SIDERURGICOS Y SU MEMORIA HISTORICA

En la presente semana el Sindicato Único de los Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares –Sutiss- llevo a cabo sus elecciones estatutarias. A pesar de su denominación de sindicato único de la rama siderurgia, es realmente el sindicato que aglutina sólo a los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco –Sidor-, ahora llamada “Alfredo Maneiro”.
 
            En los días que corren y en los próximos se estarán publicando análisis de los resultados de estas elecciones, lo que refiere obviamente a análisis coyunturales. Sin embargo lo que pretende este artículo es mirar hacia atrás y reflexionar, en torno a una organización que ofrece una trayectoria particular y fundamental en el desarrollo de las organizaciones de los trabajadores del país. Contar y conocer la memoria histórica fortalece las organizaciones. Más importante aún cuando los cincuenta años de Sidor implica ya dos generaciones laborales.
 
            Empecemos por identificar el colectivo aglutinado en la Sutiss. Su nómina de miembros está por alrededor de los 5.700 trabajadores. Sidor ha tenido una población laboral muy superior en años anteriores, llegó a tener 18.000 antes del proceso de reestructuración de principios de los noventa. Como toda la industria siderúrgica mundial, el número de trabajadores ha bajado sustancialmente, atendiendo a cambios tecnológicos y en la organización del trabajo.
 
            El hecho de que la organización sindical de Sutiss expresa el modelo de sindicalización por empresa, resulta una desventaja organizacional para responder a los cambios que gradualmente fueron reduciendo la nómina de la empresa, y con ello minando su base de afiliados. Aparte de que la industria siderúrgica es un hecho nacional, que si bien en Sidor está el mayor centro productivo, hay actividad siderúrgica en otras empresas de la zona, así como en otros estados de la República.
 
            Un sindicato de empresa está poco conectado con la actividad sectorial productiva, carece de formulación de políticas en este ámbito, y en tiempos que el movimiento sindical en su conjunto está desarticulado y atomizado, es más vulnerable a las influencias patronales y estatales; actores con quienes interactúa como entidad,  con intereses en algunos casos coincidentes pero en otros divergentes. El escenario al cual se ve sometido un sindicato en esta situación, esta dominado por lo circunstancial y cotidiano. Al final, sigue atrás de las estrategias patronales y estatales, y no construye ni formula las suyas.
 
            En tiempos de una continuada desindustrialización estructural, esto lo coloca en una situación más vulnerable. Distinto eran aquellos años que el modelo privilegió las industrias básicas como motor del desarrollo, y por ello recibieron cuantiosas inversiones y sus nóminas eran crecientes en empleos directos generadores de riqueza. La acción sindical se desenvolvía en un terreno más ventajoso. Hoy el cuadro es dramático, por el  déficit de inversiones, el atraso tecnológico y la pérdida de competitividad. 
           
            A pesar de las debilidades planteadas, hay elementos meritorios que constituyen una fortaleza a toda organización colectiva. Destacable la consecuente consulta electoral a sus afiliados. Ello ha permitido que en cuarenta años de actividad sindical, - de 1963 al 2011, son 48 años, menos los 7 años con una directiva interventora impuesta por sobre la voluntad de los trabajadores - ha tenido trece procesos electorales, y once presidentes sindicales diferentes, lo cual en el movimiento sindical venezolano es evidencia diáfana de respeto estatutario y alternabilidad.
 
            En la historia de Sutiss se acumula un patrimonio de luchas y conquistas que lo convierte en un referente histórico del avance laboral del país. En otro artículo se analizarían. También en su patrimonio ha de incluirse los traumas, como el caso de una huelga derrotada, la de 1971 y los 514 obreros despedidos, Alfredo Maneiro dijo años después, que era un  “..record mundial de despido en una sola jornada” (Revista Resumen No 320, del 23-12-79). Otro trauma, fue la intervención decidida en las cúpulas sindicales por siete largos años, período 1982-89. Recordar estos hechos, los positivos y los negativos, son útiles para el análisis y seguro fortalecerán la memoria histórica de Sutiss.
 
            Así como el movimiento de los trabajadores petroleros, con más antigüedad a su favor, cuenta con una historia digna, combativa y pedagógica, igual ocurre con el movimiento de los trabajadores siderúrgicos. Pero hay que reconstruirla, ello es necesario para reflexionar el presente y mirar el futuro con la responsabilidad que el desafío demanda.
 
            Para terminar, Sutiss y Sidor, sindicato y empresa, representan organizaciones referentes en el desarrollo de nacional. No se concibe un sindicato que alcance y sostenga un patrimonio de conquistas laborales importantes, en una organización productiva mal gerenciada. Difícil que a un sindicato le vaya bien, si a la empresa le va mal.

Cogestión fracasada y Consejos de Trabajadores congelados

Los trabajadores del sector eléctrico llevan en la última década dos experiencias críticas en el proceso de avance en las relaciones con la dirección de la empresa Cadafe (hoy Corpoelec). Primero una experiencia de Cogestión y luego otra de Consejos de Trabajadores.

El caso Cadafe, la mayor empresa de distribución eléctrica del país, adquirió carácter emblemático, así como otros casos con procesos de participación laboral que fueron objeto de amplia difusión, por ejemplo Invepal y Alcasa; cada uno con sus peculiaridades. Pero en un primer momento estos casos fueron mencionados como modelos a seguir, pero luego han experimentado contratiempos que pasan a tener un perfil más bajo. Es por ello que con mayor razón, al haber sido casos paradigmáticos, es por lo que conviene estudiar y entenderlos con mayor profundidad.

Volviendo al caso Cadafe y el movimiento sindical de los electricistas organizado en Fetraelec, empecemos por retomar una experiencia de participación que fue identificada como la Cogestión. Tomo el impulso que derivó de la aprobación y entrada en vigencia de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, y el entusiasta discurso presidencial, quién promovía “cambiar el rancio capitalismo por la cogestión obrera” – así lo expuso en marzo del 2003 en su Aló Presidente de 02-03-03, el Presidente Chávez-.

Entonces tempranamente el movimiento de los trabajadores electricistas promueve el establecimiento de la Cogestión. Hay que recordar que el término venía siendo considerado por la CTV, llegando a aprobar una resolución orientada a su fomento, en el marco de su VIII Congreso en Porlamar en 1982. Pero finalmente los cetevistas no pasaron de ampliar la figura de los Directores Laborales, extendiéndola de un Director a dos Directores, siendo este último electo por los trabajadores, en tanto el primero nombrado por la CTV. Ambos representarían al movimiento de los trabajadores en el Directorio de la empresa.

Lo particular de la cogestión en Cadafe, resultó que fue más allá de la pura presencia de los Directores Laborales, ya que en las propias relaciones de trabajo de esta empresa se diseño y se puso en práctica en el período 2003-2006, un proceso de cogestión, que como indica Guillermo Cerceau, “fue original, entendiéndose por este calificativo que sus diversos elementos respondieron a una realidad concreta, que se alimentó de una práctica sindical de lucha y toma de conciencia de varios años y que encontró su oportunidad de desarrollo en una coyuntura histórica” ver en “Experiencias de Cogestión en CADAFE y el papel del Movimiento Sindical en dicho procesos. Lecciones aprendidas y estrategias para avanzar – ILDIS-.

Pero al transcurrir la puesta en vigencia del convenio firmado en el 2003, no obstante la inclusión del prologo y los principios para fortalecer la cogestión en Cadafe, el proceso se fue estancando. De hecho los Directores Laborales en esta empresa no fueron electos por los trabajadores sino escogidos y nombrados por el Presidente de la República, lo que no represento un avance.

Los directivos de la empresa Cadafe empezaron a obstaculizar la experiencia cogestionaria, resultando en una frustración para el movimiento de los trabajadores. El liderazgo sindical identifica las dificultades “la cogestión de las empresas del Estado atraviesa un momento crítico por los fuertes roces existentes, debido a la férrea resistencia que opone la nueva tecno-burocracia a la participación directa y protagónica de los trabajadores en la toma de decisiones. El proceso revolucionario vive un momento especial dado que los vicios heredados del pasado, como la burocracia y la corrupción amenazan y corroen las conquistas obtenidas..” Stalin Pérez, máximo líder de la corriente Marea Socialista, a la cual adhieren los principales líderes de Fetraelec –Aporrea, 30-9-05-.

Años más tarde, en una nueva etapa el Ejecutivo promueve el establecimiento de los Consejos de Trabajadores, y de nuevo el movimiento sindical electricista se activa y se pone a la cabeza de este esquema. De ahí deriva que Fetraelec propone a altos dirigentes sindicales para ocupar posiciones de conducción en temas neurálgicos de la gestión de Corpoelec, los que son nombrados por el Presidente de la República (Resolución 44-2010.

Luego de un año y medio de actividad en este nuevo esquema de los Consejos de Trabajadores, el movimiento de los trabajadores de Cadafe recibe en este mes de octubre un nuevo golpe al despedirse a sus representantes en los niveles directivos y bloquear el desarrollo de la acción de los Consejos de Trabajadores. Ello lleva a Fetraelec a desconocer a los actuales directivos de la empresa, con Argenis Chávez a la cabeza -hermano del Presidente de la República-.Se abre un nuevo conflicto, que aún es prematuro para afirmar si otra figura de las propuestas por el régimen pasará a congelarse y agregar una frustración al movimiento de los trabajadores, que sigue apostando al proceso político en curso.

De la conflictividad laboral fragmentada a la unificada

La convocatoria por parte del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, Salario y Sindicato –FADESS- de una protesta nacional este pasado 20 de octubre, representa un paso en la dirección de unificar la gran diversidad de quejas y protestas que han venido ocurriendo en diversos ámbitos de la sociedad. Se sabe que las protestas ocurridas en los años 2002 y principios del 2003 dejaron una amarga experiencia para los sectores organizados del movimiento sindical. Desde entonces un continuado proceso de fragmentación laboral ha venido desarrollándose, que ha limitado la capacidad de organizar la protesta.

Sin embargo, la protesta social y en ella la laboral, han venido incrementándose año a año desde el 2006, como puede verse en los Informes Anuales de Provea. Lastima que el Ministerio del Trabajo, dejó de informar sobre la conflictividad laboral. Lo que informa este Despacho, se corresponde a una situación ajena a la realidad que observamos, como se desprende al leer que su estimación para el año 2011, indicado en la Memoria del 2010 es de la ocurrencia de 30 conflictos laborales a lo largo del año –ver pag. 89-. Los datos de Provea indicaron más de tres mil protestas en el pasado año 2010, de ellas cerca de un 40% son laborales. En lo que va del año, ya van rumbo a las cuatro mil, manteniéndose el porcentaje de aquellas de naturaleza laboral.

No obstante la enorme magnitud de protestas laborales, hay que destacar la fragmentación que las caracteriza; lo que determina los limitados impactos en la solución favorable de los problemas que las estimulan. Si los temas que animan las protestas laborales, refieren a incumplimientos de los convenios colectivos, la no negociación de los mismos, el desmejoramiento de condiciones de trabajo, el despido de trabajadores, el cierre de fuentes de trabajo, esta enorme diversidad de protestas que derivan de esta caótica situación, al final no están dando lugar a respuestas concretas. En algunos casos se producen decisiones favorables de los órganos competentes en la Administración del Trabajo y en la Justicia Laboral, pero luego los órganos que han de cumplir con las sentencias o disposiciones no lo hacen. Esto hace reactivar la protesta laboral, en algunos casos se producen cansancios y agotamientos, quedando la situación de los trabajadores en un estado de postración.

En este contexto se agrega la situación de la criminalización de dirigentes y trabajadores por el hecho de protestar, reclamando el cumplimiento de compromisos contractuales y exteriorizando sus aspiraciones reivindicativas, elementos genuinos de la acción y protesta laboral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Venezuela ha analizado el problema y llamado la atención al señalar: “la Comisión identifica una tendencia al uso de figuras penales para sancionar a personas que ejercen su derecho a manifestar o protestar en contra de las políticas oficiales”.

Mención necesaria en el marco de este artículo es referir el extremo fenómeno de violencia laboral, que se ha traducido en el exterminio de sindicalistas, cifra que desde el año 2005, ya suma 250 personas. Al respecto se observa una suerte de banalización en el tratamiento del problema desde las entidades encargadas de defender derechos de los trabajadores. Por ello es destacable llamar la atención que tanto en la Memoria del Ministerio del Trabajo, como en el Informe Anual de la Fiscalía General de la República, estos asuntos no figuran, simplemente como si no existieran.

En el problema del asesinato de dirigentes sindicales, Venezuela y Colombia muestran unos espeluznantes datos. Sin embargo en el portal web de la Fiscalía General de la República en Colombia, se indica en botón “Sentencias Crímenes contra Sindicalistas”, donde se transcriben cuarenta casos correspondientes a los últimos cinco meses (consulta de 22-10-111).

Una aspiración mínima de las instituciones venezolanas, seria otorgar relevancia al problema, no seguir ignorándolo. Igualmente Informes de la CIDH llaman la atención de este problema y afirma en su documento “Democracia y Derechos Humanos en Venezuela”, el ejercicio sindical está afectado “por el grado de polarización política y la falta de concertación social entre las organizaciones sindicales, las organizaciones de empleadores y el Gobierno”. Si la protesta laboral diera como resultado una respuesta gubernantal autentica en este orden sería un paso importante.

QUE CONSUMIMOS Y PRODUCIMOS. IMPACTOS EN EL TRABAJO

En la presente semana se consumía en nuestro hogar leche procedente de España, la semana pasada fue otra marca procedente de Ecuador. Es lo que se consigue en los anaqueles. Esto viene pasando no sólo con la lecha, sino con una importante cantidad de productos alimenticios básicos en la dieta de la población. La dependencia de alimentos procedentes del exterior afirma que no hemos tenido éxito en la búsqueda y conquista de la soberanía alimentaria. La carencia se subsana artificialmente, ya que se realiza al tiempo que el país consume las divisas petroleras.

Con el consumo de un bien no renovable, como es el petróleo, deberíamos más bien privilegiar la creación de la infraestructura para conseguir la soberanía no solo alimentaria, sino también en otras ramas productivas. Lamentablemente, la ecuación en desarrollo no logra romper el viejo circulo vicioso de liquidar un bien, que es un activo como es la riqueza petrolera, sin que se construya y estabilice una base productiva sustitutiva. Todo ello avizora un futuro difícil para la población venezolana.

Este problema es lo que lleva a admitir el continuado proceso de desindustrialización que experimenta el país desde hace tres décadas. Es por ello que nos vemos en la necesidad de importar un producto básico como la leche, y llamativo el caso por contar con un país tan extenso en sabanas adecuadas para pastos, y que por otro lado el procesamiento de la leche para pasteurizarla y envasarla, es un proceso industrial elemental, que conlleva un modesto valor agregado.

Los esfuerzos por emprender la industrialización, se ubican a partir de la década del cincuenta y sesenta del pasado siglo. Un fenómeno tardío si se compara con otros países de la región. Se ha sustentado la tesis que la industrialización venezolana estuvo motivada a aumentar el consumo interno de bienes y servicios, para compensar los desequilibrios favorables de la balanza de pagos con los Estados Unidos de Norteamérica, es decir el país les exportaba (petróleo) pero no consumía, así que la industrialización le permitió al capital norteamericano asegurar un enclave para el consumo de sus productos.

También se ha destacado la tesis de la sobrevaluación del signo monetario, afectando las posiciones del sector agroexportador tradicional y las exportaciones manufactureras, y beneficiando las importaciones. Estos signos se revierten con las devaluaciones que se inician en 1983 y que aún persisten.

El país experimentó un largo período de crecimiento de su producción industrial –PIB manufacturero- en la década del cincuenta el aumento fue 221%, en la del sesenta de 114%, y en la del setenta de 97%. Estos fueron años de crecimiento espectacular, como el que hoy sostienen los países emergentes, entre ellos Brasil. Claro no analiza este breve párrafo la naturaleza y sustentabilidad de este crecimiento nacional. Pero si vale llamar la atención, del contraste que muestran los resultados de la producción industrial en las tres siguientes décadas. La del ochenta apenas un crecimiento 15%, la del noventa un claro estancamiento, con un 1%, y lo más catastrófico se observa en la primera década del presente siglo con una disminución del PIB manufacturero de un -7%. Todos los datos procesados provienen de los Informes del BCV.

Como sabemos cada día aumenta la población, por tanto el PIB per cápita decrece más dramáticamente. Por ello nuestra acentuada dependencia de las importaciones. El fenómeno de la desindustrialización se observa en muchos países, pero en contrapartida también ocurre la existencia de cambios en los patrones productivos, como es el caso de países que reorientan su modelo productivo al fomento de otras actividades para lograr las divisas necesarias, especialmente hacia las actividades de servicio, ya sea el turismo, el fomento de actividades basadas en conocimiento como palancas para la exportación, son dos claros ejemplos.

Al experimentar el continuado proceso de desindustrialización, ya por tres décadas continuas, se han perdido empleos formales, bien remunerados, tutelados, protegidos por la seguridad social y los convenios colectivos. No sólo en las industrias que ya no existen, sino en las cadenas de suministro de materias primas, servicios, así como en el desarrollo aguas abajo de estos insumos para otras actividades de transformación. Todos estos beneficios los capitalizan aquellos países receptores de nuestras divisas que pagan lo que les importamos. Promovemos el capitalismo de otros países, a cambio del sacrificio de nuestro aparato productivo.

Un crecimiento sindical con un liderazgo polémico

El sindicalismo es una actividad colectiva, que implica la agregación de trabajadores alrededor de una organización que defiende sus intereses. Las diferencias con los patronos y con quienes están al mando del Estado dan lugar a sus continuas acciones de presión, lucha y negociación. En estos procesos juegan un importante papel quienes son los líderes que están a la cabeza del movimiento. A pesar de tratarse el sindicalismo de un movimiento de masas, predominantemente analizado en el contexto de enfoques que privilegian y dan mayor énfasis a aquellas explicaciones que se fundamentan en el curso y las corrientes históricas, nos encontramos casos en donde determinado liderazgos obligan a mirarlos de cerca para entender procesos de fortalecimiento de la actividad sindical.

Como ha ocurrido en casi todo el mundo, desde los años ochenta ha venido manifestándose un proceso continuado de disminución de la actividad sindical. Las tasas de sindicalización han bajado en casi todos los países. Sin embargo hay que reconocer que al lado de la actividad sindical coexisten otras actividades de masas, que se apoyan en la organización de aquellos trabajadores expulsados o que no logran inserción en los procesos productivos que dan oportunidad para empleos estables, tutelados y protegidos por las organizaciones sindicales. Esto da lugar a una constelación de acciones de reclamos y protestas que al lado de las acciones sindicales tradicionales configuran los nuevos escenarios laborales.

Esta introducción viene a propósito de la lectura de libro “El hombre del camión: Hugo Moyano. La historia secreta del sindicalista más poderoso de la Argentina”. Es una investigación periodística de Emilia Delfino y Mariano Martín, editada por Sudamericana, Buenos Aires, 2008.

Hugo Moyano es un dirigente sindical que inicia su actividad en la provincia, y luego logra ganarse un espacio en el sindicato de camioneros de Buenos Aires. En 1985 gana su primer peldaño sindical en la capital al desempeñarse como secretario adjunto de la seccional de la ciudad de Buenos Aires, dos años más tarde asumió la dirección de esta seccional, y en 1992 gana la Presidencia de la Federación Nacional de Camioneros. Para entonces era una organización que contaba con 23 mil afiliados, quince años más tarde su afiliación la multiplicó por cuatro y cinco veces. Los registros sindicales son difíciles de precisar, pero la afiliación va de 90 a 140 mil afiliados. La tasa de afiliación sindical en el transporte la llevó a 80% en las grandes empresas y algunos casos hasta el 90%, como en la recolección de basura. En cuanto a salarios, desde que asumió la Presidencia aumentaron en un 70%. Finalmente logra ser el Presidente de la Central General de Trabajadores en el 2005, al reunificarse esta central histórica que se mantuvo dividida por casi una década, cargo que hoy ostenta.

Como mencionamos, en un contexto de baja de la afiliación sindical este es un fenómeno interesante. Hay que señalar que en su conjunto la afiliación sindical ha subido en algunos países del Cono Sur, tales son los casos además de Argentina, el de Brasil y Uruguay.

Regresando al caso bajo análisis, la afiliación se ha extendido en este período a la cabeza del liderazgo de H Moyano. Primero por haber estado opuesto a las políticas neoliberales que privaron en Argentina en los ochenta y noventa, y estas políticas terminaron en un rotundo fracaso; segundo por extender la búsqueda de afiliados en todo aquello que tuviera relación con camiones y transporte. Esto se tradujo en captación de nuevos segmentos para la afiliación sindical, así como en la sustracción de afiliados de otros sindicatos con menor poder para la defensa y disfrute de las llamadas obras sociales.

Sobre las obras sociales, hay que mencionar que una vieja herencia del peronismo a favor de los sindicatos, fue colocar en sus manos el manejo de algunas áreas de la seguridad social y bienestar para los trabajadores. Por supuesto que con el aporte de los propios afiliados y del Estado. Con estos recursos se construyen y administran centros de recreación, de turismo, de tratamientos de enfermedades y geriátricos. Es un área sensible y determinante para el fomento de la afiliación sindical, ya que llena necesidades de los trabajadores. No ha sido inocente que en los gobiernos militares estas llamadas obras sociales les han sido sustraídas a los sindicatos.

Por supuesto que un dirigente con esta trayectoria no está exento de granjearse problemas y enemigos, además que los métodos para este crecimiento incluyen acciones polémicas, que muestran al personaje alrededor de señalamientos de corrupción y de agresiones a otros dirigentes y a empresarios.

El mismo Moyano se identifica con el estadounidense Jimmy Hoffa, dirigente camionero vinculado con la mafia y desaparecido en circunstancias nunca aclaradas. Un asesor sindical caracteriza a Moyano “La última etapa de su historia me recuerda a la de Hoffa: métodos duros y representativos para las bases”

Entendiendo las Empresas Recuperadas

             Un mes atrás recibí solicitud de intercambio de grupo de investigación sobre el tema perteneciente al Instituto de Investigaciones “Gino Germani”, de Argentina, sobre empresas recuperadas por los trabajadores.  La inquietud  primaria de nuestros solicitantes, era conocer cuántos casos de empresas recuperadas existen en Venezuela.

            El planteamiento llevó de nuestra parte a solicitar que estableciéramos un criterio o definición de que se entendería por empresa recuperada. La solicitud fue respondida por los colegas argentinos, con el siguiente texto: “.. le decimos empresas recuperadas a las empresas autogestionadas por sus trabajadores; empresas que anteriormente tenían un dueño o patrón que la quebró y dejó a esos trabajadores sin trabajo. Es en ese momento en que los trabajadores deciden luchar para poder quedársela, armar una cooperativa y autogestionarla”.

En nuestro caso venezolano, señalamos que lo predominante en las experiencias locales es que el Estado se queda con las empresas, y pasan a ser identificadas como empresas de propiedad social y/o empresas de producción social, y que no pasan a manos de los trabajadores desde el punto de vista de la propiedad.

En cuanto a la preocupación por el número de experiencias de empresas recuperadas, es un número variable en el tiempo, porque además de que se agregan por diversas razones, y no solamente el hecho de que los propietarios las hayan quebrado, sino que también el Estado se interesa por estatizar empresas que están en pleno desarrollo productivo, nada quebradas, y en la mayoría de los casos, pasan luego a experimentar serias dificultades, dando lugar a que parte de ellas quiebren, pero ya en manos de la administración estatal. 

Pero la opacidad con la cual se maneja este sector de empresas recuperadas, expropiadas, estatizadas, no da lugar a que se conozca públicamente los detalles operativos y financieros correspondientes, ya sea la situación pre estatización, como la que se configura a lo largo del período en manos estatales. La exigencia de información, se trata de reclamo pertinente, habida cuenta de que estas empresas pasan a ser patrimonio de la nación y del interés de los ciudadanos.

También hay que señalar que los controles que desde el Estado se aplican a las empresas,  plantean la necesidad de analizar si la manera como los controles son administrados conllevan a agudizar el problema de funcionamiento de una empresa, o son los controles en si mismo generadores de dificultades. Esto es importante, para contrastarlo con la apreciación más frecuentemente  esbozada por las autoridades que asignan a los propietarios y administradores, la causa de una gestión errática, y es ello lo que lleva a situaciones de bancarrota.

 A priori no se trata de hacer señalamientos que se inclinen por una u otra situación y caer en generalizaciones, sino que la temática demanda apertura, información y transparencia para poder evaluar y concluir las razones que llevan a la situación de crisis de la firma.

El hecho de establecer a través de regulaciones controles y congelaciones de precios, tarifas, cuotas de servicios y/o productos en situación preferencial, plantea junto a la asignación de divisas en condiciones discriminatorias, así como un tratamiento desigual en la aplicación de la legislación laboral, en lo que tiene que ver empresas privadas y públicas, conlleva a que determinadas empresas deban sobrevivir en situaciones que gradualmente se va afectando la calidad de sus productos y servicios, levantando quejas de los consumidores y usuarios, y teniendo dificultades para cumplir con los trabajadores en los compromisos legales y contractuales.

El número de empresas sean estatizadas, expropiadas, con pago de sus bienes o sin pago de ellos, en fin, se asoma el número de 988 empresas en estas situaciones en los últimos cinco años, siendo el caso del presente año -2011- el de mayor acción estatal en este orden al alcanzar 402 casos, casi la mitad de este quinquenio. Estos datos son provistos por el gremio empresarial Fedecámaras, sin embargo no son refutados por el gobierno, y por otro lado las entidades públicas que tiene que ver con el tema, informan de casos muy limitados, y se carece de una información centralizada que trate el tema.

Del Estado se espera una función reguladora para conciliar intereses de la nación, de trabajadores, consumidores y empresas. Si el ejercicio de esta función se traduce en la creación de un ambiente de dificultades para producir, y que lamentablemente se intenta resolverlo con importaciones, se está atentando con los intereses de la nación completa, porque se destruye su tejido productivo. Le importa a la actual generación y a las futuras.

Concluyendo, por lo que leímos al principio de este artículo,  no es el mismo fenómeno lo que entienden los colegas argentinos por empresas recuperadas y lo que viene ocurriendo por estos lares.

DIALOGO SOCIAL: CONSTRUCCIÓN Y DIFICULTADES

En el mundo del trabajo el dialogo es una necesidad insustituible. Los intereses antagónicos o colaborativos, como se quiera ver, exigen encuentros entre los factores de la producción. Hay una realidad que requiere del dialogo. Se trata de la convivencia productiva.

            Cuando se hace referencia a los factores de la producción, no es sólo referir a empresarios y trabajadores, claro que en primer lugar a ellos, pero también al Estado,  a las comunidades y los consumidores o usuarios. El tripartismo tradicional en estos tiempos requiere ampliarse. El Estado, y especialmente el Gobierno, requiere hacer un esfuerzo muy fino para lograr ganar la voluntad y adhesión de los sectores que juegan un importante papel en la producción  y el consumo. Con el consenso y la voluntad es como se logra avanzar en la reconstrucción de un tejido productivo altamente deteriorado. 

            Un primer espacio para la reconstrucción del dialogo es en el ámbito del trabajo asalariado formal. Hay otras formas de trabajo, numerosos y heterogéneas que exigen procesos aún más complejos, para tratarlo en otro momento. Pero priorizar los sectores formales tiene de importante que es ahí en donde están las mayores estructuras productivas, que como se evidencia, están en un continuado proceso de deterioro. Lo que suma  tanto el deterioro de las relaciones personales en el mundo del trabajo, más el deterioro de las propias instalaciones productivas, y de la infraestructura en general del país. Si se trata de mejorar la calidad de vida de la población, no es posible lograrlo sin un aparato productivo funcionando bien.

            La cultura del dialogo en el espacio productivo, así como en todos los espacios de la vida de una nación, es una meta importante. Su alcance no es natural. Ella no viene espontáneamente. Es una construcción social que demanda dar y recibir. Quienes dialogan,  oyen y responden. No se dialoga imponiendo, sino convenciendo. Hay que construir argumentos y razonamientos, coherentes y persuasivos, para llevarlos al dialogo como propuestas.

            Quienes actúan en la gestión de personas, sea en entidades privadas como públicas, experimentan una restringida capacidad de construir consensos. Las desconfianzas y la incredulidad predominan. No es extraño que las negociaciones colectivas hayan venido a menos, tanto en el número de convenios negociados, como en la población cubierta. Sin cultura de dialogo, no tiene vida la negociación colectiva.

            Pero el dialogo social es más que las negociaciones colectivas. En esto coincidimos con Alain Supiot cuando comprende al  diálogo social como el  “abordar una gran variedad de dispositivos de confrontación de intereses de empleadores y asalariados: derechos de información, de la huelga, de la representación de la negociación…”. Además hay autores que  van más allá, planteando.. “ampliarlo más a toda forma de intercambio entre trabajadores en relación de dependencia  y empleadores aún cuando no exista una actividad sindical.  Por tanto, el diálogo social se vuelve una dimensión central para analizar los desafíos que tiene la sociedad salarial en los años venideros y un hito relevante en la perspectiva de  lograr alcanzar una sociedad más justa que es en última instancia, el marco valorativo que orienta nuestra reflexión..” (Quiñones, Mariela y Supervielle, Marcos).

            Con la proximidad de una campaña electoral amplia, tanto para el gobierno nacional, como los gobiernos regionales y locales, es muy probable que invocar el dialogo social se convierta en estos tiempos en un estribillo que haga cansón el termino. Pero queda la opción más efectiva de evaluar y analizar que tanto de dialogo hemos tenido o tenemos, así como plantearse que es lo que ha faltado, porque a primera vista resalta la tirantez y la pesadez de la atmósfera para su existencia. No es un asunto simple maniqueísta de los buenos y los malos.

            Que haya o no haya dialogo entre los actores principales de la conducción económica y productiva del país, tiene sus razones y responsables. Se sigue careciendo de un proyecto nacional inclusivo y dialogante, un “deber ser”, nada menor el asunto, empezando por plantearse: Quién determina ese “deber ser”? Cual es su contenido? Antes hubo exclusiones de unos, ahora persisten las de los mismos unos, y se agregan las de otros. Antes hubo un “dialogo”, ahora se tiene otro  tipo de “dialogo”, pero lo preocupantes es que no hay resultados, como ha de ser más producción, justicia, equidad, bienestar, convivencia y respeto al otro… sin dejar de destacar las dificultades que han de superar algunos actores claves en la construcción del dialogo social, como es el caso de la reorganización y reestructuración del movimiento de los trabajadores, sin ignorar que empresarios y gobierno, son los tradicionalmente más deficitarios en la cultura del dialogo.

LA ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO DESBORDADA

La relación del Estado con el mundo del trabajo, es un asunto que da para tratarlo desde muy diversas dimensiones. Cada una tan interesante como la otra. Recientemente prologamos un libro dedicado al tema. Más adelante ofreceremos más detalles. Por ahora se trata de adelantar algunas consideraciones sobre el funcionamiento y el colapso de la Administración del Trabajo. Que como se sabe, refiere a la presencia directa del gobierno en los sitios productivos, de su acercamiento a los espacios en donde trabajadores y empleadores desarrollan la actividad que da a la sociedad los bienes y servicios que necesita para su funcionamiento, así como en donde se retribuya a capital y trabajo la compensación correspondiente y necesaria por los esfuerzos realizados.

             Una de las actividades centrales de la Administración del Trabajo, es la Inspección de los centros productivos. Estos servicios fueron reestructurados en la segunda mitad de los noventa -1997-, poco antes del actual período político, y hay que destacar que en los primeros años de su funcionamiento, la inspección del trabajo dio un vuelco, porque activó su presencia en los espacios productivos, con un personal calificado y motivado.

              Algunas instituciones académicas con experiencia en temas vinculados a la Administración del Trabajo, fueron llamados por el Ministerio del Trabajo a cooperar con esta transformación y modernización institucional. Así se hizo en las convocatorias a concursos para hacer una selección rigurosa y profesional del personal que trabajaría en estas actividades en 1997, 1998, 2000. Posteriormente se prescindió de esta relación, hasta que se dejaron de hacer las convocatorias a los concursos. Más bien se han incorporado Comisionados que se asemejan a los funcionarios que desaparecieron a partir del momento en que se reestructuraron los servicios de inspección del trabajo y emergieron los Supervisores del Trabajo, al menos en su incorporación inestable y desprofesionalizada.

               En las investigaciones recientes sobre la inspección del trabajo, el gran ausente en la indagación es el sector estatal. Queda en evidencia que la inspección no apunta su mirada inspectora y escrutadora hacia allá. Es decir donde labora alrededor del veinte por ciento (20%) de la población económicamente activa, la inspección no se hace presente.

         Desde nuestra perspectiva, la carencia más importante de la inspección del trabajo es prescindir del dialogo continuado y estable con las organizaciones representativas de los empleadores y de los trabajadores en todos los niveles.

            Viendo mes a mes los datos de la conflictividad, y observar en ellos el creciente incremento de los conflictos por reclamos de naturaleza laboral, ello lleva a considerar y plantearse que está pasando con la Administración del Trabajo. Su razón de ser es servir de apoyo y orientador a los actores laborales en la resolución de sus problemas y en la convivencia productiva. Pero observando que la mayor frecuencia de conflictos ocurren en las actividades que desarrolla en Estado, sean en la administración central, descentralizada o en las empresas estatales, y resulta que ahí no llega la Administración del Trabajo, y por supuesto tampoco los servicios de Inspección.

             Evidencia de la ausencia de la Administración del Trabajo, se acaba de observar en el prolongado cierre de carreteras nacionales este lunes 6 de septiembre, ya que durante nueve horas trabajadores de Pequiven cerraron el acceso de los Estados Carabobo a Falcón y de este estado con Yaracuy, todo por problemas laborales que supuestamente se habían resuelto en reuniones con autoridades del trabajo; que luego las empresas desconocieron. Ante la situación, nuevamente intervienen autoridades militares y asumen el papel de las instituciones civiles, en el manejo y tratamiento del conflicto. Hay que destacar que la apertura del paso en esta carretera nacional fue por acuerdos entre los trabajadores en conflicto con los usuarios que se encontraban desde las primeras horas de la mañana paralizados.

               Este tipo de protesta se repite en todo el país, especialmente por parte de trabajadores que prestan servicios a entes estatales, lo que evidencia que las autoridades a quienes compete el asunto han sido desbordadas. No hay Administración del Trabajo en estos espacios productivos.

LA INFORMALIDAD: REAL Y OCULTA

De nuestra contribución de la semana pasada tenemos el compromiso de una precisión conceptual sobre lo que se viene entendiendo por Informalidad. En esa ocasión reprodujimos el concepto adoptado por Venezuela, y proveniente del Programa de Empleo para América Latina y el Caribe –PREALC- de la OIT en 1976.

Pero este concepto fue revisado y ampliado en el 2003, a partir de la XVII Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, que acuerda Resolución sobre las Estadísticas del Empleo en el Sector Informal, la que a su vez toma en cuenta resolución de la XV -1993- conferencia de la misma entidad.

Se reconoció que las estadísticas sobre el empleo en el sector informal son particularmente necesarias para mejorar los sistemas estadísticos de los países en que las actividades del sector informal constituyen una parte importante del volumen total de empleo y contribuyen de manera significativa a la generación de ingresos. El caso venezolano encaja perfectamente en este supuesto.

El concepto de Informalidad aplicado a partir de Prealc -1976-, seguía siendo valido, ya que las categorías incluidas persistían en el mercado laboral, y nada sugería su tendencia a extinguirse. Recordemos que aludimos al trabajo doméstico, a los ayudantes familiares, a los trabajadores por cuenta propia y de empresas con menos de cinco trabajadores, en estos dos últimos casos referidos a no profesionales. Es decir se trataba de confirmar ese concepto, pero ampliarlo ya que las transformaciones en el mercado laboral en los ochenta, específicamente su deterioro daban lugar al fomento de empleos y situaciones de inserción laboral que si bien ocurrían en el sector formal, no cumplían con los supuestos del empleo formal propiamente entendido, que supone la cobertura y tutela de la legislación laboral y de seguridad social.

Ante esta adecuación y ampliación del concepto, la informalidad se amplia ya que agrega personas que aún trabajando para el sector formal, no están cubiertos por la legislación y la seguridad social. Esto lo podemos ver tanto en el sector privado como el público, así como en empresas de más de cinco trabajadores, que era el límite del concepto tradicional.

Es importante destacar que con el viejo concepto en el sector público no había lugar para situaciones de informalidad. Pero está ampliamente extendida la situación de personas que trabajan para el sector público sin nombramiento, sin contrato formal de trabajo, sin protección regulatoria y de seguridad social alguna. ¿Dónde ubicarlos?, por el tipo de empleador sería en el sector formal, sin embargo por la situación de orfandad de estos trabajadores, realmente no son nada formales. Es aquí donde la concepción de informalidad le es aplicable. Igual toca definir con figuras como becarios, pasantes, hasta trabajo gratis, voluntario se dice eufemísticamente. Se trata de empleadores formales con trabajadores informales.

Tanto en el sector privado como en el público ocurre el problema del mercado dual. Por un lado los trabajadores primarios, aquellos que disfrutan de tutela, seguridad social, planificación de carrera para el desarrollo del capital humano, luego los trabajadores secundarios, que si bien son tutelados por la legislación laboral y la seguridad social, tienen los beneficios contractuales que se conquistan vía las relaciones laborales. Aquí cabe la salvedad, que sólo ocurre en donde existen sindicatos y los reconocimientos correspondientes. Finalmente existen los tercerizados, que refiere a aquellos que no son tutelados ni cubiertos por la seguridad social del empleador contratante. Eventualmente son asimilados por el empleador receptor de la obra o servicios, generalmente luego procesos tensos de reclamos y litigios.

Si se indagara y reconociera la informalidad a partir de las situaciones expuestas en dos párrafos anteriores, tomando en cuenta la actualización del concepto, entonces el 43% que muestra el INE de informalidad, subiría sustancialmente. Esperando con ello el emprendimiento de políticas públicas basadas en situaciones genuinas de la realidad laboral del país.

LA INFORMALIDAD E IMPORTACIONES

Las magnitudes del empleo informal siguen teniendo un peso notable en la composición de la fuerza de trabajo. Para el año 1999, representaba cerca del 50%, y en los doce años transcurridos hasta el 2010 ha descendido a un 44%. Esto sin que haya aumentado el empleo formal. Lo que se ha visto es un incremento de la población inactiva en la misma proporción a la baja de la informalidad. La población inactiva representaba para el año 1999 un 30% y en estos momentos ha subido al 36%. Es decir aquella que no busca empleo. Se refiere también a quienes no tienen edad para el trabajo o ya la excedieron, más las amas de casa, discapacitados y fundamentalmente a la población que recibe beneficios directos de los programas sociales y con ello se desalentó para seguir buscando empleo. El incremento de los jubilados agrega otro grupo importante.

Si bien el concepto de sector informal es algo impreciso, y ha sido objeto de cuestionamientos. El hecho cierto es que refiere a un conjunto de personas que según señala la OIT constituye: “La fuerza laboral del sector informal se compone de los ocupados en empresas pequeños no modernas, los trabajadores independientes con exclusión de los profesionales universitarios, y los que trabajan en el servicio doméstico”. En base a estos criterios se levantan las encuestas de oferta de trabajo que realiza el INE en Venezuela y los entes equivalentes en los otros países.

En la mayoría de los países de la región latinoamericana se asocia y explica el incremento de la informalidad o el mantenimiento de su núcleo duro, por el hecho de llevar a cabo procesos de restructuración productiva, que apuntan al alcance de una mayor competitividad, reduciendo costos y haciendo ajustes en la organización del trabajo, buscando con ello incrementar los niveles de producción para aumentar el consumo interno así como incrementar las exportaciones y recaudar más divisas. Se pude decir que los países pagan con su alta proporción de informalidad, parte de los costos de la reestructuración productiva.

Enmarcado en lo indicado en el párrafo anterior, calificamos a Brasil. Cuenta con un 47% de informales, que alcanzan a una población de casi cincuenta millones de personas, pero al mismo tiempo se trata de un país que ha venido mejorando su capacidad productiva, al punto de estar ubicado como la séptima economía del mundo, con un PIB anual de 1.9 billones de dólares, y acumula un alto nivel de reservas para apuntalar su desarrollo autónomo.

Con lo anterior se quiere destacar que la informalidad nuestra no está asociada con procesos de reestructuración productiva, sino que viene ancestralmente de los llamados sectores tradicionales, que no lograron incorporarse a la modernidad que vino con la industrialización. Y paradójicamente iniciamos tempranamente un proceso de desindustrialización, agravado con las masivas importaciones de bienes que se venían haciendo localmente. Cuando vemos la larga fila de nuevos autobuses chinos subiendo por la autopista de Puerto Cabello, inmediatamente pensamos sombríamente en los trabajadores de las ensambladoras de autobuses y de los fabricantes de autopartes locales, y el encadenamiento productivo que ello representa. Y así tantos productos. Más que el mencionado desarrollo endógeno, nuestros ingresos petroleros han apuntalado el crecimiento de nuestros proveedores internacionales. Importamos en 1999, 12.6 mil millones de dólares y se ha incrementado hasta llegar a un máximo de 45.6 en el 2008. La recesión interna llevo el año pasado las importaciones a los 30.7 mil millones de dólares.

El único sector empleador que ha venido creciendo es el del empleo estatal, que ronda los 2.5 millones de personas, uno de cada cinco personas ocupadas está al servicio del estado. Pero la mayoría son empleos del sector terciario, con un aporte limitado a la competitividad de la economía venezolana. Aquellos que son del sector de producción de bienes y servicios transables que provienen de las estatizaciones, no son creaciones de empleo, sino cambios de patronos. De empleadores privados a patronos estatales. Con el agravante de que en todos los casos esos empleos bajan de calidad, ya que los trabajadores o pierden conquistas y reivindicaciones históricas, o se congelan y pierden la progresividad, que es característico de los empleos y condiciones de trabajo de una economía dinámica de acuerdos y consensos entre las partes productivas.

Conflictos del oficialismo obstaculizan mejoras laborales

Publicado en el Correo del Caroní en el día 1-8-11 Conflictos del oficialismo obstaculizan mejoras laborales Lunes, 01 de Agosto de 2011 Héctor Lucena, doctor en ciencias sociales y experto en relaciones laborales, criticó la injerencia del Estado en las organizaciones de trabajadores. Edgar Meléndez, dirigente del PCV en el estado Bolívar, afirmó que el gobierno se parcializa por ciertos grupos de trabajadores y criminalizar las protestas en su contra. Ramsés Ulises Siverio rsiverio@correodelcaroni.com Foto Archivo Trabajadores pro gobierno han sido críticos de la gestión oficial Salón estrecho. Calor. Tonos de voz alto y ceños fruncidos. Los trabajadores de Corpoelec estaban indignados ante la situación de la empresa. Lo denunciaban públicamente. Sin problemas. Ante los medios de comunicación presentes en aquella sala, donde el descontento relucía más que el color rojo de los uniformes. “Para cubrir estos servicios mínimos que garanticen la funcionalidad de la empresa en el estado Bolívar, se requieren dos millones 137 mil bolívares. Es decir, el 50 por ciento de lo que dejamos de recaudar producto de la ineficiencia, negligencia, y el boicot de Iraida Alfonzo en nivel nacional”, fustigaba Francisco Alarcón, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Eléctricos del Estado Bolívar (Suteeb). - ¿Quiénes están detrás del supuesto boicot? - El área de recursos humanos y el área financiera. Lo técnico nos lo dejaron a nosotros, a los trabajadores; pero el área financiera, que es la que tiene que cumplir con los pasivos de los trabajadores y los proveedores, no está cumpliendo con sus funciones. Mientras Alarcón seguía lanzando sus dardos, cargados con el amargo fruto de la crítica, justo detrás de él y los trabajadores que lo acompañaban, se asomaba una gigantografía del presidente Chávez. El mismo que, durante la juramentación del control obrero, profirió una frase que hoy retumba en la memoria de sus simpatizantes: “Yo me las juego con los trabajadores”. “Yo creo en ustedes, yo me las juego con los trabajadores, me juego la vida con la clase obrera y le pido al Gobierno todo que nos juguemos la vida con la clase obrera”, dijo el mandatario al inaugurar un ciclo no menos polémico: el control obrero en las empresas de Guayana. Esto es el discurso, pero la realidad muestra otro escenario. El último informe sobre manifestaciones públicas realizado por las ONG Espacio Público y Provea, revela que entre enero y junio de este año, se registraron 989 protestas por derechos laborales. Esta cifra representa un incremento de 107% en relación con el mismo período del año pasado, cuando el número de manifestaciones por esta causa fue de 478. Entre todos los sectores manifestantes, el que más se movilizó fue el de los trabajadores, al protagonizar 747 acciones de protesta en todo el país; un 31,7% del total de manifestaciones durante los primeros seis meses del año. Sin derechos laborales Para el doctor en ciencias sociales y experto en relaciones laborales, Héctor Lucena, hablar de “gobierno obrerista” es una denominación amigable desde el punto de vista político, pero de poco sustento en la realidad. Desde su óptica, hay varios indicadores que permiten demostrar que el gobierno no es proclive a favorecer los derechos de los trabajadores. “En primer lugar, hay poca autonomía e independencia de las organizaciones laborales. Hay mucha interferencia del Estado, que dificulta el ejercicio del rol de los trabajadores”. Lucena explicó que muchas veces, las mismas organizaciones favorecen esta obstrucción a cambio de prebendas y beneficios, lo cual propicia la formación de grupos que coliden con los sindicatos en sus luchas e intereses. “Eso explica en gran medida los hechos de violencia entre los mismos trabajadores”. El experto quiso dejar muy en claro que la confrontación política no es ajena al mundo laboral. De hecho, es normal que la lucha de los trabajadores esté asociada históricamente a un enfrentamiento con el patrón. Un enfrentamiento, antes más hostil, y hoy más circunscrito al ámbito del derecho. Esto es lo normal para Lucena. No así las pugnas entre trabajadores, que -a su juicio terminan por debilitarlos como fuerza política. - ¿Por qué muchos trabajadores, siendo del mismo oficialismo, se pelean entre sí? - Es normal que no existan coincidencias, pero eso es algo que deben resolver los trabajadores en su seno. Lo importante no son las corrientes sino el acuerdo. Todas esas corrientes necesitan un congreso fundacional, pero sin la intervención patronal -resaltó con un tono casi petitorio. Para Lucena, el gobierno ha hecho promesas que no ha cumplido, pero tampoco ha sido indolente al respecto. Al contrario, asegura que en 12 años de gestión ha implementado medidas que favorecen al sector, pero haciendo la salvedad de que éstas no son el resultado de un diálogo con los trabajadores. De hecho, criticó que algunas de estas medidas se utilicen para favorecer a ciertos grupos, política que calificó de “no conveniente para las relaciones laborales”. “Está por ejemplo el caso de la Lopcymat, que se aplica de manera muy rigurosa para el sector privado, y muy levemente para las empresas del Estado. Esa es una forma de favorecer a ciertos grupos y no a todos los trabajadores por igual”, argumentó. Otro de sus señalamientos al estamento público es la falta de instituciones en materia laboral, y de organismos que cumplan su función porque, desde su perspectiva, “el Ministerio del Trabajo perdió su papel de árbitro”. - ¿Qué otros indicadores le hablan de la falta de políticas en materia laboral? - La congelación de convenciones colectivas como hecho generalizado. Eso es robarle un derecho fundamental a los trabajadores; la falta de empleos dignos. Hay muchos empleos, pero nada de calidad: no hay protección de la empresa al trabajador, no hay seguridad social, y muchos sindicatos trabajan por intereses particulares; y el decrecimiento de la producción, debido a gestiones erráticas e incompetentes. Diversidad roja Esas diferencias de las que hablaba Lucena también las ven algunos simpatizantes del gobierno. Uno de ellos es Edgar Meléndez, secretario del movimiento obrero y sindical del Partido Comunista de Venezuela (PCV) en el estado Bolívar, quien pese a reconocer los avances del gobierno en materia de derechos laborales, no tiene problema en asumir la existencia de tales divergencias. El primer punto de discusión es la idea sobre el momento político que vive el Estado venezolano. “Nosotros desde el PCV pensamos que Venezuela está pasando por un proceso de liberación nacional, no socialista. Todavía no se puede hablar de socialismo porque los medios de producción todavía no están en manos de los trabajadores”. Las discrepancias entre grupos de gobierno también forman parte de esa realidad. Según Meléndez, hay facciones que buscan el beneficio para los trabajadores y otras, simplemente, saciar sus propios intereses. Para el dirigente, la situación ha trascendido hasta el mundo de las organizaciones obreristas. “Las diferencias políticas son irreversibles. Para nadie es un secreto la separación de la FBT y la Unete, y que en la FBT hay muchas personas del viejo sindicalismo. Muchos oportunistas que lo que están buscando es su beneficio personal”, aseveró el dirigente comunista. Argumentó su posición recordando que, en la anterior Asamblea Nacional (AN), los parlamentarios del PSUV se negaron a discutir la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, sabiendo que era una ley que beneficiaría a todos los trabajadores del país. “Tuvimos que ponernos de acuerdo nosotros, en el I encuentro nacional del control obrero, y tomar la decisión de recoger firmas para activar el mecanismo del pueblo legislador para proponer esta reforma y la de Consejos de Trabajadores y Trabajadoras”, añadió. - ¿Ustedes creen que el Gobierno nacional realmente es obrerista? - Nosotros creemos que no, por todas esas experiencias que demuestran que este gobierno no está a favor de los trabajadores. - ¿Como cuáles? - La criminalización de la protesta, por ejemplo. Ahí está el caso de Rubén González, que lo pusieron preso por protestar. Jorge Figueroa, trabajador que recibió una calificación de despido por denunciar la corrupción de la junta de transición de Friosa. Lo mismo con el trabajador de Orinoco Iron Rubén Palomo, que denunció al rey de las cabillas Luis Velásquez, y la persecución y el hostigamiento a los trabajadores revolucionarios de la Mitsubishi Motors en Puerto La Cruz. Todos esos hechos nosotros los rechazamos. Ahí están los hechos. Ahí están los escenarios. Por un lado: promesas, arengas y consignas para formar “la patria obrera”. Por el otro: persecuciones, represiones, falta de inversiones en las empresas, incumplimiento de beneficios laborales y ausencia de contratos colectivos. Mientras tanto, la figura de Hugo Chávez sigue presente en numerosos volantes y afiches. Y en algunos de ellos, todavía legible, se leen tipografías rojas que recuerdan su mensaje: “Yo me las juego con los trabajadores”. Por la ley y el trabajo Edgar Meléndez recordó que fue el grupo de la Unete (Unión Nacional de Trabajadores) el que llevó las firmas hasta la Asamblea Nacional y la Vicepresidencia de la República. Esto con la finalidad de solicitar una reforma a la Ley Orgánica del Trabajo y la Ley de Consejos de Trabajadores. Pero este viernes, cuando el presidente de la AN, Fernando Soto Rojas, visitó Guayana, otro grupo le entregó una nueva solicitud. Todos ellos, casualmente, eran de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT). ¿Cuál propuesta discutirá el poder legislativo? ¿La primera? ¿La segunda? ¿Ambas? Las cartas están echadas.

INSATISFACCIÓN DE LOS TRABAJADORES EN EL SECTOR PAPELERO

De nuevo abordamos la insatisfacción de los trabajadores complementando el artículo de la semana pasada. Se trata de investigación emprendida con Hermes Carmona, dirigida a indagar en el tema de la insatisfacción de los trabajadores papeleros venezolanos, examinando la situación de la fuerza de trabajo existente en las empresas productoras de papel y cartón, en las regiones consideradas de alta propensión industrial en Venezuela, como lo son los Estados Aragua y Carabobo. En estas empresas laboran aproximadamente ocho mil trabajadores, distribuidos en seis empresas. Además se destaca el eslabonamiento aguas abajo que este sector tiene con otros como las artes gráficas, el sector de empaque y embalaje, productos de aseo, higiene personal y el sector educativo.

Es oportuno destacar que el Instituto Nacional de Estadísticas, tiene un notable atraso con la elaboración de las encuestas industriales cuantitativas, su más reciente publicación es del año 2004, y sólo ofrece datos globales del sector manufacturero. Es una limitante no sólo para la investigación en los medios académicos, sino más grave aún, para la propia planificación y elaboración de políticas públicas. Es esta información la que nos dice sobre la demanda de trabajo y de insumos en general.

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Retomando el tema de la insatisfacción, y el análisis que los trabajadores se comprometan con su trabajo, lo principal es diagnosticar la situación, conocer las diferentes percepciones de los problemas, y luego poder generar soluciones de acuerdo a la realidad de cada organización. Para ello es necesaria la comprensión global del fenómeno y la construcción de un modelo evaluador, utilizando adecuadamente los métodos cualitativos y cuantitativos de investigación social, los cuales reflejan un resultado integral, con una visión más apropiada de la totalidad del problema

Se enfocó el fenómeno de la insatisfacción laboral en tanto se ha demostrado por investigadores, su íntima relación con la calidad de vida en el trabajo. La insatisfacción viene siendo la respuesta a una mala gestión de los recursos humanos y a una economía en crisis (desequilibrios estructurales, baja productividad, baja capacidad social, pobreza, corrupción y asistencialismo). En este segmento se formuló el problema de investigación, fundamentándose en el aporte que se pretende dar a este aspecto de las ciencias sociales, al establecer una teoría de insatisfacción laboral, que enriquezca a la teoría bifactorial que comprime las causas solamente a factores higiénicos y motivadores; hay otros factores que resurgen en estas latitudes, como el poder, la identidad de la tarea, y la ideología, que permiten explicar algunas conductas laborales.

Por estas razones, se decidió abordar el tema de la insatisfacción laboral de los trabajadores papeleros, con el propósito de explicar los cambios recientes en las relaciones de trabajo en el sector industrial y diseñar un modelo para medir esta insatisfacción laboral a través de las variables que afectan la organización del trabajo en las empresas papeleras venezolanas.

El aporte fundamental de esta investigación estuvo centrado en la comprensión de todos estos cambios sociales, y en un segundo plano, en la elaboración de un modelo para monitorear la situación de los trabajadores del sector papelero ubicado en Aragua y Carabobo.

El poder de los trabajadores, proveniente de los nuevos esquemas de gestión empresarial, pudo haber sido un satisfactor importante para el trabajador papelero venezolano,aún cuando en algunos casos, bajen los rendimientos en la producción. En el sector papelero, al igual que en el resto de las relaciones de trabajo del país, se ha incentivado la creación de nuevos sindicatos, para oponerlos a los que ya existían, dando lugar en el fondo al debilitamiento del movimiento de los trabajadores.

¿Cómo se relacionan las competencias y la insatisfacción laboral? El análisis muestra una correlación baja entre insatisfacción y competencias, pero es significativa la correlación entre competencias y estrés e identidad de la tarea, las competencias pueden entonces ayudar a reducir el estrés y en consecuencia a reducir la insatisfacción, la otra lectura que se le puede dar a estos resultados es que las competencias en general de estos trabajadores es baja. El comentario cualitativo que normalmente hicieron los Gerentes era el siguiente “el trabajador malo de hace 15 años, es el bueno de ahora”.

¿Cómo han respondido los trabajadores a estas nuevas situaciones? ¿Qué tipo de ajustes han hecho en sus hábitos y en sus relaciones? La investigación sugiere que la motivación interna de los sujetos tiene un efecto directo sobre su situación laboral. Las personas insatisfechas durarán menos tiempo empleados en puestos denigrantes, o desempleados porque desarrollarán competencias para optar por nuevos empleos o se convertirán en emprendedores. En este caso, la pérdida del empleo anterior se convierte en un acicate para la independencia económica, aunque casi siempre en condiciones precarias e informales. A menos empleos industriales formales, más pobreza en la producción y en la calidad de vida de las personas.