TENDENCIA SOCIAL / LA VIGENCIA DEL MOVIMIENTO LABORAL

El siguiente texto recoge planteamientos del autor formulados a periodista Yolanda Ojeda, y publicado en EL MUNDO ECONOMÍA&NEGOCIOS // LUNES 2 DE MAYO DE 2011 , pag 4 y 5.

Los sindicatos pueden tener sus bajas pero nunca desaparecen

Los sindicatos persisten a lo largo del tiempo, “son como las empresas, no desaparecen y siempre existirán”. Aunque estén debilitados, renacen de sus cenizas como elAve Fénix.
En este contexto dijo que en la etapa de los gobiernos autoritarios del Cono Sur, los sindicatos se vinieron a menos, “pero luego en el renacer democrático se revitalizaron”.
En su opinión la importancia de los sindicatos radica en los beneficios extendidos a sus afiliados y a la sociedad en su conjunto.
Para una empresa pequeña su importancia no es notable, porque permite al dueño tener una relación personal “cara a cara” con cada uno de los trabajadores.
En cambio, en lamedida que sea una organización que agrupe a varias decenas de personas, el sindicato se constituye en un factor que facilita el intercambio y la convivencia.

Como toda organización colectiva, corre el riesgo de que su conducción sea influida por intereses diferentes a los de sus afiliados.

Se puede dar el caso que se confunden los intereses del patrono con los del sindicato y de sus afiliados.
“Ciertamente hay solapamiento en el interés de mantener la fuentede trabajo estable y económicamente
saludable, de ello depende el interés del empresario en recibir rentas y capitalizar su negocio, y para los trabajadores contar estabilidad en el empleo, percibir una remuneración y mejorar sus reivindicaciones para
elevar su calidad de vida. Pero lo anterior no significa que no existan intereses contradictorios. Los hay y no son menores”.

El precio de la fuerza de trabajo es uno de ellos. La aspiración empresarial en controlar los costos, es otro tema de controversia; ya que quién dirige tiene la tentación de reducirlos más.

La organización sindical democrática y participativa, ques ea genuinamente representante de la fuerza de trabajo es la reserva y defensa primaria con que cuentan los trabajadores.

En ese contexto un partido político puede ser un aliado importante, pero no hay que perder de vista que sus intereses son más diversos y pueden discrepar con los de los trabajadores, dijo.

-¿Qué sucede cuando surgen organizaciones paralelas como ocurrió en Venezuela?

Al sindicalismo se le señala críticamente su falta de unidad y dispersión. Conviene mirar hacia atrás para entenderlo. La estructura sindical con la cual nació el movimiento sindical venezolano, la establecida en la Leydel Trabajode1936, impuso un modelo que fragmentaba y atomizaba a los sindicatos.

Se puede señalar que fue una concesión,pero con el costo enorme de sus consecuencias.

También el procedimiento establecido para la constitución y registro de un sindicato fue altamente
intervencionista, dándole al gobierno suprapoderes en la concesión del registro. Dos plomos
en las alas de un incipiente movimiento.

Con el devenir del tiempo estas dos negativas características se consolidaron, y se acompañaron
de otros fenómenos, destacándose la partidización subordinadora del movimiento; y con ello la subordinación a los estamentos que estén en un momento dado controlando el Gobierno.

Es verdad que el movimiento sindical no puede estar ajeno a las construcciones y proposiciones,
de losmodelos de desarrollos políticos y económicos hacia donde ha de dirigirse la sociedad. Pero, sobre todo, ha de tener identidad y propuestas propias.
Cree que el asambleísmo puro en las relaciones laborales genera frustraciones y anarquía

Para Lucena algunos esfuerzos en momentos de ascenso ymovilizaciones, como en 1958-1959, y luego en el año 1980, permitieron al menos abrir un debate desde las bases que reconocieron la importancia de superar el modelo sindical dominante, como es de empresa.

De paso, este es elmodelo que ha promovido el neoliberalismo, ya que es más frágil y de menor
capacidad de acción. Es importante un alerta, ya que un aglutinamiento sindical impuesto, como una concesión estatal, puede resultar tan perverso como la misma fragmentación de hoy. Este es un fenómeno
que ha de nacer del propio movimiento.

-¿Considera la instauracióndel control obrero como un cambio necesario? Cuál es el
rol de estos contralores, dentro de las empresas?

Distinguir entre una conquista laboral alcanzada a partir de las acciones del movimiento de los trabajadores y una concesión recibida de los otros actores laborales, sean las Empresas o el Estado, es un problema
fundamental.

Las primeras son la resultante de un proceso genuino de acciones que implican en primer lugar la comprensión de lameta o asunto a alcanzar. En cambio las segundas –las concesiones-, de entrada
plantean interrogantes básicas ¿que hay detrás de esto? Este preámbulo es clave para las preguntas formuladas.

Esfuerzo propio “Se impone un análisis detenido para entender el mundo sindical” Cuando se le entregan concesiones al movimiento de los trabajadores, sea desde el Estado o desde el Patronato, que no responden
a un esfuerzo propio del movimiento de los trabajadores, se impone un análisis detenido; hay la necesidad de entender el propósito que persiguen.

Tambiénhayquetener presente, que hay heterogeneidad en el desarrollo de los diversos sectores
laborales, lo que en un sector puede ser una conquista, un avance, en otro puede no serlo.

Por ejemplo, con la implantación de los Directores Laborales en 1966 en el fondo se observaba
que tendía al fomento del burocratismo y de premio a las lealtades a las cúpulas sindicales y políticas
partidistas, ya que en una primera etapa eran escogidos por el dedo burocrático de la partidocracia,
y no por las bases laborales. De todos modos, una concesión puede ser transformada y puesta al servicio del movimiento de los trabajadores.

Como ocurrió posteriormente, cuando se reivindicó que los Directores Laborales fueran electos
democráticamente por la fuerza laboral de la institución en donde ejercerían sus funciones.

-¿Cómo encaja ahí la propuesta del control obrero?

Es conveniente un análisis de la muy breve experiencia del control obrero, propuesta apenas a mediados
del pasado año, pero así como se promovieron experiencias identificadas como Cogestión, Autogestión y Cooperativización en varias empresas públicas, luego se dejaron de lado y se pasa a otros esquemas productivos y organizacionales, sin detenerse aun mínimo esfuerzo de evaluación.
¿Quiénes en los niveles más elevados son responsables de haberlas promovido y bajo cuáles supuestos?
Que se le diga aquienes se sumaron o fueron adheridos, u obligados, y a la sociedad en general,al fin se trata de bienes públicos, porque estas experiencias no fueron continuadas, fracasaron. ¿Qué dejaron de bueno, cuánto se ha perdido en recursos humanos, financieros tiempo, y frustraciones. ¿Qué es lo que debe hacerse
para no repetir errores?

No debería hablarse de control obrero sin un mínimo de control social. Cierto que existen instituciones como la Contraloría General de la República, pero parece que este ámbito no existe para ella. Por otro lado, instituciones como las organizaciones comunales, tienen prioridades en la vida de la comunidad misma,
en sus carencias y problemas. No están dotados de los elementos para incursionar en algún tipo de control
en los ámbitos productivos y en los problemas propios de éstos.

-¿En Venezuela ha habido un esfuerzo de fragmentación?

En cuanto a las posturas sindicales, hay que tener presente que una de las características de la política
laboral en los últimos años, ha sido la puesta en práctica de mecanismos que fragmentan a los colectivos laborales.

El surgimiento de nuevas propuestas de representación, que hacen vida en los mismos espacios
productivos en donde desde décadas existen los sindicatos, indudablemente crea y fomenta problemas como roces institucionales.

No es descartable que a la larga sindicatos y las nuevas formas de representación logren una suerte
de refuerzos mutuos, pero la interferencia de elementos externos a ambos, no lo hace fácil.

La autonomía de las organizaciones sindicales, siempre está en riesgo; sea por aspiraciones patronales de restarle influencia entre los trabajadores, o por aspiraciones gubernamentales de ponerlas
acríticamente al servicio de su proyecto.

Por supuesto, hay espacio para que las organizaciones sindicales a partir de sus propios proyectos
coincidan y apoyen propuestas políticas, que se promueven desde el Estado.

Pero se trata de un sindicalismo que acompañe el accionar reivindicativo con la acción socio política.
Estodemandaestudios y debates. No es espontáneo que la formación socio política florezca. No
es lo dominante en nuestro caso. Sin embargo,hay algunos momentos y experiencias que son rescatables
en ese sentido.

Siempre nacen “Los sindicatos siempre tendrán un papel que jugar”

-¿Dirigentes sindicales afirman que el surgimiento de nuevas organizaciones podría
contribuir a la desaparición de los sindicatos?

Los sindicatos cíclicamente han tenido sus bajas y altas, pero persisten a lo largo del tiempo, es
igual que las empresas, no desaparecen siempre existirán. Pueden desaparecer unas, pero nacen
otras. Así pasa con los sindicatos.

Por otro lado,en cuanto a los ciclos políticos también se observan declinación y auges.

En la etapa de gobiernos autoritarios del Cono Sur, los sindicatos no podían operar plenamente
en los espacios restringidos existentes, pero luego en el renacer democrático, al cual los sindicatos
contribuyeron decisivamente, ahora se han revitalizado, y juegan un papel determinante en
la construcción institucional democrática. En Mercosur son actores que hacen sentir sus posiciones y aspiraciones.

¿Qué sucede cuando surgen organizaciones sindicales paralelas? ¿Qué mejoras traen consigo estas organizaciones paralelas?

Al sindicalismo se le señala críticamente su falta de unidad y dispersión. Conviene mirar hacia atrás para entenderlo.

La estructura sindical con la cual nació el movimiento sindical venezolano, la establecida en la Ley del Trabajo de 1936, impuso un modelo que fragmentaba y atomizaba a los sindicatos. Se puede señalar que fue una concesión, pero con el costo enorme de sus consecuencias. También el procedimiento establecido para la constitución y registro de un sindicato fue altamente intervencionista, dándole al gobierno suprapoderes en la concesión del registro. Dos plomos en las alas de un incipiente movimiento.

Con el devenir del tiempo estas dos negativas características se consolidaron, y se acompañaron de otros fenómenos, destacándose la partidización subordinadora del movimiento; y con ello la subordinación a los estamentos que estén en un momento dado controlando el Gobierno. Es verdad que el movimiento sindical no puede estar ajeno a las construcciones y proposiciones, de los modelos de desarrollos políticos y económicos hacia donde ha de dirigirse la sociedad. Pero ha de tener identidad y propuestas propias.

El tema de la estructura en los setenta y cinco años que van de 1936 al presente, no ha sido posible dar el salto a una estructura sindical de ramas productivas. Algunos esfuerzos en momentos de ascenso y movilizaciones, como en 1958-59, y luego en el año 1980, permitieron al menos abrir un debate desde las bases que reconocieron la importancia de superar el modelo sindical dominante, como es de empresa. De paso, este es el modelo que ha promovido el neoliberalismo, ya que es más frágil y de menor capacidad de acción. Es importante un alerta, ya que un aglutinamiento sindical impuesto, como una concesión estatal, puede resultar tan perverso como la misma fragmentación de hoy. Este es un fenómeno que ha de nacer del propio movimiento.

Importancia de los sindicatos para las empresas

La importancia de los sindicatos es en primer término para sus afiliados, es decir los trabajadores, y por extensión a sus familiares. Luego se podrá considerar la importancia para la empresa y la sociedad en general.

Para la empresa, en tanto sea de pequeño tamaño la importancia del sindicato no es notable. Además una pequeña unidad productiva, permite al dueño tener una relación personal “cara a cara” con cada uno de los trabajadores. En cambio, en la medida que sea una organización que agrupe a varias decenas de personas, a cientos y a miles, la representación de los trabajadores por una organización propia y auténtica de ellos, se constituye en un factor que facilita el intercambio y la convivencia

La efectividad del papel de los sindicatos para sus representados, está en concordancia con el nivel de participación democrática que esta organización practique. Como toda organización colectiva, corre el riesgo de que su conducción sea influida por intereses diferentes a los de sus afiliados, como pueden aquellos que confunden los intereses del patrono con los del sindicato y de sus afiliados. Ciertamente hay solapamiento en el interés de mantener la fuente de trabajo estable y económicamente saludable, de ello depende el interés del empresario en recibir rentas y capitalizar su negocio, y para los trabajadores contar estabilidad en el empleo, percibir una remuneración y mejorar sus reivindicaciones para elevar su calidad de vida. Pero lo anterior no significa que no existan intereses contradictorios. Los hay y no son menores.

El precio de la fuerza de trabajo es uno de ellos. La aspiración empresarial en controlar los costos, es otro tema de controversia; ya que quién dirige tiene la tentación de reducirlos más por lo que tiene que ver con los trabajadores, que aquello que tiene que ver con los propietarios. La organización sindical democrática y participativa, que sea genuinamente representante de la fuerza de trabajo es la reserva y defensa primaria con que cuentan los trabajadores. Un partido político puede ser un aliado importante, pero no hay que perder de vista que sus intereses son más diversos, pueden discrepar con los de los trabajadores.

SALARIOS MINIMOS E INVOLUCION INSTITUCIONAL

La manera como se ha venido determinando el salario mínimo y las políticas de remuneraciones en el funcionamiento laboral venezolano, muestran signos de retroceso institucional.

En Venezuela no existió un salario mínimo legal nacional sino hasta 1975. Por supuesto que con la estabilidad en los precios que caracterizó a la economía venezolana de las décadas precedentes, no se demandaba esta institución. La economía petrolera que se hace dominante en los años veinte, brindó una moneda fuerte y una estabilidad económica que desde entonces hasta mediados de los años setenta fuimos la economía más estable de América Latina. A lo sumo en algunos convenios colectivos se incorporó el salario mínimo.

El que se estableciera el salario mínimo por decreto presidencial, como ocurrió en su inicio -1975-, se interpretó como un avance, ya que en este año por primera vez se alcanzo una inflación de dos dígitos, un 11%. Cabe destacar que la media de los salarios equivalía a una y media más que el salario mínimo. Es decir lo superaba en un 150% por ciento. Muy diferente a la actual situación donde el salario mínimo y la media de los salarios reales no es muy diferente, y que un 60% por ciento de la población trabajadora devenga el mínimo.

En los años sucesivos el salario mínimo se hace parte de la agenda laboral nacional. Ya no regresamos más a la inflación de un dígito. Se destaca que el salario mínimo no se revisaba anualmente, quedaba un tanto a la voluntad y sensibilidad del Poder Ejecutivo, ya que los sectores de trabajadores más organizados que podían ejercer mayores presiones, negociaban sus salarios mínimos en los convenios colectivos, y estaban sustancialmente por encima del mínimo nacional.

A mediados de los años ochenta, rasgos neocorporativos en el comportamiento laboral venezolano fueron dando lugar a negociaciones con participación sindical y empresarial en la definición del salario mínimo. En una primera instancia los actores laborales, concretamente CTV y Fedecamaras, negociaban y luego presentaban sus acuerdos al Poder Ejecutivo. Problemas de representatividad ya se advertían muy especialmente en el lado de los trabajadores. Especialmente porque el modelo organizacional sindical predominante en nuestro país, era el de empresas, y por tanto privilegió y facilitó la organización de los trabajadores en aquellas de gran y mediano tamaño, dejando de lado sin organización a los de las pequeñas y a una gran cantidad de microempresas y trabajadores independientes, donde se congregaba la mayor cantidad de la población trabajadora.

Evidencia de lo indicado en el párrafo anterior, se deja ver que al ocurrir los acontecimientos del 27 y 28 de Febrero de 1989 (“caracazo” o “sacudón”), se estaba justamente negociando el salario mínimo, con las tradicionales tácticas de pedir mucho de un lado y ofrecer poco del otro, todo con poco sustento técnico, simplemente una relación de fuerza e influencias, pero ante el desarrollo de los acontecimientos callejeros, que se seguían minuto a minuto por la televisión, rápidamente uno de los voceros de estas negociaciones, Cesar Olarte, para entonces Secretario General de la CTV, anunció que habían llegado a un acuerdo, de llevar el salario mínimo a nueve bolívares diarios.

Con la entrada en vigencia de la nueva Ley Orgánica del Trabajo -1990-, se incorporan formalmente los mecanismos de negociación tripartita y las consultas a órganos especializados como el BCV y el Consejo de Economía Nacional, en la determinación preliminar del salario mínimo, y su presentación al Poder Ejecutivo. Realmente este mecanismo fue un avance en la definición del salario mínimo y el funcionamiento laboral. Cuestionamientos a los órganos que ejercían la representación del trabajo y del capital, significaba un problema más bien de las fuerzas que en su seno se imponían o se subordinaban.

Paso siguiente, el Poder Ejecutivo recibía el resultado de las negociaciones, en las cuales también expresaba sus posiciones, luego era portador de su presentación ante la instancia parlamentaria. Aquí lo analizaban y el Congreso tenía la potestad de rechazar, regresarlo o modificar. Toda esta arquitectura institucional es de creación colectiva, nadie tiene los elementos para atribuirse el patrimonio de su construcción.

Mientras tanto las negociaciones colectivas seguían atendiendo a los sectores más organizados del mundo de la producción y de los servicios públicos, y con ello los diferenciales salariales se mantenían, ya que se revisaban los salarios por encima del mínimo.

Viendo el modus operandi en las definiciones salariales de los últimos años, ha habido una involución. Por un lado el salario mínimo refiere a un elevado porcentaje de la población laboral, cuando más bien ha de ser un monto para el ingreso al trabajo y sólo para categorías sin experiencia ni mayor calificación; en segundo lugar, se observa un achatamiento de las escalas salariales, por el rezago y los obstáculos impuestos al desarrollo de las negociaciones colectivas; y finalmente porque se ha sustituido el dialogo y la participación de los actores laborales por la hegemonía presidencial, que además impone su criterio a los otros poderes .

ADMINISTRACION DEL TRABAJO: DE LA CIVILIDAD A LA MILITARIZACION

Las áreas de acción civil y las de acción militar han venido confundiéndose. Algunas áreas son claramente del campo civil así como otras igualmente lo son del campo militar. Aunque luce conveniente el intercambio entre el mundo de lo civil y el mundo de lo militar para la colaboración y el mejor desarrollo de la vida de una nación, asegurándose que no se restrinjan ni amenacen los derechos de los ciudadanos.

Entendiendo lo anterior, es llamativo como se viene desarrollando una tendencia a la militarización de esta área de la civilidad, como es la Administración del Trabajo. Hay que aclarar que este texto no tiene como propósito el tema de la puesta bajo gobierno o gerencia militar de una gran cantidad de instituciones productivas y de servicios cuyos objetivos son eminentemente civiles, como es manejar entes para producir o distribuir alimentos, de viviendas, salud, educación, tributarios, petróleo, papel, entre otros. Igualmente no analizamos el caso de las políticas antisindicales que se observan en las llamadas empresas militares, que cuentan con una numerosa fuerza de trabajo civil sujeta de la legislación laboral, como es el caso de Cavim. No son de menor importancia estos asuntos, pero su tratamiento requiere un análisis aparte.

La inquietud anterior viene a propósito del funcionamiento de un área prototipo de la civilidad, como es la Administración del Trabajo. Que como se sabe, comprenden las políticas, instituciones y procedimientos que atienden las relaciones entre capital y trabajo a los fines de la convivencia en el ámbito productivo, resguardando los derechos y obligaciones de las partes involucradas. Es una temática cuyos principales instrumentos de acción descansan fundamentalmente en el dialogo y las negociaciones. La controversia, las posiciones opuestas, el ejercicio de mecanismos la presión de una parte sobre la otra, son los comportamientos a los cuales ha de enfrentarse la Administración del Trabajo, por ello herramientas como la inspección, mediación, la conciliación y el arbitraje son puestas en ejercicio para lograr sus fines.

La intervención de la Administración del Trabajo incluye como asuntos relevantes, el tema de los conflictos. Uno se pregunta ¿Con cuales herramientas e instrumentos específicos, dispone el ámbito militar para aportar a estas situaciones de la controversia laboral? El hecho de que la nación le ha otorgado el monopolio de las armas de la República y de los poderes para las situaciones de emergencia más extrema, más bien se contraponen para el ejercicio de la búsqueda de soluciones en donde armas y este tipo de fuerza, estarían demás. Se entiende que los trabajadores y los patronos hacen uso de sus mecanismos de fuerza para imponer o defender sus posiciones, pero ellas están enmarcadas en procedimientos para los cuales la Administración del Trabajo ha de intervenir.

Cabe plantearse si la Administración del Trabajo ha permitido la militarización de las actividades que son de su ámbito, ¿o es que desde el ámbito militar hay una estrategia para minimizar al Ministerio que se ocupa del Trabajo? Llevar los conflictos laborales y los procesos que tienen que ver con la Administración del Trabajo a ser objeto de convocatoria, conducción y gestión, en los espacios militares y bajo la temida mirada vigilante de oficiales de la Fuerza Armada, es inédito en las Relaciones de Trabajo. Lo llamativo del asunto es que dirigentes sindicales oficialistas empiezan a admitir con normalidad este fenómeno, aunque también es destacable que otros la condenan por razones de principio.

Elecciones en ámbitos estadales de alguna manera se interponen en el problema que analizamos, y en aquellos estados con una nutrida población laboral industrial – casos de Carabobo y Aragua, por ejemplo-, se hace visible que el afán electoral juegue a practicar una Administración del Trabajo Militarizada, que no tiene sustento en la institucionalidad de las Relaciones de Trabajo.

La nación espera y confía de su Fuerza Armada el resguardo y la atención de sus fronteras, mares y cielos, brindar la seguridad para la vida productiva y social. Se sabe que temas como la vida cotidiana en las comunidades urbanas y rurales, calles y carreteras venezolanas se han tornado espacios que parecen estar en estado de guerra, como elocuentemente lo demuestran los registros de victimización a las personas y a los bienes. Se espera que quienes cuentan con el monopolio de las armas y de la fuerza, la pongan en práctica ahí, de esa manera los ciudadanos reforzaran sus lazos y afectos con los hombres y mujeres de las armas legítimas, que con el esfuerzo de todos financia la República.

PROTESTAS LABORALES EXTREMAS

Los conflictos laborales tienen como propósitos lograr determinadas reivindicaciones o preservar derechos o conquistas del interés del colectivo laboral. Vinculación con aspectos políticos, por supuesto existe. Las clasificaciones clásicas establecen que estos pueden ser de naturaleza económica o de intereses por un lado y de naturaleza jurídica o de interpretación por el otro. Aunque usualmente hay un solapamiento de una y otra dimensión, lo importante es apreciar que es lo relevante en la motivación que lleva a las acciones de protestas o reclamo. El predominio de una u otra dimensión es importante porque ello influye en la determinación de los mecanismos institucionales para su tratamiento. Como se sabe existen instituciones y mecanismos para abordar los conflictos, desde lo más inmediato como es al interior de las propias organizaciones productivas y sus actores colectivos, hasta lo más elevado como es llegar a la misma Presidencia de la República, pasando por las instituciones de la Administración del Trabajo y de la Justicia Laboral.

El proceso anterior ha venido perdiendo su capacidad orientadora en la clasificación y determinación de las instancias que han de atender los conflictos laborales. Se plantean algunas propuestas explicativas. En primer lugar la creciente situación de conflictividad general que se observa en la sociedad venezolana. En otros momentos se ha destacado como han venido creciendo consistentemente las diversas manifestaciones de conflictos, y como en esas estadísticas las motivaciones relacionadas con el trabajo se ubican recientemente como la primera causa de conflictos. En el lapso Enero-Marzo del presente año 2011, se registran 553 protestas, más del 40% de ellas son laborales –Provea-. El Ministerio del ramo se dejó quitar la iniciativa, ya que hace muchos años dejo de informar sobre conflictos colectivos.

Lo segundo es que estas manifestaciones de conflictos se han salido de los espacios tradicionales para su abordaje y resolución, como son los mecanismos de Relaciones de Trabajo o Relaciones Laborales. Cabe referenciar la experiencia Argentina -el “argentinazo” dic 2001-, la conflictividad social alcanzó sus niveles más altos; pero en la medida que se fue restableciendo y consolidando una política laboral incluyente y dialogante, ocurrió una evolución llamada “de la protesta social a la protesta laboral”. Evidenciando un notable avance, ya que esta última brindaba a las involucradas oportunidades de oírse, negociar y acordar. En tanto la protesta social se caracterizó por el desconocimiento de las instituciones y mecanismos para abordar y buscar soluciones.

En lo tercero se plantea preguntarse porque ocurre lo anterior, ¿Por qué no se mantiene el conflicto y su solución en los límites de los mecanismos de Relaciones de Trabajo? Inevitablemente hay que señalar que estos mecanismos han venido perdiendo capacidad de resolución y efectividad. Aquí es determinante el tema de la violación de los acuerdos colectivos. Se ha perdido el valor del compromiso, de la palabra, de la firma.

Una cuarta propuesta explicativa, es que la protesta laboral se ha tornado en una actividad riesgosa. Se tienen cientos de casos de personas criminalizadas por participar en protestas laborales. En mucho de los casos, no se trataba de una protesta por aspirar nuevas conquistas sino el cumplimiento de lo pactado. En cuanto a la protesta social en su conjunto, se registran dos mil quinientas personas criminalizadas.

Un capítulo específico en el carácter riesgoso de la actividades sindicales, se grafica en los cientos de dirigentes sindicales exterminados por vía de sicariato, sin que se responda desde el Estado por esta situación. Ahí están las interrogantes por ser respondidas: ¿Quiénes son los exterminadores? ¿Por qué la inercia estatal en el emprendimiento de investigaciones?

En este contexto, nos encontramos con las huelgas extremas, aquí se incluyen las huelgas de hambre y las “huelgas de sangre”. Protestas en donde el huelguista se expone a riesgos en el momento y en su futuro. En este mes de Abril, 90 personas, en diversas manifestaciones están en huelga de hambre. Compárese con que en el 2009 fueron 85 y el año pasado 98. Han involucrado a trabajadores petroleros, cementeros, universitarios y de la salud.

El segundo tipo de protesta, -“huelgas de sangre”- proviene de los ambientes carcelarios, que en nuestro país son sitios de depósitos de personas - E Gómez Grillo- , en donde lo extremo y lo insólito ocurren como en ningún otro ambiente humano.

Un contrato colectivo vencido en el 2002, unos salarios de apenas 1.2 salarios mínimos para profesionales de la enfermería con niveles de Técnico Superior Universitario y Licenciaturas, el no reconocimiento de la antigüedad y la experiencia para diferenciales salariales, más la falta de diálogo y un trato despótico desde las esferas de poder, abonan para que sus protestas hayan llegado a niveles extremos.

11 de Abril de 2002: costos históricos para el movimiento de los trabajadores

Un nuevo aniversario de los acontecimientos del 11 de Abril de 2002 obligan a seguir reflexionándolo. Es una tarea que gradualmente vienen emprendiendo varios autores; sea para justificar o para condenar lo ocurrido. La polarización en este tema alcanza sus niveles más elevados. Sigue pendiente abordar los hechos con el concurso de una comisión de la verdad, cuya composición no sea dominada por ninguna de los dos polos. Mientras tanto, la historia la cuenta con más capacidad divulgadora quién gobierna y aún más si es el ganador de la contienda. Quedan por supuesto, eslabones perdidos e interrogantes no respondidas.

Para el movimiento de los trabajadores este hecho histórico les fue adverso, ya que se comprometió con las acciones de protesta que culminaron con la más gigantesca marcha que haya ocurrido en la historia del país. Hasta el desarrollo de las multitudinarias marchas, se puede reconocer que estar a la cabeza de estas manifestaciones era el camino. Lo crítico y controversial de la situación fueron los acontecimientos que se movían en los entretelones, como ese de que súbitamente se anunciara como Presidente de la República al máximo líder gremial empresarial. Esto de por sí representó una derrota para el liderazgo laboral comprometido con las protestas. Después de ello cuesta que la CTV levante cabeza. Lo lamentable del asunto es que no haya hasta ahora quién ocupe su lugar.

Sin duda que se han hecho intentos para ocupar ese lugar dejado por la CTV. Pero no se logran los resultados propios, que permitan que los trabajadores cuenten con una central que tenga audiencia nacional, que sea oída por los otros poderes políticos, sociales y económicos, y que en alguna medida exprese los intereses de los trabajadores. No hay que dejar de destacar que los mismos intereses de los trabajadores no son homogéneos, como tampoco son los del empresariado. La diversidad es inevitable en ambientes democráticos. Lo que importa al final, es una central que sea interlocutora en los temas macros, ante las otras fuentes de poder actuantes en la sociedad. Y que en paralelo, las organizaciones sectoriales y regionales existan y funcionen para estos niveles de acción, y que las organizaciones de bases no sean ahogadas por el peso y burocratismo de las organizaciones centrales nacionales.

Al inicio del gobierno bolivariano se encontró con un liderazgo en el movimiento de los trabajadores que cargaba en su contra, su ausencia en hechos que aceleraron la búsqueda de opciones políticas inéditas o innovadoras en los caminos electorales. La ocurrencia del “caracazo” o “sacudón” –febrero 1989-; luego los dos intentos de golpes de estado de 1992 –febrero y noviembre-, finalmente la destitución del Carlos Andrés Pérez de la Presidencia de la República en 1993 por hechos de corrupción, dejaron al liderazgo político tradicional y en su seno al de un movimiento sindical subordinado a los partidos, en situación delicada.
Apenas se recuperaba el movimiento sindical, por dos hechos interesantes. En primer lugar en el sector petrolero por las negociaciones del convenio colectivo en septiembre de 2000, al producirse huelga petrolera que derrota las pretensiones del gobierno de imponer un contrato colectivo unilateralmente, desconociendo a las organizaciones sindicales más representativas – Fedepetrol y Fetrahidrocarburos- y favoreciendo la constitución de nuevos actores sindicales, aspirando con ello el desplazamiento de las centrales anteriores. Lo segundo es el resultado tanto del referéndum sindical – diciembre de 2000-, no obstante promovido por el gobierno tuvo tan solamente una participación electoral de 22%, lo que trajo para el año siguiente las elecciones sindicales nacionales, cuyos resultados los ganaron las fuerzas tradicionales en alianza con nuevos sectores que ya empezaban a separarse del bloque gubernamental.

Este incipiente proceso de recuperación, hace más lamentable el papel jugado por el liderazgo del movimiento sindical cetevista en los sucesos de abril del 2002, porque de esa manera se abortó una recuperación que venía dando muestras consistentes de reconstrucción, luego de un tsunami de acontecimientos adversos.

Resultado de lo anterior, aún hoy domina en el discurso y comportamiento de buena parte de quienes se identifican con el gobierno de calificar de derechista, ultraderechista, golpista, fascista, y cuanto epíteto tenga cargas similares, a todo aquel dirigente que apele a los valores propios de un movimiento de los trabajadores autónomo y democrático. Hay dogmatismo en las valoraciones. Se simplifica por supuesto la realidad histórica, claro en tanto no se haya estudiado con mayor detenimiento, profundidad y que se pongan a un lado tanto prejuicio.

REMUNERACIONES: RESPETO ESTATAL Y AUTONOMIA DE ACTORES

Continuamos sobre la política de remuneraciones. En esta ocasión se trata de destacar que una economía inflacionaria requiere una revisión de los ingresos, con una frecuencia que al menos mantenga el poder adquisitivo de los trabajadores; lo que lamentablemente no viene ocurriendo en el país. Se producen estancamientos que sólo son alterados por la revisión del salario mínimo, y que en cierta medida empuja hacia arriba los salarios cercanos al mínimo. Pero todos aquellos que están al menos un 50% por encima tienden a quedar iguales. De aquí que cada vez se tiene a una mayor cantidad de trabajadores ganando el mínimo.

Se plantea la necesidad de la revisión de todas las escalas al menos una vez al año, y que los compromisos adquiridos se vayan aplicando a lo largo de esos doce meses. Es lo que ocurre usualmente en las grandes empresas con un normal funcionamiento de sus políticas de remuneraciones.

A modo ilustrativo veamos el caso argentino, de paso es el único país de América Latina que también plantea un panorama inflacionario para este año al señalarse una expectativa de un 25%, algo menos del caso venezolano. Ya sabemos que el resto de los países de la región tienen expectativas inflacionarias de un sólo digito.

Pues bien, en Argentina hay un estimulo abierto y genuino al desarrollo de las relaciones colectivas de trabajo. Como se sabe la crisis del 2002, luego del “argentinazo”, que derivó inmediatamente en una devaluación de 200%, al pasar de la paridad un dólar igual a un peso, y en enero de ese año se pasó de un dólar igual a tres pesos. Y que casi una década más tarde la paridad solo se ha movido a una relación un dólar igual a cuatro pesos, un 33% más.

En nuestro caso la paridad en enero de 1999, un dólar nos costaba Bs 570 (sin control de cambios). Doce años más tarde nos cuesta siete y media veces más, pero con control de cambios, y fuera de éste hablaríamos de quince veces más.

En este escenario económico y laboral referencial, véase la política de remuneraciones basada en las relaciones colectivas de trabajo. Los más importantes sectores productivos negocian anualmente sus convenios, y ellos dan la pauta para los sectores más pequeños y para el conjunto de las remuneraciones, además sirve para controlar las expectativas. En ese orden se acaba de cerrar la negociación de los camioneros.

El Sindicato de Choferes de Camiones, las Cámaras empresariales y Gobierno, anunciaron luego de veinte días de negociaciones, el acuerdo salarial de 24% para todos los trabajadores del sector. Pagándose 12% en julio, 6% noviembre y 6% marzo del 2012. Beneficia a 180 mil trabajadores y es una referencia para el resto del sector privado. Además del aumento de remuneraciones en un 24%, otros beneficios contractuales llevan el incremento del ingreso a un 30%. Resultado, el salario mensual de un chofer que recorre la ciudad de Buenos Aires superara los 7500 pesos al termino del convenio (El País, Pag /12, 31-3-11). Si lo convertimos a dólares sería $ 1.750 (1 $ Usa = 4 pesos). Para los que han viajado a Argentina, saben que el costo de vida en ese país es menor que en Venezuela. La calidad de vida de sus trabajadores la envidiamos.

Esta experiencia laboral argentina está sustentada en elementos políticos y económicos fundamentales. Primero una política estatal que fomenta las relaciones colectivas de trabajo, que respeta al movimiento sindical y empresarial, que no perturbe su autonomía para que aborden y acuerden estos temas; y que el Estado sea garante del cumplimiento de los mismos. Segundo unas organizaciones gremiales tanto de trabajadores como de empresarios, que se sustenten en la unidad y tengan el músculo para comprometer a sus colectivos representados. Estas asignaturas están pendientes en nuestros escenarios.

Hay un largo camino que recorrer para que el liderazgo de los trabajadores no se confunda con los roles de Estado y de los patronos, especialmente cuando el patrono es estatal; lo que no es un asunto menor, en un país que cuenta con un 20% de la población formal trabajándole al Estado. Una muestra de este problema se observa a propósito de protesta de trabajadores en funciones de inspección de Sidor, que dado un aumento de remuneraciones por la aplicación de tabulador fueron ignorados. Ante lo cual, el máximo directivo de su sindicato responde a entrevista periodística “¿Cómo le vamos a dar un aumento si a ellos ya se les dio en el 2008?” (Correo d Caroní, 30-3-11).

Remuneraciones: Revisión y Justicia

Una política de remuneraciones es urgente para los trabajadores venezolanos. La continuada inflación en porcentajes de alrededor un 30%, la más alta del continente, no guarda correspondencia con los modestos o ningún incremento salarial que perciben anualmente los trabajadores. Compárese con Chile, Perú y Colombia, cuyas expectativas inflacionarias son para el 2011 de 3.5%. Por su parte Ecuador 4%, Brasil 5.8, Bolivia y Uruguay 7%. A pesar de ello, en cada uno de estos países se aplican políticas de remuneraciones que protegen el poder adquisitivo de los trabajadores.

Con los niveles inflacionarios que tenemos, hace falta una política salarial que revise y ajuste máximo cada seis meses la situación de ingresos de la población trabajadora. No sólo el ajuste anual de los salarios mínimos, sino de las estructuras completas. Por supuesto que el problema de ingresos de la población, es parte de un esquema que tiene que ver con revisiones y ajustes de precios de bienes y servicios, producción, empleos, inversiones, tasa cambiaria, tasa de interés, impuestos y gastos sociales. El gobierno ha asumido de manera centralizada y monopólica todos estos asuntos, restándole autonomía al Banco Central, y dejando a un lado a los actores sociales y laborales, a las instituciones académicas, y por tanto carga bajo su responsabilidad de los resultados que esta política viene generando.

Interesante destacar que en la prensa nacional la empresa transnacional Heinz publicó aviso (El Nacional, sábado 19-3-11, pag B3), informando la oferta que hacía al sindicato en el proceso de negociaciones colectivas que vienen adelantando, luego del vencimiento del convenio colectivo el pasado junio 2010. Lo llamativo de la información es la oferta empresarial de elevar los ingresos mensuales en un porcentaje de 127%, en un esquema de rotación de los tres turnos más los beneficios que se pagan regularmente y ya negociados. Esto lleva los niveles de ingresos mensuales de Bs 6.812 para los niveles de menores ingresos, y de Bs 7.308 a los obreros de la mayor categoría.

Hay que destacar que esta oferta empresarial, viene precedida de una huelga de cuatro semanas, y que si bien la reanudación de las actividades laborales, ocurrió aún sin la conclusión de las negociaciones, las autoridades pidieron a las partes llegar a un acuerdo. Importante destacar que se trata de una empresa productora de alimentos que en algunos de sus productos es líder nacional, por lo que el conflicto despertó desde temprano el interés gubernamental y de la ciudadanía.

Si este comportamiento gubernamental observado en las relaciones de trabajo del sector privado, y especialmente si son empresas transnacionales, fuera similar en los procesos de negociación salarial del sector público tendríamos un interesante resultado en materia de ingresos para los trabajadores.

En la perspectiva de una política de remuneraciones se evidencia que las negociaciones colectivas son un instrumento válido para dar solución en esta área. Por ello es oportuno llamar la atención el continuado deterioro y estancamiento experimentado por este mecanismo de las Relaciones de Trabajo. Entre 1976 y 1995, no hubo un año con menos de un mil convenios colectivos negociados y firmados, en cambio de 1999 en adelante, la firma y entrada en vigencia de convenios colectivos ha sido un proceso traumático y con resultados limitados, a tal punto que en el último año dado a conocer, el 2009, apenas se firmaron 360 convenios colectivos – Memoria del MPPTSS-. De paso, destacamos la opacidad y rezago de este despacho en proveer datos sobre esta materia.

En el sector público la norma es el atraso de la firma de los convenios colectivos, se nota que hay oposición gubernamental al compromiso con los trabajadores. La modesta cantidad de convenios negociados firmados que se observa en las estadísticas oficiales, se alimentan en una alta proporción de las relaciones de trabajo en el sector privado.

Finalmente, se observa en la remuneración de los factores entre capital y trabajo, resulta que ha favorecido al primero. En 1985 esta distribución era entre 38% al Trabajo y 62% al Capital. En el 2008, esta distribución fue del 31% al Trabajo y 69% al Capital, según lo vemos en la página web de Cepal, con datos provenientes de fuentes oficiales venezolanas. Para los trabajadores, y el Trabajo en general, no se ven los avances ni resultados. El déficit con ellos o la deuda social como se oye mencionar, sigue incrementándose, muy a pesar de los fabulosos ingresos que recibe el Estado venezolano por sus exportaciones petroleras.

Deuda Pública y Consecuencias Laborales

Endeudarse es conveniente para ampliar la capacidad productiva y la inversión que se realice permite pagar la deuda. Además el endeudamiento con un acreedor que te apoye tecnológicamente y facilite el mejoramiento productivo que luego permitirá pagar la deuda, es una ventaja para deudor y acreedor. Vale recordar que los países no tienen amigos, sino intereses. Famosa frase de Winston Churchill.

Endeudarse para gasto corriente, como nóminas y gastos de funcionamiento operacional, es un riesgo para deudor y acreedor. El primero porque no está mejorando la capacidad productiva; el segundo porque corre el riesgo de tener dificultades para cobrar. Hay las opciones de renegociaciones y reestructuraciones de deudas que plantean dos caminos, que el acreedor pierda algo de lo que pretendía cobrar, o que el país deudor se vea obligado a ajustes que lesionen a su propia sociedad.

En la segunda mitad de la década de los setenta, Venezuela experimentó un notable crecimiento del endeudamiento, al multiplicarse su deuda externa por cinco veces en el lapso de cinco años. No pasaron muchos años para que las consecuencias se hicieran sentir, como fue el viernes negro de 1983. Ahí empezó la devaluación de nuestro signo monetario. Pasamos del 4.30 de antes, a Bs 6 por dólar. La historia no ha terminado, ahora se tienen devaluaciones anuales. Contrasta con varios países latinoamericanos (Colombia, entre ellos), que han venido revaluando sus monedas frente al dólar. La deuda externa trajo consigo un extenso debate, ya que las consecuencias al final son pagadas por la población, lo que quiere decir en primer lugar los trabajadores.

Para encarar las consecuencias del pago de la deuda externa, los países experimentaron procesos de ajustes, en donde más se castigaba a los sectores populares. En algunos casos, programas de ajustes impuestos por los organismos multilaterales como el FMI o el Banco Mundial, pero también auto impuestos por las propias consideraciones de factores locales. Se congelaron remuneraciones, convenios colectivos y otras conquistas reivindicativas; además se perdieron empleos y capacidad productiva. Por ello la década del ochenta, fue llamada desde la perspectiva del progreso y avance socio económico como la década perdida.

Ubicándonos en los últimos años, tenemos que la deuda externa venezolana ha vuelto a colocarse en niveles que nos recuerdan lo señalado anteriormente. Por supuesto que ahora no es el FMI o el BM, quienes influyen en demandar y presionar estas exigencias para recuperar el dinero de la banca internacional. Ahora al margen de estos organismos multilaterales se imponen programas de ajustes subrepticios, al congelar conquistas laborales, vía salarios y convenios colectivos, así como congelar presupuestos de servicios fundamentales en educación, salud, seguridad, mantenimiento de infraestructura. La calidad de vida del venezolano se deteriora.

¿Quienes son los acreedores? Entre los más importantes son los propios trabajadores, especialmente los del sector público, con quienes se viene acumulado un importante monto de pasivos laborales, de beneficios no pagados, de congelamiento de salarios y de convenios colectivos. Pero también los trabajadores del sector privado son acreedores con quienes las políticas públicas acumulan deudas al no dar repuestas en compromisos legislativos constitucionales, destacándose en materia de seguridad social.

Entre los acreedores que tiene la República destacan igualmente las empresas a quienes se les expropiaron sus propiedades, aquí hay que distinguir en dos grandes categorías. Por un lado las extranjeras, a quienes en un porcentaje importante se les ha venido pagando, y por otro las de propiedad de nacionales, con quienes los procesos de pagos son más traumáticos y rezagados.

Digno de destacar son los acreedores a quienes se les viene pagando con productos primarios, materias primas. Se trata de petróleo, hierro y aluminio. Todos en manos de empresas estatales. El compromiso hipoteca el futuro del país. La producción de mañana viene comprometiéndose. Las generaciones futuras, nuestros hijos y nietos, nos prestaron este espacio y debemos regresárselos en mejores condiciones que como lo recibimos de las generaciones anteriores, y ello implica que lo que esté en el subsuelo no debiera estar atado a ningún país o interés económico extranjero, sino a nuestra administración para disfrute de las generaciones actuales y futuras.

Seguridad Social Insegura

La seguridad social es una conquista de la humanidad. Con ella se atienden los momentos difíciles de los trabajadores y su familia. No tener seguridad social es una situación de indigencia laboral. Estas reflexiones las replanteamos a propósito de escándalo en pleno desarrollo que afecta dos instituciones claves de la seguridad social, un fondo de pensiones y una caja de ahorros. Ambos pertenecientes a los trabajadores y ex trabajadores de la principal empresa de Venezuela, Pdvsa.

Los momentos difíciles, es decir atender las contingencias de corto plazo y proveer los beneficios de largo plazo, son los objetivos de estas instituciones de la seguridad social. Posiblemente este fondo de pensiones y esta caja de ahorros sean los de mayor tradición en el país, lo que resultaría lógico ateniéndose a la edad de la industria petrolera, al volumen de su fuerza de trabajo, y al desarrollo de sus relaciones de trabajo que le permitió acumular un patrimonio de conquistas laborales de trascendencia histórica en las relaciones de trabajo y en la seguridad social en Venezuela.

Leer que 540 millones de dólares de estas instituciones están en situación de riesgo es espeluznante. Un noventa por ciento perteneciente al fondo de pensiones y el resto –diez por ciento- a la caja de ahorros. La magnitud monumental del monto sólo es posible en el sector petrolero. Los afectados son miles de aportantes trabajadores y ex trabajadores, además de sus familiares. Un directivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela –Eudis Girot- asoma 25.000 ex trabajadores y 105 mil trabajadores. Entre los primeros seguro hay una porción significativa de los despedidos en enero-febrero 2003, a propósito del paro petrolero de entonces. Ahora vemos que están en situación de victimas los que salieron y los quedaron, pero también los que ingresaron a posteriori, posiblemente ocupando los puestos de los despedidos, más el crecimiento exponencial de la nómina de esta empresa.

Hasta el momento hay una investigación y un detenido, pero ninguna tienen que ver con las autoridades venezolanas. Recién se emite una tibia declaración –Pdvsa-, admitiendo algo del asunto. Excesiva prudencia. Mientras, las únicas declaraciones de los afectados que reflejan inquietud vienen de los medios sindicales. Es un problema que interesa a toda la población venezolanas, porque se está poniendo en juego instituciones que forman parte del patrimonio de un colectivo laboral importante, aceptado y reconocido como referencia en las instituciones que hoy parecen ser asaltadas en un uso extremo de privatización y capitalismo salvaje. Las fallas en el asunto son muchas para pretender agotarlas en un breve artículo. Pero si es necesario adelantar algunas preocupaciones.

Una experiencia positiva

El dinero de los trabajadores debe ser administrado por sus propios dueños, y los criterios han de ser de tipo banquero tradicional – equilibrio entre el debe y el haber-. Vale recordar una experiencia referencial en la Universidad de Carabobo. En el presente año, el Instituto de Previsión de los Profesores, que es más bien una caja de ahorros con servicios ampliados, está celebrando sus cincuenta años de efectiva existencia. Sus más de seis mil afiliados dan cuenta favorablemente de haber recibido el apoyo del Instituto ¿ Como funciona? Con un equipo electo por sus propios afiliados, sin interferencia patronal, y un funcionariado especializado para las tareas administrativas. Recordamos que los profesores, votantes que bianualmente eligen el equipo directivo, han tenido un comportamiento electoral diverso a la hora de cumplir con su voto en las elecciones periódicas. Por un lado, la de autoridades rectorales y decanales, en donde privan las simpatías políticas, sean vinculadas con la política nacional y/o interna; la elección gremial, la de Asociación de Profesores – el sindicato-, en donde se opta por los “come candela”, dispuesto a batirse en todo terreno por las luchas reivindicativas, y finalmente la elección del equipo directivo del Instituto de Previsión, cuya escogencia descansa en escoger según la percepción ética y profesional, que brinden confianza en la administración equilibrada de los ahorros y sus destinos. En la última elección aparecieron algunos criterios adicionales en la escogencia del equipo directivo. Tiene que ver con que el ejecutivo nacional acumula una deuda de más de setenta millones con el Instituto de Previsión.

En el caso que nos llevó a elaborar la presente contribución, se observa la intervención patronal –Pdvsa- en la configuración de los equipos de conducción de las instituciones en peligro. No hay que dejar de señalar las posturas subordinadas que extienden a otras esferas, comportamientos de sumisión al patrono. Se pudiera creer que quienes manejan la empresa son garantía de gestión profesional y competente, y por tanto conviene contar con su asesoría e intervención en la conducción de los fondos de jubilación y las cajas de ahorros. Los resultados han dicho lo contrario.

ENTENDIENDO LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA LABORAL

En el ámbito de las Relaciones de Trabajo y particularmente en el de la Libertad Sindical, ha venido repercutiendo el tema de la criminalización de la protesta laboral. ¿A qué responde esta situación? es la pregunta para proponer algunos puntos de discusión.

Quienes sostienen que no hay presos políticos, indican que lo que hay más bien son políticos presos, y que ello responde a sentencias o procesos por la ejecución de delitos comunes. Observando el ámbito específico de los militantes sociales y laborales, los registros de Provea ya cuentan con cerca de dos mil quinientas personas, y en concreto en lo sindical alrededor de dos centenas. En estos casos lo dominante es la vinculación directa de la criminalización, con acciones de calle que acompañan inevitablemente la protesta social y laboral. Son la toma de calles y concentraciones, las formas de protesta más comunes, a tal punto que el 2010 representaron el 73% de todas las formas de protesta.

En el ámbito sindical el caso más notorio es el de Rubén González. Si bien liberado recientemente, luego de diez y siete meses de presidio, aún criminalizado y sujeto a restricciones de sus derechos y libertad. Es un proceso en desarrollo, sobre el cual se seguirán manifestando acciones que obligan a continuar evaluándolo.

Volviendo a la pregunta de inicio, lo primero que habría que destacar es el enjambre de leyes restrictivas que hacen riesgosa la actividad sindical y la protesta social en general. Predominan en estas leyes consideraciones sobre seguridad, por ello descansan en un sustrato militarizante. Identificar estas regulaciones y someterlas al análisis para destacar los elementos contenidos en ellas, que entran en conflicto con la libertad responsable y necesaria para el ejercicio de la protesta, es tarea del mayor interés en los ámbitos de análisis de las relaciones de trabajo.

Un segundo elemento que coadyuva a la criminalización es la dualidad de Estado Regulador y Estado Productor. No logra el Estado y menos el Gobierno deslindar una función de la otra. Su carácter regulador se ejerce de manera sesgada ante los privados que se vinculan con las entidades que el Estado dirige, empezando por sus subordinados laborales. Estatizaciones que colocan a los órganos de regulación y mediación en posición de ser parte en las querellas laborales. Patronos estatales empoderados y confiados de contar con el apoyo de los órganos estatales. Esto determina que el ejercicio de la acción sindical en sus aspectos más naturales, como es la vigilancia de los compromisos vigentes y la búsqueda de mejores condiciones de trabajo, se convierte en acciones temerarias que exponen a los dirigentes al acoso y sometimiento no sólo por parte del patronato estatal, sino por los órganos a quienes teóricamente tendría que acudir para solicitar intervenciones correctivas.

Las dos entidades públicas que han de estar prestas y a disposición de los ciudadanos para proveer los correctivos que pueda solicitar la acción sindical, como son la Administración del Trabajo y la Justicia en general, están en una situación limitada ante casos de querellantes del ámbito público. Decisiones administrativas y judiciales favorables a los querellantes y opuestas a los patronos estatales son excepcionales. Un tanto más natural son los comportamientos de estos ámbitos cuando los querellantes son del ámbito productivo privado. Habría que analizar más el asunto, por implicaciones y sesgos que también se observan.

En la generalización de la criminalización no todo el análisis apunta hacia lo público, también hacia lo privado conviene llamar la atención. Representa una enorme desventaja el emprendimiento de protestas en ausencia de elementos de coordinación en el ámbito sindical, y la preeminencia de pequeñas centrales, corrientes y organismos locales, que dificultan acciones de solidaridad y construcción de posiciones articuladas entre el propio movimiento y en la relación con otros sectores. Las acusaciones mutuas y las desconfianzas que levantan, favorecen al patrono estado.

Hay que agregar que la protesta no es sólo voluntad, ella demanda conocimientos, coordinaciones, articulaciones, recursos. En fin es todo una escuela que construye las fortalezas para su ejercicio. Sus carencias, como es lo dominante en nuestro caso, expone el ejercicio de la protesta social y laboral a mayores riesgos y sacrificios, dificultando las expectativas de logros.

Para terminar, otras entidades en el ámbito privado también son importantes en el análisis del presente problema. Las organizaciones no gubernamentales que hacen del ámbito socio laboral su foco de estudio y análisis. Su capacidad de orientación, recopilación y seguimiento, representan aportes esenciales para las organizaciones que están rezagadas organizacionalmente. La difusión de más allá del lugar de ocurrencia de la protesta o problema, al resto de la sociedad, con la debida responsabilidad es un aporte importante de los medios de comunicación masiva. Finalmente la acción internacional, sea por las propias centrales sindicales, ong´s, como por los organismos multilaterales con los cuales el país está vinculado, particularmente la OIT. En todos ellos la violación de lo laboral es importante.

REALIDAD Y PERSPECTIVAS DE LOS ESTUDIOS DEL TRABAJO

Los Estudios del Trabajo refieren a una temática que abarca casi todas las disciplinas. Por tanto, los fenómenos que le ocupan son mejor abordados cuando se adoptan perspectivas que las trasciendan. Es cierto que algunas disciplinas son percibidas popularmente como las más vinculadas con este campo, pero en la medida que auscultamos el problema, se apreciará que el Trabajo cruza transversalmente toda la vida social, económica y política de las sociedades y las naciones. Lo que implica que sus diversas dimensiones no son capturadas por una determinada disciplina. Hay que privilegiar el fenómeno y reconocer su complejidad, para que nuestras contribuciones tengan un mayor sentido.

En primer lugar el elemento central del trabajo es la gente. Los que trabajan. La historia de la humanidad es la historia del trabajo. La necesidad de subsistencia lleva al ser humano a trabajar. Inmediatamente nos topamos con el hecho de que el trabajo además de proveer para la subsistencia de quién lo ejecuta, es creador de los productos y servicios necesarios para el funcionamiento y sustento de las familias y de la sociedad en general, es decir satisfacer las necesidades y producir la riqueza para mejorar las capacidades productivas.

Lo anterior nos lleva a asociar el trabajo con el bienestar y el poder. Es justamente por esto que alrededor del trabajo, se tejen y construyen los modelos de sociedad hacia donde se dirigen las formulaciones políticas e ideológicas. Ellas van desde aquellas que consideran que la riqueza viene y es explicada por el trabajo, hasta aquella que sostiene que es más bien por el mercado. En el medio, se observan múltiples propuestas y experiencias.

También desde hace décadas se observa un debate sobre “el fin del trabajo”. Que tiene una cara positiva, pero también negativas. Veamos la primera. Es la que sostiene que están dadas las condiciones para la expansión de las actividades no mercantiles, que permitan la realización personal en ámbitos y actividades voluntarias y de crecimiento personal; y que es posible asegurar a todas las personas de un ingreso de existencia, o de ciudadanía como también se les llama. Estos costos son financiados por los excedentes de una economía eficiente y productiva. Un poco más analizada esta explicación deriva del incremento de la producción por la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, aplicadas a la producción, que determina una menor demanda de fuerza de trabajo, y por tanto socialmente es necesario dar respuestas a quienes no consiguen cabida en el mercado laboral.

En un caso como el venezolano, que orienta recursos y asignaciones en el marco de políticas sociales a un grupo numerosos de personas sin vinculación laboral, y que por otra lado hay un incipiente debate para brindar pensión a todas las personas independientemente de cotizaciones y del tipo de trabajo que haya realizado en su vida laboral, son expresiones que guardan alguna semejanza con lo expuesto en el párrafo anterior. Hay que debatir los usos que se dan a los ingresos que administra el Estado, para que cumplir con nuevos compromisos, no signifique dejar de cumplir con otros compromisos laborales que vienen de atrás. Esto no es nada secundario, en un escenario de poca rendición de cuentas, y de ejercicio de responsalidades públicas a través de instituciones y regulaciones no construidas por la vía del consenso.

La cara negativa del “fin del Trabajo” es la situación de no acceder al mercado laboral, de salir de el y no poder reinsertarse, o de no haberse incorporado nunca a lo largo de la vida en edad laboral, los llamados ininsertables o inempleables. Para quienes las opciones iniciales son en una vision positiva acciones como el emprendimiento, pero un tanto menos entusiasta la informalidad sobrevivencial, y finalmente actividades que rayan en lo delincuencial e ilícito.

Pensamos y consideramos que estos debates están presentes en todo el orbe, si bien predominan en los ámbitos académicos, es importante asumirlos y llevarlos más allá, porque permite formularse preguntas e intentar respuestas, tomando en cuenta las realidades concretas de nuestra sociedad. Por supuesto, así como lo evidencia la literatura sobre los Estudios del Trabajo, no existen posturas únicas en los asuntos comprendidos en este amplio campo, la diversidad es una de sus características, lo importante es estudiarlas, comprenderlas, compararlas, e integrarlas a las diversas disciplinas que estudian lo social, económico y político, porque siempre estará presente el Trabajo.

DEFINICIONES EN LA CTV

La Confederación de Trabajadores de Venezuela –CTV- vive una situación interna que le plantea tener que tomar decisiones que definan su propia existencia y continuidad. Por ello es importante plantear algunos elementos vinculados con su origen y trayectoria, que parece conveniente recordar, para tenerlos presente en el proceso de discusión que viene ocurriendo en torno a su futuro. Además entendiendo que la discusión sobre el futuro de esta central no deja de tener importancia y repercusión más allá de ella misma. El análisis de una organización, cualquiera sea, pasa por mirar y profundizar sus errores y aciertos.

En primer lugar, recordemos que se trata de una historia que efectivamente nace hace setenta y cuatro años, diciembre de 1936, lo que demanda amplitud para su análisis. En el país no se tienen muchas organizaciones sociales de tal edad. Su nacimiento fue desde la oposición, no contó con respaldo ni la venia gubernamental, que mas bien era de postura abiertamente anti sindical. Por su parte, los partidos políticos de izquierda, aliados naturales de este proceso, vivían una etapa de construcción al igual que esta naciente Confederación Venezolana de Trabajadores –CVT, como se llamó al inicio. El nombre actual fue tomado en el II Congreso de 1947.

Un segundo elemento a recordar es que se trata de una fundación a partir de organizaciones de base, de primer grado. Noventa organizaciones, representadas por más de doscientos delegados, que respondían a ciento cincuenta mil afiliados. No estaba mal para un momento fundacional del sindicalismo en un país que contaba con tres millones trescientos mil habitantes.

Las posturas antisindicales del gobierno fueron más poderosas que la capacidad de desenvolvimiento de esta organización y a los pocos meses fue reprimida. Hay que destacar que no obstante la celebración de su congreso fundacional, esta organización no llegó a legalizarse, pero obviamente los datos aportados recogen su legitimidad.

Entre 1937 y 1946, la central se desenvolvió limitadamente en una primera etapa por las restricciones antisindicales del período lopecista, y luego en los años de la II Guerra Mundial – 1940 en adelante, período medinista- , medidas de emergencia tanto locales como internacionales influyeron para que el movimiento se desenvolviera con moderaciones en sus planteamientos y demandas.

Al fin su segundo congreso lo celebra en noviembre de 1947, once años después del primero. Para entonces, la central recibe apoyo gubernamental, y su fracción mayoritaria mantiene nexos directos con el partido gobernante. La situación sindical no era unitaria, fuerte pugnacidad entre las dos corrientes sindicales mayoritarias le dieron a este congreso la hegemonía de la fuerza política gobernante. Un año después, vuelve a experimentar un nueva etapa de restricciones, y luego de confrontaciones abiertas con el nuevo régimen es ilegalizada, sus fondos y sus bienes embargados y confiscados, expulsión y confinamiento de sus dirigentes. El grado de represión impuso hasta la necesidad de contar con permisos del Ministerio del Trabajo para realizar una Asamblea Sindical, las cuales eran vigiladas por policías y funcionarios de inspección. Se abre una etapa de clandestinidad, que duró hasta enero de 1958.

Importa destacar que en el lapso autoritario, el gobierno aprovecho luego de la represión para organizar su propio movimiento sindical. El órgano para tal fin era el Ministerio del Trabajo, promoviendo y favoreciendo la organización de los sindicatos independientes, agrupados en el Movimiento Obrero Sindical Independiente –Mosin-, dando lugar a la celebración del congreso fundacional de la Confederación Nacional de Trabajadores de Venezuela. Esta central murió con el régimen.

Al derrocamiento de la dictadura contribuyeron actividades de protesta sindical, sin embargo no se considera que fueron los factores determinantes, la erosión había hecho mella en sus estructuras. Por tanto, tocaba reiniciar una etapa de reconstrucción, lo cual empezó con intensas movilizaciones y acciones unitarias en 1958. Con el derrocamiento de la dictadura, el movimiento entra en una nueva etapa de activa movilización y crecimiento, pero persistiendo la división ya evidenciada desde la década del cuarenta.

La celebración del III congreso en 1959, muestra en estos primeros veinte años de la CTV su momento de mayor unidad entre las distintas fuerzas sindicales, fue un congreso refundacional y pluralista. Pero esta unidad duró poco. La división interna de Acción Democrática, cambió la correlación de fuerzas en el seno de la CTV, y la pugnacidad política no permitió la continuidad de esta experiencia unitaria.

Aún hay mucho que rememorar de la CTV, apenas se señalan algunos elementos de sus primeras dos décadas. Sirvan ellos para integrarlos al análisis que conduzca a considerar procesos de refundación del movimiento sindical. Hay quienes señalan que debe rescatarse la CTV, con nuevos valores, principios, conceptos y prácticas; por otro lado, también hay quienes consideran que la gestión de la central la ha hipotecado y ello obstaculiza su renacer.

LEGALIDAD, LEGITIMACION Y REFUNDACION DEL MOVIMIENTO DE LOS TRABAJADORES

La grave crisis que experimenta el movimiento de los trabajadores empieza a dar lugar a necesarias reflexiones que apuntan a procesos de legitimación, aunque deseable y necesario sería un proceso más profundo como el de una refundación. Conviene distinguir entre legitimación y legalización. Este último refiere a la tramitación burocrática requerida según las regulaciones establecidos en la institucionalidad vigente; en tanto la legitimación privilegia para las organizaciones de masas, el someterse al escrutinio e interpelación por parte de los representados en condiciones llanas y democráticas.

Nuestro sistema laboral se ha caracterizado más por lo legal que por lo legítimo. Por ello es frecuente observar organizaciones e instituciones legales pero no legítimas. Se llenaron los requisitos legales, o pareciera ser así, y cuentan con la venia del poder establecido o del establishment. Además este poder va creando instituciones, procedimientos discriminadores, que va divorciando la legalidad de la legitimidad.

En esta perspectiva véanse dos casos. Someter las elecciones sindicales al intervencionismo del CNE es legal, pero ilegitimo, un poder externo, construido y dirigido al margen de las organizaciones sindicales, determina la legalidad. Otro caso es la creación de los consejos de trabajadores, incluida en propuesta de reforma constitucional sometida a referéndum –dic. 2007-, la cual no fue aprobada. Además la legislatura que concluyó en diciembre del 2010, eludió el debate de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, que suponía abordar estos consejos. Finalmente se incluyó esta figura por un atajo, en la Ley Orgánica del Poder Popular – art 8-. Otro caso de legalidad pero sin legitimidad, aún más notorio al asumirlo una Asamblea Nacional de salida y de composición política diferente al país del momento, otorgándole incluso el carácter de ley orgánica, un tema no debatido con los actores directamente vinculados como son las organizaciones de los trabajadores, y que les crea otra subordinación burocrática al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana.

La refundación implica renacer, por tanto una profunda revisión que se traduce en nuevos conceptos, valores y prácticas que han de estar presente en su devenir futuro. Recoger lo mejor de su pasado, desechar aquello que le ha subordinado a los gobiernos, a patronos y partidos políticos, restándole autonomía y un perfil propio, perdiendo influencia en diversos segmentos laborales, que son su base natural y propia. Reconocer los cambios acaecidos en la composición de la fuerza de trabajo, en las formas y maneras de organización de las actividades productivas, en las alianzas necesarias y construir un perfil político propio.

El actual período 1999-2011 ha sido difícil para el movimiento sindical. Un proceso de transición en donde se ha venido instalando una nueva institucionalidad que desconfía del movimiento sindical, y que dirige sus preferencias al fomento y estimulo de organizaciones basadas en el territorio y las comunidades, y no en función del trabajo y la producción. Determinando inevitablemente, que el poder establecido fomenta políticas que empoderan a otros actores sociales y políticos, contribuyendo a la fragmentación de los sectores trabajadores.

Por otro lado desde la oposición, el liderazgo sindical puso en práctica estrategias en donde salió derrotado, por reproducir estilos que venían desde un prolongado período caracterizado por la subordinación a partidos políticos, por la vía de dirigentes con prácticas predominantemente burocráticas, que hacían depender el ejercicio sindical de la tutela estatal.

El problema que se hereda de estas situaciones, es que el movimiento de los trabajadores ha quedado en situación de orfandad ante los enormes desafíos que se le presentan. En los temas centrales de la acción sindical el balance es negativo, sea en salarios, empleos, convenios colectivos, derechos humanos, y ahora un fenómeno extremo de violencia laboral.

En este panorama se aprecian propuestas que ojalá fueran al menos de legitimación, como el nuevo anuncio de la Fuerza Bolivariana Socialista de Trabajadores (proyecto de central oficialista), de llevar a cabo congreso fundacional, invocando a la UNT, que finalmente no lo pudo concretar, a pesar de varios esfuerzos por organizar su congreso constitutivo. Devino en una organización legal pero no legitima.

Por otro lado, la CTV anuncia proceso para ir a elecciones ¿legalidad o legitimación? Se verá. Otras organizaciones y corrientes sindicales, también han empezado a aglutinarse en el Movimiento de Solidaridad Laboral y el Frente por la Defensa del Empleo, del Salario y del Sindicato. Recién hicieron su primera marcha dirigida a mostrar consignas y propósitos. La legitimidad será una de sus metas.

Evidentemente hay nuevas realidades para quienes tienen una trayectoria de activismo en este campo, y por supuesto para quienes emergen en esta coyuntura. La redefinición de cuales prioridades ha de establecerse, de las adecuaciones estructurales que necesita el movimiento para adaptarse a las nuevas realidades en que le toca actuar, son tareas y discusiones necesarias. Esto demanda un intenso trabajo de Educación Política, dado el hecho de la despolitización de muchos años, y luego la subordinación a un proyecto que no otorga relevancia al movimiento de los trabajadores.

ACUERDOS O IMPOSICION EN LO LABORAL

El centro de interés de las Relaciones de Trabajo es el estudio y el análisis de la convivencia de los actores que representan al capital y al trabajo en los ámbitos productivos. La actividad productiva demanda capital y trabajo para su ejecución. Con el primero se alude a la propiedad. Los bienes, las instalaciones, los equipos, las marcas, los registros, pertenecen a alguien. Puede ser una persona natural o jurídica, una familia, un colectivo de propietarios ausentes o presentes, el Estado, sea en su expresión nacional o local, o cualquiera combinación de los anteriores. En todo caso hay responsables, hay dolientes, hay a quién rendir cuenta. Un tanto aparte, porque requiere un análisis específico, se tiene a la Propiedad Social, sobre la cual hemos prestado atención en varias oportunidades en esta misma columna.

Con el trabajo, las opciones a tener presente corresponden a las categorías que conforman la fuerza de trabajo. Se tiene en primer lugar a los segmentos que suelen ser los mayoritarios, que son los trabajadores directos, los que realizan las actividades operativas básicas de la empresa, y por otro lado, no menos importante, los trabajadores indirectos, que prestan apoyo a la actividad de los primeros. En este último se ubican los profesionales, técnicos, administrativos. Finalmente hay una capa gerencial, que normalmente representa a los propietarios, pero que también desarrolla aspiraciones e intereses propios. Los dos segmentos previos desarrollan determinada capacidad de organizarse gremialmente, pero no pasa así con el tercero.

En la fuerza de trabajo no hay que dejar de tener presente aquellos segmentos llamados los tercerizados. Se trata de trabajadores que en muchos casos fueron de la nómina de la empresa central, y luego transferidos a un tercero, normalmente otra empresa de menor tamaño o con un grado de especialización en la actividad que realiza. También la denominación de tercerizado, proviene de los ámbitos manufactureros, es decir el sector secundario, que siguiendo un esquema determinado de competitividad, lleva a expulsar trabajadores de la nómina de esas empresas del secundario, para que sean absorbidos por empresas del sector servicios o terciario, lo que también da sentido a la denominación en cuestión.

El objetivo de lograr condiciones adecuadas para la convivencia productiva entre capital y trabajo no es nada sencillo. Los intereses de uno y de otro no son siempre coincidentes y la armonización no es natural. Alcanzar el punto de equilibrio para que el desarrollo productivo se produzca en condiciones de satisfacción para ambas partes, ya que brinde los resultados que den rentabilidad al capital y calidad de vida al trabajo es un asunto bien serio y nada sencillo. Indispensable agregar que también hay que dar satisfacción a los destinatarios (clientes, usuarios, consumidores) de estos bienes y servicios, tanto en cantidad, calidad y oportunidad. Ello se complementa con la intervención estatal que promueve políticas de desarrollo económico y social, que vigila y media para facilitar el funcionamiento de este complejo engranaje.

La reflexión anterior es oportuna porque se observan dificultades crecientes en el funcionamiento de este campo. Para las Relaciones de Trabajo son esenciales los acuerdos. Se admite que los acuerdos no son inmutables. Es decir, los que se construyen en una etapa dada, no necesariamente son válidos para un lapso indefinido. Los actores y los contenidos logrados en dichos acuerdos, han de dar respuesta a las personas, al desarrollo productivo y a la sociedad. Para ello han de establecerse mecanismos de funcionamiento y evaluación. También es importante tener presente que los acuerdos no tienen que ser formales, con documentos firmados y sellados para todos los asuntos. Lo que importa es reconocer al otro, admitir su legitimidad y representatividad. Contrario a los acuerdos existe la imposición, con las consecuencias de rechazo y conflictividad que ello trae, amén de la falta de logros en el ámbito productivo, que es como decir calidad de vida de la sociedad en general.

A propósito del interés de nuestro país en ingresar al Mercosur, que se ha tornado complicado y largo, vale mencionar que los tres miembros más desarrollados como son Brasil, Argentina y Uruguay, en ellos funciona lo que hemos señalado, el reconocimiento y los acuerdos entre los actores fundamentales del capital y del trabajo. Si bien estos países han tenido etapas de fracturas y autoritarismo, en donde el reconocimiento, particularmente de las organizaciones de los trabajadores fue ignorado, desde la vuelta a la democracia una característica es la fluidez entre las organizaciones representativas y el desenvolvimiento del país, con mejoras sustanciales en la calidad de la vida y de las metas productivas.

DELEGADOS DE PREVENCION: FOMENTO Y FRENO

Una de las características de la política laboral en los últimos años, ha sido la puesta en práctica de mecanismos que fragmentan a los colectivos laborales. En esta ocasión se aborda una de las aristas de la variada constelación de procesos fragmentadores: los Delegados de Prevención y de los Comités de Salud y Seguridad Laboral –CSSL- o Comités de Higiene y Seguridad Industrial. La reforma de 2005, dio impulso a esta nueva forma de representación de los trabajadores. El art. 49 del Reglamento de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones, y Medio Ambiente del Trabajo –Lopcymat- “Los Delegados y Delegadas de Prevención son representantes de los trabajadores y las trabajadoras en la promoción y defensa de la seguridad y salud en el trabajo...”.

Un primer elemento a destacar es que su fomento proviene de la política laboral, y no del desarrollo autónomo del movimiento de los trabajadores. Cierto que desde la primera se pueden fomentar políticas que contribuyan al desarrollo del segundo. No se juzga negativamente que por ser una política promovida desde el Estado, ella tenga efectos negativos en el movimiento de los trabajadores. El problema que se destaca es el carácter fragmentador de políticas disociadas de este movimiento. Interesante sería si desde el movimiento se produce una articulación con las políticas públicas para el fomento de determinado propósito.

Los Delegados de Prevención han sido objeto de una privilegiada atención por parte del Instituto Nacional de Prevención y Seguridad Laboral –Inpsasel-, dependiente del Minpptss. Se encarga de sus procesos de formación, capacitación y coordinación. La Memoria del Minpptss (2009) reporta que en tan sólo cuatro años se habían organizado 35.621 CSSL y 111.584 Delegados que recibieron formación y acreditación.

La formación tiene componentes técnicos, políticos e ideológicos. Se señala que predominan ampliamente estos últimos. Delegados de Prevención lo admiten “José Fermín, delegado de Orinoco Iron, defendió el plan de formación que ha llevado Inpsasel que -aunque tiene un alto componente político- ha logrado crear una formación integral de los empleados” (El Correo del Caroní, 15-12-09). Por otro lado, en investigaciones sobre la inspección se ha determinado que en un 95 % la inspección se dirige hacia las empresas privadas, soslayando al sector público en donde labora el 20% de la población laboral. También se ha señalado que "Los comités funcionan como consejos de trabajadores que vigilan políticamente a sus compañeros de trabajo y a los patronos" -Pablo Castro, El Nacional, 2-10-08, p.8-

El intervencionismo del Ejecutivo en la actividad de los Delegados y los Comités mencionados, se manifiesta a partir de su propia constitución, que puede partir del Inspsasel, “por medio de sus funcionarios o funcionarias, y los Inspectores, o Inspectoras y Supervisores o Supervisoras del Trabajo quienes podrán convocar a las partes a realizar las actuaciones necesarias para su constitución” –art 49 Lopcymat-. Además la obligación de presentar “Plan de Trabajo” e informes periódicos de sus actividades - Art 46-.

El segundo elemento a destacar es el amplio contenido de las actividades realizadas por los Delegados de Prevención; la legislación le otorga facultades que incluyen condiciones y medio ambiente de trabajo, tiempo de trabajo, los programas e instalaciones para la recreación, utilización del tiempo libre y descanso. Areas de acción propias de los sindicatos, sobre las cuales históricamente han acumulado un patrimonio de conquistas.

El papel del Delegado de Prevención en el proceso productivo va más allá del poder sindical, incluso tienen facultades en dar autorización y promover la paralización del trabajo, ya que dan el visto bueno a los trabajadores cuando ejerzan su derecho a rehusarse a trabajar, alejarse de una condición insegura o interrumpir una tarea o actividad de trabajo para proteger su seguridad y salud laboral -numeral 5 art. 53 Lopcymat-.

Un elemento a favor de la representación, es que los Delegados tienen presencia independientemente de la existencia de sindicatos o del tamaño de la empresa, por tanto en numerosos casos su presencia viene a jugar un papel sindical, especialmente en las pequeñas empresas sin sindicato. Se exige que en empresas de “Hasta diez (10) trabajadores… un delegado de prevención”. Pero también en donde los hay, frecuentemente se producen roces y solapamientos entre una y otra organización.

Está pendiente profundizar en los impactos de esta figura representativa. A quién ha servido más ¿a los trabajadores, a pesar de la fragmentación? ¿a quienes se inclinan por la confrontación con el sector privado? Su accionar en el sector público ha sido más comedido, y a pesar de la alta morbilidad y accidentabilidad en su seno, apenas empiezan los Delegados a actuar, se levantan oposiciones que contradictoriamente limitan su papel, a pesar de su fomento oficial.

PENSIONES Y JUBILACIONES

Presentamos algunas notas sobre pensiones y jubilaciones. Es un área que tiene una enorme importancia para los ciudadanos, la familia y la sociedad toda; y por supuesto para las políticas públicas a ser promovidas por el Estado, y su consecuente impacto en el sistema productivo.

Durante los últimos decenios, la mayor parte de los países se han empeñado en reformar sus sistemas de pensiones argumentando que era el único modo de salvaguardar la “sostenibilidad de las finanzas públicas”, las cuales, según el discurso reformador habrían sido amenazadas por el peso del envejecimiento demográfico y la disminución del crecimiento económico. Según esta lógica sería necesario desarrollar el ahorro financiero y la responsabilidad individual y reducir el espacio del salario socializado y de la solidaridad colectiva.

En este contexto, encontramos por un lado países que han transformado radicalmente sus sistemas de pensiones. Entre ellos se observan quienes eligieron un cambio radical, pasando de un sistema en reparto en donde el riesgo asociado a la vejez se soporta mediante cotizaciones sociales inmediatamente convertidas en prestaciones, a uno de capitalización en donde este mismo riesgo se soporta mediante ahorros colectivos y/o individuales acumulados e invertidos en los mercados financieros (Chile, México, Bolivia), o al contrario, aquellos, más escasos, que han operado una vuelta desde la capitalización hacia la repartición (Argentina).

La crisis económica y financiera que se ha propagado al conjunto de los países del planeta pone en tensión estos distintos sistemas de pensiones. Lo hace sin embargo con modalidades y temporalidades distintas, de acuerdo con el modo dominante de financiación de estos sistemas. Los sistemas de reparto tienen una sensibilidad particular al descenso del empleo y a la desaceleración de las ganancias salariales o a la caída de los ingresos fiscales cuando estos últimos sirven para financiar parte de la cotización social mediante el impuesto. Además, tienen una cobertura más bien débil en América Latina, dejando de lado sin derecho a pensión a los trabajadores independientes así como a los del sector informal. Los sistemas por capitalización a su vez padecen directamente la pérdida de valor de los activos financieros y su efecto inmediato sobre los ahorros acumulados, a pesar de la diversificación de las carteras.

Cada sistema conlleva por lo tanto sus riesgos específicos. ¿Cómo resisten estos diferentes sistemas la crisis? ¿Cuáles son los ajustes o cambios operados (nacionalización de los fondos de pensiones en Argentina, reformas en curso en Bolivia)? ¿Cuáles son los nuevos términos del debate en el contexto de empeoramiento de la crisis económica y financiera que presenciamos?

En Venezuela el debate y las decisiones sobre pensiones y jubilaciones están pendientes. En los últimos veinte años, tres hechos pueden destacarse a favor de esta materia.

Primeramente, el debate que dio lugar a la homologación de las pensiones con el salario mínimo, iniciativa que provino de la Causa R en la primera mitad de los noventa.

Luego en el famoso y satanizado ATSSI (Acuerdo Tripartito de Seguridad Social Integral) – julio 1997-, que en este comentario sólo lo referimos la revisión que dio lugar a la desbonificación del salario. Para entonces la seguridad social percibía las cotizaciones empresariales y laborales, sólo en base a un generalizado salario de quince bolívares diarios, cuando realmente los trabajadores percibían cinco veces más, estrangulando con ello los ya debilitados fondos de la Seguridad Social.

El tercer elemento ha sido el fomento de la aprobación de pensiones a quienes no contando con el número exigido de las 750 cotizaciones, pero habiendo llegado a la edad requerida, se estableció un mecanismo para completarlas y así acceder a la pensión de vejez.

Son estos tres elementos los que han coadyuvado a que hoy tengamos un universo de jubilados que pasa de un millón cuatrocientas mil personas. Pero hay pendiente mucho sobre el tema, baste ver que los trabajadores independientes e informales no entran en esta cuenta. Amén de la sostenibilidad y transparencia del esquema.

En nuestra Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, que estará en web la semana próxima, Nos 23-24, se presenta un debate sobre este tema,proveniente de seminario organizado en Montevideo, y que con la colaboración de Mariela Quiñones, de la Universidad de la República, hemos incluido interesantes ponencias del mismo.

Elecciones y refundación para enfrentar la fragmentación

El anuncio de llevar a cabo las elecciones sindicales por parte de la CTV, nos lleva a recordar algunos elementos propios de la libertad sindical. De entrada, se reconoce que la legitimidad de un liderazgo en cualquier institución colectiva, se fundamenta en el reconocimiento por parte de los afiliados o representados. La omisión electoral trae pérdida de legitimidad, de estima institucional y es una poderosa razón para el cuestionamiento y la pérdida de energía para acometer las acciones que le son propias.

La ejecución de las elecciones exige garantías y condiciones mínimas para que los candidatos y los electores no se expongan a riesgos de ninguna naturaleza, más allá de ganar o perder, por el número de votos que se obtenga.

Una primera garantía es que en estos procesos no se inmiscuyan otros intereses distintos a los de los electores y los candidatos. Sabido es la tradicional intervención estatal en esferas que van más allá de su ámbito, así como la intervención patronal pretendiendo contar con una organización sumisa. Estas intervenciones han sido una constante. De hecho, la disposición constitucional que hace intervenir al CNE en las elecciones sindicales es objeto de fundados cuestionamientos. La Administración del Trabajo se aferra a estos conceptos, para exigir a las organizaciones sindicales estar solventes en esta materia, inventando el concepto de “mora sindical electoral”, que lesiona a estas organizaciones en el ejercicio de sus actividades de representación.

Una segunda reflexión tiene que ver con el órgano de vigilancia de los procesos electorales. Si se trata de un órgano propio o de un órgano ajeno. Lo primero sería lo preferible, pero siempre que responda al equilibrio de la diversidad y pluralidad existente entre los votantes. Las experiencias cuestionables en este orden se observan por el sectarismo, las hegemonías, y la negación de las fuerzas emergentes. La construcción de las reglas de los métodos universales que atiendan a la universalidad, a la elección directa y a la proporcionalidad son los antídotos que hacen de las reglas electorales y el funcionamiento de su supervisión, expresiones de madurez y responsabilidad en los procesos.

La otra opción, la de la conducción por un órgano ajeno, es lo que viene resultando de la intervención del CNE, sea en el procedimiento original, como en el que resultó de ciertas reformas derivadas de las críticas formuladas, que algo alivianó la intervención, pero que mantenía controles aún limitativos de la autonomía de las organizaciones sindicales. Una evidencia se observó en las elecciones de la FUT Petrolera, que influencias oficialistas pudieron suspender cinco veces las elecciones, sin que las otras corrientes pudieran hacer poco para revertir estos hechos, aún lesionándoles.

Las elecciones más notorias en el medio sindical fueron las celebradas en el 2001. Por un lado alcanzaron en un mismo día a más de 2.700 organizaciones sindicales, fueron organizadas por organismos propios del movimiento sindical. Si bien los registros fueron presentados al CNE, y ello permitió hacer un auténtico censo sindical, que nunca antes se había logrado; la administración electoral quedó en manos de comisiones electorales nacidas del seno del movimiento de los trabajadores. Se puede observar una suerte de administración mixta, por un lado los registros se llevan al organismo ajeno, y el resto del proceso lo realizan las organizaciones de los trabajadores constituyendo órganos representativos propios para estos fines.

Finalmente, sumamente importante son las garantías de no represalias. Hoy contamos con un universo de empresas en manos del Estado que se ha multiplicado con relación a las elecciones del 2001. Su manejo ha sido sectario, la imposición de condiciones discriminatorias para el ingreso, para la permanencia, para el ascenso y el desarrollo de carrera, son elementos que no abonan a un maduro ambiente electoral.

Plantearse, cómo se va hacer para que las condiciones mínimas de respeto al empleo, a la estabilidad, a la carrera y al progreso no se vean afectadas, por el ejercicio de una campaña electoral, que en un ambiente democrático lleva necesariamente al debate y análisis de políticas económicas, sociales y productivas, y cómo se ven ellas reflejadas en la organización productiva y laboral del sector o ente en el cual se aspira desempeñar una actividad sindical.

Este es un dilema que ha de abordarse. El ambiente sindical no ha estado exento de violencia, y por tanto un esfuerzo genuino para realizar elecciones sindicales en todo este ámbito, es una opción importante que puede contribuir a sentar las bases para su saneamiento, para su refundación, y para enfrentar un proceso de desgaste y fragmentación continuado que demanda elecciones más allá de una central dada, y es una necesidad de todo el movimiento.

REDES SOCIALES Y RELACIONES DE TRABAJO

Es casi inevitable no referirse a las redes sociales como instrumento de comunicación en la sociedad de hoy. Las noticias vuelan más rápido por este medio que por todos los anteriores. En tiempo real se entera uno de acontecimientos en pleno desarrollo. Las herramientas que han alcanzado mayor difusión son el Facebook y el Twitter. A nivel mundial con más de quinientos millones de usuarios el primero y más de ciento cincuenta millones el segundo. Este último alcanzó en Japón el día 1 de enero, con motivo del anuncio y saludos de año nuevo, el record mundial del envió del increíble número de 6.939 Twits por segundo (http://blog.es.twitter.com/ consulta 8-1-11).

De Venezuela se indica que cuenta con seis millones de usuarios de Facebook, se trata de cerca del veinte por ciento de toda la población. Es una proporción que supera la media mundial. El Twitter tiene un poco menos de penetración, pero su ritmo va en un ascenso vertiginoso. El twitter del Presidente Hugo Chavez. @chavezcandanga es quizás el que cuente con más seguidores, alcanzando los 1.134.891 al día de hoy. Se trata de un número considerable de destinatarios, a quienes les llega cualquier mensaje emitido por esta cuenta, que según hemos conocido dispone de un numeroso equipo de coordinación y operación. De todos modos, para tal cantidad de usuarios el número de emitidos es modesto, apenas ochocientos cuarenta.

En el plano político es reconocida la utilidad de las redes sociales para hacer llegar los mensajes de campaña, para la organización de los actos, el intercambio con los votantes. Por ejemplo de los nuevos diputados en la Asamblea Nacional ciento veinticinco son usuarios de Twitter; 65 del Gobierno y 60 de la oposición. Evidentemente que estos últimos recurren más a este medio. Es oportuno mencionar que recurrentemente se leen mensajes, que critican que en ocasiones se hace oposición más desde las redes sociales que en la propia vida real.

En las redes sociales, y particularmente entre los usuarios de Facebook, frecuentemente se formulan recomendaciones que orientan en materia de seguridad, ya que hay usuarios que colocan informaciones de su vida personal y de sus actividades que ofrecen oportunidades y riesgos para la propia seguridad de las personas.

En el ámbito de las Relaciones de Trabajo, este riesgo también lo conocemos en un caso que llevo a abogada y sus representados a presentar queja ante el Ministerio del ramo, ya que un trabajador había agregado en su Facebook, a un "naciente Sindicato". La idea del grupo era que a través de la famosa red social iban a fijar reuniones, estrategias, y en fin, establecer todo para la constitución de un Sindicato. Los jefes, de un conocido banco, se enteraron del asunto, tuvieron acceso a la red social, imprimieron los nombres de sus miembros y decidieron despedir a todos los trabajadores que estaban allí.

Planteaba en un foro público el Diputado Andrés Velásquez, de cómo desde cárceles en el Estado Bolívar, se contacta a personas para amenazarlas, así como también se mantienen vínculos con delegados sindicales que participan de la venta de empleos en el sector de la construcción.

Otro contraste de estos tiempos de redes sociales en el marco de la masificación del uso del internet, se observa la permanencia de procesos arcaicos en la Administración del Trabajo, como el que las empresas tengan que presentar un registro trimestral ante el Ministerio. Teniendo sus representantes que hacer filas en las calles desde altas horas de la madrugada, con las mayores incomodidades y riesgos. De paso esta información no parece ser utilizada en la construcción de políticas y brindarla a los usuarios para análisis y recomendaciones en los procesos productivos y de funcionamiento de las Relaciones de Trabajo.

Por el extraordinario impacto de las Redes Sociales en las relaciones entre la personas, es necesario que desde los actores laborales se hagan los esfuerzos para integrarlas a su cotidianidad.