IMPROVISANDO CON LAS PENSIONES

 La seguridad social es un asunto bien serio, es una conquista del desarrollo social en el siglo XX. Tanto las dos guerras mundiales como la depresión económica de los años 1929-30, la debacle repercutió en favorecer condiciones en el mundo para concertar acuerdos que dieron lugar al establecimiento del estado de bienestar, con la seguridad social como su eje central. Tanto en el capitalismo como en el socialismo, se dieron pasos a su favor.   

Avanzado el siglo XX, el resurgimiento del neoliberalismo introdujo elementos privatizadores, que abrieron debates por sus incidencias en los pilares sustentadores de la seguridad social como servicio público, referimos a la universalidad, lo contributivo, la eficiencia, la solidaridad, unidad, integralidad y lo  intergeneracional. Sin embargo tal esquema privatizador en algunos países de la región latinoamericana ha dado pasos para adelante y para atrás, por problemas económicos y políticos que se traducen en dificultades para la sustentabilidad a lo largo del tiempo.

En nuestro país, durante el presente régimen poco se ha hecho en fortalecer la seguridad social. Aunque sí se contó con proyecto construido con sustento técnico al asumir su mandato, y en los propios inicios del régimen chavista se replanteó un avanzado esquema de seguridad social del cual casi no se avanzó, por cierto pasaron largos años sin llegar a  justificarlo. Se quedaron importantes estudios y propuestas engavetadas.

En lo que si hubo mayor acción fue en la implantación de programas de asistencia y beneficencia social, especialmente la extensión de las pensiones de vejez a toda persona que alcanzara los 55 años -mujer- y  los 60 -hombres-, al margen de haber o no cotizado,  y todo un variado abanico de asignaciones monetarias para diversos segmentos poblacionales, también se implementó el reparto de alimentos y otros bienes.  Alrededor de todo ello ha abundado la propaganda oficial, sin mayores evaluaciones y claridad en la rendición de cuentas. Finalmente tanto la inflación como  hiperinflación, resultados de erráticas y desordenadas políticas económica, hicieron  añicos estos programas. Hoy un alto porcentaje de la población trabajadora está depauperada, sin salarios que cubran la canasta básica, y en peor estado los cuatro millones y medio de pensionados. Y no menos importante, que todo esto ocurre sin que los fondos de las contribuciones de trabajadores y empleadores jugaran un papel  de estabilizador, ya que de los mismos nada se conoce, por supuesto que la improvisación en preservar los pasivos y los bienes de los trabajadores en las tres reconversiones, licuaron lo que teóricamente podía existir en tales fondos.

Ante este cuadro, en acelerada acción parlamentaria se aprueba la “Ley de Protección de Pensiones de la Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista” (LPPSS). El primer y más llamativo fundamento es asistir a los pensionados, con nuevos aportes empresariales que serán descontados del impuesto, por tanto será al final un aporte de la población al tener que pagar más por los bienes. Por tanto no hay esfuerzo del Estado en recuperar el cuantioso peculado a la vista de la población, así como corregir el continuo despilfarro y mal uso de los bienes productivos de la nación. Finalmente se reitera recurrir al atajo de las sanciones, como culpable de la bancarrota de la seguridad social.

De las tantas consideraciones críticas que se han exteriorizado a esta ley, fundamentalmente por empresarios y sus gremios, de organismos académicos como la academia de las ciencias sociales y políticas, de organizaciones de profesionales como la asociación venezolana de derecho tributario, de dirigentes  de organizaciones de trabajadores, en general dejan ver la improvisación y premura en su aprobación e implementación, lo que lleva a asociar con el afán fiscalista de que el ejecutivo cuente con recursos financieros a la brevedad, dada la cercana y significativa fecha de las elecciones presidenciales este 28 de Julio del presente año. El futuro de quienes trabajan va más allá de estas premuras. 

DEL DESPOJO DEL TRABAJO A SU RECONSTRUCCION

  En el mundo del trabajo venezolano, la preocupación fundamental de los trabajadores ha estado signada por lo salarios, su continuada perdida de poder adquisitivo en el sector público,  y su estancamiento, como mal menor, en casi todo el sector privado. De ahí el replanteamiento de la campaña sindical “Salarios Dignos”. No obstante hay que destacar, no es éste el único problema que ahoga vida de los trabajadores. Téngase presente  que el desempleo alcanza cifras con récords históricos, también la informalidad y la precarización. 

  Además recordemos que la política del avestruz que ha seguido este régimen, ante aquellos esfuerzos necesarios para diagnosticar el funcionamiento del país, por lo que se ha extendido la ausencia de recopilación, procesamiento y publicación de la data socio económica, es decir estadísticas fiables, coherentes y comparables, que se deben producir en un país de funcionamiento medianamente abierto, dado que al no publicarlas se sustituye con discursos y relatos vacíos o fantasiosos del estado de la nación. La crudeza de la pobreza, sea con o sin empleo, pensionado o jubilado es atroz, y la sociedad está cansada de estar sujeta a unas condiciones de existencia de pérdida de sentido al esfuerzo laboral y de una muerte lenta.

 Está claro que en la CNRBV -art.91- se garantiza un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. En los años que van del presente siglo ha sido una constante la brecha entre ambos conceptos, con el agravante que año tras año se ha venido ampliando, a extremos que en los hechos el actual salario mínimo se considera inexistente - $3,50 mensual-, no satisface siquiera el valor de !una comida en el mes!. Para las relaciones de trabajo, en Venezuela no existe salario mínimo, de facto ha sido abolido. Queda a las partes establecerlo según sus propias capacidades y niveles de entendimiento. 

 Pero ha de remarcarse que el país ha experimentado un proceso paulatino de desmontaje de las propias relaciones de trabajo. Las regulaciones del régimen, desde su propia constitución nacional, hecha a su medida, más las que han nacido de ella, han estado abonando al desmontaje y al empobrecimiento del trabajo. Lo que ha dado lugar a que la relación de la distribución de los ingresos haya alcanzado un grado de desigualdad extremo. En cuanto a la participación del trabajo en el ingreso nacional en América Latina, Venezuela ha llegado a estar con solo 10%, como lo muestran datos publicados en OIT 2022 “Estadísticas del trabajo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible” https://ilostat.ilo.org/es/topics/sdg/#), en tanto la mayoría de los países de la región estaban por encima del 50%. Difícil encontrar otro indicador más elocuente de un funcionamiento contrario al reconocimiento del valor del trabajo. Demás está reconocer que los cuatro años de hiperinflación 2018-2021, volvieron añicos las percepciones dinerarias de los trabajadores.

  El régimen ha venido huyendo de la obligación de remunerar con los correspondientes  salarios al esfuerzo laboral, por la vía del uso de bonificaciones, por cierto casi todas discrecionales, que por supuesto pulverizan todos los compromisos históricos derivados sea de regulaciones conquistadas, de acuerdos igualmente históricos alcanzados en las relaciones de patronos y organizaciones de los trabajadores, de beneficios basados en tradiciones y prácticas, que tienen al salario como la base de su determinación. Hay sectores que logran acumular muchas décadas de construcción regulatoria entre las partes empresarias y laborales, y que la política laboral del régimen ha destruido, cuando estatiza empresas, o interviene el funcionamiento de amplios sectores productivos privados, o impone medidas vía memorándum (MPPTSS 2792) o instructivos (tipo Onapre) y buena parte del contenido en lo relativo a sindicatos y convenios colectivos, del “Decreto con rango y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadoras y las trabajadoras”. En estos hechos, ha predominado la intención anti laboral, la centralización estatal, la desconfianza en los propios actores socio laborales, de su autonomía y relación directa.

  En la perspectiva de los estudios del trabajo, esto representa un atropello del Estado contra los trabajadores y un fracaso de la política socio laboral. Se ha regresado a etapas que se creían superadas en la relación capital-trabajo. Sin duda que el patronato ha aprovechado la situación para el uso del trabajo dependiente, igualmente también ha ocurrido el relajamiento de la dedicación al trabajo, muy notable en el sector público. Coloquialmente se dan situaciones donde el patrono hace como si cumpliera con sus obligaciones  y el trabajador hace como si trabajara. Los mejores tiempos del capitalismo se caracterizaron por el predominio de la ética del trabajo que se exigía a ambas partes, lo ocurrido en la Venezuela chavista por el contrario ha facilitado el relajamiento laboral. 

  Destacable el hecho que luego de cuatro reconversiones monetarias, eliminando catorce ceros a la moneda nacional, pulverizaron los activos de los trabajadores en sus prestaciones sociales, cajas y fondos de ahorro. Con las primeras, es condenable que la conducción estatal autoritarias de los diversos programas de ajuste, no previeron la protección debida al sector trabajador. Es sabido que los programas de ajustes clásicos, emprendidos en el marco de abiertas orientaciones neoliberales, las medidas compensatorias protegen los activos de los trabajadores, al tiempo que instalan a partir del momento de la aplicación del ajuste, prácticas a favor de mayores flexibilidades regulatorias. Aquí, se fue más allá en la explotación del trabajo en un supuesto socialismo militarista del sigloXXI, con la venia del dócil sindicalismo oficialista claramente entregado a las políticas anti laborales del régimen. 

  Llamativo que los conductores del régimen, hicieron coro satanizando la reforma del régimen de prestaciones del 1997, acordado en el marco del dialogo social, al calificar como robo, el establecimiento del esquema de abonar trimestralmente las prestaciones a fideicomisos constituidos por cada trabajador, que a su vez le remuneraban esos capitales a tasas favorables. Estaba también disponible la opción de retirar esos capitales por parte del trabajador dueño. 

 Hoy, este esquema con salarios decentes constituiría un objetivo significativo para la economía de los trabajadores, al tiempo que eludiría el problema de la retroactividad en economías inflacionarias. 

 Con políticas laborales asistencialistas así como intervencionismo extremo, el régimen ha pretendido sustituir las relaciones de trabajo que solo requieren libertad de trabajo, libertad sindical, de asociación autónoma, de fomento de las negociaciones colectivas, de administración del trabajo profesional así como una justicia laboral, sin dependencia de partidos políticos y con personal estable de incorporación por concurso, de acceso sin carnets, pero si por formación y capacitación. Tales aspiraciones, incluso van más allá de lo practicado en la Venezuela pre chavista, que también tuvo sus falencias, se trata de aspirar y construir un verdadero funcionamiento laboral para  tiempos de revolución 4.0, de la innovación y el conocimiento como base central de las actividades productivas.

 Reconstruir el funcionamiento laboral es imperioso. Se confía que los trabajadores en sus diversas categorías profesionales, ocupaciones, con mayores o menores calificaciones, han experimentado el despojo de garantías y pérdida de esperanza, de ahí la diáspora con todos los riesgos que ello conlleva. Lo que junto con quienes tienen capitales, igualmente desenvolviéndose en un contexto de mengua económica, de inseguridad jurídica, han de estar preparados y dispuestos para reconstruir la organización de su relación con madurez, innovación, responsabilidad y respeto.  

     

A QUIENES LES DUELE LA PREVISION SOCIAL UNIVERSITARIA

 Mas de cien profesores de la UC se dieron cita en la sede de su Instituto de Previsión -IPAPEDI- este  2-5-24. Una gestión más de grupo de incansables afiliados en su justificado reclamo que aspira su urgente regularización. Los mismos que desde el pasado año, lograron luego de innumerables gestiones, que se diera inicio a las pendientes asambleas de delegados por facultades, para la presentación y consideración de informes de gestión del Consejo de Administración, él que en ese momento ya pasaba del decenio en tales funciones; por otra parte con varios años de atraso en la rendición de cuentas, ese marzo del 2023 apenas se empezó con la del año 2019; ocurrida la presentación, la amplia mayoría de los afiliados la ímprobo. Pero esta improbación paralizó lamentablemente la regularización de la conducción,; por tanto quedó pendiente completar las presentaciones de los informes de gestión de los años siguientes, evidente un injustificado atraso, que inevitablemente levanta sospechas de quienes administran. Si ellos quisieran evitarlas, el camino es la responsabilidad reconociendo errores y desaciertos, y no, nada peor, que ignorar las presentaciones de los restantes informes, y evadir la convocatoria a elecciones.

  Cuando se administra dinero de una comunidad tan numerosa - entre tres y cuatro mil-, al mismo tiempo experimentando un proceso de empobrecimiento continuado en estos años de precarización extrema, además portadores de una formación profesional que incluye entender los asuntos de cálculos, administración y derechos, para casi todo el universo de este colectivo profesional; todo ello concluye, que se hace más visible cualquier manejo extraño, opaco, evasivo y sin duda fuera de los cánones propios de este tipo de entidad de previsión social en su amplio sentido, que son propias de las instituciones universitarias autónomas. 

 Ante el hecho censurado, en la comunidad de afiliados se ha destacado un segmento que no ha cesado de llamar la atención, ha de admirarse estos esfuerzos puestos al servicio del reclamo desde la propia base, sin suficiente apoyo de entidades que también tendrían que hacerse parte de los reclamos de la necesidad de la regularización. Empezando por las propias instancias de vigilancia de Ipapedi, evidentemente cooptadas, perdiendo la objetividad requerida para el ejercicio de esa función, la que finalmente dejaron de cumplirla. 

 También al propio gobierno universitario toca destacarle, que si desde que Ipapedi asumió diversos programas de previsión social, bajo la gestión de profesores electos para tales fines, con el apoyo de una burocracia dependiente directamente de Ipapedi, que se especializó en la gestión de estos servicios que configuran la previsión social de un colectivo exigente, visto sus perfiles profesionales, comunidad de afiliados que por largas décadas atendió sus necesidades de ahorro, salud, vivienda, recreación, todas áreas neurálgicas de la previsión social, y con un alto grado de satisfacción. Como lo evidenciaba un viejo decir en los medios profesorales, a la hora de ejercer sus derechos a votación para elegir los equipos de dirección en Ipapedi y en el gremio Apuc, se comportaban los mismos votantes escogiendo para la previsión social a personas probadas en la ética y pulcritud, generalmente conservadores en las posiciones políticas, y para el gremio, por otro lado, escogían comecandelas que no vacilan ni titubean para enfrentar a las autoridades y llamar a presiones enérgicas.    

 Lo central de lo anterior es que el empleador, en este caso la UC,  delegó el grueso de la previsión social en la autogestión, liberó de estas tarea a diversas dependencias de la administración universitaria, especialmente las vinculadas con la gestión de la gente. Más bien, una parte del grueso de tareas de previsión social las realizaban dependencias de la administración universitaria, pero especialmente para el personal administrativo y obrero. Resultando al final que la autogestión -Ipapedi- brindaba notablemente mejores atenciones en previsión social a sus afiliados que lo que ocurría por parte de la gestión universitarias y los otros segmentos del personal de la institución. 

  Esta heterologación ciertamente, empezó a encarar un ecosistema que le empezaba a cuestionar tal desempeño, y provenía de muy altos niveles, más allá de la propia UC, provenía de los gobernantes que asumieron en 1999, y empezaron a homologar, a eliminar diferenciales en remuneraciones, a desestimar la carrera académica, y englobar a todos los segmentos del mundo universitarios en una categoría, la de trabajador. Se simplificaba un esfuerzo de la preservación de varias carreras, en donde se le otorgaba a una de ellas mayores responsabilidades en el espíritu y razón de ser, la academia. 

  La alta administración de la universidad, es recién que levanta claramente su voz de reclamo ante la negativa de Ipapedi a incorporar a los Instructores recién ingresados. Pero no se hizo sentir, desde que la previsión social fue menguando y el perfil de Ipapedi fue abandonando esa responsabilidad, que en la institución académica se realizaba conjuntamente entre la Universidad -empleadora- y el Instituto, creado para esos fines, que bien los cumplió por más de medio siglo. Esto ha llegado al extremo que los gestores de estos dos últimos lapsos regulares, más dos años extras, se auto definen como gestores financieros de una caja de ahorros. Una visión ajena, retrógrada, y anti histórica en lo que son los logros del personal académico de la institución.

  Otro factor ausente en este breve análisis de la situación de previsión social, es el gremial. La Apuc de estos años recientes, ha sido solo un espectador, cuando le corresponde ejercer el protagonismo que tienen los gremios en la defensa de los derechos adquiridos, y en contra del despojo de los logros históricos, tanto por los enfoques de la política gubernamental en contra de la academia, en sus diversas dimensiones, formación, investigación y extensión. En este sentido el Ipapedi y la Apuc que tenemos hoy se parecen.

  A todos no nos queda sino hacernos presente y brindar mas apoyo para rescatar nuestro Instituto de Previsión Social de los Profesores. Empezando por insistir en las elecciones, como toda entidad democrática y al servicio de sus afiliados.