Hoy termina el 2024, otro año de dificultades en casi todas las áreas que interesan al ciudadano, a la familia y a la sociedad en general, como es el ingreso económico, el empleo digno, la buena alimentación, los buenos servicios públicos.
Fue significativo que se hubiesen hecho elecciones presidenciales, incluso con diversas restricciones para quienes no coinciden con quienes gobiernan, del otro lado el ventajismo en la fijación de las condiciones. Se han divulgado extensamente las desigualdades en el proceso de convocatoria, de campaña y de ejecución del proceso. Reconocidas entidades especializadas tanto internas como externas, pudieron verificarlo y divulgarlo. Aún así, el resultado fue abrumadoramente a favor de la alternativa verdaderamente opositora, habida cuenta que casi todas las organizaciones partidistas, fueron objeto de procesos judiciales para despojarle sus símbolos, y transferírselos a seguidores del régimen.
De los resultados electorales tocaba, según la constitución nacional, respetar esos resultados. El soberano lo sabe, es el mismo que en otras varias fechas, empezando en 1958, se le respetó su decisión. Hoy estamos observando que la victoria electoral fue convertida en argumento para reprimir a los ganadores, con acusaciones extremas, inconsistentes y sin pruebas. Incluso los métodos de la represión no respetó género, edades, discapacidades; fue excesiva, desproporcionada, aterradora, contra una población que confió en el voto, que hasta incluía una importante proporción de ex votantes del régimen en anteriores ocasiones, de 1998 en adelante.
El ámbito laboral, que es nuestro foco de seguimiento, experimenta en situaciones de no reconocimiento de la voluntad popular un estado de inseguridad; obviamente, no puede ser menos que eso, cuando universalmente está claramente admitido que las bases del funcionamiento laboral, descansan en la libertad sindical y el reconocimiento de los actores para sus interacciones. Por tanto la libertad de votar por los poderes público y reconocer los resultados, es el ámbito mayor de la libertad sindical y de negociaciones colectivas.
Además los empleadores, como principio universal demandan seguridad jurídica, y si no se respeta al soberano, ello les levanta dudas e inquietudes. Mucho más lo perciben los empresarios, que han construido sus empresas a base de dedicación, como eran las organizaciones existentes con el inicio del siglo XXI, hoy muchas desaparecidas, que ha ocurrido en muchos casos de organizaciones que provienen de más allá de una generación. Si bien, una porción de organizaciones productivas persisten en su empeño, y logran desenvolverse en medio de las dificultades, pero es evidente que el nivel de inversión en el país es sumamente bajo, como señal inequívoca de las percepciones empresariales.
Diálogo y concertación social son indispensables para las relaciones de trabajo, así también son elementos fundamentales de la civilidad, pero para ello se requiere libertad y estabilidad política. Hoy más que nunca, necesitamos construir un proyecto de país inclusivo que descanse en la ciudadanía y el trabajo.
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