MINERÍA DEL ORO, “SINDICATOS” Y VIOLENCIA

 La trágica y reciente historia de Tumeremo lleva a plantear algunas consideraciones relacionadas con el tema laboral. Se trata de la actividad de la minería del oro, aquella que viene explotándose al margen de toda institucionalidad,  ha sido controlada por los más insólitos intereses, de ahí resulta escenario de hechos de extrema violencia, como los que se conocen desde hace poco más de una semana, que si bien no son los primeros hechos de exterminio masivo de mineros del oro, aquí en este caso se presentan situaciones que lo han divulgado por todo el país y en el mundo.   

  En primer lugar se reconoce que la desaparición de los 28 mineros, se ha convertido en un hecho de impacto nacional e internacional, porque sus familiares y la comunidad de la que forman parte -Tumeremo, poblado de 50 mil habitantes que mayormente dependen de la minería del oro y la ganadería-, decidió asumir la denuncia y la protesta, recogida inicialmente por los medios locales, y hoy extendida por cadenas informativas de América Latina, EEUU y Europa.

  No todos han sido identificados, de los restantes desaparecidos hay que tener presente que en la búsqueda del oro llegan personas de otros lugares del país, e incluso de países vecinos, de los cuales  no siempre se sabe mucho. Nos recuerda las películas del western de los EEUU, hace tiempo pasadas de moda, en ellas veíamos como la fiebre del oro movía a los vaqueros  que se aventuraban desde lugares remotos hasta las zonas del oro para intentar conseguir lo suficiente para hacerse ricos, se conocía de ellos tan sólo lo que ellos mismos decían. Aquí y hoy, en las minas del Estado Bolívar eso sigue ocurriendo.

  Si bien esa riqueza y explotación aurífera que forma parte del territorio venezolano ha de ser declarada al Estado, se entiende que esa fue la pretensión con la creación de la empresa estatal Minerven, hoy totalmente abandonada, por lo que las minas regresan a lo que antes habían sido, tierra de nadie. 

   La explotación del oro, nos muestra que después de tantos años de discursos encantadores de liberación, soberanía, patria, socialismo y venceremos, hoy estamos regresando al extractivismo más primitivo, ese, el del Arco Minero del Orinoco que implica potenciales concesiones en una extension de más de 112 mil kilómetros cuadrados, el del retorno de la transnacional canadiense Gold Reserve, el de las minas controladas por pranes, que es igual a decir peligrosos delincuentes que manejan bandas bien armadas a la cabeza de algún nacional o extranjero, como lo indican las primeras indagaciones. 

  Los reportes periodísticos y de analistas de estos sucesos en el Estado Bolívar, señalan 117 mineros asesinados en cuatro importantes centros de explotación a lo largo del año 2015. La siniestralidad del trabajo en las minas de oro, considerando que ella no es sólo la que está determinada por el proceso de trabajo, sino por la absurda organización del trabajo a la cual  se ven subyugados los mineros, la convierte en la más alta siniestralidad de toda actividad laboral. Este dato sorprende porque los hechos ocurren en zonas remotas, donde tan solo la acuciosidad del periodismo de investigación y de algunas organizaciones no gubernamentales, que se juegan hasta la seguridad de sus miembros permite recoger algunos informaciones de este problema.

  Tanto la siniestralidad en la minería del oro como en la industria de la construcción, han estado vinculadas a la presencia de bandas organizadas que ejercen el control del ingreso a estas actividades, y en el caso de la minería se agrega la recepción de parte de la riqueza extraída.  

  Algunas fuentes que abordan el tema de la violencia en la minería del oro han venido hablando de los “sindicatos” mineros,  aquí hay que señalar que no existen tales instituciones, como de alguna manera se pudo ver en la violencia en la industria de la construcción, con los llamados sindicatos paralelos. Indudablemente hay que decir pseudosindicalistas, que se mudaron de la construcción a las minas, y aquí se repotenciaron en la agresividad y en los métodos violentos. En las minas, lo que se puede advertir como paralelo es la presencia de bandas criminales controlando la actividad productiva, y la denominación de “sindicatos” no tiene relación alguna con la figura que los trabajadores crean para la defensa de sus intereses. La figura de los pranes, surgida de las cárceles, son los que  tienen control de las minas. El desaparecido famoso gordo Bayón se le señalaba como responsable de las minas de oro en el Municipio Roscio, y al mismo tiempo participaba en importantes reuniones laborales con autoridades.

  El fenómeno de la presencia criminal en grandes obras de la industria de la construcción, se hizo presente a partir del año 2005 en la zona de Guayana, y luego se extendió a otras regiones del país, y ya es un fenómeno nacional que controla el ingreso a empleos, impone delegados, y “vende protección”.  Un análisis sobre este asunto,  ver:    “Violencia sindical sin dolientes en Venezuela” http://riuc.bc.uc.edu.ve/handle/123456789/3016, 

  El aprendizaje y desarrollo de la vinculación de bandas criminales con la actividad de control laboral en la construcción, se logró por la imposición y surgimiento de sindicatos paralelos que se multiplicaron del 2005 en adelante, y en base a la violencia lograron imponerse ante los empresarios y otros organismos sindicales institucionales. 

  Contradictoriamente sí ha venido ocurriendo la criminalización de auténticos líderes sindicales y de afiliados por el ejercicio genuino de su actividad sindical, como conducir las denuncias, campañas y las acciones para ejercer los reclamos propios de esta actividad, y criminalizados lo vemos, entre otros, en las más grandes empresas estatales, como Pdvsa, Ferrominera, Sidor, Cementos, Cadafe.

  Del otro lado hay una criminalización al revés, aquella en donde criminales controlan los centros laborales. El Estado y sus instituciones vienen siendo desalojados por los criminales. Esto por supuesto no lo hacen solos, ya que se construyen alianzas con personeros de la institucionalidad estatal para actuar a sus anchas. Al final las víctimas son los trabajadores atemorizados, especialmente los mineros artesanales, que son miles, incluso la minería de mayor escala pero que no pueden con las bandas criminales, hasta las mismas transnacionales se dan por vencidas, tales como canadienses y chinas, y finalmente muy importante perjuicio el que la Nación deja de percibir los ingresos que le corresponden.

Políticas públicas y relaciones de trabajo

Se espera que las políticas laborales promovidas por el Estado para el funcionamiento de las relaciones de trabajo en una sociedad determinada tengan como propósito contribuir a que las actividades productivas se desenvuelvan normalmente, a fin de que éstas brinden a la sociedad los productos y servicios necesarios para su funcionamiento y el bienestar general. Igualmente, que puedan promover condiciones de funcionamiento equitativo y justo en las relaciones entre empresas y trabajadores, cuya retribución tanto al capital como al trabajo permita satisfacer a ambos y favorecer, por un lado, el mejoramiento de sus capacidades, el rendimiento del capital, la reinversión en la capacidad y mejoramiento productivo, y por otro lado, el bienestar integral del trabajador y su familia, a partir de una remuneración y beneficios suficientes. 

  De manera constante hemos venido evaluando estos asuntos que se reconocen importantes para la vida del país. En ese orden, acaba de publicarse artículo en Cuadernos Cendes No 89, ( “Venezuela: políticas públicas y relaciones de trabajo” ver en http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_cc/article/view/9900).  Ahí nos ocupamos  de hacer evaluación de las políticas laborales y de sus impactos en las organizaciones de los trabajadores, en el lapso que cubre la revolución bolivariana. Además, este mismo número de Cuadernos Cendes viene titulado  “Políticas laborales en América del Sur siglo XXI”, su contenido cubre y  analiza a ocho países de la región.

  En nuestro caso, a partir de los años 60 del pasado siglo se hicieron presentes y se logró la difusión de tres elementos de políticas públicas en el orden laboral, que son fundamentales para los propósitos enunciados en el primer párrafo. Primero, el fomento y garantías para el accionar de las organizaciones representativas de los actores productivos, especialmente de los trabajadores: la llamada libertad sindical. En segundo lugar, el fomento de la negociación colectiva como mecanismo para participar en las definiciones de reglas internas en los centros productivos y como institución que contribuye a la redistribución. Y tercero, intervenir en la solución de los conflictos entre trabajadores y empleadores, sea por la vía de las instituciones administrativas o judiciales.

  Estos elementos de políticas públicas habían sido objeto de un debate universal en los años inmediatos a la conclusión de la II guerra mundial, con la aprobación de los convenios 87 (Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, aprobado en 1948, que entró en vigor en 1950) y el 98 (Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, aprobado en 1949, que entró en vigor en 1951) por la Organización Internacional del Trabajo (2015), ambos ratificados por Venezuela en 1982 y 1968, respectivamente. 

  Aunque el primero fue ratificado en 1982, para entonces, el fomento sindical en Venezuela había sido ya masivo desde 1959, solo la no existencia de una legislación que facilitara la sindicación de los funcionarios públicos había retardado la ratificación. A principios de la década del setenta, la Ley de Carrera Administrativa reconoció a los funcionarios públicos el derecho a organizarse sindicalmente, no obstante desde la década del sesenta venía funcionando la Union Nacional de Empleados Públicos que los organizaba y representaba. 

  A los anteriores convenios se agregan recomendaciones sobre la consulta tripartita (ramas de actividad económica y ámbito nacional) en 1960, que afirman el derecho de los empleadores y de los trabajadores a establecer organizaciones libres e independientes y piden que se adopten medidas para promover consultas efectivas en el ámbito nacional entre las autoridades públicas y tales organizaciones. Esta recomendación luego pasó a ser convenio en 1976 (el número 144) y ratificado por Venezuela en 1983. 

  Este enfoque de análisis de políticas públicas privilegia el ámbito colectivo ya que, en paralelo, existen, además de las instituciones mencionadas, las vías individuales, como la contratación del trabajador, así como la existencia de mecanismos de resolución de conflictos individuales. Pero, se considera que no son estas las vías más efectivas para reducir las brechas de la desigualdad existente entre trabajadores y empleadores, y realmente no se consideran políticas de relaciones de trabajo, sino políticas de defensa del trabajador por su carácter individual. 

  Las políticas del trabajo objeto de análisis se insertan en un ámbito más general desde el punto de vista de la formulación y puesta en acción de políticas desde el Estado, como son las políticas de desarrollo económico y social, donde existen espacios que van más allá del quehacer productivo, tales como el propio consumo, los servicios públicos y sociales, las políticas para mejorar las capacidades productivas que contemplan los incentivos; la educación y la salud; el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura necesaria para la actividad productiva; el desarrollo de las capacidades de la ciencia y la tecnología al servicio de la producción y de las personas; o, desde el funcionamiento eficiente y fluido de la institucionalidad estatal en temas indelegables del papel del Estado, como los asuntos de gobierno, seguridad, justicia, ambiente, atender a los sectores más frágiles y orientar acciones a una mejor redistribución, como los más resaltantes. 

  Esto determina que los espacios en donde empresas y trabajadores conviven para producir no funcionan de manera aislada, sino que están rodeados de otras políticas públicas que han de tenerse en cuenta, algunas con una relación más clara y definida que otras, pero todas presentes. De modo que, analizar lo laboral en particular, tiene sentido porque privilegia el conocimiento y análisis de las relaciones y los actos que llevan a cabo empresas y trabajadores organizados en los espacios productivos y permite responder cuáles son sus logros y limitaciones, en primer lugar, explicables por lo que ocurre en su propio espacio y, aquellos explicables por fenómenos y factores externos al espacio productivo. 

LA CULPA ES DEL MODELO ¿CUÁL?

Frecuentemente quienes revisan el pobre desempeño económico del actual gobierno, y al mismo tiempo se detienen en destacar los pocos esfuerzos que hacen sus dirigentes, para  replantearse nuevas formas de conducción del sistema económico, y que por el contrario, más bien lo que ocurre es que se inventan nuevos nombres para seguir haciendo casi lo mismo, por lo que se concluye afirmando que en tanto estos dirigentes estén atados a su "modelo económico" no saldremos de la crisis. Suele afirmarse que la culpa radica en el modelo. 

  Hay que reconocer que la vida económica del país ha venido siendo dirigida por personas que proceden de otros ámbitos, predominantemente el militar, entendiendo que es un sector consumidor de recursos y con poco desarrollo de actividades económicas. Se puede mencionar que en algunos países el sector militar tiene en sus manos una industria propia que atiende a las necesidades de defensa. Brasil y Argentina cuentan con una industria militar exportadora y productora de divisas. Por el lado de los civiles en funciones de administración de los recursos del país, igualmente proceden de carreras más bien políticas, en el entendido que nunca hemos dejado de ser un país que vive de la renta petrolera, por tanto se trata igualmente de hacer política en este marco.

  A lo anterior hay que agregar que las funciones productivas, sean de la producción real o la  financiera, han sido puestas en la mayor parte del tiempo en manos sin trayectoria en los asuntos a conducir, con el agravante de tener desconfianza de quienes en el país son identificados como conocedores de estos asuntos, sean profesionales o instituciones de trayectoria. De lo anterior resulta, que con frecuente se haya confiado más bien en asesores de otros países, destacándose de aquellos con quienes han concertado acuerdos y convenios, tales como cubanos, chinos, rusos, brasileños, argentinos; también con españoles vinculados a corrientes ideológicamente cercanas a las del gobierno.

  De toda la combinación anterior, cuesta identificar que en la gestión económica se configure a lo largo del prolongado lapso de conducción un modelo económico determinado. Además, entendiendo como modelo un esquema construido a partir de la confianza en determinados elementos teóricos que explican una realidad dada y con ello la solución de una problemática; y que en consecuencia, proponen las vías de acción que van a ir permitiendo el alcance de las soluciones. Obviamente hablar de modelos, es optar por una manera simplificada de plantear problemas y soluciones.

  Entonces, hay que preguntarse si en los 17 años de conducción económica (1999-) es posible identificar un  modelo dado. Veamos, en el primer año la gestión fue absorbida por la elaboración de la nueva constitución. En materia económica no se plantearon cambios mayores. Libertad económica, intervención y regulación del Estado según situaciones de interés nacional y teniendo presente las leyes respectivas, fomento y respeto a la propiedad privada, así como a la economía social, protección del trabajo dependiente. El segundo año tocaba la creación de las leyes que conformarían las nuevas institucionalidades. Resultado, dos años sin decisiones económicas, todo en stand by. 

  Al empezar las decisiones económicas surgen los primeros encontronazos con los sectores productivos. El primero importante con los trabajadores, se ubica en septiembre del año 2000 con los sindicatos petroleros que se rebelan y se van a la huelga ante el intento de imponer un contrato colectivo desde la presidencia de PDVSA -"el contrato modelo"-, pretendiendo sustraer una función clásica de los sindicatos, por tanto ignorando los mecanismos de las relaciones laborales. Otra radicalización gubernamental, fue imponer un referéndum para cambiar la conducción sindical. 

  Con los empresarios el primer gran conflicto ocurre con el uso de la primera Ley Habilitante, que el Gobierno utiliza para aprobar leyes sin la consulta debida, según los convenios suscritos por el país. El principal gremio empresarial convocó a un paro nacional de 12 horas el 10 de diciembre del 2001. 

  La historia que sigue es de radicalización del ambiente político nacional, paros nacionales, vacío de poder, golpe de estado, paro petrolero y de muchos otros sectores, despidos, sanciones, retaliaciones, militarización de lo civil. Finalmente, aparece el socialismo del siglo XXI, que trae consigo la radicalización en lo económico, y empiezan a surgir nuevas prácticas, conceptos e interpretaciones de la Constitución que van incidiendo directamente en el sistema productivo. 

  Hablar de modelo económico lleva implícito una construcción que esta por verse. Cierto que hay textos gruesos que son referentes como la propia Constitución bolivariana y los planes de la patria. Pero, de un modelo económico se espera una construcción que le de orientación al curso que tome la gestión, que señale metas y resultados esperados, que precise la relación entre Estado y productores, entendiendo que estos son empresas y trabajadores, que señale los mercados en donde tendrá incidencia, que precise los recursos disponibles sean financieros, tecnológicos, de insumos, de equipos, de fuerza de trabajo y de las configuraciones varias según estos factores, y luego los resultados que se han de generar, por tanto debe tener capacidad predictiva y que disponga de instrumentos de monitoreo. 

  Sin embargo, la conducción económica que hemos visto era ajena a tal sistematización, el modo la conducción por varios años se realizaba desde un programa de TV en vivo donde el Presidente anunciaba frecuentemente importantes asuntos sin que hubiesen elaboraciones previas, o las que habían no estaban suficientemente elaboradas, faltaba lo que en la política británica llaman los libros blancos, un dossier de estudios y datos disciplinadamente recogidos a lo largo de un lapso suficiente para la toma de decisiones. 

  Desde el Aló Presidente se decidían despidos, se asignaban contratos, se decidía sobre obras de  grandes exigencias monetarias, logísticas y de repercusiones en otras áreas y personas, se expropiaban propiedades productivas -"expropiese"-. Un auténtico reality show.

  Entonces de ¿cuál modelo hablamos? Recordamos varias proposiciones, algunas como modelos amplios y otras como propuestas sectoriales: la tercera vía, el desarrollo endógeno, el cooperativismo, la cogestión, las empresas de propiedad social, las empresas de producción social, los fundos zamoranos, el fondo chino y las múltiples empresas, las expropiaciones, las re estatizaciones, el control obrero, la producción comunal. Se conoce de más proposiciones, pero es suficiente esta lista para concluir que se ha despilfarrado una enorme riqueza, y hoy tanto como país y como ciudadanos, estamos más pobres y seguimos sin modelo.

CUANDO NO SE DIALOGO CON LA MAYORÍA

Terminábamos nuestro artículo de la semana pasada “Relaciones Laborales en tiempos de inflación” señalando a lo preguntado al inicio “¿Qué pueden hacer las relaciones laborales para proteger a los trabajadores y, para ser parte de un sostenible y autentico desarrollo productivo?”,  a lo cual se respondió que el puro ámbito de los centros de trabajo no era suficiente para que tanto los trabajadores como la dirección de las empresas puedan materializar los elementos de desarrollo productivo, así como preservar y mejorar los aportes que hacen los trabajadores al cumplimiento de las metas productivas. Se reconoce que hay un factor condicionante que está por encima, que es el escenario político y la necesidad de diálogo entre gobierno y oposición. 

  El problema que se observa cotidianamente es que la conducción política del país no acierta en poner en practica estrategias y planes que deriven en resultados positivos. Las excusas de la guerra económica y los bajos precios petroleros, han sido rebatidos por los propios hechos. Lo primero, la tal guerra económica, se cae cuando el Gobierno ha impuesto controles en todos los órdenes de la actividad productiva; y lo segundo, hay que destacar que los resultados negativos empezaron antes de la baja de los precios petroleros a los niveles que se han visto en el 2015 y el presente año. Además, qué descuido no haber tomado las precauciones a sabiendas de la volatilidad del mercado petrolero. 

  Si las estrategias y planes económicos han fallado, ¿Por que no reconocerlo y hacer los ajustes que sean necesarios? Luce sencillo aparentemente. La amplia mayoría de los venezolanos, esperan un cambio de la conducción política y económica. Haber favorecido a la oposición para que asuma la mayoría calificada de la Asamblea Nacional, es para que el gobierno reconozca el parecer de los electores y dialogue con quienes recibieron tal apoyo. De lo contrario es ponerse de espaldas al soberano. 

  Desde el gobierno se sigue viendo el acontecer político como resultado de las acciones del imperio y de la burguesía. Para los electores venezolanos que votaron ampliamente por la opción opositora, es un insulto ignorar su pronunciamiento y excusarlo con tan simplistas ideas. Indudablemente hay dogmatismo, una sólo manera de ver la realidad. Un contraste con los hermanos Castro en Cuba, avanzan en sus relaciones de acercamiento con el Gobierno de Obama.

  Ahora ¿por qué la dificultad en dialogar con quienes  recibieron tan amplio apoyo electoral?. Se teme por la sobrevivencia de la revolución bolivariana. Quizás sea oportuno reconocer que desde el principio de estos 17 años, nunca hubo revolución en el sentido clásico. Se trata de un régimen caudillista con programas de redistribución, pero al mismo tiempo dilapidando cuantiosos ingresos de la nación, para beneficios de pequeños círculos de privilegiados. Además, las clásicas revoluciones latinoamericanas, son aquellas que llegaron al poder por la vía de la guerra derrotando a un ejército e hicieron cambios radicales dando inicio al nuevo régimen, como la mexicana a principios del siglo XX, la cubana que llegó al poder en 1959 y la sandinista en Nicaragua que llegó al poder en 1979, luego lo perdió y lo volvió a recuperar.

  En Venezuela, Hugo Chávez llegó al poder aprovechando la antipolítica y el desprestigio de la representatividad de los partidos políticos mayoritarios de entonces, y por un proceso electoral convencional administrado por las instituciones de entonces, que nadie polemizó sobre los resultados, al árbitro no se le hicieron reparos como los que hemos visto en las elecciones de los últimos años, incluyendo especialmente la misma elección presidencial del 2013. El ganador se comprometió en Unasur en hacer un reconteo de votos, que luego ignoró.

  A partir de 1999 se asumió la profundización de la democracia, destacando ampliar la participación y el protagonismo, en ese orden se construyó la nueva constitución. Pero,  el Gobierno se fue radicalizando paulatinamente hasta que llegó a asumirse como el nuevo socialismo del planeta, el del siglo XXI. La chequera petrolera alimentó unas relaciones internacionales, con costosa propaganda y una burocracia para darle aliento a este esquema. Pero, en lo económico, la producción nacional en todos los rubros no reflejaba desarrollo alguno. Las importaciones y la propaganda cubrían los déficits productivos nacionales.

  Las relaciones laborales son diálogo y negociaciones. Los trabajadores aspiran preservar y mejorar sus conquistas y calidad de vida, los empleadores producir y alcanzar metas para brindar productos y servicios a la sociedad. Tanto empresas como trabajadores requieren funcionar un una sociedad en donde el diálogo sea aceptado, donde los diversos se reconozcan y se acepten. Los intereses de las empresas y de los trabajadores algunos son coincidentes y otros son distintos, pero la naturaleza de la relaciones laborales implica la convivencia. Igual ha de ser en el plano de la política en sus distintos niveles. Los actores han de reconocerse. Entendemos que para que los actores sean reconocidos han de ser validados por los representados y tener sentido en función de aquellos intereses comunes de la sociedad. 

  Por ejemplo, no es fácil entender como se ha dialogado con los pranes de las cárceles, o con los líderes negativos que manejan bandas delictivas bien pertrechadas con armas de guerra que atentan contra la vida y los bienes, pero que al mismo tiempo no se dialogue con los representantes del pueblo en el espacio plural y de debate como es el Parlamento, ya que ante las decisiones que este adopta, el Gobierno usa escaramuzas aprovechando su control del Tribunal Supremo de Justicia para negarlas, y con ello el diálogo mismo.   

  La economía en bancarrota, el sistema productivo postrado, el Gobierno responde con mayores controles, más exacción fiscal, pero todo esto sin diálogo con la entidad política que constitucionalmente existe para tal fin. La incertidumbre domina. La calidad de vida se deteriora aceleradamente para todos los niveles de ingresos, por supuesto que con mayores consecuencias en los bajos, las amplias mayorías. Las relaciones laborales están en situación defensiva. Se reclaman salarios, empleos, condiciones básicas de vida, pero no hay diálogo para la construcción de soluciones sustentables en el plano nacional.