eran sus opuestos. También podemos observar que países que llevan adelante políticas de incuestionable énfasis en la soberanía no presentan este tipo de problemas de escasez, tales como Brasil, Ecuador, Nicaragua, ni siquiera llevan registros de índices de escasez que en nuestro caso es una preocupación cotidiana y fundamental de consumidores y productores.

  Cuando se habla de parálisis productiva, se puede establecer algunas diferenciaciones. Por un lado la parálisis total. Caso de empresas cerradas, totalmente paradas. Otra situación es la parálisis parcial, aquellas  que han cerrado solo algunas líneas de producción, o ya no elabora parte de su producción. Si es una manufacturera se observan casos de empresas que optaron por adquirirla de otro fabricante nacional o internacional y así mantener su mercado. Si es el segundo caso, se plantea el problema del acceso a las divisas, que pasan por complejos procesos de procura y permisos. 

  Total estamos en presencia de una pronunciada disminución de la actividad productiva transformadora, que es la que agrega más valor y la que motoriza los encadenamientos productivos, tan necesario para la actividad económica general. Igual es parálisis parcial cuando de su capacidad productiva sólo puede utilizar un porcentaje, por carencia de elementos indispensables sean materias primas o equipos parados. Un caso de parálisis peligrosa se observa en el sector automotriz, especialmente ensamblaje, que en estos dos primeros meses del año, han utilizado tan solo un 5% de su capacidad instalada, lo que acarrea igual consecuencia con los fabricantes de auto partes que producen fundamentalmente para equipos originales. Esto es resultado de una política errática, y la respuesta oficial es la importación de vehículos completos o al semi ensamblaje tipo maquila, sin incidencia en la cadena productiva,  con trabajo precarizado y sin libertad sindical, haciendo caso omiso de las regulaciones que imponen la incorporación de partes nacionales. 

  Si algo que parece novedoso, ha ocurrido en estas semanas de protesta de calle iniciada por la juventud venezolana, y a la cual se han agregado otros sectores sociales, es que se ha abierto un intercambio entre el Gobierno y los Empresarios. Estos tenían años pidiendo ser atendidos, y a lo sumo hubo algunos momentos de encuentros de dialogo, que posteriormente los mismos empresarios convocados resentían que sus planteamientos no eran tomados en cuenta, por lo que estos diálogos eran más bien de apariencia. Por lo demás eran procesos acompañados de desconfianzas, y de las continuadas amenazas y expropiaciones sin indemnizaciones al empresariado. 

  La confianza que es un factor económico se vino al suelo. Ahora, levantarla no será fácil, y estas reuniones ocurridas en el medio de una crisis política no muestran suficiente señales para no entenderla como mecanismos oficiales para tratar de calmar la turbulencia de la protesta. Y cuando se mencionan las presentes reuniones de dialogo Gobierno y Empresarios, no se quiere decir que se haya superado el  grave estado de desconfianza, sino que dentro de la crisis sirve al gobierno intentar conseguir un entente con quienes ha acusado de promover la guerra económica, pero que muestran más capacidad para producir que lo que viene ocurriendo en las empresas tomadas por las expropiaciones y confiscaciones, a pesar de los sesgos de las políticas oficiales a favor de las empresas del estado. 

  Las respuestas oficiales a la paralización productiva no son muy diferentes a las que viene ejecutando para aplacar la protesta civil, es decir la militarización. Los despachos oficiales claves que vigilan, supervisan y controlan los procesos productivos han sido militarizados, o aún estando en manos civiles, se comportan con métodos más bien propios de los operativos militares cuando se fijan como objetivo conocer de la situación productiva de una empresa determinada.  

   Las conversaciones con los empresarios han tenido un perfil bajo, no se sabe suficiente de ellas, pero visto que están en desarrollo al tiempo que hay una agudización de medidas severas a las instituciones civiles y a los sectores que participan y se exponen en las protestas, origen de los diálogos con empresarios, bien debieran  tantos éstos como los sectores laborales, que poco se han sentido en la presente situación, plantear exigencias que brinden atención no sólo a cambios en aspectos económicos sino también  políticos y sociales. Es importante que aspiraciones sentidas por la sociedad sean integradas y evitar su fragmentación. 

PARALISIS PRODUCTIVA: CAUSAS, REPERCUSIONES E INCERTIDUMBRE

En medio de la peor crisis política de los últimos años, otra empresa del sector automotriz ha enviado a los trabajadores a sus hogares por no contar con materiales para producir. Este viernes 14 de marzo Chrysler se suma a Toyota que ya lo había hecho el mes pasado. La Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez) también reporta que la ensambladora de camiones Iveco de Venezuela tampoco armó vehículos en los dos primeros meses del año. La situación del resto de ensambladoras no es muy diferente, por lo pronto trabajan a un mínimo de su capacidad,  con parte de la fuerza de trabajo en sus hogares o con horarios reducidos.

  El estado de convulsión política que vive el país en estas ultimas semanas contrarresta la atención a estos hechos complejos del mundo productivo y laboral, como es la parálisis de importantes centros de trabajo. Consideramos que las protestas generalizadas del último mes responden a varias preocupaciones de la población, una de ellas es el desabastecimiento de diversos productos, los más sentidos son los alimentos y medicinas, pero aunque menos expresado sabemos también las enormes dificultades de las familias, para adquirir un vehículo que por las limitadas condiciones del transporte colectivo y la inseguridad general, se ha convertido en un producto de primera necesidad de la población,  y que su escasez por la baja de la producción haya dado lugar a la elevación de los precios.

  Las dificultades de funcionamiento de todo el aparato económico han sido visibles por varios años. Lamentablemente ausencia de dialogo con los actores reales del funcionamiento productivo,  tanto del capital como del trabajo, facilitaron la promoción y  fomento de políticas que desde un principio mostraban sus fragilidades,  y hoy  muestran limitaciones y contradicciones extremas con elementales propósitos de la búsqueda de bienestar para los trabajadores y de fortalecimiento del sistema productivo. El discurso carismático y emocional del oficialismo no contó con el acompañamiento de resultados tangibles en materia productiva. Sus carencias se ha tratado de subsanar con importaciones dadas por la bonanza petrolera y no por la eficiente administración, bonanza que ha sido la más generosa de toda nuestra historia como exportador de este bien primario. Este circulo lleva el país gradual e inevitablemente a peores situaciones en materia de bienestar. Tener la capacidad de ver este panorama es obviamente un estimulo de la protesta social. 

  

  Las políticas económicas que han venido arrinconando a las empresas, al final se traducen en dificultades para quienes en ella trabajan. El discurso anti empresarial indiscriminado finalmente deviene en consecuencias para quienes viven de su trabajo, es decir la clase trabajadora, no solo porque se pone en entredicho la  viabilidad del mejoramiento progresivo de sus condiciones de trabajo, del sostenimiento y avance de los convenios colectivos, sino por el propio mantenimiento de la fuente de empleo. Y con ello las repercusiones en el encadenamiento productivo, que es inherente a todo tipo de producción que siempre está vinculada con proveedores, suministros, clientes, es decir mercado de uno y otro lado. Además al producir menos, ofertar menor cantidad de bienes y servicios, se reducen las contribuciones fiscales y parafiscales de las cuales se alimentan los entes públicos. 

  Los ingresos del Seniat todos los años se incrementan, ya que si bien ha habido un mayor control fiscal tanto a las empresas reales como a las personas naturales, también son incrementos de ingresos más nominales que reales, por la persistente alta inflación, además son ingresos que llenan el vacío que gradualmente va dejando la reducción de los aportes petroleros, ya sea por las deudas externas e internas de Pdvsa, como por sus compromisos adquiridos como proveedor subsidiario de  otros países, lo que al final se traduce en que la sociedad venezolana no mejora su ingreso. 

  Destacamos en el párrafo anterior el mayor control sobre las empresas reales, ya que a mas controles al final éstos son evadidos y emergen empresas de maletín que violan no sólo al estado a través del Seniat, sino a toda la sociedad venezolana al succionarle recursos que le hacen falta a los servicios esenciales de la población. 

  Ante las dificultades operacionales de empresas, es importante hacer un diagnóstico que se acerque a la verdad. Ya que si se asumen explicaciones como la de la llamada guerra económica, es decir que las empresas optan deliberadamente por producir menos, por no distribuir los productos, lo más expedito entonces es que se llegue a creer que estatizando se resuelva el problema, ya hemos visto bastantes casos que no es así. Es una lista larga de estatizaciones que al estar la empresa en manos del Estado, resulta en menos producción, menos pago de impuestos y servicios suministrados por otros entes estatales, mas deuda con terceros, desmejoramiento de las condiciones de trabajo y de los convenios colectivos, menor estabilidad en el empleo por la incertidumbre y muy importante porque se aplican sesgos políticos e ideológicos por encima de la disciplina y responsabilidad laboral.     

  En el sector automotriz, las dificultades de las ensambladoras y las autopartistas, y toda la cadena de comercialización y distribución, hará que sus miles de trabajadores vean con nerviosismo e incertidumbre, una política automotriz que privilegia la maquila y la importación indiscriminada, y si a esto se le agregan improvisadas aspiraciones de estatización de las empresas manufactureras, vemos que la guerra económica es de estas políticas contra los que viven de su trabajo. 

DIVERSOS ANGULOS DE LA PROTESTA POPULAR

  Se sigue mencionando que en el país existe un proceso de dialogo y paz. Sin embargo no participan en el mismo los principales actores de la controversia, a pesar que a casi un mes de protestas el país se mantiene con un funcionamiento dificultoso. Por supuesto que las autoridades, en esta época como en cualquier otra, son los últimos en reconocer la existencia de un clima problemático, que demanda iniciar procesos de dialogo conducentes a la búsqueda de soluciones.  Resiente que se trataría de una manifestación de debilidad gubernamental. Atribuye a lo sumo que se trata de una conspiración que responde a intereses extranjeros y que la minoría de quienes se incorporan a la protesta están siendo manipulados. Este tipo de percepción oscurece y restringe la capacidad de entender que quienes protestan deban ser escuchados y que han ser parte de un proceso de dialogo. Por el contrario el gobierno conversa con personalidades y entidades de poco peso en el desarrollo de estas manifestaciones agudas del conflicto abierto. Por ahora sólo le sirve para mostrar que si ha convocado a un proceso de dialogo que se mantiene activo, independientemente de la evolución del mismo y sus conexiones con los problemas que mantienen la protesta.

  Los planteamientos de quienes protestan son diversos porque no son acciones que están siendo ejecutadas, por personas aglutinadas alrededor de una organización y liderazgo partidista o ideológico determinado. El componente social y colectivo que tiene mayor notoriedad en la protesta son los estudiantes y los jóvenes en general, pero también entre quienes protestan se observa a trabajadores dependientes e independientes, informales, desempleados, amas de casa, pequeños propietarios, jubilados, algunos de ellos como parte de movimientos sociales. Además buena parte de quienes estudian se ven obligados a tener alguna actividad laboral para ayudar a su propia formación, y aliviar la carga de los padres; entonces, no hay que perder de vista que los estudiantes reconocen que están en una etapa temporal, que ha de dar paso luego a la condición de trabajadores y de participar en la constitución de su propia familia. 

  En este diversidad social predomina quienes no son militantes de partidos políticos, a lo mejor simpatizantes de determinados liderazgos, pero el componente de personas independientes es mayoritario. Por supuesto que los pocos militantes son los que cuentan generalmente con algunas experiencias en organización de protestas. Pero al estar presente la diversidad de personas que mencionamos, éstas no responden disciplinadamente  a lineamientos de un liderazgo determinado. Es por lo que se ejecutan acciones voluntarias de protesta que en algunos casos más bien levantan controversias entre sus ejecutantes y el entorno, ya sea por incomodidad o por diversidad tanto en los objetivos como en el enfoque o medio  para alcanzar lo que aspiran.

  Hay que destacar que las protestas ocurren predominantemente en donde residen los sectores medios, así como en lugares abiertos de acceso general, como arterias viales importantes, plazas, monumentos públicos. En menor proporción hay manifestaciones de protestas en zonas y urbanismos populares, pero las hay. En este fenómeno hay que subrayar el hecho que los mismos programas sociales existentes lleva  a controles rigurosos de la población en estos espacios de vida comunitaria y vecinal. Téngase presente por ejemplo que la misma conformación de un consejo comunal, pasa por construir y mantener un censo detallado de cada grupo familiar, como también para la incorporación al censo correspondiente por cada programa social que se implemente. Toda la estructura de los consejos comunales son supervisadas por un órgano de poder central ministerial a cargo del poder comunal. 

  En cuanto al desarrollo de esta organización comunal el censo del 2013, indicó “Más de 44 mil 400 Consejos Comunales funcionan en el país”. La viceministra Margaud Godoy, de Participación Comunal del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección, “calificó como un éxito de las políticas revolucionarias que exista más de un millón y medio de voceros y voceras del Poder Popular trabajando de manera voluntaria”. (http://www.vtv.gob.ve/articulos/2013/01/31/mas-de-44-mil-400-consejo-comunales-hacen-vida-en-el-pais-5670.html). Téngase presente que tal cantidad de voceros son el vértice de un movimiento que abarca varios millones de personas. 

  Todo lo anterior marca un contraste con los espacios de vida de los sectores medios, que si bien en muchos de ellos se diligenciaron la constitución de sus consejos comunales, el papel de las entidades estatales no fue de su padrinazgo sino más bien de desconfianza en su apoyo y dotación. De aquí que esto contribuye a que existe una relación de menor contenido en padrinazgo gubernamental y en la deuda de lealtades por parte de estas comunidades, es por lo que la capacidad de reclamo y protesta ante el gobierno en los sectores medios se desenvuelve con mayor autonomía. Agréguese que en los sectores medios se resiente con mayor agudeza, el fomento de políticas que han tendido a procesos de igualdad más bien por frenar su ascenso, antes que subir la calidad de vida tanto de los más pobres como de los mismos sectores medios.  

  También es importante mencionar que las políticas sociales que han jugado un papel importante en ganar y mantener lealtades, pero que se han venido a menos en los últimos años por las mismas dificultades fiscales, y la pérdida de recursos por ineficiencia gerencial y por problemas de corrupción, vienen levantando malestar en los mismos sectores populares que incorporaron a su bienestar social programas que han perdido calidad y son reclamados cada vez con mayor fuerza por sus beneficiarios. Finalmente hay que destacar que los llamados colectivos, organizados como fuerza de choque y represión, sus integrantes proceden y están radicados en los espacios populares por lo que agrega en estos espacios un elemento intimidatorio a la protesta.   

hector.lucena@gmail.com

@hl_lucena

DIALOGO Y PAZ ¿POR DONDE EMPEZAR?

  Todo llamado a paz exige dialogar. Este verbo está satanizado desde que empezó el proceso bolivariano. Se ha oído insistentemente que la revolución llegó para quedarse. Que ésta es una revolución armada, con el pueblo en armas. El lema “Patria, Socialismo o Muerte” no estaba muy en sintonía con el dialogo; al final se le dejó de lado porque enfermó el líder de la revolución, y se prefirió ya en su avanzado  estado de gravedad,  optar mejor por eliminar la última palabra, y usar “Venceremos”, es decir apelar más bien a la Vida.

  Los diálogos en situación de guerra real y cierta,  cada lado está armado como el caso colombiano, es un dialogo entre el Gobierno, en representación del Estado, y los guerrilleros congregados en las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Las sedes de estos diálogos han sido Oslo y La Habana, al mismo tiempo los gobiernos de las respectivas sedes son facilitadores, pero en las actuales negociaciones las partes decidieron agregar más facilitadores, la guerrilla propuso al gobierno de Venezuela, y el gobierno de Colombia al de Chile. Es un proceso complejo porque se trata de desactivar un conflicto armado, una guerra que tiene más de sesenta años. 

  En nuestro caso superada la guerrilla de los sesenta,  no existe luego una guerra, donde de un lado está el gobierno que centraliza todos lo poderes,  y del otro unos insurgentes armados. La presente acción de movilización y protesta de la oposición es de naturaleza civil sin armas. Las constantes referencias a los opositores de fascistas no resiste el menor análisis, igual que la generalización de calificar de oligarcas y burgueses a modestos miembros de la clase media. El lenguaje del líder del proceso bolivariano aún se sigue utilizando, seguro que por inercia. Ningún país de las características de Venezuela, como nuestros socios de Mercosur utilizan esta caracterización que oímos diariamente de voceros oficiales. 

  El Ministro de Interior informa que en los dos últimos años más de 5.500 armas con permiso han sido robadas y "andan circulando en manos de la delincuencia”. Otra fuente oficial, la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional,“estimaba entre 9 y 15 millones de armas -legales e ilegales- en manos de la población venezolana”. Sus datos de las que si tenían porte legal eran muy diferentes a las del Ministro “Sólo 1 millón 300 mil portes se conocían como lícitos, agrega el informe”. Este arsenal sin control del gobierno, también ayuda a entender como es que en un año el número de homicidios está por encima de las 24 mil personas, como se ha reportado en el 2013.

  En este contexto bélico por desintitucionalización y descomposición social, es importante destacar que la vida política no se desenvuelva marcada por enfrentamientos armados. Hay áreas particulares en donde el predominio de las armas es la vía para resolver las discrepancias o hasta para la pura convivencia, como ocurre en las cárceles, en determinados lugares fronterizos, en el tráfico de drogas y hasta en ciertos ámbitos del mundo laboral, como se ha visto en el sector de la construcción en algunas regiones del país. 

  Sin embargo hay que llamar la atención que desde temprano ciertos procesos emprendidos por  la revolución bolivariana, conllevan la acción armada como parte del desenvolvimiento político.  Por un lado una carrera armamentista que hace de la adquisición de armamento y material militar una prioridad en las erogaciones del Estado. Se agrega la politización y partidización de las instituciones militares; luego el surgimiento de las milicias, integrada en su mayor parte por militantes del partido oficial; la militarización de núcleos de obreros, campesinos y ciudadanos en general. 

  De lo anterior se desprende que las movilizaciones de protesta que han arreciado en los últimos años  con predominio de participación de población joven, han sido reprimidas con el uso por parte de cuerpos militares y policiales de condenas al pensamiento y posición política de quienes protestan. Se ha observado este fenómeno en el pasado año 2013 y el presente. Finalmente se ha mencionado por parte de militares retirados la presencia cubana en el seno de los cuerpos armados, lo que permite considerar si esta presencia no está introduciendo prácticas ideologizadas que se expresan en las acciones represivas de las protestas civiles. Las respuestas oficiales a este problema aún no han sido claras. 

  El otro elemento más complicado es el accionar de civiles equipados con motos y armas, se supone suministradas por el partido oficial o entidades gubernamentales,  para ejercer funciones de represión a las protestas opositoras ante la mirada o,  según se ha visto en vídeos, con el acompañamiento de cuerpos militares regulares.  Esos grupos llamados con eufemismo como colectivos, son grupos parapoliciales o paramilitares, que generan temor y en cuanto a la normal diatriba política introducen una invitación a la violencia, que pueden estimular acciones equivalentes de grupos que escapen al control del liderazgo opositor. Dada su existencia real y comprobada, y la inacción gubernamental por desarmarlos, uno se pregunta si es que ya estos grupos han escapado del control estatal o si existe una acción deliberada de llevar la vida política a escenarios de mayor violencia.  El espaldarazo que ha dado el gobierno a algunas de estas acciones lo deja a uno preocupado. Queda la inquietud e interrogante.  

Finalmente y volviendo al tema del dialogo para la paz, podemos ver que el tema de la violencia y la represión vienen alcanzando dimensiones que justifican todo esfuerzo por detenerla. Si el país quiere ahorrarse una etapa de mayor violencia, depende en primer lugar del gobierno ya que en sus manos se ha venido desinstitucionalizando el país, al permitir los fenómenos que hemos destacado. No hay equivalencia entre la violencia de quién tiene todos los elementos constitucionales, más otros ilegítimos que se han permisado, y las acciones de protesta civil que al día de hoy son quienes aportan el grueso de las víctimas tanto asesinados, como heridos, torturados, detenidos y criminalizados. El dialogo y la paz sólo son posibles reconociendo a los actores reales y encarar una agenda en donde desactivar la violencia armada e institucional es lo prioritario.