Las áreas de acción civil y las de acción militar han venido confundiéndose. Algunas áreas son claramente del campo civil así como otras igualmente lo son del campo militar. Aunque luce conveniente el intercambio entre el mundo de lo civil y el mundo de lo militar para la colaboración y el mejor desarrollo de la vida de una nación, asegurándose que no se restrinjan ni amenacen los derechos de los ciudadanos.
Entendiendo lo anterior, es llamativo como se viene desarrollando una tendencia a la militarización de esta área de la civilidad, como es la Administración del Trabajo. Hay que aclarar que este texto no tiene como propósito el tema de la puesta bajo gobierno o gerencia militar de una gran cantidad de instituciones productivas y de servicios cuyos objetivos son eminentemente civiles, como es manejar entes para producir o distribuir alimentos, de viviendas, salud, educación, tributarios, petróleo, papel, entre otros. Igualmente no analizamos el caso de las políticas antisindicales que se observan en las llamadas empresas militares, que cuentan con una numerosa fuerza de trabajo civil sujeta de la legislación laboral, como es el caso de Cavim. No son de menor importancia estos asuntos, pero su tratamiento requiere un análisis aparte.
La inquietud anterior viene a propósito del funcionamiento de un área prototipo de la civilidad, como es la Administración del Trabajo. Que como se sabe, comprenden las políticas, instituciones y procedimientos que atienden las relaciones entre capital y trabajo a los fines de la convivencia en el ámbito productivo, resguardando los derechos y obligaciones de las partes involucradas. Es una temática cuyos principales instrumentos de acción descansan fundamentalmente en el dialogo y las negociaciones. La controversia, las posiciones opuestas, el ejercicio de mecanismos la presión de una parte sobre la otra, son los comportamientos a los cuales ha de enfrentarse la Administración del Trabajo, por ello herramientas como la inspección, mediación, la conciliación y el arbitraje son puestas en ejercicio para lograr sus fines.
La intervención de la Administración del Trabajo incluye como asuntos relevantes, el tema de los conflictos. Uno se pregunta ¿Con cuales herramientas e instrumentos específicos, dispone el ámbito militar para aportar a estas situaciones de la controversia laboral? El hecho de que la nación le ha otorgado el monopolio de las armas de la República y de los poderes para las situaciones de emergencia más extrema, más bien se contraponen para el ejercicio de la búsqueda de soluciones en donde armas y este tipo de fuerza, estarían demás. Se entiende que los trabajadores y los patronos hacen uso de sus mecanismos de fuerza para imponer o defender sus posiciones, pero ellas están enmarcadas en procedimientos para los cuales la Administración del Trabajo ha de intervenir.
Cabe plantearse si la Administración del Trabajo ha permitido la militarización de las actividades que son de su ámbito, ¿o es que desde el ámbito militar hay una estrategia para minimizar al Ministerio que se ocupa del Trabajo? Llevar los conflictos laborales y los procesos que tienen que ver con la Administración del Trabajo a ser objeto de convocatoria, conducción y gestión, en los espacios militares y bajo la temida mirada vigilante de oficiales de la Fuerza Armada, es inédito en las Relaciones de Trabajo. Lo llamativo del asunto es que dirigentes sindicales oficialistas empiezan a admitir con normalidad este fenómeno, aunque también es destacable que otros la condenan por razones de principio.
Elecciones en ámbitos estadales de alguna manera se interponen en el problema que analizamos, y en aquellos estados con una nutrida población laboral industrial – casos de Carabobo y Aragua, por ejemplo-, se hace visible que el afán electoral juegue a practicar una Administración del Trabajo Militarizada, que no tiene sustento en la institucionalidad de las Relaciones de Trabajo.
La nación espera y confía de su Fuerza Armada el resguardo y la atención de sus fronteras, mares y cielos, brindar la seguridad para la vida productiva y social. Se sabe que temas como la vida cotidiana en las comunidades urbanas y rurales, calles y carreteras venezolanas se han tornado espacios que parecen estar en estado de guerra, como elocuentemente lo demuestran los registros de victimización a las personas y a los bienes. Se espera que quienes cuentan con el monopolio de las armas y de la fuerza, la pongan en práctica ahí, de esa manera los ciudadanos reforzaran sus lazos y afectos con los hombres y mujeres de las armas legítimas, que con el esfuerzo de todos financia la República.
domingo, 24 de abril de 2011
sábado, 16 de abril de 2011
PROTESTAS LABORALES EXTREMAS
Los conflictos laborales tienen como propósitos lograr determinadas reivindicaciones o preservar derechos o conquistas del interés del colectivo laboral. Vinculación con aspectos políticos, por supuesto existe. Las clasificaciones clásicas establecen que estos pueden ser de naturaleza económica o de intereses por un lado y de naturaleza jurídica o de interpretación por el otro. Aunque usualmente hay un solapamiento de una y otra dimensión, lo importante es apreciar que es lo relevante en la motivación que lleva a las acciones de protestas o reclamo. El predominio de una u otra dimensión es importante porque ello influye en la determinación de los mecanismos institucionales para su tratamiento. Como se sabe existen instituciones y mecanismos para abordar los conflictos, desde lo más inmediato como es al interior de las propias organizaciones productivas y sus actores colectivos, hasta lo más elevado como es llegar a la misma Presidencia de la República, pasando por las instituciones de la Administración del Trabajo y de la Justicia Laboral.
El proceso anterior ha venido perdiendo su capacidad orientadora en la clasificación y determinación de las instancias que han de atender los conflictos laborales. Se plantean algunas propuestas explicativas. En primer lugar la creciente situación de conflictividad general que se observa en la sociedad venezolana. En otros momentos se ha destacado como han venido creciendo consistentemente las diversas manifestaciones de conflictos, y como en esas estadísticas las motivaciones relacionadas con el trabajo se ubican recientemente como la primera causa de conflictos. En el lapso Enero-Marzo del presente año 2011, se registran 553 protestas, más del 40% de ellas son laborales –Provea-. El Ministerio del ramo se dejó quitar la iniciativa, ya que hace muchos años dejo de informar sobre conflictos colectivos.
Lo segundo es que estas manifestaciones de conflictos se han salido de los espacios tradicionales para su abordaje y resolución, como son los mecanismos de Relaciones de Trabajo o Relaciones Laborales. Cabe referenciar la experiencia Argentina -el “argentinazo” dic 2001-, la conflictividad social alcanzó sus niveles más altos; pero en la medida que se fue restableciendo y consolidando una política laboral incluyente y dialogante, ocurrió una evolución llamada “de la protesta social a la protesta laboral”. Evidenciando un notable avance, ya que esta última brindaba a las involucradas oportunidades de oírse, negociar y acordar. En tanto la protesta social se caracterizó por el desconocimiento de las instituciones y mecanismos para abordar y buscar soluciones.
En lo tercero se plantea preguntarse porque ocurre lo anterior, ¿Por qué no se mantiene el conflicto y su solución en los límites de los mecanismos de Relaciones de Trabajo? Inevitablemente hay que señalar que estos mecanismos han venido perdiendo capacidad de resolución y efectividad. Aquí es determinante el tema de la violación de los acuerdos colectivos. Se ha perdido el valor del compromiso, de la palabra, de la firma.
Una cuarta propuesta explicativa, es que la protesta laboral se ha tornado en una actividad riesgosa. Se tienen cientos de casos de personas criminalizadas por participar en protestas laborales. En mucho de los casos, no se trataba de una protesta por aspirar nuevas conquistas sino el cumplimiento de lo pactado. En cuanto a la protesta social en su conjunto, se registran dos mil quinientas personas criminalizadas.
Un capítulo específico en el carácter riesgoso de la actividades sindicales, se grafica en los cientos de dirigentes sindicales exterminados por vía de sicariato, sin que se responda desde el Estado por esta situación. Ahí están las interrogantes por ser respondidas: ¿Quiénes son los exterminadores? ¿Por qué la inercia estatal en el emprendimiento de investigaciones?
En este contexto, nos encontramos con las huelgas extremas, aquí se incluyen las huelgas de hambre y las “huelgas de sangre”. Protestas en donde el huelguista se expone a riesgos en el momento y en su futuro. En este mes de Abril, 90 personas, en diversas manifestaciones están en huelga de hambre. Compárese con que en el 2009 fueron 85 y el año pasado 98. Han involucrado a trabajadores petroleros, cementeros, universitarios y de la salud.
El segundo tipo de protesta, -“huelgas de sangre”- proviene de los ambientes carcelarios, que en nuestro país son sitios de depósitos de personas - E Gómez Grillo- , en donde lo extremo y lo insólito ocurren como en ningún otro ambiente humano.
Un contrato colectivo vencido en el 2002, unos salarios de apenas 1.2 salarios mínimos para profesionales de la enfermería con niveles de Técnico Superior Universitario y Licenciaturas, el no reconocimiento de la antigüedad y la experiencia para diferenciales salariales, más la falta de diálogo y un trato despótico desde las esferas de poder, abonan para que sus protestas hayan llegado a niveles extremos.
El proceso anterior ha venido perdiendo su capacidad orientadora en la clasificación y determinación de las instancias que han de atender los conflictos laborales. Se plantean algunas propuestas explicativas. En primer lugar la creciente situación de conflictividad general que se observa en la sociedad venezolana. En otros momentos se ha destacado como han venido creciendo consistentemente las diversas manifestaciones de conflictos, y como en esas estadísticas las motivaciones relacionadas con el trabajo se ubican recientemente como la primera causa de conflictos. En el lapso Enero-Marzo del presente año 2011, se registran 553 protestas, más del 40% de ellas son laborales –Provea-. El Ministerio del ramo se dejó quitar la iniciativa, ya que hace muchos años dejo de informar sobre conflictos colectivos.
Lo segundo es que estas manifestaciones de conflictos se han salido de los espacios tradicionales para su abordaje y resolución, como son los mecanismos de Relaciones de Trabajo o Relaciones Laborales. Cabe referenciar la experiencia Argentina -el “argentinazo” dic 2001-, la conflictividad social alcanzó sus niveles más altos; pero en la medida que se fue restableciendo y consolidando una política laboral incluyente y dialogante, ocurrió una evolución llamada “de la protesta social a la protesta laboral”. Evidenciando un notable avance, ya que esta última brindaba a las involucradas oportunidades de oírse, negociar y acordar. En tanto la protesta social se caracterizó por el desconocimiento de las instituciones y mecanismos para abordar y buscar soluciones.
En lo tercero se plantea preguntarse porque ocurre lo anterior, ¿Por qué no se mantiene el conflicto y su solución en los límites de los mecanismos de Relaciones de Trabajo? Inevitablemente hay que señalar que estos mecanismos han venido perdiendo capacidad de resolución y efectividad. Aquí es determinante el tema de la violación de los acuerdos colectivos. Se ha perdido el valor del compromiso, de la palabra, de la firma.
Una cuarta propuesta explicativa, es que la protesta laboral se ha tornado en una actividad riesgosa. Se tienen cientos de casos de personas criminalizadas por participar en protestas laborales. En mucho de los casos, no se trataba de una protesta por aspirar nuevas conquistas sino el cumplimiento de lo pactado. En cuanto a la protesta social en su conjunto, se registran dos mil quinientas personas criminalizadas.
Un capítulo específico en el carácter riesgoso de la actividades sindicales, se grafica en los cientos de dirigentes sindicales exterminados por vía de sicariato, sin que se responda desde el Estado por esta situación. Ahí están las interrogantes por ser respondidas: ¿Quiénes son los exterminadores? ¿Por qué la inercia estatal en el emprendimiento de investigaciones?
En este contexto, nos encontramos con las huelgas extremas, aquí se incluyen las huelgas de hambre y las “huelgas de sangre”. Protestas en donde el huelguista se expone a riesgos en el momento y en su futuro. En este mes de Abril, 90 personas, en diversas manifestaciones están en huelga de hambre. Compárese con que en el 2009 fueron 85 y el año pasado 98. Han involucrado a trabajadores petroleros, cementeros, universitarios y de la salud.
El segundo tipo de protesta, -“huelgas de sangre”- proviene de los ambientes carcelarios, que en nuestro país son sitios de depósitos de personas - E Gómez Grillo- , en donde lo extremo y lo insólito ocurren como en ningún otro ambiente humano.
Un contrato colectivo vencido en el 2002, unos salarios de apenas 1.2 salarios mínimos para profesionales de la enfermería con niveles de Técnico Superior Universitario y Licenciaturas, el no reconocimiento de la antigüedad y la experiencia para diferenciales salariales, más la falta de diálogo y un trato despótico desde las esferas de poder, abonan para que sus protestas hayan llegado a niveles extremos.
sábado, 9 de abril de 2011
11 de Abril de 2002: costos históricos para el movimiento de los trabajadores
Un nuevo aniversario de los acontecimientos del 11 de Abril de 2002 obligan a seguir reflexionándolo. Es una tarea que gradualmente vienen emprendiendo varios autores; sea para justificar o para condenar lo ocurrido. La polarización en este tema alcanza sus niveles más elevados. Sigue pendiente abordar los hechos con el concurso de una comisión de la verdad, cuya composición no sea dominada por ninguna de los dos polos. Mientras tanto, la historia la cuenta con más capacidad divulgadora quién gobierna y aún más si es el ganador de la contienda. Quedan por supuesto, eslabones perdidos e interrogantes no respondidas.
Para el movimiento de los trabajadores este hecho histórico les fue adverso, ya que se comprometió con las acciones de protesta que culminaron con la más gigantesca marcha que haya ocurrido en la historia del país. Hasta el desarrollo de las multitudinarias marchas, se puede reconocer que estar a la cabeza de estas manifestaciones era el camino. Lo crítico y controversial de la situación fueron los acontecimientos que se movían en los entretelones, como ese de que súbitamente se anunciara como Presidente de la República al máximo líder gremial empresarial. Esto de por sí representó una derrota para el liderazgo laboral comprometido con las protestas. Después de ello cuesta que la CTV levante cabeza. Lo lamentable del asunto es que no haya hasta ahora quién ocupe su lugar.
Sin duda que se han hecho intentos para ocupar ese lugar dejado por la CTV. Pero no se logran los resultados propios, que permitan que los trabajadores cuenten con una central que tenga audiencia nacional, que sea oída por los otros poderes políticos, sociales y económicos, y que en alguna medida exprese los intereses de los trabajadores. No hay que dejar de destacar que los mismos intereses de los trabajadores no son homogéneos, como tampoco son los del empresariado. La diversidad es inevitable en ambientes democráticos. Lo que importa al final, es una central que sea interlocutora en los temas macros, ante las otras fuentes de poder actuantes en la sociedad. Y que en paralelo, las organizaciones sectoriales y regionales existan y funcionen para estos niveles de acción, y que las organizaciones de bases no sean ahogadas por el peso y burocratismo de las organizaciones centrales nacionales.
Al inicio del gobierno bolivariano se encontró con un liderazgo en el movimiento de los trabajadores que cargaba en su contra, su ausencia en hechos que aceleraron la búsqueda de opciones políticas inéditas o innovadoras en los caminos electorales. La ocurrencia del “caracazo” o “sacudón” –febrero 1989-; luego los dos intentos de golpes de estado de 1992 –febrero y noviembre-, finalmente la destitución del Carlos Andrés Pérez de la Presidencia de la República en 1993 por hechos de corrupción, dejaron al liderazgo político tradicional y en su seno al de un movimiento sindical subordinado a los partidos, en situación delicada.
Apenas se recuperaba el movimiento sindical, por dos hechos interesantes. En primer lugar en el sector petrolero por las negociaciones del convenio colectivo en septiembre de 2000, al producirse huelga petrolera que derrota las pretensiones del gobierno de imponer un contrato colectivo unilateralmente, desconociendo a las organizaciones sindicales más representativas – Fedepetrol y Fetrahidrocarburos- y favoreciendo la constitución de nuevos actores sindicales, aspirando con ello el desplazamiento de las centrales anteriores. Lo segundo es el resultado tanto del referéndum sindical – diciembre de 2000-, no obstante promovido por el gobierno tuvo tan solamente una participación electoral de 22%, lo que trajo para el año siguiente las elecciones sindicales nacionales, cuyos resultados los ganaron las fuerzas tradicionales en alianza con nuevos sectores que ya empezaban a separarse del bloque gubernamental.
Este incipiente proceso de recuperación, hace más lamentable el papel jugado por el liderazgo del movimiento sindical cetevista en los sucesos de abril del 2002, porque de esa manera se abortó una recuperación que venía dando muestras consistentes de reconstrucción, luego de un tsunami de acontecimientos adversos.
Resultado de lo anterior, aún hoy domina en el discurso y comportamiento de buena parte de quienes se identifican con el gobierno de calificar de derechista, ultraderechista, golpista, fascista, y cuanto epíteto tenga cargas similares, a todo aquel dirigente que apele a los valores propios de un movimiento de los trabajadores autónomo y democrático. Hay dogmatismo en las valoraciones. Se simplifica por supuesto la realidad histórica, claro en tanto no se haya estudiado con mayor detenimiento, profundidad y que se pongan a un lado tanto prejuicio.
Para el movimiento de los trabajadores este hecho histórico les fue adverso, ya que se comprometió con las acciones de protesta que culminaron con la más gigantesca marcha que haya ocurrido en la historia del país. Hasta el desarrollo de las multitudinarias marchas, se puede reconocer que estar a la cabeza de estas manifestaciones era el camino. Lo crítico y controversial de la situación fueron los acontecimientos que se movían en los entretelones, como ese de que súbitamente se anunciara como Presidente de la República al máximo líder gremial empresarial. Esto de por sí representó una derrota para el liderazgo laboral comprometido con las protestas. Después de ello cuesta que la CTV levante cabeza. Lo lamentable del asunto es que no haya hasta ahora quién ocupe su lugar.
Sin duda que se han hecho intentos para ocupar ese lugar dejado por la CTV. Pero no se logran los resultados propios, que permitan que los trabajadores cuenten con una central que tenga audiencia nacional, que sea oída por los otros poderes políticos, sociales y económicos, y que en alguna medida exprese los intereses de los trabajadores. No hay que dejar de destacar que los mismos intereses de los trabajadores no son homogéneos, como tampoco son los del empresariado. La diversidad es inevitable en ambientes democráticos. Lo que importa al final, es una central que sea interlocutora en los temas macros, ante las otras fuentes de poder actuantes en la sociedad. Y que en paralelo, las organizaciones sectoriales y regionales existan y funcionen para estos niveles de acción, y que las organizaciones de bases no sean ahogadas por el peso y burocratismo de las organizaciones centrales nacionales.
Al inicio del gobierno bolivariano se encontró con un liderazgo en el movimiento de los trabajadores que cargaba en su contra, su ausencia en hechos que aceleraron la búsqueda de opciones políticas inéditas o innovadoras en los caminos electorales. La ocurrencia del “caracazo” o “sacudón” –febrero 1989-; luego los dos intentos de golpes de estado de 1992 –febrero y noviembre-, finalmente la destitución del Carlos Andrés Pérez de la Presidencia de la República en 1993 por hechos de corrupción, dejaron al liderazgo político tradicional y en su seno al de un movimiento sindical subordinado a los partidos, en situación delicada.
Apenas se recuperaba el movimiento sindical, por dos hechos interesantes. En primer lugar en el sector petrolero por las negociaciones del convenio colectivo en septiembre de 2000, al producirse huelga petrolera que derrota las pretensiones del gobierno de imponer un contrato colectivo unilateralmente, desconociendo a las organizaciones sindicales más representativas – Fedepetrol y Fetrahidrocarburos- y favoreciendo la constitución de nuevos actores sindicales, aspirando con ello el desplazamiento de las centrales anteriores. Lo segundo es el resultado tanto del referéndum sindical – diciembre de 2000-, no obstante promovido por el gobierno tuvo tan solamente una participación electoral de 22%, lo que trajo para el año siguiente las elecciones sindicales nacionales, cuyos resultados los ganaron las fuerzas tradicionales en alianza con nuevos sectores que ya empezaban a separarse del bloque gubernamental.
Este incipiente proceso de recuperación, hace más lamentable el papel jugado por el liderazgo del movimiento sindical cetevista en los sucesos de abril del 2002, porque de esa manera se abortó una recuperación que venía dando muestras consistentes de reconstrucción, luego de un tsunami de acontecimientos adversos.
Resultado de lo anterior, aún hoy domina en el discurso y comportamiento de buena parte de quienes se identifican con el gobierno de calificar de derechista, ultraderechista, golpista, fascista, y cuanto epíteto tenga cargas similares, a todo aquel dirigente que apele a los valores propios de un movimiento de los trabajadores autónomo y democrático. Hay dogmatismo en las valoraciones. Se simplifica por supuesto la realidad histórica, claro en tanto no se haya estudiado con mayor detenimiento, profundidad y que se pongan a un lado tanto prejuicio.
domingo, 3 de abril de 2011
REMUNERACIONES: RESPETO ESTATAL Y AUTONOMIA DE ACTORES
Continuamos sobre la política de remuneraciones. En esta ocasión se trata de destacar que una economía inflacionaria requiere una revisión de los ingresos, con una frecuencia que al menos mantenga el poder adquisitivo de los trabajadores; lo que lamentablemente no viene ocurriendo en el país. Se producen estancamientos que sólo son alterados por la revisión del salario mínimo, y que en cierta medida empuja hacia arriba los salarios cercanos al mínimo. Pero todos aquellos que están al menos un 50% por encima tienden a quedar iguales. De aquí que cada vez se tiene a una mayor cantidad de trabajadores ganando el mínimo.
Se plantea la necesidad de la revisión de todas las escalas al menos una vez al año, y que los compromisos adquiridos se vayan aplicando a lo largo de esos doce meses. Es lo que ocurre usualmente en las grandes empresas con un normal funcionamiento de sus políticas de remuneraciones.
A modo ilustrativo veamos el caso argentino, de paso es el único país de América Latina que también plantea un panorama inflacionario para este año al señalarse una expectativa de un 25%, algo menos del caso venezolano. Ya sabemos que el resto de los países de la región tienen expectativas inflacionarias de un sólo digito.
Pues bien, en Argentina hay un estimulo abierto y genuino al desarrollo de las relaciones colectivas de trabajo. Como se sabe la crisis del 2002, luego del “argentinazo”, que derivó inmediatamente en una devaluación de 200%, al pasar de la paridad un dólar igual a un peso, y en enero de ese año se pasó de un dólar igual a tres pesos. Y que casi una década más tarde la paridad solo se ha movido a una relación un dólar igual a cuatro pesos, un 33% más.
En nuestro caso la paridad en enero de 1999, un dólar nos costaba Bs 570 (sin control de cambios). Doce años más tarde nos cuesta siete y media veces más, pero con control de cambios, y fuera de éste hablaríamos de quince veces más.
En este escenario económico y laboral referencial, véase la política de remuneraciones basada en las relaciones colectivas de trabajo. Los más importantes sectores productivos negocian anualmente sus convenios, y ellos dan la pauta para los sectores más pequeños y para el conjunto de las remuneraciones, además sirve para controlar las expectativas. En ese orden se acaba de cerrar la negociación de los camioneros.
El Sindicato de Choferes de Camiones, las Cámaras empresariales y Gobierno, anunciaron luego de veinte días de negociaciones, el acuerdo salarial de 24% para todos los trabajadores del sector. Pagándose 12% en julio, 6% noviembre y 6% marzo del 2012. Beneficia a 180 mil trabajadores y es una referencia para el resto del sector privado. Además del aumento de remuneraciones en un 24%, otros beneficios contractuales llevan el incremento del ingreso a un 30%. Resultado, el salario mensual de un chofer que recorre la ciudad de Buenos Aires superara los 7500 pesos al termino del convenio (El País, Pag /12, 31-3-11). Si lo convertimos a dólares sería $ 1.750 (1 $ Usa = 4 pesos). Para los que han viajado a Argentina, saben que el costo de vida en ese país es menor que en Venezuela. La calidad de vida de sus trabajadores la envidiamos.
Esta experiencia laboral argentina está sustentada en elementos políticos y económicos fundamentales. Primero una política estatal que fomenta las relaciones colectivas de trabajo, que respeta al movimiento sindical y empresarial, que no perturbe su autonomía para que aborden y acuerden estos temas; y que el Estado sea garante del cumplimiento de los mismos. Segundo unas organizaciones gremiales tanto de trabajadores como de empresarios, que se sustenten en la unidad y tengan el músculo para comprometer a sus colectivos representados. Estas asignaturas están pendientes en nuestros escenarios.
Hay un largo camino que recorrer para que el liderazgo de los trabajadores no se confunda con los roles de Estado y de los patronos, especialmente cuando el patrono es estatal; lo que no es un asunto menor, en un país que cuenta con un 20% de la población formal trabajándole al Estado. Una muestra de este problema se observa a propósito de protesta de trabajadores en funciones de inspección de Sidor, que dado un aumento de remuneraciones por la aplicación de tabulador fueron ignorados. Ante lo cual, el máximo directivo de su sindicato responde a entrevista periodística “¿Cómo le vamos a dar un aumento si a ellos ya se les dio en el 2008?” (Correo d Caroní, 30-3-11).
Se plantea la necesidad de la revisión de todas las escalas al menos una vez al año, y que los compromisos adquiridos se vayan aplicando a lo largo de esos doce meses. Es lo que ocurre usualmente en las grandes empresas con un normal funcionamiento de sus políticas de remuneraciones.
A modo ilustrativo veamos el caso argentino, de paso es el único país de América Latina que también plantea un panorama inflacionario para este año al señalarse una expectativa de un 25%, algo menos del caso venezolano. Ya sabemos que el resto de los países de la región tienen expectativas inflacionarias de un sólo digito.
Pues bien, en Argentina hay un estimulo abierto y genuino al desarrollo de las relaciones colectivas de trabajo. Como se sabe la crisis del 2002, luego del “argentinazo”, que derivó inmediatamente en una devaluación de 200%, al pasar de la paridad un dólar igual a un peso, y en enero de ese año se pasó de un dólar igual a tres pesos. Y que casi una década más tarde la paridad solo se ha movido a una relación un dólar igual a cuatro pesos, un 33% más.
En nuestro caso la paridad en enero de 1999, un dólar nos costaba Bs 570 (sin control de cambios). Doce años más tarde nos cuesta siete y media veces más, pero con control de cambios, y fuera de éste hablaríamos de quince veces más.
En este escenario económico y laboral referencial, véase la política de remuneraciones basada en las relaciones colectivas de trabajo. Los más importantes sectores productivos negocian anualmente sus convenios, y ellos dan la pauta para los sectores más pequeños y para el conjunto de las remuneraciones, además sirve para controlar las expectativas. En ese orden se acaba de cerrar la negociación de los camioneros.
El Sindicato de Choferes de Camiones, las Cámaras empresariales y Gobierno, anunciaron luego de veinte días de negociaciones, el acuerdo salarial de 24% para todos los trabajadores del sector. Pagándose 12% en julio, 6% noviembre y 6% marzo del 2012. Beneficia a 180 mil trabajadores y es una referencia para el resto del sector privado. Además del aumento de remuneraciones en un 24%, otros beneficios contractuales llevan el incremento del ingreso a un 30%. Resultado, el salario mensual de un chofer que recorre la ciudad de Buenos Aires superara los 7500 pesos al termino del convenio (El País, Pag /12, 31-3-11). Si lo convertimos a dólares sería $ 1.750 (1 $ Usa = 4 pesos). Para los que han viajado a Argentina, saben que el costo de vida en ese país es menor que en Venezuela. La calidad de vida de sus trabajadores la envidiamos.
Esta experiencia laboral argentina está sustentada en elementos políticos y económicos fundamentales. Primero una política estatal que fomenta las relaciones colectivas de trabajo, que respeta al movimiento sindical y empresarial, que no perturbe su autonomía para que aborden y acuerden estos temas; y que el Estado sea garante del cumplimiento de los mismos. Segundo unas organizaciones gremiales tanto de trabajadores como de empresarios, que se sustenten en la unidad y tengan el músculo para comprometer a sus colectivos representados. Estas asignaturas están pendientes en nuestros escenarios.
Hay un largo camino que recorrer para que el liderazgo de los trabajadores no se confunda con los roles de Estado y de los patronos, especialmente cuando el patrono es estatal; lo que no es un asunto menor, en un país que cuenta con un 20% de la población formal trabajándole al Estado. Una muestra de este problema se observa a propósito de protesta de trabajadores en funciones de inspección de Sidor, que dado un aumento de remuneraciones por la aplicación de tabulador fueron ignorados. Ante lo cual, el máximo directivo de su sindicato responde a entrevista periodística “¿Cómo le vamos a dar un aumento si a ellos ya se les dio en el 2008?” (Correo d Caroní, 30-3-11).
domingo, 27 de marzo de 2011
Remuneraciones: Revisión y Justicia
Una política de remuneraciones es urgente para los trabajadores venezolanos. La continuada inflación en porcentajes de alrededor un 30%, la más alta del continente, no guarda correspondencia con los modestos o ningún incremento salarial que perciben anualmente los trabajadores. Compárese con Chile, Perú y Colombia, cuyas expectativas inflacionarias son para el 2011 de 3.5%. Por su parte Ecuador 4%, Brasil 5.8, Bolivia y Uruguay 7%. A pesar de ello, en cada uno de estos países se aplican políticas de remuneraciones que protegen el poder adquisitivo de los trabajadores.
Con los niveles inflacionarios que tenemos, hace falta una política salarial que revise y ajuste máximo cada seis meses la situación de ingresos de la población trabajadora. No sólo el ajuste anual de los salarios mínimos, sino de las estructuras completas. Por supuesto que el problema de ingresos de la población, es parte de un esquema que tiene que ver con revisiones y ajustes de precios de bienes y servicios, producción, empleos, inversiones, tasa cambiaria, tasa de interés, impuestos y gastos sociales. El gobierno ha asumido de manera centralizada y monopólica todos estos asuntos, restándole autonomía al Banco Central, y dejando a un lado a los actores sociales y laborales, a las instituciones académicas, y por tanto carga bajo su responsabilidad de los resultados que esta política viene generando.
Interesante destacar que en la prensa nacional la empresa transnacional Heinz publicó aviso (El Nacional, sábado 19-3-11, pag B3), informando la oferta que hacía al sindicato en el proceso de negociaciones colectivas que vienen adelantando, luego del vencimiento del convenio colectivo el pasado junio 2010. Lo llamativo de la información es la oferta empresarial de elevar los ingresos mensuales en un porcentaje de 127%, en un esquema de rotación de los tres turnos más los beneficios que se pagan regularmente y ya negociados. Esto lleva los niveles de ingresos mensuales de Bs 6.812 para los niveles de menores ingresos, y de Bs 7.308 a los obreros de la mayor categoría.
Hay que destacar que esta oferta empresarial, viene precedida de una huelga de cuatro semanas, y que si bien la reanudación de las actividades laborales, ocurrió aún sin la conclusión de las negociaciones, las autoridades pidieron a las partes llegar a un acuerdo. Importante destacar que se trata de una empresa productora de alimentos que en algunos de sus productos es líder nacional, por lo que el conflicto despertó desde temprano el interés gubernamental y de la ciudadanía.
Si este comportamiento gubernamental observado en las relaciones de trabajo del sector privado, y especialmente si son empresas transnacionales, fuera similar en los procesos de negociación salarial del sector público tendríamos un interesante resultado en materia de ingresos para los trabajadores.
En la perspectiva de una política de remuneraciones se evidencia que las negociaciones colectivas son un instrumento válido para dar solución en esta área. Por ello es oportuno llamar la atención el continuado deterioro y estancamiento experimentado por este mecanismo de las Relaciones de Trabajo. Entre 1976 y 1995, no hubo un año con menos de un mil convenios colectivos negociados y firmados, en cambio de 1999 en adelante, la firma y entrada en vigencia de convenios colectivos ha sido un proceso traumático y con resultados limitados, a tal punto que en el último año dado a conocer, el 2009, apenas se firmaron 360 convenios colectivos – Memoria del MPPTSS-. De paso, destacamos la opacidad y rezago de este despacho en proveer datos sobre esta materia.
En el sector público la norma es el atraso de la firma de los convenios colectivos, se nota que hay oposición gubernamental al compromiso con los trabajadores. La modesta cantidad de convenios negociados firmados que se observa en las estadísticas oficiales, se alimentan en una alta proporción de las relaciones de trabajo en el sector privado.
Finalmente, se observa en la remuneración de los factores entre capital y trabajo, resulta que ha favorecido al primero. En 1985 esta distribución era entre 38% al Trabajo y 62% al Capital. En el 2008, esta distribución fue del 31% al Trabajo y 69% al Capital, según lo vemos en la página web de Cepal, con datos provenientes de fuentes oficiales venezolanas. Para los trabajadores, y el Trabajo en general, no se ven los avances ni resultados. El déficit con ellos o la deuda social como se oye mencionar, sigue incrementándose, muy a pesar de los fabulosos ingresos que recibe el Estado venezolano por sus exportaciones petroleras.
Con los niveles inflacionarios que tenemos, hace falta una política salarial que revise y ajuste máximo cada seis meses la situación de ingresos de la población trabajadora. No sólo el ajuste anual de los salarios mínimos, sino de las estructuras completas. Por supuesto que el problema de ingresos de la población, es parte de un esquema que tiene que ver con revisiones y ajustes de precios de bienes y servicios, producción, empleos, inversiones, tasa cambiaria, tasa de interés, impuestos y gastos sociales. El gobierno ha asumido de manera centralizada y monopólica todos estos asuntos, restándole autonomía al Banco Central, y dejando a un lado a los actores sociales y laborales, a las instituciones académicas, y por tanto carga bajo su responsabilidad de los resultados que esta política viene generando.
Interesante destacar que en la prensa nacional la empresa transnacional Heinz publicó aviso (El Nacional, sábado 19-3-11, pag B3), informando la oferta que hacía al sindicato en el proceso de negociaciones colectivas que vienen adelantando, luego del vencimiento del convenio colectivo el pasado junio 2010. Lo llamativo de la información es la oferta empresarial de elevar los ingresos mensuales en un porcentaje de 127%, en un esquema de rotación de los tres turnos más los beneficios que se pagan regularmente y ya negociados. Esto lleva los niveles de ingresos mensuales de Bs 6.812 para los niveles de menores ingresos, y de Bs 7.308 a los obreros de la mayor categoría.
Hay que destacar que esta oferta empresarial, viene precedida de una huelga de cuatro semanas, y que si bien la reanudación de las actividades laborales, ocurrió aún sin la conclusión de las negociaciones, las autoridades pidieron a las partes llegar a un acuerdo. Importante destacar que se trata de una empresa productora de alimentos que en algunos de sus productos es líder nacional, por lo que el conflicto despertó desde temprano el interés gubernamental y de la ciudadanía.
Si este comportamiento gubernamental observado en las relaciones de trabajo del sector privado, y especialmente si son empresas transnacionales, fuera similar en los procesos de negociación salarial del sector público tendríamos un interesante resultado en materia de ingresos para los trabajadores.
En la perspectiva de una política de remuneraciones se evidencia que las negociaciones colectivas son un instrumento válido para dar solución en esta área. Por ello es oportuno llamar la atención el continuado deterioro y estancamiento experimentado por este mecanismo de las Relaciones de Trabajo. Entre 1976 y 1995, no hubo un año con menos de un mil convenios colectivos negociados y firmados, en cambio de 1999 en adelante, la firma y entrada en vigencia de convenios colectivos ha sido un proceso traumático y con resultados limitados, a tal punto que en el último año dado a conocer, el 2009, apenas se firmaron 360 convenios colectivos – Memoria del MPPTSS-. De paso, destacamos la opacidad y rezago de este despacho en proveer datos sobre esta materia.
En el sector público la norma es el atraso de la firma de los convenios colectivos, se nota que hay oposición gubernamental al compromiso con los trabajadores. La modesta cantidad de convenios negociados firmados que se observa en las estadísticas oficiales, se alimentan en una alta proporción de las relaciones de trabajo en el sector privado.
Finalmente, se observa en la remuneración de los factores entre capital y trabajo, resulta que ha favorecido al primero. En 1985 esta distribución era entre 38% al Trabajo y 62% al Capital. En el 2008, esta distribución fue del 31% al Trabajo y 69% al Capital, según lo vemos en la página web de Cepal, con datos provenientes de fuentes oficiales venezolanas. Para los trabajadores, y el Trabajo en general, no se ven los avances ni resultados. El déficit con ellos o la deuda social como se oye mencionar, sigue incrementándose, muy a pesar de los fabulosos ingresos que recibe el Estado venezolano por sus exportaciones petroleras.
sábado, 19 de marzo de 2011
Deuda Pública y Consecuencias Laborales
Endeudarse es conveniente para ampliar la capacidad productiva y la inversión que se realice permite pagar la deuda. Además el endeudamiento con un acreedor que te apoye tecnológicamente y facilite el mejoramiento productivo que luego permitirá pagar la deuda, es una ventaja para deudor y acreedor. Vale recordar que los países no tienen amigos, sino intereses. Famosa frase de Winston Churchill.
Endeudarse para gasto corriente, como nóminas y gastos de funcionamiento operacional, es un riesgo para deudor y acreedor. El primero porque no está mejorando la capacidad productiva; el segundo porque corre el riesgo de tener dificultades para cobrar. Hay las opciones de renegociaciones y reestructuraciones de deudas que plantean dos caminos, que el acreedor pierda algo de lo que pretendía cobrar, o que el país deudor se vea obligado a ajustes que lesionen a su propia sociedad.
En la segunda mitad de la década de los setenta, Venezuela experimentó un notable crecimiento del endeudamiento, al multiplicarse su deuda externa por cinco veces en el lapso de cinco años. No pasaron muchos años para que las consecuencias se hicieran sentir, como fue el viernes negro de 1983. Ahí empezó la devaluación de nuestro signo monetario. Pasamos del 4.30 de antes, a Bs 6 por dólar. La historia no ha terminado, ahora se tienen devaluaciones anuales. Contrasta con varios países latinoamericanos (Colombia, entre ellos), que han venido revaluando sus monedas frente al dólar. La deuda externa trajo consigo un extenso debate, ya que las consecuencias al final son pagadas por la población, lo que quiere decir en primer lugar los trabajadores.
Para encarar las consecuencias del pago de la deuda externa, los países experimentaron procesos de ajustes, en donde más se castigaba a los sectores populares. En algunos casos, programas de ajustes impuestos por los organismos multilaterales como el FMI o el Banco Mundial, pero también auto impuestos por las propias consideraciones de factores locales. Se congelaron remuneraciones, convenios colectivos y otras conquistas reivindicativas; además se perdieron empleos y capacidad productiva. Por ello la década del ochenta, fue llamada desde la perspectiva del progreso y avance socio económico como la década perdida.
Ubicándonos en los últimos años, tenemos que la deuda externa venezolana ha vuelto a colocarse en niveles que nos recuerdan lo señalado anteriormente. Por supuesto que ahora no es el FMI o el BM, quienes influyen en demandar y presionar estas exigencias para recuperar el dinero de la banca internacional. Ahora al margen de estos organismos multilaterales se imponen programas de ajustes subrepticios, al congelar conquistas laborales, vía salarios y convenios colectivos, así como congelar presupuestos de servicios fundamentales en educación, salud, seguridad, mantenimiento de infraestructura. La calidad de vida del venezolano se deteriora.
¿Quienes son los acreedores? Entre los más importantes son los propios trabajadores, especialmente los del sector público, con quienes se viene acumulado un importante monto de pasivos laborales, de beneficios no pagados, de congelamiento de salarios y de convenios colectivos. Pero también los trabajadores del sector privado son acreedores con quienes las políticas públicas acumulan deudas al no dar repuestas en compromisos legislativos constitucionales, destacándose en materia de seguridad social.
Entre los acreedores que tiene la República destacan igualmente las empresas a quienes se les expropiaron sus propiedades, aquí hay que distinguir en dos grandes categorías. Por un lado las extranjeras, a quienes en un porcentaje importante se les ha venido pagando, y por otro las de propiedad de nacionales, con quienes los procesos de pagos son más traumáticos y rezagados.
Digno de destacar son los acreedores a quienes se les viene pagando con productos primarios, materias primas. Se trata de petróleo, hierro y aluminio. Todos en manos de empresas estatales. El compromiso hipoteca el futuro del país. La producción de mañana viene comprometiéndose. Las generaciones futuras, nuestros hijos y nietos, nos prestaron este espacio y debemos regresárselos en mejores condiciones que como lo recibimos de las generaciones anteriores, y ello implica que lo que esté en el subsuelo no debiera estar atado a ningún país o interés económico extranjero, sino a nuestra administración para disfrute de las generaciones actuales y futuras.
Endeudarse para gasto corriente, como nóminas y gastos de funcionamiento operacional, es un riesgo para deudor y acreedor. El primero porque no está mejorando la capacidad productiva; el segundo porque corre el riesgo de tener dificultades para cobrar. Hay las opciones de renegociaciones y reestructuraciones de deudas que plantean dos caminos, que el acreedor pierda algo de lo que pretendía cobrar, o que el país deudor se vea obligado a ajustes que lesionen a su propia sociedad.
En la segunda mitad de la década de los setenta, Venezuela experimentó un notable crecimiento del endeudamiento, al multiplicarse su deuda externa por cinco veces en el lapso de cinco años. No pasaron muchos años para que las consecuencias se hicieran sentir, como fue el viernes negro de 1983. Ahí empezó la devaluación de nuestro signo monetario. Pasamos del 4.30 de antes, a Bs 6 por dólar. La historia no ha terminado, ahora se tienen devaluaciones anuales. Contrasta con varios países latinoamericanos (Colombia, entre ellos), que han venido revaluando sus monedas frente al dólar. La deuda externa trajo consigo un extenso debate, ya que las consecuencias al final son pagadas por la población, lo que quiere decir en primer lugar los trabajadores.
Para encarar las consecuencias del pago de la deuda externa, los países experimentaron procesos de ajustes, en donde más se castigaba a los sectores populares. En algunos casos, programas de ajustes impuestos por los organismos multilaterales como el FMI o el Banco Mundial, pero también auto impuestos por las propias consideraciones de factores locales. Se congelaron remuneraciones, convenios colectivos y otras conquistas reivindicativas; además se perdieron empleos y capacidad productiva. Por ello la década del ochenta, fue llamada desde la perspectiva del progreso y avance socio económico como la década perdida.
Ubicándonos en los últimos años, tenemos que la deuda externa venezolana ha vuelto a colocarse en niveles que nos recuerdan lo señalado anteriormente. Por supuesto que ahora no es el FMI o el BM, quienes influyen en demandar y presionar estas exigencias para recuperar el dinero de la banca internacional. Ahora al margen de estos organismos multilaterales se imponen programas de ajustes subrepticios, al congelar conquistas laborales, vía salarios y convenios colectivos, así como congelar presupuestos de servicios fundamentales en educación, salud, seguridad, mantenimiento de infraestructura. La calidad de vida del venezolano se deteriora.
¿Quienes son los acreedores? Entre los más importantes son los propios trabajadores, especialmente los del sector público, con quienes se viene acumulado un importante monto de pasivos laborales, de beneficios no pagados, de congelamiento de salarios y de convenios colectivos. Pero también los trabajadores del sector privado son acreedores con quienes las políticas públicas acumulan deudas al no dar repuestas en compromisos legislativos constitucionales, destacándose en materia de seguridad social.
Entre los acreedores que tiene la República destacan igualmente las empresas a quienes se les expropiaron sus propiedades, aquí hay que distinguir en dos grandes categorías. Por un lado las extranjeras, a quienes en un porcentaje importante se les ha venido pagando, y por otro las de propiedad de nacionales, con quienes los procesos de pagos son más traumáticos y rezagados.
Digno de destacar son los acreedores a quienes se les viene pagando con productos primarios, materias primas. Se trata de petróleo, hierro y aluminio. Todos en manos de empresas estatales. El compromiso hipoteca el futuro del país. La producción de mañana viene comprometiéndose. Las generaciones futuras, nuestros hijos y nietos, nos prestaron este espacio y debemos regresárselos en mejores condiciones que como lo recibimos de las generaciones anteriores, y ello implica que lo que esté en el subsuelo no debiera estar atado a ningún país o interés económico extranjero, sino a nuestra administración para disfrute de las generaciones actuales y futuras.
domingo, 13 de marzo de 2011
Seguridad Social Insegura
La seguridad social es una conquista de la humanidad. Con ella se atienden los momentos difíciles de los trabajadores y su familia. No tener seguridad social es una situación de indigencia laboral. Estas reflexiones las replanteamos a propósito de escándalo en pleno desarrollo que afecta dos instituciones claves de la seguridad social, un fondo de pensiones y una caja de ahorros. Ambos pertenecientes a los trabajadores y ex trabajadores de la principal empresa de Venezuela, Pdvsa.
Los momentos difíciles, es decir atender las contingencias de corto plazo y proveer los beneficios de largo plazo, son los objetivos de estas instituciones de la seguridad social. Posiblemente este fondo de pensiones y esta caja de ahorros sean los de mayor tradición en el país, lo que resultaría lógico ateniéndose a la edad de la industria petrolera, al volumen de su fuerza de trabajo, y al desarrollo de sus relaciones de trabajo que le permitió acumular un patrimonio de conquistas laborales de trascendencia histórica en las relaciones de trabajo y en la seguridad social en Venezuela.
Leer que 540 millones de dólares de estas instituciones están en situación de riesgo es espeluznante. Un noventa por ciento perteneciente al fondo de pensiones y el resto –diez por ciento- a la caja de ahorros. La magnitud monumental del monto sólo es posible en el sector petrolero. Los afectados son miles de aportantes trabajadores y ex trabajadores, además de sus familiares. Un directivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela –Eudis Girot- asoma 25.000 ex trabajadores y 105 mil trabajadores. Entre los primeros seguro hay una porción significativa de los despedidos en enero-febrero 2003, a propósito del paro petrolero de entonces. Ahora vemos que están en situación de victimas los que salieron y los quedaron, pero también los que ingresaron a posteriori, posiblemente ocupando los puestos de los despedidos, más el crecimiento exponencial de la nómina de esta empresa.
Hasta el momento hay una investigación y un detenido, pero ninguna tienen que ver con las autoridades venezolanas. Recién se emite una tibia declaración –Pdvsa-, admitiendo algo del asunto. Excesiva prudencia. Mientras, las únicas declaraciones de los afectados que reflejan inquietud vienen de los medios sindicales. Es un problema que interesa a toda la población venezolanas, porque se está poniendo en juego instituciones que forman parte del patrimonio de un colectivo laboral importante, aceptado y reconocido como referencia en las instituciones que hoy parecen ser asaltadas en un uso extremo de privatización y capitalismo salvaje. Las fallas en el asunto son muchas para pretender agotarlas en un breve artículo. Pero si es necesario adelantar algunas preocupaciones.
Una experiencia positiva
El dinero de los trabajadores debe ser administrado por sus propios dueños, y los criterios han de ser de tipo banquero tradicional – equilibrio entre el debe y el haber-. Vale recordar una experiencia referencial en la Universidad de Carabobo. En el presente año, el Instituto de Previsión de los Profesores, que es más bien una caja de ahorros con servicios ampliados, está celebrando sus cincuenta años de efectiva existencia. Sus más de seis mil afiliados dan cuenta favorablemente de haber recibido el apoyo del Instituto ¿ Como funciona? Con un equipo electo por sus propios afiliados, sin interferencia patronal, y un funcionariado especializado para las tareas administrativas. Recordamos que los profesores, votantes que bianualmente eligen el equipo directivo, han tenido un comportamiento electoral diverso a la hora de cumplir con su voto en las elecciones periódicas. Por un lado, la de autoridades rectorales y decanales, en donde privan las simpatías políticas, sean vinculadas con la política nacional y/o interna; la elección gremial, la de Asociación de Profesores – el sindicato-, en donde se opta por los “come candela”, dispuesto a batirse en todo terreno por las luchas reivindicativas, y finalmente la elección del equipo directivo del Instituto de Previsión, cuya escogencia descansa en escoger según la percepción ética y profesional, que brinden confianza en la administración equilibrada de los ahorros y sus destinos. En la última elección aparecieron algunos criterios adicionales en la escogencia del equipo directivo. Tiene que ver con que el ejecutivo nacional acumula una deuda de más de setenta millones con el Instituto de Previsión.
En el caso que nos llevó a elaborar la presente contribución, se observa la intervención patronal –Pdvsa- en la configuración de los equipos de conducción de las instituciones en peligro. No hay que dejar de señalar las posturas subordinadas que extienden a otras esferas, comportamientos de sumisión al patrono. Se pudiera creer que quienes manejan la empresa son garantía de gestión profesional y competente, y por tanto conviene contar con su asesoría e intervención en la conducción de los fondos de jubilación y las cajas de ahorros. Los resultados han dicho lo contrario.
Los momentos difíciles, es decir atender las contingencias de corto plazo y proveer los beneficios de largo plazo, son los objetivos de estas instituciones de la seguridad social. Posiblemente este fondo de pensiones y esta caja de ahorros sean los de mayor tradición en el país, lo que resultaría lógico ateniéndose a la edad de la industria petrolera, al volumen de su fuerza de trabajo, y al desarrollo de sus relaciones de trabajo que le permitió acumular un patrimonio de conquistas laborales de trascendencia histórica en las relaciones de trabajo y en la seguridad social en Venezuela.
Leer que 540 millones de dólares de estas instituciones están en situación de riesgo es espeluznante. Un noventa por ciento perteneciente al fondo de pensiones y el resto –diez por ciento- a la caja de ahorros. La magnitud monumental del monto sólo es posible en el sector petrolero. Los afectados son miles de aportantes trabajadores y ex trabajadores, además de sus familiares. Un directivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela –Eudis Girot- asoma 25.000 ex trabajadores y 105 mil trabajadores. Entre los primeros seguro hay una porción significativa de los despedidos en enero-febrero 2003, a propósito del paro petrolero de entonces. Ahora vemos que están en situación de victimas los que salieron y los quedaron, pero también los que ingresaron a posteriori, posiblemente ocupando los puestos de los despedidos, más el crecimiento exponencial de la nómina de esta empresa.
Hasta el momento hay una investigación y un detenido, pero ninguna tienen que ver con las autoridades venezolanas. Recién se emite una tibia declaración –Pdvsa-, admitiendo algo del asunto. Excesiva prudencia. Mientras, las únicas declaraciones de los afectados que reflejan inquietud vienen de los medios sindicales. Es un problema que interesa a toda la población venezolanas, porque se está poniendo en juego instituciones que forman parte del patrimonio de un colectivo laboral importante, aceptado y reconocido como referencia en las instituciones que hoy parecen ser asaltadas en un uso extremo de privatización y capitalismo salvaje. Las fallas en el asunto son muchas para pretender agotarlas en un breve artículo. Pero si es necesario adelantar algunas preocupaciones.
Una experiencia positiva
El dinero de los trabajadores debe ser administrado por sus propios dueños, y los criterios han de ser de tipo banquero tradicional – equilibrio entre el debe y el haber-. Vale recordar una experiencia referencial en la Universidad de Carabobo. En el presente año, el Instituto de Previsión de los Profesores, que es más bien una caja de ahorros con servicios ampliados, está celebrando sus cincuenta años de efectiva existencia. Sus más de seis mil afiliados dan cuenta favorablemente de haber recibido el apoyo del Instituto ¿ Como funciona? Con un equipo electo por sus propios afiliados, sin interferencia patronal, y un funcionariado especializado para las tareas administrativas. Recordamos que los profesores, votantes que bianualmente eligen el equipo directivo, han tenido un comportamiento electoral diverso a la hora de cumplir con su voto en las elecciones periódicas. Por un lado, la de autoridades rectorales y decanales, en donde privan las simpatías políticas, sean vinculadas con la política nacional y/o interna; la elección gremial, la de Asociación de Profesores – el sindicato-, en donde se opta por los “come candela”, dispuesto a batirse en todo terreno por las luchas reivindicativas, y finalmente la elección del equipo directivo del Instituto de Previsión, cuya escogencia descansa en escoger según la percepción ética y profesional, que brinden confianza en la administración equilibrada de los ahorros y sus destinos. En la última elección aparecieron algunos criterios adicionales en la escogencia del equipo directivo. Tiene que ver con que el ejecutivo nacional acumula una deuda de más de setenta millones con el Instituto de Previsión.
En el caso que nos llevó a elaborar la presente contribución, se observa la intervención patronal –Pdvsa- en la configuración de los equipos de conducción de las instituciones en peligro. No hay que dejar de señalar las posturas subordinadas que extienden a otras esferas, comportamientos de sumisión al patrono. Se pudiera creer que quienes manejan la empresa son garantía de gestión profesional y competente, y por tanto conviene contar con su asesoría e intervención en la conducción de los fondos de jubilación y las cajas de ahorros. Los resultados han dicho lo contrario.
sábado, 5 de marzo de 2011
ENTENDIENDO LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA LABORAL
En el ámbito de las Relaciones de Trabajo y particularmente en el de la Libertad Sindical, ha venido repercutiendo el tema de la criminalización de la protesta laboral. ¿A qué responde esta situación? es la pregunta para proponer algunos puntos de discusión.
Quienes sostienen que no hay presos políticos, indican que lo que hay más bien son políticos presos, y que ello responde a sentencias o procesos por la ejecución de delitos comunes. Observando el ámbito específico de los militantes sociales y laborales, los registros de Provea ya cuentan con cerca de dos mil quinientas personas, y en concreto en lo sindical alrededor de dos centenas. En estos casos lo dominante es la vinculación directa de la criminalización, con acciones de calle que acompañan inevitablemente la protesta social y laboral. Son la toma de calles y concentraciones, las formas de protesta más comunes, a tal punto que el 2010 representaron el 73% de todas las formas de protesta.
En el ámbito sindical el caso más notorio es el de Rubén González. Si bien liberado recientemente, luego de diez y siete meses de presidio, aún criminalizado y sujeto a restricciones de sus derechos y libertad. Es un proceso en desarrollo, sobre el cual se seguirán manifestando acciones que obligan a continuar evaluándolo.
Volviendo a la pregunta de inicio, lo primero que habría que destacar es el enjambre de leyes restrictivas que hacen riesgosa la actividad sindical y la protesta social en general. Predominan en estas leyes consideraciones sobre seguridad, por ello descansan en un sustrato militarizante. Identificar estas regulaciones y someterlas al análisis para destacar los elementos contenidos en ellas, que entran en conflicto con la libertad responsable y necesaria para el ejercicio de la protesta, es tarea del mayor interés en los ámbitos de análisis de las relaciones de trabajo.
Un segundo elemento que coadyuva a la criminalización es la dualidad de Estado Regulador y Estado Productor. No logra el Estado y menos el Gobierno deslindar una función de la otra. Su carácter regulador se ejerce de manera sesgada ante los privados que se vinculan con las entidades que el Estado dirige, empezando por sus subordinados laborales. Estatizaciones que colocan a los órganos de regulación y mediación en posición de ser parte en las querellas laborales. Patronos estatales empoderados y confiados de contar con el apoyo de los órganos estatales. Esto determina que el ejercicio de la acción sindical en sus aspectos más naturales, como es la vigilancia de los compromisos vigentes y la búsqueda de mejores condiciones de trabajo, se convierte en acciones temerarias que exponen a los dirigentes al acoso y sometimiento no sólo por parte del patronato estatal, sino por los órganos a quienes teóricamente tendría que acudir para solicitar intervenciones correctivas.
Las dos entidades públicas que han de estar prestas y a disposición de los ciudadanos para proveer los correctivos que pueda solicitar la acción sindical, como son la Administración del Trabajo y la Justicia en general, están en una situación limitada ante casos de querellantes del ámbito público. Decisiones administrativas y judiciales favorables a los querellantes y opuestas a los patronos estatales son excepcionales. Un tanto más natural son los comportamientos de estos ámbitos cuando los querellantes son del ámbito productivo privado. Habría que analizar más el asunto, por implicaciones y sesgos que también se observan.
En la generalización de la criminalización no todo el análisis apunta hacia lo público, también hacia lo privado conviene llamar la atención. Representa una enorme desventaja el emprendimiento de protestas en ausencia de elementos de coordinación en el ámbito sindical, y la preeminencia de pequeñas centrales, corrientes y organismos locales, que dificultan acciones de solidaridad y construcción de posiciones articuladas entre el propio movimiento y en la relación con otros sectores. Las acusaciones mutuas y las desconfianzas que levantan, favorecen al patrono estado.
Hay que agregar que la protesta no es sólo voluntad, ella demanda conocimientos, coordinaciones, articulaciones, recursos. En fin es todo una escuela que construye las fortalezas para su ejercicio. Sus carencias, como es lo dominante en nuestro caso, expone el ejercicio de la protesta social y laboral a mayores riesgos y sacrificios, dificultando las expectativas de logros.
Para terminar, otras entidades en el ámbito privado también son importantes en el análisis del presente problema. Las organizaciones no gubernamentales que hacen del ámbito socio laboral su foco de estudio y análisis. Su capacidad de orientación, recopilación y seguimiento, representan aportes esenciales para las organizaciones que están rezagadas organizacionalmente. La difusión de más allá del lugar de ocurrencia de la protesta o problema, al resto de la sociedad, con la debida responsabilidad es un aporte importante de los medios de comunicación masiva. Finalmente la acción internacional, sea por las propias centrales sindicales, ong´s, como por los organismos multilaterales con los cuales el país está vinculado, particularmente la OIT. En todos ellos la violación de lo laboral es importante.
Quienes sostienen que no hay presos políticos, indican que lo que hay más bien son políticos presos, y que ello responde a sentencias o procesos por la ejecución de delitos comunes. Observando el ámbito específico de los militantes sociales y laborales, los registros de Provea ya cuentan con cerca de dos mil quinientas personas, y en concreto en lo sindical alrededor de dos centenas. En estos casos lo dominante es la vinculación directa de la criminalización, con acciones de calle que acompañan inevitablemente la protesta social y laboral. Son la toma de calles y concentraciones, las formas de protesta más comunes, a tal punto que el 2010 representaron el 73% de todas las formas de protesta.
En el ámbito sindical el caso más notorio es el de Rubén González. Si bien liberado recientemente, luego de diez y siete meses de presidio, aún criminalizado y sujeto a restricciones de sus derechos y libertad. Es un proceso en desarrollo, sobre el cual se seguirán manifestando acciones que obligan a continuar evaluándolo.
Volviendo a la pregunta de inicio, lo primero que habría que destacar es el enjambre de leyes restrictivas que hacen riesgosa la actividad sindical y la protesta social en general. Predominan en estas leyes consideraciones sobre seguridad, por ello descansan en un sustrato militarizante. Identificar estas regulaciones y someterlas al análisis para destacar los elementos contenidos en ellas, que entran en conflicto con la libertad responsable y necesaria para el ejercicio de la protesta, es tarea del mayor interés en los ámbitos de análisis de las relaciones de trabajo.
Un segundo elemento que coadyuva a la criminalización es la dualidad de Estado Regulador y Estado Productor. No logra el Estado y menos el Gobierno deslindar una función de la otra. Su carácter regulador se ejerce de manera sesgada ante los privados que se vinculan con las entidades que el Estado dirige, empezando por sus subordinados laborales. Estatizaciones que colocan a los órganos de regulación y mediación en posición de ser parte en las querellas laborales. Patronos estatales empoderados y confiados de contar con el apoyo de los órganos estatales. Esto determina que el ejercicio de la acción sindical en sus aspectos más naturales, como es la vigilancia de los compromisos vigentes y la búsqueda de mejores condiciones de trabajo, se convierte en acciones temerarias que exponen a los dirigentes al acoso y sometimiento no sólo por parte del patronato estatal, sino por los órganos a quienes teóricamente tendría que acudir para solicitar intervenciones correctivas.
Las dos entidades públicas que han de estar prestas y a disposición de los ciudadanos para proveer los correctivos que pueda solicitar la acción sindical, como son la Administración del Trabajo y la Justicia en general, están en una situación limitada ante casos de querellantes del ámbito público. Decisiones administrativas y judiciales favorables a los querellantes y opuestas a los patronos estatales son excepcionales. Un tanto más natural son los comportamientos de estos ámbitos cuando los querellantes son del ámbito productivo privado. Habría que analizar más el asunto, por implicaciones y sesgos que también se observan.
En la generalización de la criminalización no todo el análisis apunta hacia lo público, también hacia lo privado conviene llamar la atención. Representa una enorme desventaja el emprendimiento de protestas en ausencia de elementos de coordinación en el ámbito sindical, y la preeminencia de pequeñas centrales, corrientes y organismos locales, que dificultan acciones de solidaridad y construcción de posiciones articuladas entre el propio movimiento y en la relación con otros sectores. Las acusaciones mutuas y las desconfianzas que levantan, favorecen al patrono estado.
Hay que agregar que la protesta no es sólo voluntad, ella demanda conocimientos, coordinaciones, articulaciones, recursos. En fin es todo una escuela que construye las fortalezas para su ejercicio. Sus carencias, como es lo dominante en nuestro caso, expone el ejercicio de la protesta social y laboral a mayores riesgos y sacrificios, dificultando las expectativas de logros.
Para terminar, otras entidades en el ámbito privado también son importantes en el análisis del presente problema. Las organizaciones no gubernamentales que hacen del ámbito socio laboral su foco de estudio y análisis. Su capacidad de orientación, recopilación y seguimiento, representan aportes esenciales para las organizaciones que están rezagadas organizacionalmente. La difusión de más allá del lugar de ocurrencia de la protesta o problema, al resto de la sociedad, con la debida responsabilidad es un aporte importante de los medios de comunicación masiva. Finalmente la acción internacional, sea por las propias centrales sindicales, ong´s, como por los organismos multilaterales con los cuales el país está vinculado, particularmente la OIT. En todos ellos la violación de lo laboral es importante.
sábado, 26 de febrero de 2011
REALIDAD Y PERSPECTIVAS DE LOS ESTUDIOS DEL TRABAJO
Los Estudios del Trabajo refieren a una temática que abarca casi todas las disciplinas. Por tanto, los fenómenos que le ocupan son mejor abordados cuando se adoptan perspectivas que las trasciendan. Es cierto que algunas disciplinas son percibidas popularmente como las más vinculadas con este campo, pero en la medida que auscultamos el problema, se apreciará que el Trabajo cruza transversalmente toda la vida social, económica y política de las sociedades y las naciones. Lo que implica que sus diversas dimensiones no son capturadas por una determinada disciplina. Hay que privilegiar el fenómeno y reconocer su complejidad, para que nuestras contribuciones tengan un mayor sentido.
En primer lugar el elemento central del trabajo es la gente. Los que trabajan. La historia de la humanidad es la historia del trabajo. La necesidad de subsistencia lleva al ser humano a trabajar. Inmediatamente nos topamos con el hecho de que el trabajo además de proveer para la subsistencia de quién lo ejecuta, es creador de los productos y servicios necesarios para el funcionamiento y sustento de las familias y de la sociedad en general, es decir satisfacer las necesidades y producir la riqueza para mejorar las capacidades productivas.
Lo anterior nos lleva a asociar el trabajo con el bienestar y el poder. Es justamente por esto que alrededor del trabajo, se tejen y construyen los modelos de sociedad hacia donde se dirigen las formulaciones políticas e ideológicas. Ellas van desde aquellas que consideran que la riqueza viene y es explicada por el trabajo, hasta aquella que sostiene que es más bien por el mercado. En el medio, se observan múltiples propuestas y experiencias.
También desde hace décadas se observa un debate sobre “el fin del trabajo”. Que tiene una cara positiva, pero también negativas. Veamos la primera. Es la que sostiene que están dadas las condiciones para la expansión de las actividades no mercantiles, que permitan la realización personal en ámbitos y actividades voluntarias y de crecimiento personal; y que es posible asegurar a todas las personas de un ingreso de existencia, o de ciudadanía como también se les llama. Estos costos son financiados por los excedentes de una economía eficiente y productiva. Un poco más analizada esta explicación deriva del incremento de la producción por la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, aplicadas a la producción, que determina una menor demanda de fuerza de trabajo, y por tanto socialmente es necesario dar respuestas a quienes no consiguen cabida en el mercado laboral.
En un caso como el venezolano, que orienta recursos y asignaciones en el marco de políticas sociales a un grupo numerosos de personas sin vinculación laboral, y que por otra lado hay un incipiente debate para brindar pensión a todas las personas independientemente de cotizaciones y del tipo de trabajo que haya realizado en su vida laboral, son expresiones que guardan alguna semejanza con lo expuesto en el párrafo anterior. Hay que debatir los usos que se dan a los ingresos que administra el Estado, para que cumplir con nuevos compromisos, no signifique dejar de cumplir con otros compromisos laborales que vienen de atrás. Esto no es nada secundario, en un escenario de poca rendición de cuentas, y de ejercicio de responsalidades públicas a través de instituciones y regulaciones no construidas por la vía del consenso.
La cara negativa del “fin del Trabajo” es la situación de no acceder al mercado laboral, de salir de el y no poder reinsertarse, o de no haberse incorporado nunca a lo largo de la vida en edad laboral, los llamados ininsertables o inempleables. Para quienes las opciones iniciales son en una vision positiva acciones como el emprendimiento, pero un tanto menos entusiasta la informalidad sobrevivencial, y finalmente actividades que rayan en lo delincuencial e ilícito.
Pensamos y consideramos que estos debates están presentes en todo el orbe, si bien predominan en los ámbitos académicos, es importante asumirlos y llevarlos más allá, porque permite formularse preguntas e intentar respuestas, tomando en cuenta las realidades concretas de nuestra sociedad. Por supuesto, así como lo evidencia la literatura sobre los Estudios del Trabajo, no existen posturas únicas en los asuntos comprendidos en este amplio campo, la diversidad es una de sus características, lo importante es estudiarlas, comprenderlas, compararlas, e integrarlas a las diversas disciplinas que estudian lo social, económico y político, porque siempre estará presente el Trabajo.
En primer lugar el elemento central del trabajo es la gente. Los que trabajan. La historia de la humanidad es la historia del trabajo. La necesidad de subsistencia lleva al ser humano a trabajar. Inmediatamente nos topamos con el hecho de que el trabajo además de proveer para la subsistencia de quién lo ejecuta, es creador de los productos y servicios necesarios para el funcionamiento y sustento de las familias y de la sociedad en general, es decir satisfacer las necesidades y producir la riqueza para mejorar las capacidades productivas.
Lo anterior nos lleva a asociar el trabajo con el bienestar y el poder. Es justamente por esto que alrededor del trabajo, se tejen y construyen los modelos de sociedad hacia donde se dirigen las formulaciones políticas e ideológicas. Ellas van desde aquellas que consideran que la riqueza viene y es explicada por el trabajo, hasta aquella que sostiene que es más bien por el mercado. En el medio, se observan múltiples propuestas y experiencias.
También desde hace décadas se observa un debate sobre “el fin del trabajo”. Que tiene una cara positiva, pero también negativas. Veamos la primera. Es la que sostiene que están dadas las condiciones para la expansión de las actividades no mercantiles, que permitan la realización personal en ámbitos y actividades voluntarias y de crecimiento personal; y que es posible asegurar a todas las personas de un ingreso de existencia, o de ciudadanía como también se les llama. Estos costos son financiados por los excedentes de una economía eficiente y productiva. Un poco más analizada esta explicación deriva del incremento de la producción por la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, aplicadas a la producción, que determina una menor demanda de fuerza de trabajo, y por tanto socialmente es necesario dar respuestas a quienes no consiguen cabida en el mercado laboral.
En un caso como el venezolano, que orienta recursos y asignaciones en el marco de políticas sociales a un grupo numerosos de personas sin vinculación laboral, y que por otra lado hay un incipiente debate para brindar pensión a todas las personas independientemente de cotizaciones y del tipo de trabajo que haya realizado en su vida laboral, son expresiones que guardan alguna semejanza con lo expuesto en el párrafo anterior. Hay que debatir los usos que se dan a los ingresos que administra el Estado, para que cumplir con nuevos compromisos, no signifique dejar de cumplir con otros compromisos laborales que vienen de atrás. Esto no es nada secundario, en un escenario de poca rendición de cuentas, y de ejercicio de responsalidades públicas a través de instituciones y regulaciones no construidas por la vía del consenso.
La cara negativa del “fin del Trabajo” es la situación de no acceder al mercado laboral, de salir de el y no poder reinsertarse, o de no haberse incorporado nunca a lo largo de la vida en edad laboral, los llamados ininsertables o inempleables. Para quienes las opciones iniciales son en una vision positiva acciones como el emprendimiento, pero un tanto menos entusiasta la informalidad sobrevivencial, y finalmente actividades que rayan en lo delincuencial e ilícito.
Pensamos y consideramos que estos debates están presentes en todo el orbe, si bien predominan en los ámbitos académicos, es importante asumirlos y llevarlos más allá, porque permite formularse preguntas e intentar respuestas, tomando en cuenta las realidades concretas de nuestra sociedad. Por supuesto, así como lo evidencia la literatura sobre los Estudios del Trabajo, no existen posturas únicas en los asuntos comprendidos en este amplio campo, la diversidad es una de sus características, lo importante es estudiarlas, comprenderlas, compararlas, e integrarlas a las diversas disciplinas que estudian lo social, económico y político, porque siempre estará presente el Trabajo.
domingo, 20 de febrero de 2011
DEFINICIONES EN LA CTV
La Confederación de Trabajadores de Venezuela –CTV- vive una situación interna que le plantea tener que tomar decisiones que definan su propia existencia y continuidad. Por ello es importante plantear algunos elementos vinculados con su origen y trayectoria, que parece conveniente recordar, para tenerlos presente en el proceso de discusión que viene ocurriendo en torno a su futuro. Además entendiendo que la discusión sobre el futuro de esta central no deja de tener importancia y repercusión más allá de ella misma. El análisis de una organización, cualquiera sea, pasa por mirar y profundizar sus errores y aciertos.
En primer lugar, recordemos que se trata de una historia que efectivamente nace hace setenta y cuatro años, diciembre de 1936, lo que demanda amplitud para su análisis. En el país no se tienen muchas organizaciones sociales de tal edad. Su nacimiento fue desde la oposición, no contó con respaldo ni la venia gubernamental, que mas bien era de postura abiertamente anti sindical. Por su parte, los partidos políticos de izquierda, aliados naturales de este proceso, vivían una etapa de construcción al igual que esta naciente Confederación Venezolana de Trabajadores –CVT, como se llamó al inicio. El nombre actual fue tomado en el II Congreso de 1947.
Un segundo elemento a recordar es que se trata de una fundación a partir de organizaciones de base, de primer grado. Noventa organizaciones, representadas por más de doscientos delegados, que respondían a ciento cincuenta mil afiliados. No estaba mal para un momento fundacional del sindicalismo en un país que contaba con tres millones trescientos mil habitantes.
Las posturas antisindicales del gobierno fueron más poderosas que la capacidad de desenvolvimiento de esta organización y a los pocos meses fue reprimida. Hay que destacar que no obstante la celebración de su congreso fundacional, esta organización no llegó a legalizarse, pero obviamente los datos aportados recogen su legitimidad.
Entre 1937 y 1946, la central se desenvolvió limitadamente en una primera etapa por las restricciones antisindicales del período lopecista, y luego en los años de la II Guerra Mundial – 1940 en adelante, período medinista- , medidas de emergencia tanto locales como internacionales influyeron para que el movimiento se desenvolviera con moderaciones en sus planteamientos y demandas.
Al fin su segundo congreso lo celebra en noviembre de 1947, once años después del primero. Para entonces, la central recibe apoyo gubernamental, y su fracción mayoritaria mantiene nexos directos con el partido gobernante. La situación sindical no era unitaria, fuerte pugnacidad entre las dos corrientes sindicales mayoritarias le dieron a este congreso la hegemonía de la fuerza política gobernante. Un año después, vuelve a experimentar un nueva etapa de restricciones, y luego de confrontaciones abiertas con el nuevo régimen es ilegalizada, sus fondos y sus bienes embargados y confiscados, expulsión y confinamiento de sus dirigentes. El grado de represión impuso hasta la necesidad de contar con permisos del Ministerio del Trabajo para realizar una Asamblea Sindical, las cuales eran vigiladas por policías y funcionarios de inspección. Se abre una etapa de clandestinidad, que duró hasta enero de 1958.
Importa destacar que en el lapso autoritario, el gobierno aprovecho luego de la represión para organizar su propio movimiento sindical. El órgano para tal fin era el Ministerio del Trabajo, promoviendo y favoreciendo la organización de los sindicatos independientes, agrupados en el Movimiento Obrero Sindical Independiente –Mosin-, dando lugar a la celebración del congreso fundacional de la Confederación Nacional de Trabajadores de Venezuela. Esta central murió con el régimen.
Al derrocamiento de la dictadura contribuyeron actividades de protesta sindical, sin embargo no se considera que fueron los factores determinantes, la erosión había hecho mella en sus estructuras. Por tanto, tocaba reiniciar una etapa de reconstrucción, lo cual empezó con intensas movilizaciones y acciones unitarias en 1958. Con el derrocamiento de la dictadura, el movimiento entra en una nueva etapa de activa movilización y crecimiento, pero persistiendo la división ya evidenciada desde la década del cuarenta.
La celebración del III congreso en 1959, muestra en estos primeros veinte años de la CTV su momento de mayor unidad entre las distintas fuerzas sindicales, fue un congreso refundacional y pluralista. Pero esta unidad duró poco. La división interna de Acción Democrática, cambió la correlación de fuerzas en el seno de la CTV, y la pugnacidad política no permitió la continuidad de esta experiencia unitaria.
Aún hay mucho que rememorar de la CTV, apenas se señalan algunos elementos de sus primeras dos décadas. Sirvan ellos para integrarlos al análisis que conduzca a considerar procesos de refundación del movimiento sindical. Hay quienes señalan que debe rescatarse la CTV, con nuevos valores, principios, conceptos y prácticas; por otro lado, también hay quienes consideran que la gestión de la central la ha hipotecado y ello obstaculiza su renacer.
En primer lugar, recordemos que se trata de una historia que efectivamente nace hace setenta y cuatro años, diciembre de 1936, lo que demanda amplitud para su análisis. En el país no se tienen muchas organizaciones sociales de tal edad. Su nacimiento fue desde la oposición, no contó con respaldo ni la venia gubernamental, que mas bien era de postura abiertamente anti sindical. Por su parte, los partidos políticos de izquierda, aliados naturales de este proceso, vivían una etapa de construcción al igual que esta naciente Confederación Venezolana de Trabajadores –CVT, como se llamó al inicio. El nombre actual fue tomado en el II Congreso de 1947.
Un segundo elemento a recordar es que se trata de una fundación a partir de organizaciones de base, de primer grado. Noventa organizaciones, representadas por más de doscientos delegados, que respondían a ciento cincuenta mil afiliados. No estaba mal para un momento fundacional del sindicalismo en un país que contaba con tres millones trescientos mil habitantes.
Las posturas antisindicales del gobierno fueron más poderosas que la capacidad de desenvolvimiento de esta organización y a los pocos meses fue reprimida. Hay que destacar que no obstante la celebración de su congreso fundacional, esta organización no llegó a legalizarse, pero obviamente los datos aportados recogen su legitimidad.
Entre 1937 y 1946, la central se desenvolvió limitadamente en una primera etapa por las restricciones antisindicales del período lopecista, y luego en los años de la II Guerra Mundial – 1940 en adelante, período medinista- , medidas de emergencia tanto locales como internacionales influyeron para que el movimiento se desenvolviera con moderaciones en sus planteamientos y demandas.
Al fin su segundo congreso lo celebra en noviembre de 1947, once años después del primero. Para entonces, la central recibe apoyo gubernamental, y su fracción mayoritaria mantiene nexos directos con el partido gobernante. La situación sindical no era unitaria, fuerte pugnacidad entre las dos corrientes sindicales mayoritarias le dieron a este congreso la hegemonía de la fuerza política gobernante. Un año después, vuelve a experimentar un nueva etapa de restricciones, y luego de confrontaciones abiertas con el nuevo régimen es ilegalizada, sus fondos y sus bienes embargados y confiscados, expulsión y confinamiento de sus dirigentes. El grado de represión impuso hasta la necesidad de contar con permisos del Ministerio del Trabajo para realizar una Asamblea Sindical, las cuales eran vigiladas por policías y funcionarios de inspección. Se abre una etapa de clandestinidad, que duró hasta enero de 1958.
Importa destacar que en el lapso autoritario, el gobierno aprovecho luego de la represión para organizar su propio movimiento sindical. El órgano para tal fin era el Ministerio del Trabajo, promoviendo y favoreciendo la organización de los sindicatos independientes, agrupados en el Movimiento Obrero Sindical Independiente –Mosin-, dando lugar a la celebración del congreso fundacional de la Confederación Nacional de Trabajadores de Venezuela. Esta central murió con el régimen.
Al derrocamiento de la dictadura contribuyeron actividades de protesta sindical, sin embargo no se considera que fueron los factores determinantes, la erosión había hecho mella en sus estructuras. Por tanto, tocaba reiniciar una etapa de reconstrucción, lo cual empezó con intensas movilizaciones y acciones unitarias en 1958. Con el derrocamiento de la dictadura, el movimiento entra en una nueva etapa de activa movilización y crecimiento, pero persistiendo la división ya evidenciada desde la década del cuarenta.
La celebración del III congreso en 1959, muestra en estos primeros veinte años de la CTV su momento de mayor unidad entre las distintas fuerzas sindicales, fue un congreso refundacional y pluralista. Pero esta unidad duró poco. La división interna de Acción Democrática, cambió la correlación de fuerzas en el seno de la CTV, y la pugnacidad política no permitió la continuidad de esta experiencia unitaria.
Aún hay mucho que rememorar de la CTV, apenas se señalan algunos elementos de sus primeras dos décadas. Sirvan ellos para integrarlos al análisis que conduzca a considerar procesos de refundación del movimiento sindical. Hay quienes señalan que debe rescatarse la CTV, con nuevos valores, principios, conceptos y prácticas; por otro lado, también hay quienes consideran que la gestión de la central la ha hipotecado y ello obstaculiza su renacer.
domingo, 13 de febrero de 2011
LEGALIDAD, LEGITIMACION Y REFUNDACION DEL MOVIMIENTO DE LOS TRABAJADORES
La grave crisis que experimenta el movimiento de los trabajadores empieza a dar lugar a necesarias reflexiones que apuntan a procesos de legitimación, aunque deseable y necesario sería un proceso más profundo como el de una refundación. Conviene distinguir entre legitimación y legalización. Este último refiere a la tramitación burocrática requerida según las regulaciones establecidos en la institucionalidad vigente; en tanto la legitimación privilegia para las organizaciones de masas, el someterse al escrutinio e interpelación por parte de los representados en condiciones llanas y democráticas.
Nuestro sistema laboral se ha caracterizado más por lo legal que por lo legítimo. Por ello es frecuente observar organizaciones e instituciones legales pero no legítimas. Se llenaron los requisitos legales, o pareciera ser así, y cuentan con la venia del poder establecido o del establishment. Además este poder va creando instituciones, procedimientos discriminadores, que va divorciando la legalidad de la legitimidad.
En esta perspectiva véanse dos casos. Someter las elecciones sindicales al intervencionismo del CNE es legal, pero ilegitimo, un poder externo, construido y dirigido al margen de las organizaciones sindicales, determina la legalidad. Otro caso es la creación de los consejos de trabajadores, incluida en propuesta de reforma constitucional sometida a referéndum –dic. 2007-, la cual no fue aprobada. Además la legislatura que concluyó en diciembre del 2010, eludió el debate de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, que suponía abordar estos consejos. Finalmente se incluyó esta figura por un atajo, en la Ley Orgánica del Poder Popular – art 8-. Otro caso de legalidad pero sin legitimidad, aún más notorio al asumirlo una Asamblea Nacional de salida y de composición política diferente al país del momento, otorgándole incluso el carácter de ley orgánica, un tema no debatido con los actores directamente vinculados como son las organizaciones de los trabajadores, y que les crea otra subordinación burocrática al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana.
La refundación implica renacer, por tanto una profunda revisión que se traduce en nuevos conceptos, valores y prácticas que han de estar presente en su devenir futuro. Recoger lo mejor de su pasado, desechar aquello que le ha subordinado a los gobiernos, a patronos y partidos políticos, restándole autonomía y un perfil propio, perdiendo influencia en diversos segmentos laborales, que son su base natural y propia. Reconocer los cambios acaecidos en la composición de la fuerza de trabajo, en las formas y maneras de organización de las actividades productivas, en las alianzas necesarias y construir un perfil político propio.
El actual período 1999-2011 ha sido difícil para el movimiento sindical. Un proceso de transición en donde se ha venido instalando una nueva institucionalidad que desconfía del movimiento sindical, y que dirige sus preferencias al fomento y estimulo de organizaciones basadas en el territorio y las comunidades, y no en función del trabajo y la producción. Determinando inevitablemente, que el poder establecido fomenta políticas que empoderan a otros actores sociales y políticos, contribuyendo a la fragmentación de los sectores trabajadores.
Por otro lado desde la oposición, el liderazgo sindical puso en práctica estrategias en donde salió derrotado, por reproducir estilos que venían desde un prolongado período caracterizado por la subordinación a partidos políticos, por la vía de dirigentes con prácticas predominantemente burocráticas, que hacían depender el ejercicio sindical de la tutela estatal.
El problema que se hereda de estas situaciones, es que el movimiento de los trabajadores ha quedado en situación de orfandad ante los enormes desafíos que se le presentan. En los temas centrales de la acción sindical el balance es negativo, sea en salarios, empleos, convenios colectivos, derechos humanos, y ahora un fenómeno extremo de violencia laboral.
En este panorama se aprecian propuestas que ojalá fueran al menos de legitimación, como el nuevo anuncio de la Fuerza Bolivariana Socialista de Trabajadores (proyecto de central oficialista), de llevar a cabo congreso fundacional, invocando a la UNT, que finalmente no lo pudo concretar, a pesar de varios esfuerzos por organizar su congreso constitutivo. Devino en una organización legal pero no legitima.
Por otro lado, la CTV anuncia proceso para ir a elecciones ¿legalidad o legitimación? Se verá. Otras organizaciones y corrientes sindicales, también han empezado a aglutinarse en el Movimiento de Solidaridad Laboral y el Frente por la Defensa del Empleo, del Salario y del Sindicato. Recién hicieron su primera marcha dirigida a mostrar consignas y propósitos. La legitimidad será una de sus metas.
Evidentemente hay nuevas realidades para quienes tienen una trayectoria de activismo en este campo, y por supuesto para quienes emergen en esta coyuntura. La redefinición de cuales prioridades ha de establecerse, de las adecuaciones estructurales que necesita el movimiento para adaptarse a las nuevas realidades en que le toca actuar, son tareas y discusiones necesarias. Esto demanda un intenso trabajo de Educación Política, dado el hecho de la despolitización de muchos años, y luego la subordinación a un proyecto que no otorga relevancia al movimiento de los trabajadores.
Nuestro sistema laboral se ha caracterizado más por lo legal que por lo legítimo. Por ello es frecuente observar organizaciones e instituciones legales pero no legítimas. Se llenaron los requisitos legales, o pareciera ser así, y cuentan con la venia del poder establecido o del establishment. Además este poder va creando instituciones, procedimientos discriminadores, que va divorciando la legalidad de la legitimidad.
En esta perspectiva véanse dos casos. Someter las elecciones sindicales al intervencionismo del CNE es legal, pero ilegitimo, un poder externo, construido y dirigido al margen de las organizaciones sindicales, determina la legalidad. Otro caso es la creación de los consejos de trabajadores, incluida en propuesta de reforma constitucional sometida a referéndum –dic. 2007-, la cual no fue aprobada. Además la legislatura que concluyó en diciembre del 2010, eludió el debate de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, que suponía abordar estos consejos. Finalmente se incluyó esta figura por un atajo, en la Ley Orgánica del Poder Popular – art 8-. Otro caso de legalidad pero sin legitimidad, aún más notorio al asumirlo una Asamblea Nacional de salida y de composición política diferente al país del momento, otorgándole incluso el carácter de ley orgánica, un tema no debatido con los actores directamente vinculados como son las organizaciones de los trabajadores, y que les crea otra subordinación burocrática al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana.
La refundación implica renacer, por tanto una profunda revisión que se traduce en nuevos conceptos, valores y prácticas que han de estar presente en su devenir futuro. Recoger lo mejor de su pasado, desechar aquello que le ha subordinado a los gobiernos, a patronos y partidos políticos, restándole autonomía y un perfil propio, perdiendo influencia en diversos segmentos laborales, que son su base natural y propia. Reconocer los cambios acaecidos en la composición de la fuerza de trabajo, en las formas y maneras de organización de las actividades productivas, en las alianzas necesarias y construir un perfil político propio.
El actual período 1999-2011 ha sido difícil para el movimiento sindical. Un proceso de transición en donde se ha venido instalando una nueva institucionalidad que desconfía del movimiento sindical, y que dirige sus preferencias al fomento y estimulo de organizaciones basadas en el territorio y las comunidades, y no en función del trabajo y la producción. Determinando inevitablemente, que el poder establecido fomenta políticas que empoderan a otros actores sociales y políticos, contribuyendo a la fragmentación de los sectores trabajadores.
Por otro lado desde la oposición, el liderazgo sindical puso en práctica estrategias en donde salió derrotado, por reproducir estilos que venían desde un prolongado período caracterizado por la subordinación a partidos políticos, por la vía de dirigentes con prácticas predominantemente burocráticas, que hacían depender el ejercicio sindical de la tutela estatal.
El problema que se hereda de estas situaciones, es que el movimiento de los trabajadores ha quedado en situación de orfandad ante los enormes desafíos que se le presentan. En los temas centrales de la acción sindical el balance es negativo, sea en salarios, empleos, convenios colectivos, derechos humanos, y ahora un fenómeno extremo de violencia laboral.
En este panorama se aprecian propuestas que ojalá fueran al menos de legitimación, como el nuevo anuncio de la Fuerza Bolivariana Socialista de Trabajadores (proyecto de central oficialista), de llevar a cabo congreso fundacional, invocando a la UNT, que finalmente no lo pudo concretar, a pesar de varios esfuerzos por organizar su congreso constitutivo. Devino en una organización legal pero no legitima.
Por otro lado, la CTV anuncia proceso para ir a elecciones ¿legalidad o legitimación? Se verá. Otras organizaciones y corrientes sindicales, también han empezado a aglutinarse en el Movimiento de Solidaridad Laboral y el Frente por la Defensa del Empleo, del Salario y del Sindicato. Recién hicieron su primera marcha dirigida a mostrar consignas y propósitos. La legitimidad será una de sus metas.
Evidentemente hay nuevas realidades para quienes tienen una trayectoria de activismo en este campo, y por supuesto para quienes emergen en esta coyuntura. La redefinición de cuales prioridades ha de establecerse, de las adecuaciones estructurales que necesita el movimiento para adaptarse a las nuevas realidades en que le toca actuar, son tareas y discusiones necesarias. Esto demanda un intenso trabajo de Educación Política, dado el hecho de la despolitización de muchos años, y luego la subordinación a un proyecto que no otorga relevancia al movimiento de los trabajadores.
domingo, 6 de febrero de 2011
ACUERDOS O IMPOSICION EN LO LABORAL
El centro de interés de las Relaciones de Trabajo es el estudio y el análisis de la convivencia de los actores que representan al capital y al trabajo en los ámbitos productivos. La actividad productiva demanda capital y trabajo para su ejecución. Con el primero se alude a la propiedad. Los bienes, las instalaciones, los equipos, las marcas, los registros, pertenecen a alguien. Puede ser una persona natural o jurídica, una familia, un colectivo de propietarios ausentes o presentes, el Estado, sea en su expresión nacional o local, o cualquiera combinación de los anteriores. En todo caso hay responsables, hay dolientes, hay a quién rendir cuenta. Un tanto aparte, porque requiere un análisis específico, se tiene a la Propiedad Social, sobre la cual hemos prestado atención en varias oportunidades en esta misma columna.
Con el trabajo, las opciones a tener presente corresponden a las categorías que conforman la fuerza de trabajo. Se tiene en primer lugar a los segmentos que suelen ser los mayoritarios, que son los trabajadores directos, los que realizan las actividades operativas básicas de la empresa, y por otro lado, no menos importante, los trabajadores indirectos, que prestan apoyo a la actividad de los primeros. En este último se ubican los profesionales, técnicos, administrativos. Finalmente hay una capa gerencial, que normalmente representa a los propietarios, pero que también desarrolla aspiraciones e intereses propios. Los dos segmentos previos desarrollan determinada capacidad de organizarse gremialmente, pero no pasa así con el tercero.
En la fuerza de trabajo no hay que dejar de tener presente aquellos segmentos llamados los tercerizados. Se trata de trabajadores que en muchos casos fueron de la nómina de la empresa central, y luego transferidos a un tercero, normalmente otra empresa de menor tamaño o con un grado de especialización en la actividad que realiza. También la denominación de tercerizado, proviene de los ámbitos manufactureros, es decir el sector secundario, que siguiendo un esquema determinado de competitividad, lleva a expulsar trabajadores de la nómina de esas empresas del secundario, para que sean absorbidos por empresas del sector servicios o terciario, lo que también da sentido a la denominación en cuestión.
El objetivo de lograr condiciones adecuadas para la convivencia productiva entre capital y trabajo no es nada sencillo. Los intereses de uno y de otro no son siempre coincidentes y la armonización no es natural. Alcanzar el punto de equilibrio para que el desarrollo productivo se produzca en condiciones de satisfacción para ambas partes, ya que brinde los resultados que den rentabilidad al capital y calidad de vida al trabajo es un asunto bien serio y nada sencillo. Indispensable agregar que también hay que dar satisfacción a los destinatarios (clientes, usuarios, consumidores) de estos bienes y servicios, tanto en cantidad, calidad y oportunidad. Ello se complementa con la intervención estatal que promueve políticas de desarrollo económico y social, que vigila y media para facilitar el funcionamiento de este complejo engranaje.
La reflexión anterior es oportuna porque se observan dificultades crecientes en el funcionamiento de este campo. Para las Relaciones de Trabajo son esenciales los acuerdos. Se admite que los acuerdos no son inmutables. Es decir, los que se construyen en una etapa dada, no necesariamente son válidos para un lapso indefinido. Los actores y los contenidos logrados en dichos acuerdos, han de dar respuesta a las personas, al desarrollo productivo y a la sociedad. Para ello han de establecerse mecanismos de funcionamiento y evaluación. También es importante tener presente que los acuerdos no tienen que ser formales, con documentos firmados y sellados para todos los asuntos. Lo que importa es reconocer al otro, admitir su legitimidad y representatividad. Contrario a los acuerdos existe la imposición, con las consecuencias de rechazo y conflictividad que ello trae, amén de la falta de logros en el ámbito productivo, que es como decir calidad de vida de la sociedad en general.
A propósito del interés de nuestro país en ingresar al Mercosur, que se ha tornado complicado y largo, vale mencionar que los tres miembros más desarrollados como son Brasil, Argentina y Uruguay, en ellos funciona lo que hemos señalado, el reconocimiento y los acuerdos entre los actores fundamentales del capital y del trabajo. Si bien estos países han tenido etapas de fracturas y autoritarismo, en donde el reconocimiento, particularmente de las organizaciones de los trabajadores fue ignorado, desde la vuelta a la democracia una característica es la fluidez entre las organizaciones representativas y el desenvolvimiento del país, con mejoras sustanciales en la calidad de la vida y de las metas productivas.
Con el trabajo, las opciones a tener presente corresponden a las categorías que conforman la fuerza de trabajo. Se tiene en primer lugar a los segmentos que suelen ser los mayoritarios, que son los trabajadores directos, los que realizan las actividades operativas básicas de la empresa, y por otro lado, no menos importante, los trabajadores indirectos, que prestan apoyo a la actividad de los primeros. En este último se ubican los profesionales, técnicos, administrativos. Finalmente hay una capa gerencial, que normalmente representa a los propietarios, pero que también desarrolla aspiraciones e intereses propios. Los dos segmentos previos desarrollan determinada capacidad de organizarse gremialmente, pero no pasa así con el tercero.
En la fuerza de trabajo no hay que dejar de tener presente aquellos segmentos llamados los tercerizados. Se trata de trabajadores que en muchos casos fueron de la nómina de la empresa central, y luego transferidos a un tercero, normalmente otra empresa de menor tamaño o con un grado de especialización en la actividad que realiza. También la denominación de tercerizado, proviene de los ámbitos manufactureros, es decir el sector secundario, que siguiendo un esquema determinado de competitividad, lleva a expulsar trabajadores de la nómina de esas empresas del secundario, para que sean absorbidos por empresas del sector servicios o terciario, lo que también da sentido a la denominación en cuestión.
El objetivo de lograr condiciones adecuadas para la convivencia productiva entre capital y trabajo no es nada sencillo. Los intereses de uno y de otro no son siempre coincidentes y la armonización no es natural. Alcanzar el punto de equilibrio para que el desarrollo productivo se produzca en condiciones de satisfacción para ambas partes, ya que brinde los resultados que den rentabilidad al capital y calidad de vida al trabajo es un asunto bien serio y nada sencillo. Indispensable agregar que también hay que dar satisfacción a los destinatarios (clientes, usuarios, consumidores) de estos bienes y servicios, tanto en cantidad, calidad y oportunidad. Ello se complementa con la intervención estatal que promueve políticas de desarrollo económico y social, que vigila y media para facilitar el funcionamiento de este complejo engranaje.
La reflexión anterior es oportuna porque se observan dificultades crecientes en el funcionamiento de este campo. Para las Relaciones de Trabajo son esenciales los acuerdos. Se admite que los acuerdos no son inmutables. Es decir, los que se construyen en una etapa dada, no necesariamente son válidos para un lapso indefinido. Los actores y los contenidos logrados en dichos acuerdos, han de dar respuesta a las personas, al desarrollo productivo y a la sociedad. Para ello han de establecerse mecanismos de funcionamiento y evaluación. También es importante tener presente que los acuerdos no tienen que ser formales, con documentos firmados y sellados para todos los asuntos. Lo que importa es reconocer al otro, admitir su legitimidad y representatividad. Contrario a los acuerdos existe la imposición, con las consecuencias de rechazo y conflictividad que ello trae, amén de la falta de logros en el ámbito productivo, que es como decir calidad de vida de la sociedad en general.
A propósito del interés de nuestro país en ingresar al Mercosur, que se ha tornado complicado y largo, vale mencionar que los tres miembros más desarrollados como son Brasil, Argentina y Uruguay, en ellos funciona lo que hemos señalado, el reconocimiento y los acuerdos entre los actores fundamentales del capital y del trabajo. Si bien estos países han tenido etapas de fracturas y autoritarismo, en donde el reconocimiento, particularmente de las organizaciones de los trabajadores fue ignorado, desde la vuelta a la democracia una característica es la fluidez entre las organizaciones representativas y el desenvolvimiento del país, con mejoras sustanciales en la calidad de la vida y de las metas productivas.
domingo, 30 de enero de 2011
DELEGADOS DE PREVENCION: FOMENTO Y FRENO
Una de las características de la política laboral en los últimos años, ha sido la puesta en práctica de mecanismos que fragmentan a los colectivos laborales. En esta ocasión se aborda una de las aristas de la variada constelación de procesos fragmentadores: los Delegados de Prevención y de los Comités de Salud y Seguridad Laboral –CSSL- o Comités de Higiene y Seguridad Industrial. La reforma de 2005, dio impulso a esta nueva forma de representación de los trabajadores. El art. 49 del Reglamento de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones, y Medio Ambiente del Trabajo –Lopcymat- “Los Delegados y Delegadas de Prevención son representantes de los trabajadores y las trabajadoras en la promoción y defensa de la seguridad y salud en el trabajo...”.
Un primer elemento a destacar es que su fomento proviene de la política laboral, y no del desarrollo autónomo del movimiento de los trabajadores. Cierto que desde la primera se pueden fomentar políticas que contribuyan al desarrollo del segundo. No se juzga negativamente que por ser una política promovida desde el Estado, ella tenga efectos negativos en el movimiento de los trabajadores. El problema que se destaca es el carácter fragmentador de políticas disociadas de este movimiento. Interesante sería si desde el movimiento se produce una articulación con las políticas públicas para el fomento de determinado propósito.
Los Delegados de Prevención han sido objeto de una privilegiada atención por parte del Instituto Nacional de Prevención y Seguridad Laboral –Inpsasel-, dependiente del Minpptss. Se encarga de sus procesos de formación, capacitación y coordinación. La Memoria del Minpptss (2009) reporta que en tan sólo cuatro años se habían organizado 35.621 CSSL y 111.584 Delegados que recibieron formación y acreditación.
La formación tiene componentes técnicos, políticos e ideológicos. Se señala que predominan ampliamente estos últimos. Delegados de Prevención lo admiten “José Fermín, delegado de Orinoco Iron, defendió el plan de formación que ha llevado Inpsasel que -aunque tiene un alto componente político- ha logrado crear una formación integral de los empleados” (El Correo del Caroní, 15-12-09). Por otro lado, en investigaciones sobre la inspección se ha determinado que en un 95 % la inspección se dirige hacia las empresas privadas, soslayando al sector público en donde labora el 20% de la población laboral. También se ha señalado que "Los comités funcionan como consejos de trabajadores que vigilan políticamente a sus compañeros de trabajo y a los patronos" -Pablo Castro, El Nacional, 2-10-08, p.8-
El intervencionismo del Ejecutivo en la actividad de los Delegados y los Comités mencionados, se manifiesta a partir de su propia constitución, que puede partir del Inspsasel, “por medio de sus funcionarios o funcionarias, y los Inspectores, o Inspectoras y Supervisores o Supervisoras del Trabajo quienes podrán convocar a las partes a realizar las actuaciones necesarias para su constitución” –art 49 Lopcymat-. Además la obligación de presentar “Plan de Trabajo” e informes periódicos de sus actividades - Art 46-.
El segundo elemento a destacar es el amplio contenido de las actividades realizadas por los Delegados de Prevención; la legislación le otorga facultades que incluyen condiciones y medio ambiente de trabajo, tiempo de trabajo, los programas e instalaciones para la recreación, utilización del tiempo libre y descanso. Areas de acción propias de los sindicatos, sobre las cuales históricamente han acumulado un patrimonio de conquistas.
El papel del Delegado de Prevención en el proceso productivo va más allá del poder sindical, incluso tienen facultades en dar autorización y promover la paralización del trabajo, ya que dan el visto bueno a los trabajadores cuando ejerzan su derecho a rehusarse a trabajar, alejarse de una condición insegura o interrumpir una tarea o actividad de trabajo para proteger su seguridad y salud laboral -numeral 5 art. 53 Lopcymat-.
Un elemento a favor de la representación, es que los Delegados tienen presencia independientemente de la existencia de sindicatos o del tamaño de la empresa, por tanto en numerosos casos su presencia viene a jugar un papel sindical, especialmente en las pequeñas empresas sin sindicato. Se exige que en empresas de “Hasta diez (10) trabajadores… un delegado de prevención”. Pero también en donde los hay, frecuentemente se producen roces y solapamientos entre una y otra organización.
Está pendiente profundizar en los impactos de esta figura representativa. A quién ha servido más ¿a los trabajadores, a pesar de la fragmentación? ¿a quienes se inclinan por la confrontación con el sector privado? Su accionar en el sector público ha sido más comedido, y a pesar de la alta morbilidad y accidentabilidad en su seno, apenas empiezan los Delegados a actuar, se levantan oposiciones que contradictoriamente limitan su papel, a pesar de su fomento oficial.
Un primer elemento a destacar es que su fomento proviene de la política laboral, y no del desarrollo autónomo del movimiento de los trabajadores. Cierto que desde la primera se pueden fomentar políticas que contribuyan al desarrollo del segundo. No se juzga negativamente que por ser una política promovida desde el Estado, ella tenga efectos negativos en el movimiento de los trabajadores. El problema que se destaca es el carácter fragmentador de políticas disociadas de este movimiento. Interesante sería si desde el movimiento se produce una articulación con las políticas públicas para el fomento de determinado propósito.
Los Delegados de Prevención han sido objeto de una privilegiada atención por parte del Instituto Nacional de Prevención y Seguridad Laboral –Inpsasel-, dependiente del Minpptss. Se encarga de sus procesos de formación, capacitación y coordinación. La Memoria del Minpptss (2009) reporta que en tan sólo cuatro años se habían organizado 35.621 CSSL y 111.584 Delegados que recibieron formación y acreditación.
La formación tiene componentes técnicos, políticos e ideológicos. Se señala que predominan ampliamente estos últimos. Delegados de Prevención lo admiten “José Fermín, delegado de Orinoco Iron, defendió el plan de formación que ha llevado Inpsasel que -aunque tiene un alto componente político- ha logrado crear una formación integral de los empleados” (El Correo del Caroní, 15-12-09). Por otro lado, en investigaciones sobre la inspección se ha determinado que en un 95 % la inspección se dirige hacia las empresas privadas, soslayando al sector público en donde labora el 20% de la población laboral. También se ha señalado que "Los comités funcionan como consejos de trabajadores que vigilan políticamente a sus compañeros de trabajo y a los patronos" -Pablo Castro, El Nacional, 2-10-08, p.8-
El intervencionismo del Ejecutivo en la actividad de los Delegados y los Comités mencionados, se manifiesta a partir de su propia constitución, que puede partir del Inspsasel, “por medio de sus funcionarios o funcionarias, y los Inspectores, o Inspectoras y Supervisores o Supervisoras del Trabajo quienes podrán convocar a las partes a realizar las actuaciones necesarias para su constitución” –art 49 Lopcymat-. Además la obligación de presentar “Plan de Trabajo” e informes periódicos de sus actividades - Art 46-.
El segundo elemento a destacar es el amplio contenido de las actividades realizadas por los Delegados de Prevención; la legislación le otorga facultades que incluyen condiciones y medio ambiente de trabajo, tiempo de trabajo, los programas e instalaciones para la recreación, utilización del tiempo libre y descanso. Areas de acción propias de los sindicatos, sobre las cuales históricamente han acumulado un patrimonio de conquistas.
El papel del Delegado de Prevención en el proceso productivo va más allá del poder sindical, incluso tienen facultades en dar autorización y promover la paralización del trabajo, ya que dan el visto bueno a los trabajadores cuando ejerzan su derecho a rehusarse a trabajar, alejarse de una condición insegura o interrumpir una tarea o actividad de trabajo para proteger su seguridad y salud laboral -numeral 5 art. 53 Lopcymat-.
Un elemento a favor de la representación, es que los Delegados tienen presencia independientemente de la existencia de sindicatos o del tamaño de la empresa, por tanto en numerosos casos su presencia viene a jugar un papel sindical, especialmente en las pequeñas empresas sin sindicato. Se exige que en empresas de “Hasta diez (10) trabajadores… un delegado de prevención”. Pero también en donde los hay, frecuentemente se producen roces y solapamientos entre una y otra organización.
Está pendiente profundizar en los impactos de esta figura representativa. A quién ha servido más ¿a los trabajadores, a pesar de la fragmentación? ¿a quienes se inclinan por la confrontación con el sector privado? Su accionar en el sector público ha sido más comedido, y a pesar de la alta morbilidad y accidentabilidad en su seno, apenas empiezan los Delegados a actuar, se levantan oposiciones que contradictoriamente limitan su papel, a pesar de su fomento oficial.
sábado, 22 de enero de 2011
PENSIONES Y JUBILACIONES
Presentamos algunas notas sobre pensiones y jubilaciones. Es un área que tiene una enorme importancia para los ciudadanos, la familia y la sociedad toda; y por supuesto para las políticas públicas a ser promovidas por el Estado, y su consecuente impacto en el sistema productivo.
Durante los últimos decenios, la mayor parte de los países se han empeñado en reformar sus sistemas de pensiones argumentando que era el único modo de salvaguardar la “sostenibilidad de las finanzas públicas”, las cuales, según el discurso reformador habrían sido amenazadas por el peso del envejecimiento demográfico y la disminución del crecimiento económico. Según esta lógica sería necesario desarrollar el ahorro financiero y la responsabilidad individual y reducir el espacio del salario socializado y de la solidaridad colectiva.
En este contexto, encontramos por un lado países que han transformado radicalmente sus sistemas de pensiones. Entre ellos se observan quienes eligieron un cambio radical, pasando de un sistema en reparto en donde el riesgo asociado a la vejez se soporta mediante cotizaciones sociales inmediatamente convertidas en prestaciones, a uno de capitalización en donde este mismo riesgo se soporta mediante ahorros colectivos y/o individuales acumulados e invertidos en los mercados financieros (Chile, México, Bolivia), o al contrario, aquellos, más escasos, que han operado una vuelta desde la capitalización hacia la repartición (Argentina).
La crisis económica y financiera que se ha propagado al conjunto de los países del planeta pone en tensión estos distintos sistemas de pensiones. Lo hace sin embargo con modalidades y temporalidades distintas, de acuerdo con el modo dominante de financiación de estos sistemas. Los sistemas de reparto tienen una sensibilidad particular al descenso del empleo y a la desaceleración de las ganancias salariales o a la caída de los ingresos fiscales cuando estos últimos sirven para financiar parte de la cotización social mediante el impuesto. Además, tienen una cobertura más bien débil en América Latina, dejando de lado sin derecho a pensión a los trabajadores independientes así como a los del sector informal. Los sistemas por capitalización a su vez padecen directamente la pérdida de valor de los activos financieros y su efecto inmediato sobre los ahorros acumulados, a pesar de la diversificación de las carteras.
Cada sistema conlleva por lo tanto sus riesgos específicos. ¿Cómo resisten estos diferentes sistemas la crisis? ¿Cuáles son los ajustes o cambios operados (nacionalización de los fondos de pensiones en Argentina, reformas en curso en Bolivia)? ¿Cuáles son los nuevos términos del debate en el contexto de empeoramiento de la crisis económica y financiera que presenciamos?
En Venezuela el debate y las decisiones sobre pensiones y jubilaciones están pendientes. En los últimos veinte años, tres hechos pueden destacarse a favor de esta materia.
Primeramente, el debate que dio lugar a la homologación de las pensiones con el salario mínimo, iniciativa que provino de la Causa R en la primera mitad de los noventa.
Luego en el famoso y satanizado ATSSI (Acuerdo Tripartito de Seguridad Social Integral) – julio 1997-, que en este comentario sólo lo referimos la revisión que dio lugar a la desbonificación del salario. Para entonces la seguridad social percibía las cotizaciones empresariales y laborales, sólo en base a un generalizado salario de quince bolívares diarios, cuando realmente los trabajadores percibían cinco veces más, estrangulando con ello los ya debilitados fondos de la Seguridad Social.
El tercer elemento ha sido el fomento de la aprobación de pensiones a quienes no contando con el número exigido de las 750 cotizaciones, pero habiendo llegado a la edad requerida, se estableció un mecanismo para completarlas y así acceder a la pensión de vejez.
Son estos tres elementos los que han coadyuvado a que hoy tengamos un universo de jubilados que pasa de un millón cuatrocientas mil personas. Pero hay pendiente mucho sobre el tema, baste ver que los trabajadores independientes e informales no entran en esta cuenta. Amén de la sostenibilidad y transparencia del esquema.
En nuestra Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, que estará en web la semana próxima, Nos 23-24, se presenta un debate sobre este tema,proveniente de seminario organizado en Montevideo, y que con la colaboración de Mariela Quiñones, de la Universidad de la República, hemos incluido interesantes ponencias del mismo.
Durante los últimos decenios, la mayor parte de los países se han empeñado en reformar sus sistemas de pensiones argumentando que era el único modo de salvaguardar la “sostenibilidad de las finanzas públicas”, las cuales, según el discurso reformador habrían sido amenazadas por el peso del envejecimiento demográfico y la disminución del crecimiento económico. Según esta lógica sería necesario desarrollar el ahorro financiero y la responsabilidad individual y reducir el espacio del salario socializado y de la solidaridad colectiva.
En este contexto, encontramos por un lado países que han transformado radicalmente sus sistemas de pensiones. Entre ellos se observan quienes eligieron un cambio radical, pasando de un sistema en reparto en donde el riesgo asociado a la vejez se soporta mediante cotizaciones sociales inmediatamente convertidas en prestaciones, a uno de capitalización en donde este mismo riesgo se soporta mediante ahorros colectivos y/o individuales acumulados e invertidos en los mercados financieros (Chile, México, Bolivia), o al contrario, aquellos, más escasos, que han operado una vuelta desde la capitalización hacia la repartición (Argentina).
La crisis económica y financiera que se ha propagado al conjunto de los países del planeta pone en tensión estos distintos sistemas de pensiones. Lo hace sin embargo con modalidades y temporalidades distintas, de acuerdo con el modo dominante de financiación de estos sistemas. Los sistemas de reparto tienen una sensibilidad particular al descenso del empleo y a la desaceleración de las ganancias salariales o a la caída de los ingresos fiscales cuando estos últimos sirven para financiar parte de la cotización social mediante el impuesto. Además, tienen una cobertura más bien débil en América Latina, dejando de lado sin derecho a pensión a los trabajadores independientes así como a los del sector informal. Los sistemas por capitalización a su vez padecen directamente la pérdida de valor de los activos financieros y su efecto inmediato sobre los ahorros acumulados, a pesar de la diversificación de las carteras.
Cada sistema conlleva por lo tanto sus riesgos específicos. ¿Cómo resisten estos diferentes sistemas la crisis? ¿Cuáles son los ajustes o cambios operados (nacionalización de los fondos de pensiones en Argentina, reformas en curso en Bolivia)? ¿Cuáles son los nuevos términos del debate en el contexto de empeoramiento de la crisis económica y financiera que presenciamos?
En Venezuela el debate y las decisiones sobre pensiones y jubilaciones están pendientes. En los últimos veinte años, tres hechos pueden destacarse a favor de esta materia.
Primeramente, el debate que dio lugar a la homologación de las pensiones con el salario mínimo, iniciativa que provino de la Causa R en la primera mitad de los noventa.
Luego en el famoso y satanizado ATSSI (Acuerdo Tripartito de Seguridad Social Integral) – julio 1997-, que en este comentario sólo lo referimos la revisión que dio lugar a la desbonificación del salario. Para entonces la seguridad social percibía las cotizaciones empresariales y laborales, sólo en base a un generalizado salario de quince bolívares diarios, cuando realmente los trabajadores percibían cinco veces más, estrangulando con ello los ya debilitados fondos de la Seguridad Social.
El tercer elemento ha sido el fomento de la aprobación de pensiones a quienes no contando con el número exigido de las 750 cotizaciones, pero habiendo llegado a la edad requerida, se estableció un mecanismo para completarlas y así acceder a la pensión de vejez.
Son estos tres elementos los que han coadyuvado a que hoy tengamos un universo de jubilados que pasa de un millón cuatrocientas mil personas. Pero hay pendiente mucho sobre el tema, baste ver que los trabajadores independientes e informales no entran en esta cuenta. Amén de la sostenibilidad y transparencia del esquema.
En nuestra Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, que estará en web la semana próxima, Nos 23-24, se presenta un debate sobre este tema,proveniente de seminario organizado en Montevideo, y que con la colaboración de Mariela Quiñones, de la Universidad de la República, hemos incluido interesantes ponencias del mismo.
domingo, 16 de enero de 2011
Elecciones y refundación para enfrentar la fragmentación
El anuncio de llevar a cabo las elecciones sindicales por parte de la CTV, nos lleva a recordar algunos elementos propios de la libertad sindical. De entrada, se reconoce que la legitimidad de un liderazgo en cualquier institución colectiva, se fundamenta en el reconocimiento por parte de los afiliados o representados. La omisión electoral trae pérdida de legitimidad, de estima institucional y es una poderosa razón para el cuestionamiento y la pérdida de energía para acometer las acciones que le son propias.
La ejecución de las elecciones exige garantías y condiciones mínimas para que los candidatos y los electores no se expongan a riesgos de ninguna naturaleza, más allá de ganar o perder, por el número de votos que se obtenga.
Una primera garantía es que en estos procesos no se inmiscuyan otros intereses distintos a los de los electores y los candidatos. Sabido es la tradicional intervención estatal en esferas que van más allá de su ámbito, así como la intervención patronal pretendiendo contar con una organización sumisa. Estas intervenciones han sido una constante. De hecho, la disposición constitucional que hace intervenir al CNE en las elecciones sindicales es objeto de fundados cuestionamientos. La Administración del Trabajo se aferra a estos conceptos, para exigir a las organizaciones sindicales estar solventes en esta materia, inventando el concepto de “mora sindical electoral”, que lesiona a estas organizaciones en el ejercicio de sus actividades de representación.
Una segunda reflexión tiene que ver con el órgano de vigilancia de los procesos electorales. Si se trata de un órgano propio o de un órgano ajeno. Lo primero sería lo preferible, pero siempre que responda al equilibrio de la diversidad y pluralidad existente entre los votantes. Las experiencias cuestionables en este orden se observan por el sectarismo, las hegemonías, y la negación de las fuerzas emergentes. La construcción de las reglas de los métodos universales que atiendan a la universalidad, a la elección directa y a la proporcionalidad son los antídotos que hacen de las reglas electorales y el funcionamiento de su supervisión, expresiones de madurez y responsabilidad en los procesos.
La otra opción, la de la conducción por un órgano ajeno, es lo que viene resultando de la intervención del CNE, sea en el procedimiento original, como en el que resultó de ciertas reformas derivadas de las críticas formuladas, que algo alivianó la intervención, pero que mantenía controles aún limitativos de la autonomía de las organizaciones sindicales. Una evidencia se observó en las elecciones de la FUT Petrolera, que influencias oficialistas pudieron suspender cinco veces las elecciones, sin que las otras corrientes pudieran hacer poco para revertir estos hechos, aún lesionándoles.
Las elecciones más notorias en el medio sindical fueron las celebradas en el 2001. Por un lado alcanzaron en un mismo día a más de 2.700 organizaciones sindicales, fueron organizadas por organismos propios del movimiento sindical. Si bien los registros fueron presentados al CNE, y ello permitió hacer un auténtico censo sindical, que nunca antes se había logrado; la administración electoral quedó en manos de comisiones electorales nacidas del seno del movimiento de los trabajadores. Se puede observar una suerte de administración mixta, por un lado los registros se llevan al organismo ajeno, y el resto del proceso lo realizan las organizaciones de los trabajadores constituyendo órganos representativos propios para estos fines.
Finalmente, sumamente importante son las garantías de no represalias. Hoy contamos con un universo de empresas en manos del Estado que se ha multiplicado con relación a las elecciones del 2001. Su manejo ha sido sectario, la imposición de condiciones discriminatorias para el ingreso, para la permanencia, para el ascenso y el desarrollo de carrera, son elementos que no abonan a un maduro ambiente electoral.
Plantearse, cómo se va hacer para que las condiciones mínimas de respeto al empleo, a la estabilidad, a la carrera y al progreso no se vean afectadas, por el ejercicio de una campaña electoral, que en un ambiente democrático lleva necesariamente al debate y análisis de políticas económicas, sociales y productivas, y cómo se ven ellas reflejadas en la organización productiva y laboral del sector o ente en el cual se aspira desempeñar una actividad sindical.
Este es un dilema que ha de abordarse. El ambiente sindical no ha estado exento de violencia, y por tanto un esfuerzo genuino para realizar elecciones sindicales en todo este ámbito, es una opción importante que puede contribuir a sentar las bases para su saneamiento, para su refundación, y para enfrentar un proceso de desgaste y fragmentación continuado que demanda elecciones más allá de una central dada, y es una necesidad de todo el movimiento.
La ejecución de las elecciones exige garantías y condiciones mínimas para que los candidatos y los electores no se expongan a riesgos de ninguna naturaleza, más allá de ganar o perder, por el número de votos que se obtenga.
Una primera garantía es que en estos procesos no se inmiscuyan otros intereses distintos a los de los electores y los candidatos. Sabido es la tradicional intervención estatal en esferas que van más allá de su ámbito, así como la intervención patronal pretendiendo contar con una organización sumisa. Estas intervenciones han sido una constante. De hecho, la disposición constitucional que hace intervenir al CNE en las elecciones sindicales es objeto de fundados cuestionamientos. La Administración del Trabajo se aferra a estos conceptos, para exigir a las organizaciones sindicales estar solventes en esta materia, inventando el concepto de “mora sindical electoral”, que lesiona a estas organizaciones en el ejercicio de sus actividades de representación.
Una segunda reflexión tiene que ver con el órgano de vigilancia de los procesos electorales. Si se trata de un órgano propio o de un órgano ajeno. Lo primero sería lo preferible, pero siempre que responda al equilibrio de la diversidad y pluralidad existente entre los votantes. Las experiencias cuestionables en este orden se observan por el sectarismo, las hegemonías, y la negación de las fuerzas emergentes. La construcción de las reglas de los métodos universales que atiendan a la universalidad, a la elección directa y a la proporcionalidad son los antídotos que hacen de las reglas electorales y el funcionamiento de su supervisión, expresiones de madurez y responsabilidad en los procesos.
La otra opción, la de la conducción por un órgano ajeno, es lo que viene resultando de la intervención del CNE, sea en el procedimiento original, como en el que resultó de ciertas reformas derivadas de las críticas formuladas, que algo alivianó la intervención, pero que mantenía controles aún limitativos de la autonomía de las organizaciones sindicales. Una evidencia se observó en las elecciones de la FUT Petrolera, que influencias oficialistas pudieron suspender cinco veces las elecciones, sin que las otras corrientes pudieran hacer poco para revertir estos hechos, aún lesionándoles.
Las elecciones más notorias en el medio sindical fueron las celebradas en el 2001. Por un lado alcanzaron en un mismo día a más de 2.700 organizaciones sindicales, fueron organizadas por organismos propios del movimiento sindical. Si bien los registros fueron presentados al CNE, y ello permitió hacer un auténtico censo sindical, que nunca antes se había logrado; la administración electoral quedó en manos de comisiones electorales nacidas del seno del movimiento de los trabajadores. Se puede observar una suerte de administración mixta, por un lado los registros se llevan al organismo ajeno, y el resto del proceso lo realizan las organizaciones de los trabajadores constituyendo órganos representativos propios para estos fines.
Finalmente, sumamente importante son las garantías de no represalias. Hoy contamos con un universo de empresas en manos del Estado que se ha multiplicado con relación a las elecciones del 2001. Su manejo ha sido sectario, la imposición de condiciones discriminatorias para el ingreso, para la permanencia, para el ascenso y el desarrollo de carrera, son elementos que no abonan a un maduro ambiente electoral.
Plantearse, cómo se va hacer para que las condiciones mínimas de respeto al empleo, a la estabilidad, a la carrera y al progreso no se vean afectadas, por el ejercicio de una campaña electoral, que en un ambiente democrático lleva necesariamente al debate y análisis de políticas económicas, sociales y productivas, y cómo se ven ellas reflejadas en la organización productiva y laboral del sector o ente en el cual se aspira desempeñar una actividad sindical.
Este es un dilema que ha de abordarse. El ambiente sindical no ha estado exento de violencia, y por tanto un esfuerzo genuino para realizar elecciones sindicales en todo este ámbito, es una opción importante que puede contribuir a sentar las bases para su saneamiento, para su refundación, y para enfrentar un proceso de desgaste y fragmentación continuado que demanda elecciones más allá de una central dada, y es una necesidad de todo el movimiento.
sábado, 8 de enero de 2011
REDES SOCIALES Y RELACIONES DE TRABAJO
Es casi inevitable no referirse a las redes sociales como instrumento de comunicación en la sociedad de hoy. Las noticias vuelan más rápido por este medio que por todos los anteriores. En tiempo real se entera uno de acontecimientos en pleno desarrollo. Las herramientas que han alcanzado mayor difusión son el Facebook y el Twitter. A nivel mundial con más de quinientos millones de usuarios el primero y más de ciento cincuenta millones el segundo. Este último alcanzó en Japón el día 1 de enero, con motivo del anuncio y saludos de año nuevo, el record mundial del envió del increíble número de 6.939 Twits por segundo (http://blog.es.twitter.com/ consulta 8-1-11).
De Venezuela se indica que cuenta con seis millones de usuarios de Facebook, se trata de cerca del veinte por ciento de toda la población. Es una proporción que supera la media mundial. El Twitter tiene un poco menos de penetración, pero su ritmo va en un ascenso vertiginoso. El twitter del Presidente Hugo Chavez. @chavezcandanga es quizás el que cuente con más seguidores, alcanzando los 1.134.891 al día de hoy. Se trata de un número considerable de destinatarios, a quienes les llega cualquier mensaje emitido por esta cuenta, que según hemos conocido dispone de un numeroso equipo de coordinación y operación. De todos modos, para tal cantidad de usuarios el número de emitidos es modesto, apenas ochocientos cuarenta.
En el plano político es reconocida la utilidad de las redes sociales para hacer llegar los mensajes de campaña, para la organización de los actos, el intercambio con los votantes. Por ejemplo de los nuevos diputados en la Asamblea Nacional ciento veinticinco son usuarios de Twitter; 65 del Gobierno y 60 de la oposición. Evidentemente que estos últimos recurren más a este medio. Es oportuno mencionar que recurrentemente se leen mensajes, que critican que en ocasiones se hace oposición más desde las redes sociales que en la propia vida real.
En las redes sociales, y particularmente entre los usuarios de Facebook, frecuentemente se formulan recomendaciones que orientan en materia de seguridad, ya que hay usuarios que colocan informaciones de su vida personal y de sus actividades que ofrecen oportunidades y riesgos para la propia seguridad de las personas.
En el ámbito de las Relaciones de Trabajo, este riesgo también lo conocemos en un caso que llevo a abogada y sus representados a presentar queja ante el Ministerio del ramo, ya que un trabajador había agregado en su Facebook, a un "naciente Sindicato". La idea del grupo era que a través de la famosa red social iban a fijar reuniones, estrategias, y en fin, establecer todo para la constitución de un Sindicato. Los jefes, de un conocido banco, se enteraron del asunto, tuvieron acceso a la red social, imprimieron los nombres de sus miembros y decidieron despedir a todos los trabajadores que estaban allí.
Planteaba en un foro público el Diputado Andrés Velásquez, de cómo desde cárceles en el Estado Bolívar, se contacta a personas para amenazarlas, así como también se mantienen vínculos con delegados sindicales que participan de la venta de empleos en el sector de la construcción.
Otro contraste de estos tiempos de redes sociales en el marco de la masificación del uso del internet, se observa la permanencia de procesos arcaicos en la Administración del Trabajo, como el que las empresas tengan que presentar un registro trimestral ante el Ministerio. Teniendo sus representantes que hacer filas en las calles desde altas horas de la madrugada, con las mayores incomodidades y riesgos. De paso esta información no parece ser utilizada en la construcción de políticas y brindarla a los usuarios para análisis y recomendaciones en los procesos productivos y de funcionamiento de las Relaciones de Trabajo.
Por el extraordinario impacto de las Redes Sociales en las relaciones entre la personas, es necesario que desde los actores laborales se hagan los esfuerzos para integrarlas a su cotidianidad.
De Venezuela se indica que cuenta con seis millones de usuarios de Facebook, se trata de cerca del veinte por ciento de toda la población. Es una proporción que supera la media mundial. El Twitter tiene un poco menos de penetración, pero su ritmo va en un ascenso vertiginoso. El twitter del Presidente Hugo Chavez. @chavezcandanga es quizás el que cuente con más seguidores, alcanzando los 1.134.891 al día de hoy. Se trata de un número considerable de destinatarios, a quienes les llega cualquier mensaje emitido por esta cuenta, que según hemos conocido dispone de un numeroso equipo de coordinación y operación. De todos modos, para tal cantidad de usuarios el número de emitidos es modesto, apenas ochocientos cuarenta.
En el plano político es reconocida la utilidad de las redes sociales para hacer llegar los mensajes de campaña, para la organización de los actos, el intercambio con los votantes. Por ejemplo de los nuevos diputados en la Asamblea Nacional ciento veinticinco son usuarios de Twitter; 65 del Gobierno y 60 de la oposición. Evidentemente que estos últimos recurren más a este medio. Es oportuno mencionar que recurrentemente se leen mensajes, que critican que en ocasiones se hace oposición más desde las redes sociales que en la propia vida real.
En las redes sociales, y particularmente entre los usuarios de Facebook, frecuentemente se formulan recomendaciones que orientan en materia de seguridad, ya que hay usuarios que colocan informaciones de su vida personal y de sus actividades que ofrecen oportunidades y riesgos para la propia seguridad de las personas.
En el ámbito de las Relaciones de Trabajo, este riesgo también lo conocemos en un caso que llevo a abogada y sus representados a presentar queja ante el Ministerio del ramo, ya que un trabajador había agregado en su Facebook, a un "naciente Sindicato". La idea del grupo era que a través de la famosa red social iban a fijar reuniones, estrategias, y en fin, establecer todo para la constitución de un Sindicato. Los jefes, de un conocido banco, se enteraron del asunto, tuvieron acceso a la red social, imprimieron los nombres de sus miembros y decidieron despedir a todos los trabajadores que estaban allí.
Planteaba en un foro público el Diputado Andrés Velásquez, de cómo desde cárceles en el Estado Bolívar, se contacta a personas para amenazarlas, así como también se mantienen vínculos con delegados sindicales que participan de la venta de empleos en el sector de la construcción.
Otro contraste de estos tiempos de redes sociales en el marco de la masificación del uso del internet, se observa la permanencia de procesos arcaicos en la Administración del Trabajo, como el que las empresas tengan que presentar un registro trimestral ante el Ministerio. Teniendo sus representantes que hacer filas en las calles desde altas horas de la madrugada, con las mayores incomodidades y riesgos. De paso esta información no parece ser utilizada en la construcción de políticas y brindarla a los usuarios para análisis y recomendaciones en los procesos productivos y de funcionamiento de las Relaciones de Trabajo.
Por el extraordinario impacto de las Redes Sociales en las relaciones entre la personas, es necesario que desde los actores laborales se hagan los esfuerzos para integrarlas a su cotidianidad.
miércoles, 5 de enero de 2011
EMPLEO: EJECUTIVO, PARLAMENTO Y COMPROMISO SOCIAL
El país termina por segundo año consecutivo con cifras negativas en materia de crecimiento y desarrollo. Sin embargo las autoridades anuncian que este primer semestre del 2011 se empezará a revertir esta crítica situación. Analistas diversos llenan páginas impresas y virtuales sobre estas expectativas. Sobre esta particular nos vamos a referir solamente a la dimensión empleo. Apuntaremos tangencialmente algunas áreas que aspiramos sean abordadas en las actividades y comunicaciones entre el Ejecutivo, el Parlamento y la Sociedad.
En primer lugar, no parece servir de mucha utilidad al país seguirle edulcorando las cifras de empleo. Unos índices de desempleo que no se afectan a pesar de dos años de decrecimiento económico, parecen contradecir el más elemental sentido común; como es el hecho que disminuyendo la producción en casi todos los sectores productivos, el órgano responsable de decirnos de estos índices, sigue publicando que el desempleo continúa campante apenas por 7 u 8 %. Es cierto que el mercado laboral es heterogéneo y complejo. De ahí que los aspectos técnicos para que los datos se parezcan más a lo que la sociedad experimenta sea una meta esperable, y no seguir construyendo datos que poco sirven, incluso a la misma imagen gubernamental.
A manera referencial, de los países de la Unión Europea, siete de ellos manifiestan sus datos de desempleo con tasas de dos cifras, en posición extrema Letonia (23%) y España (19%) -2010-. Este reconocimiento además va en correspondencia con el hecho de la integración europea, que conlleva políticas comunitarias en materia de empleo, siguiéndose metodologías armonizadas para diagnosticar el problema. Lo que implica la existencia de un monitoreo creíble. En nuestro país, nuestras instituciones con responsabilidades en informarnos en esta materia no están expuestas a un monitoreo responsable.
Es necesario que el Ejecutivo y el Parlamento construyan y revisen políticas, en conjunto con los actores sociales y aquellas entidades vinculadas con el problema del empleo, para plantearle a la sociedad ¿Cuántos empleos se van a crear en este año? ¿En cuales sectores productivos? ¿En cuales regiones?
Sabemos que el desempleo es más dañino para quienes tienen carga familiar, especialmente si en la misma hay personas discapacitadas y menores en edad escolar ¿Cómo se distribuirán esos empleos a crearse tomando en cuenta las exigencias de formación, edad, género? Téngase en cuenta las mayores dificultades que tienen los jóvenes para acceder al primer empleo.
¿Cuáles son las implicaciones que todo esto conlleva en materia de movilidad geográfica? ¿A cuál o cuáles costos todo esto? ¿De donde se obtendrá el dinero para tales propósitos? ¿Cuál es el cronograma de recaudación de esos recursos? ¿Cómo vigilamos que todo esto se vaya cumpliendo en el tiempo y el espacio? Decir que ahí están los consejos comunales, no es suficiente, ya que también disponemos de organizaciones con papeles directos en el asunto, como los gobiernos locales, sindicatos, organizaciones empresariales, instituciones formativas. Todas experimentadas y con talentos que hacen falta para las grandes metas y proyectos.
Veamos además, algunos aspectos cualitativos del asunto, nada menores. Como es el caso del empleo público y la discriminación. Y esto refiere a entidades que ya andan por los 2.3 millones de personas de empleo directo, extendido a contratistas y organizaciones productivas que se vinculan con los entes estatales. En ellos se observa ventajismo en las contrataciones, con preferencias a quienes se vinculen con determinadas organizaciones o personeros del oficialismo, y con ello practicando una discriminación abominable en contra de la otra parte de la población, que nos coloca como sociedad en un estadio de violación de principios universales sobre la no discriminación para el empleo.
Esta práctica fue ejecutada por los adecos en la administración pública y empresas estatales, y la sociedad la repudió. Hoy se practica de nuevo, y levanta el más absoluto repudio. Buena parte de la población que se nos ha ido al exterior, ha sido ahuyentada por esta mezquindad institucional y antinacional, ya que la fuga de talentos es una sangría para el país.
Someter al que busca un empleo a rendirle culto a un pensamiento único, a personas u organizaciones ajenas a las instituciones productivas, es sencillamente humillante. Sin embargo, el que tiene la necesidad se adecua a las circunstancias, y se ve obligado en la mayoría de los casos a hacerle el juego a estos esquemas. Pero logrado el empleo, vienen circunstancias de estar expuesto a exigencias y demandas que no siempre están en correspondencia con meritos, ética y disciplina productiva, generando frustraciones y apatía laboral. Tenemos que romper este círculo vicioso.
En primer lugar, no parece servir de mucha utilidad al país seguirle edulcorando las cifras de empleo. Unos índices de desempleo que no se afectan a pesar de dos años de decrecimiento económico, parecen contradecir el más elemental sentido común; como es el hecho que disminuyendo la producción en casi todos los sectores productivos, el órgano responsable de decirnos de estos índices, sigue publicando que el desempleo continúa campante apenas por 7 u 8 %. Es cierto que el mercado laboral es heterogéneo y complejo. De ahí que los aspectos técnicos para que los datos se parezcan más a lo que la sociedad experimenta sea una meta esperable, y no seguir construyendo datos que poco sirven, incluso a la misma imagen gubernamental.
A manera referencial, de los países de la Unión Europea, siete de ellos manifiestan sus datos de desempleo con tasas de dos cifras, en posición extrema Letonia (23%) y España (19%) -2010-. Este reconocimiento además va en correspondencia con el hecho de la integración europea, que conlleva políticas comunitarias en materia de empleo, siguiéndose metodologías armonizadas para diagnosticar el problema. Lo que implica la existencia de un monitoreo creíble. En nuestro país, nuestras instituciones con responsabilidades en informarnos en esta materia no están expuestas a un monitoreo responsable.
Es necesario que el Ejecutivo y el Parlamento construyan y revisen políticas, en conjunto con los actores sociales y aquellas entidades vinculadas con el problema del empleo, para plantearle a la sociedad ¿Cuántos empleos se van a crear en este año? ¿En cuales sectores productivos? ¿En cuales regiones?
Sabemos que el desempleo es más dañino para quienes tienen carga familiar, especialmente si en la misma hay personas discapacitadas y menores en edad escolar ¿Cómo se distribuirán esos empleos a crearse tomando en cuenta las exigencias de formación, edad, género? Téngase en cuenta las mayores dificultades que tienen los jóvenes para acceder al primer empleo.
¿Cuáles son las implicaciones que todo esto conlleva en materia de movilidad geográfica? ¿A cuál o cuáles costos todo esto? ¿De donde se obtendrá el dinero para tales propósitos? ¿Cuál es el cronograma de recaudación de esos recursos? ¿Cómo vigilamos que todo esto se vaya cumpliendo en el tiempo y el espacio? Decir que ahí están los consejos comunales, no es suficiente, ya que también disponemos de organizaciones con papeles directos en el asunto, como los gobiernos locales, sindicatos, organizaciones empresariales, instituciones formativas. Todas experimentadas y con talentos que hacen falta para las grandes metas y proyectos.
Veamos además, algunos aspectos cualitativos del asunto, nada menores. Como es el caso del empleo público y la discriminación. Y esto refiere a entidades que ya andan por los 2.3 millones de personas de empleo directo, extendido a contratistas y organizaciones productivas que se vinculan con los entes estatales. En ellos se observa ventajismo en las contrataciones, con preferencias a quienes se vinculen con determinadas organizaciones o personeros del oficialismo, y con ello practicando una discriminación abominable en contra de la otra parte de la población, que nos coloca como sociedad en un estadio de violación de principios universales sobre la no discriminación para el empleo.
Esta práctica fue ejecutada por los adecos en la administración pública y empresas estatales, y la sociedad la repudió. Hoy se practica de nuevo, y levanta el más absoluto repudio. Buena parte de la población que se nos ha ido al exterior, ha sido ahuyentada por esta mezquindad institucional y antinacional, ya que la fuga de talentos es una sangría para el país.
Someter al que busca un empleo a rendirle culto a un pensamiento único, a personas u organizaciones ajenas a las instituciones productivas, es sencillamente humillante. Sin embargo, el que tiene la necesidad se adecua a las circunstancias, y se ve obligado en la mayoría de los casos a hacerle el juego a estos esquemas. Pero logrado el empleo, vienen circunstancias de estar expuesto a exigencias y demandas que no siempre están en correspondencia con meritos, ética y disciplina productiva, generando frustraciones y apatía laboral. Tenemos que romper este círculo vicioso.
sábado, 25 de diciembre de 2010
Trabajo Forzoso u Obligatorio
En los últimos días se ha traído al debate nacional el tema de las relaciones de trabajo esclavistas. Altos funcionarios gubernamentales invocaron la existencia de estas relaciones, entre los varios argumentos para expropiar empresas agropecuarias en el Sur del Lago de Maracaibo.
Sobre el trabajo esclavo, lo primero que hay que destacar es que el trabajador le pertenece al patrono amo. En el régimen de la esclavitud no hay mercado de trabajo sino mercado de personas. No se compra la fuerza de trabajo sino a la persona. A partir de mediados del siglo XIX, la esclavitud va dejando de ser la forma dominante de trabajo y van surgiendo formas de servidumbre y especialmente el trabajo asalariado, que se impuso en todo el mundo. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, los países de las Américas experimentan procesos de abolición de la esclavitud.
En el siglo XX la esclavitud constituye una rémora. El desarrollo socio político se opone a esta forma de explotación del trabajo humano. “Ninguna persona podrá ser sometida a esclavitud o servidumbre. La trata de personas y, en particular, la de mujeres, niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, estará sujeta a las penas previstas en la ley”. (Art 54, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999). Además desde el punto de vista económico, el proveer alimentación y vivienda no era rentable en la vida laboral urbana, predominante del siglo XX.
Actualmente el problema de explotación laboral que más se aproxima al trabajo esclavo es el de trabajo forzoso. La OIT aprobó el Convenio No 29 sobre el trabajo forzoso u obligatorio y Venezuela fue de los primeros países de la región en ratificarlo - 1944-.
A los efectos de este Convenio, la expresión trabajo forzoso u obligatorio designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Ocurre cuando el trabajo o el servicio, es exigido por el Estado o por personas que tienen la voluntad y el poder de amenazar a los trabajadores con severas privaciones como, por ejemplo, privarles de alimentos, de la tierra o la remuneración, ejercer violencia física o abusos sexuales contra ellos, limitar sus movimientos o encerrarlos. Por ejemplo, un trabajador doméstico se encuentra en una situación de trabajo forzoso cuando el jefe de familia le saca sus documentos de identidad, le prohíbe que salga y le amenaza en caso de desobediencia. Otro ejemplo de trabajo forzoso ocurre cuando las personas, lo quieran o no, tienen que contribuir con su trabajo a la construcción de carreteras, de canales de irrigación, etc., y cuando los funcionarios del gobierno, la policía o los jefes tradicionales esgrimen amenazas concretas si no acuden a trabajar.
Según la OIT, más de 12 millones de personas en el del mundo están bajo coerción al trabajo forzado, en esclavitud o en situación similar. En América Latina, en los últimos años el país que atiende con mayor decisión este problema es Brasil. Su Plan Nacional para Erradicación del Trabajo Esclavo, lanzado por el gobierno Lula el 2003, ha permitido reducir sustancialmente este problema.
Desde hace más de diez años, la Organización Internacional del Trabajo fomenta el programa de Trabajo Decente, uno de sus objetivos es la erradicación del trabajo forzoso. Este programa ha sido acogido con entusiasmo en casi todos los países de América Latina, y ha sido de utilidad para mejorar los mecanismos y los procesos de dialogo social para combatir rémoras como esta en el funcionamiento de las Relaciones de Trabajo.
En Venezuela no se llevan registros de este problema, sea del trabajo esclavo o del trabajo forzoso u obligatorio. Cierto que el problema existe. La temática exige que sea abordada con mayor detenimiento. A lo mejor una acusación judicial que enfrenta la República en tribunales del Estado de la Florida –EEUU-, le da relevancia mediática al problema. Médicos desertores del programa de asistencia entre Cuba y Venezuela reclaman indemnizaciones importantes, todo basado en conceptos derivados del trabajo forzoso u obligatorio.
Para finalizar llama la atención que en las Memorias del Ministerio del PP para el Trabajo y la Seguridad Social, de los dos últimos años, no hay referencias al trabajo esclavo, ni al trabajo forzoso u obligatorio, no obstante la argumentación esgrimida para acciones de expropiación.
Sobre el trabajo esclavo, lo primero que hay que destacar es que el trabajador le pertenece al patrono amo. En el régimen de la esclavitud no hay mercado de trabajo sino mercado de personas. No se compra la fuerza de trabajo sino a la persona. A partir de mediados del siglo XIX, la esclavitud va dejando de ser la forma dominante de trabajo y van surgiendo formas de servidumbre y especialmente el trabajo asalariado, que se impuso en todo el mundo. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, los países de las Américas experimentan procesos de abolición de la esclavitud.
En el siglo XX la esclavitud constituye una rémora. El desarrollo socio político se opone a esta forma de explotación del trabajo humano. “Ninguna persona podrá ser sometida a esclavitud o servidumbre. La trata de personas y, en particular, la de mujeres, niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, estará sujeta a las penas previstas en la ley”. (Art 54, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999). Además desde el punto de vista económico, el proveer alimentación y vivienda no era rentable en la vida laboral urbana, predominante del siglo XX.
Actualmente el problema de explotación laboral que más se aproxima al trabajo esclavo es el de trabajo forzoso. La OIT aprobó el Convenio No 29 sobre el trabajo forzoso u obligatorio y Venezuela fue de los primeros países de la región en ratificarlo - 1944-.
A los efectos de este Convenio, la expresión trabajo forzoso u obligatorio designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Ocurre cuando el trabajo o el servicio, es exigido por el Estado o por personas que tienen la voluntad y el poder de amenazar a los trabajadores con severas privaciones como, por ejemplo, privarles de alimentos, de la tierra o la remuneración, ejercer violencia física o abusos sexuales contra ellos, limitar sus movimientos o encerrarlos. Por ejemplo, un trabajador doméstico se encuentra en una situación de trabajo forzoso cuando el jefe de familia le saca sus documentos de identidad, le prohíbe que salga y le amenaza en caso de desobediencia. Otro ejemplo de trabajo forzoso ocurre cuando las personas, lo quieran o no, tienen que contribuir con su trabajo a la construcción de carreteras, de canales de irrigación, etc., y cuando los funcionarios del gobierno, la policía o los jefes tradicionales esgrimen amenazas concretas si no acuden a trabajar.
Según la OIT, más de 12 millones de personas en el del mundo están bajo coerción al trabajo forzado, en esclavitud o en situación similar. En América Latina, en los últimos años el país que atiende con mayor decisión este problema es Brasil. Su Plan Nacional para Erradicación del Trabajo Esclavo, lanzado por el gobierno Lula el 2003, ha permitido reducir sustancialmente este problema.
Desde hace más de diez años, la Organización Internacional del Trabajo fomenta el programa de Trabajo Decente, uno de sus objetivos es la erradicación del trabajo forzoso. Este programa ha sido acogido con entusiasmo en casi todos los países de América Latina, y ha sido de utilidad para mejorar los mecanismos y los procesos de dialogo social para combatir rémoras como esta en el funcionamiento de las Relaciones de Trabajo.
En Venezuela no se llevan registros de este problema, sea del trabajo esclavo o del trabajo forzoso u obligatorio. Cierto que el problema existe. La temática exige que sea abordada con mayor detenimiento. A lo mejor una acusación judicial que enfrenta la República en tribunales del Estado de la Florida –EEUU-, le da relevancia mediática al problema. Médicos desertores del programa de asistencia entre Cuba y Venezuela reclaman indemnizaciones importantes, todo basado en conceptos derivados del trabajo forzoso u obligatorio.
Para finalizar llama la atención que en las Memorias del Ministerio del PP para el Trabajo y la Seguridad Social, de los dos últimos años, no hay referencias al trabajo esclavo, ni al trabajo forzoso u obligatorio, no obstante la argumentación esgrimida para acciones de expropiación.
domingo, 19 de diciembre de 2010
Trabajo y modelos productivos en América Latina
Con este título, más el siguiente subtítulo “Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela luego de las crisis del modo de desarrollo neoliberal” Clacso, Buenos Aires, nos acaba de publicar esta obra; compilada por Julio Cesar Neffa y Enrique de la Garza, más las contribuciones de Damián Panigo, Jorge Carrillo, Fernando Urrea, Giovanni Alves, Marcio Pochman y Héctor Lucena.
La presentación del libro nos indica, que el punto de partida de este esfuerzo de investigación, fue la situación posterior a la crisis de los años setenta, el auge del neoliberalismo y su crisis al iniciarse el siglo XXI. El foco del análisis fue tratar de identificar los nuevos modelos productivos, que estaban emergiendo en América Latina, o su continuidad, y si los mismos tenían similares orientaciones y características, si su dinámica los llevaba a homogeneizarlos o si las trayectorias
institucionales, históricas de cada formación social conducían a una especificidad. Esta última hipótesis es la que se verificó.
Tal vez, el fenómeno que los atravesaba a todos era la “vuelta del Estado”. Luego de la crisis de los años setenta se observó que tanto para consolidar el modo de producción capitalista (son los casos de México y de Colombia), como para intentar un nuevo modelo productivo crítico de las políticas económicas neoliberales (son los casos de Brasil y de Argentina), o para tratar de crear un modelo socialista latinoamericano, del siglo XXI (es el caso de Venezuela), siempre se necesitó la
intervención del Estado a fin de consolidar los cambios introducidos y que, en todos los casos, ello tenía impacto muy diferente sobre las instituciones y las reglas que configuraban el uso y la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, de la relación salarial.
Los autores abordan el tema desde la economía, la sociología y las relaciones de trabajo, pero recurren a la historia económica y social y a la ciencia política de una sociedad heterogénea, para contextualizar la dinámica del modo de desarrollo propio de cada país, y analizar los actores sociales que intervinieron para promover un nuevo modelo productivo diferente (Venezuela); tratar de configurar otro modelo
con ingredientes posneoliberales, pero que encuentra una fuerte oposición por parte de los grupos económicos cuyo poder fue reducido y que pretenden retomar el modelo neoliberal a pesar de haberse beneficiado con los cambios introducidos, o que para justificarse invocan el federalismo, la vigencia plena de las instituciones, el respeto del derecho de propiedad y volver a dar prioridad al mercado sobre el Estado
(Brasil y Argentina); o reformar el viejo modelo capitalista neoliberal,
para hacerlo más eficiente y enfrentar las crisis (México y Colombia).
La crisis financiera internacional desatada en el corazón del capitalismo
impactó de manera diferente a los países estudiados, pero también, en este caso, los intentos de controlarla y reducir los efectos perversos tuvieron al Estado como actor protagónico.
Todo esto nos lleva a concluir que el neoliberalismo económico con sus diversas dimensiones está en crisis, pero que no es inminente el derrumbe del modo de producción capitalista y que, en cada país,los grupos y clases sociales hegemónicos y los que reivindican cambios profundos, que por medio de sus luchas contradictorias o de los compromisos establecen mutuas concesiones negociadas y tratan de
imprimir al Estado una determinada orientación.
Las crisis debilitaron el movimiento obrero y disminuyeron su capacidad de iniciativa y de hacer propuestas alternativas, pero a mediano o a largo plazo su activa presencia es una condición necesaria para que emerja y sea sustentable un nuevo modo de desarrollo económico y social y otro modelo productivo, entre cuyos objetivos figuren:el pleno empleo; salarios reales que se ajusten según la inflación pasada y el incremento de la productividad; un aumento de la parte de los salarios
en la distribución funcional del ingreso; la universalización del sistema de seguridad social; el derecho a la formación y reconversión profesional; el combate a la pobreza, la indigencia y la exclusión social; procesos de humanización del trabajo para preservar la vida y la salud de los trabajadores; y la vigencia de la democracia económica dentro de las empresas y las organizaciones.
Los autores desean que el marco teórico y la diversidad de los
casos presentados estimulen un debate necesario, para sacar conclusiones
adecuadas a cada país y promover el compromiso social y político
para que “la vuelta del Estado” se oriente al logro de los objetivos
mencionados.
La presentación del libro nos indica, que el punto de partida de este esfuerzo de investigación, fue la situación posterior a la crisis de los años setenta, el auge del neoliberalismo y su crisis al iniciarse el siglo XXI. El foco del análisis fue tratar de identificar los nuevos modelos productivos, que estaban emergiendo en América Latina, o su continuidad, y si los mismos tenían similares orientaciones y características, si su dinámica los llevaba a homogeneizarlos o si las trayectorias
institucionales, históricas de cada formación social conducían a una especificidad. Esta última hipótesis es la que se verificó.
Tal vez, el fenómeno que los atravesaba a todos era la “vuelta del Estado”. Luego de la crisis de los años setenta se observó que tanto para consolidar el modo de producción capitalista (son los casos de México y de Colombia), como para intentar un nuevo modelo productivo crítico de las políticas económicas neoliberales (son los casos de Brasil y de Argentina), o para tratar de crear un modelo socialista latinoamericano, del siglo XXI (es el caso de Venezuela), siempre se necesitó la
intervención del Estado a fin de consolidar los cambios introducidos y que, en todos los casos, ello tenía impacto muy diferente sobre las instituciones y las reglas que configuraban el uso y la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, de la relación salarial.
Los autores abordan el tema desde la economía, la sociología y las relaciones de trabajo, pero recurren a la historia económica y social y a la ciencia política de una sociedad heterogénea, para contextualizar la dinámica del modo de desarrollo propio de cada país, y analizar los actores sociales que intervinieron para promover un nuevo modelo productivo diferente (Venezuela); tratar de configurar otro modelo
con ingredientes posneoliberales, pero que encuentra una fuerte oposición por parte de los grupos económicos cuyo poder fue reducido y que pretenden retomar el modelo neoliberal a pesar de haberse beneficiado con los cambios introducidos, o que para justificarse invocan el federalismo, la vigencia plena de las instituciones, el respeto del derecho de propiedad y volver a dar prioridad al mercado sobre el Estado
(Brasil y Argentina); o reformar el viejo modelo capitalista neoliberal,
para hacerlo más eficiente y enfrentar las crisis (México y Colombia).
La crisis financiera internacional desatada en el corazón del capitalismo
impactó de manera diferente a los países estudiados, pero también, en este caso, los intentos de controlarla y reducir los efectos perversos tuvieron al Estado como actor protagónico.
Todo esto nos lleva a concluir que el neoliberalismo económico con sus diversas dimensiones está en crisis, pero que no es inminente el derrumbe del modo de producción capitalista y que, en cada país,los grupos y clases sociales hegemónicos y los que reivindican cambios profundos, que por medio de sus luchas contradictorias o de los compromisos establecen mutuas concesiones negociadas y tratan de
imprimir al Estado una determinada orientación.
Las crisis debilitaron el movimiento obrero y disminuyeron su capacidad de iniciativa y de hacer propuestas alternativas, pero a mediano o a largo plazo su activa presencia es una condición necesaria para que emerja y sea sustentable un nuevo modo de desarrollo económico y social y otro modelo productivo, entre cuyos objetivos figuren:el pleno empleo; salarios reales que se ajusten según la inflación pasada y el incremento de la productividad; un aumento de la parte de los salarios
en la distribución funcional del ingreso; la universalización del sistema de seguridad social; el derecho a la formación y reconversión profesional; el combate a la pobreza, la indigencia y la exclusión social; procesos de humanización del trabajo para preservar la vida y la salud de los trabajadores; y la vigencia de la democracia económica dentro de las empresas y las organizaciones.
Los autores desean que el marco teórico y la diversidad de los
casos presentados estimulen un debate necesario, para sacar conclusiones
adecuadas a cada país y promover el compromiso social y político
para que “la vuelta del Estado” se oriente al logro de los objetivos
mencionados.
sábado, 11 de diciembre de 2010
PRESENTISMO, PRODUCTIVIDAD Y MODELO ECONOMICO
En fecha reciente con motivo de la defensa de tesis doctoral, en el desarrollo del intercambio se abordó el concepto de “presentismo”. Se refería a aquel comportamiento laboral que supone estar físicamente en el sitio de trabajo, sería lo contrario del ausentismo, pero en este caso, con muy limitada dedicación al cumplimiento de las tareas, sea por desinterés o por no estar en adecuadas condiciones personales, de salud incluidas. Por otro lado, la persona incursa además hace ver que está ocupada. También encontramos que refiere a trabajar más allá del horario normal con la única intención de que se note la presencia del trabajador en su puesto. En tiempos de crisis, con decrecimiento económico y obviamente reducciones de las nóminas de personal, el “presentismo” es una respuesta. En estos tiempos aumenta el temor de perder el puesto de trabajo.
¿Y la Productividad qué?
Está demás afirmar que el “presentismo” no contribuye al incremento de la productividad. Por otro lado, ésta aumenta cuando se reducen las nóminas. Pero no ocurre lo mismo cuando se cierra un establecimiento o una empresa, ya que lo que suele ocurrir es que la productividad se mantenga igual. Pero lo que si se afirma es que el “presentismo” reduce la productividad.
Con la productividad, es decir la generación de más productos y servicios con un uso óptimo de los recursos disponibles, una sociedad gana. Por supuesto acompañado de una distribución justa de la riqueza derivada, ya sea para los productores directos como para la sociedad en general. Los primeros con mejores remuneraciones para el trabajo, y dividendos para los propietarios; y para la sociedad en general, ella gana con mejores productos y servicios a precios justos, así como con los pagos que se entregan al sistema tributario y todas las tasas públicas.
También es importante destacar que una sociedad productiva, con metas de productividad crecientes y con distribución justa, estimula la conciencia colectiva para vigilar que los recursos sean usados de la mejor manera, y sea más exigente en sus reclamos a aquellos comportamientos institucionales que despilfarran recursos o hacen usos poco transparentes de los mismos.
De todos modos hay que advertir que en el país no se mantiene el necesario ambiente para el incremento de la productividad. El tema no tiene relevancia, lamentablemente. El ambiente necesario conlleva que el tema sea asumido por todos los actores productivos, políticos y sociales. Resulta difícil que el tema sólo descanse en las empresas, al tiempo que el Estado no lo incentive y reconozca; ya que las políticas públicas tienen directa influencia en la disciplina productiva, tanto para los propietarios como para los trabajadores. La confusión reinante en la definición de un modelo económico determinado, desestimula las conductas necesarias para el fomento de la productividad de manera sostenida y a largo plazo.
¿Hacia cual modelo económico vamos?
Lo del modelo económico es sumamente determinante. La discusión que si estamos en socialismo? o vamos para él? O ya estamos en comunismo? Esto último un tanto exagerado, pero sólo indicamos lo que se ha leído sobre el particular en estos tiempos. También que si estamos en capitalismo, y que si este es el del tipo salvaje, de los más extremos en el neoliberalismo. Lo otro es que si estamos en una transición? Además en el mundo existen todo tipo de transiciones, aquellas que fueron y siguen, del socialismo y comunismo al capitalismo (China y Vietnam son de los mejores ejemplos). En el caso cubano, hay todo una expectativa de ver la evolución de sus tímidas medidas económicas, pero que traen consigo repercusiones laborales tremendas, como es desprenderse de quinientos mil trabajadores al servicio estatal, y lanzarlos al “cuentapropismo”, ya que no hay otras opciones, que permitan pensar en emprendimientos con dotación de capital suficiente.
Por otro lado se tienen las transiciones del capitalismo al socialismo. Estas son menos frecuentes, quizás porque los años de socialismo y sus dificultades aun están frescos en la mente de la sociedad contemporánea, al menos en la gente adulta, de haber visto que aquellos países que dejaron el socialismo real y se pusieron a un lado, hoy les va mejor. Queda por reconocer que hay diversos capitalismos y diversos socialismos, y ahí está el respiro, que sin dogmas dominando las sociedades construyan en procesos democráticos y participativos lo que ha de ser su camino a escoger.
¿Y la Productividad qué?
Está demás afirmar que el “presentismo” no contribuye al incremento de la productividad. Por otro lado, ésta aumenta cuando se reducen las nóminas. Pero no ocurre lo mismo cuando se cierra un establecimiento o una empresa, ya que lo que suele ocurrir es que la productividad se mantenga igual. Pero lo que si se afirma es que el “presentismo” reduce la productividad.
Con la productividad, es decir la generación de más productos y servicios con un uso óptimo de los recursos disponibles, una sociedad gana. Por supuesto acompañado de una distribución justa de la riqueza derivada, ya sea para los productores directos como para la sociedad en general. Los primeros con mejores remuneraciones para el trabajo, y dividendos para los propietarios; y para la sociedad en general, ella gana con mejores productos y servicios a precios justos, así como con los pagos que se entregan al sistema tributario y todas las tasas públicas.
También es importante destacar que una sociedad productiva, con metas de productividad crecientes y con distribución justa, estimula la conciencia colectiva para vigilar que los recursos sean usados de la mejor manera, y sea más exigente en sus reclamos a aquellos comportamientos institucionales que despilfarran recursos o hacen usos poco transparentes de los mismos.
De todos modos hay que advertir que en el país no se mantiene el necesario ambiente para el incremento de la productividad. El tema no tiene relevancia, lamentablemente. El ambiente necesario conlleva que el tema sea asumido por todos los actores productivos, políticos y sociales. Resulta difícil que el tema sólo descanse en las empresas, al tiempo que el Estado no lo incentive y reconozca; ya que las políticas públicas tienen directa influencia en la disciplina productiva, tanto para los propietarios como para los trabajadores. La confusión reinante en la definición de un modelo económico determinado, desestimula las conductas necesarias para el fomento de la productividad de manera sostenida y a largo plazo.
¿Hacia cual modelo económico vamos?
Lo del modelo económico es sumamente determinante. La discusión que si estamos en socialismo? o vamos para él? O ya estamos en comunismo? Esto último un tanto exagerado, pero sólo indicamos lo que se ha leído sobre el particular en estos tiempos. También que si estamos en capitalismo, y que si este es el del tipo salvaje, de los más extremos en el neoliberalismo. Lo otro es que si estamos en una transición? Además en el mundo existen todo tipo de transiciones, aquellas que fueron y siguen, del socialismo y comunismo al capitalismo (China y Vietnam son de los mejores ejemplos). En el caso cubano, hay todo una expectativa de ver la evolución de sus tímidas medidas económicas, pero que traen consigo repercusiones laborales tremendas, como es desprenderse de quinientos mil trabajadores al servicio estatal, y lanzarlos al “cuentapropismo”, ya que no hay otras opciones, que permitan pensar en emprendimientos con dotación de capital suficiente.
Por otro lado se tienen las transiciones del capitalismo al socialismo. Estas son menos frecuentes, quizás porque los años de socialismo y sus dificultades aun están frescos en la mente de la sociedad contemporánea, al menos en la gente adulta, de haber visto que aquellos países que dejaron el socialismo real y se pusieron a un lado, hoy les va mejor. Queda por reconocer que hay diversos capitalismos y diversos socialismos, y ahí está el respiro, que sin dogmas dominando las sociedades construyan en procesos democráticos y participativos lo que ha de ser su camino a escoger.
sábado, 4 de diciembre de 2010
EL REGISTRO SINDICAL: AUTONOMIA O SUBORDINACION
En nuestro artículo anterior mencionamos brevemente, el fenómeno del exterminio de sindicalista y del paralelismo sindical. En lo primero se destaco la insensibilidad y opacidad ante el problema; y en cuanto a lo segundo, la fragmentación y debilidad que trae aparejado. Volvemos a lo segundo.
En cordial intercambio con colega, indicaba que él advertía en el fomento del paralelismo más virtudes que defectos. Razonaba que en primer lugar se recuperaron sindicatos que estaban en poder de la burocracia; ejemplificaba con el sector automotriz – se supone del Estado Carabobo, donde están instaladas la mayoría de las plantas ensambladoras y autopartistas-. Su segundo ejemplo, era la creación de sindicatos en donde no los había o se desplazaba a sindicatos patronales.
Nuestra apreciación del problema difiere, hemos venido identificando el fomento del paralelismo como resultante de una política oficial. En un principio de la presente etapa política, se anunció que la política laboral venía con el interés en la democratización del funcionamiento del movimiento sindical. En los primeros años del presente proceso político, 1999 y 2000, el registro sindical se mantuvo en los mismos parámetros previos, es decir el registro de nuevos sindicatos se ubicaba alrededor de 300 anualmente. La prioridad era que los trabajadores en un espacio plural, activaran mecanismos democratizantes en los sindicatos existentes. Pero ya en el 2001 en el proceso de establecimiento de las nuevas institucionalidades, el registro se disparó a más de 500 sindicatos. Recuérdese que este fue el año del Referéndum Sindical, que obligo a la celebración de elecciones bajo la autoridad del Consejo Nacional Electoral. Luego vino la turbulencia de los años 2002 y 2003, en la cual la CTV al lado del empresariado, se comprometió abiertamente en la confrontación más política que laboral contra el gobierno.
De lo anterior derivó que entre el 2002 y el 2005 se agregaban más de quinientos nuevos sindicatos anualmente. Importante tener presente que en los conflictos del 2002-2003, el sindicalismo oficial se deslindó totalmente de la CTV, en la que hasta entonces existían algunas organizaciones afectas al oficialismo; y simultáneamente se inició la construcción de una central nacional –UNT- con sus ramificaciones regionales. Esta central disfrutó de la ventaja de la cercanía con el gobierno, para que su registro no implicara todas las exigencias burocráticas que el interventor sistema venezolano impone a este tipo de organizaciones.
En los últimos años, del 2006 para acá, el registro ha seguido in crescendo. Ubicándose que cada año se registran más de seiscientos nuevos sindicatos. Importa destacar que se aplica explícitamente una política oficial vía del Ministerio del ramo, dirigida a lo que en sus postulados llama eufemísticamente “Impulsar la democratización y orientación de los sectores laborales del país.. consolidando la democracia participativa y protagónica” (MPPTSS de 2009, pag 58). Es así que cada año el Ministerio se fija metas de registro de nuevos sindicatos. La meta fijada para el 2007 fue cumplida, se registraron 623 nuevos sindicatos; para el 2008 la meta fue sustancialmente incrementada, no obstante el registro alcanza a 604 nuevos sindicatos. Finalmente los últimos datos que disponemos llevan a 790 nuevos registros en el 2009, aproximándose a la meta fijada.
Hay que advertir que tanto los patronos como el Estado no deben intervenir en la vida sindical. Por tanto es un contrasentido que el Gobierno fije metas de registro sindical; mucho más cuando hay tantos espacios desatendidos en el ámbito laboral. Metas convendría fijarse, para empezar, en la creación de empleos productivos y decentes; en el fomento de la negociación y acuerdos colectivos de trabajo. Por ahora se destacan estas dos, pero sería larga una lista de metas necesarias a fijarse en política laboral para consolidar a los actores.
En cuanto a recursos para el proceso de registro, llama la atención los cuantiosos recursos que se destinan a tal fin, en el 2009 se destinaron más de veintidós millones de Bolívares F, para los 790 registros. Realmente es una cifra monumental para una actividad interventora. Son mecanismos que le restan autonomía a la vida de los actores laborales.
Regresando a nuestra cordial discrepancia anotada en el segundo párrafo, el ejemplificar como virtuoso el paralelismo en el sector automotriz del Estado Carabobo, peca de no advertir que se trató desafortunadamente de fracturar una organización por rama, aglutinaba a casi todo el sector tanto de ensambladoras como de autopartistas, y que fue sucedida por organizaciones de empresas que representan la figura organizacional sindical más débil ante los poderes patronales y estatales. Un sindicato de rama, extiende sus facultades en amplio número de organizaciones productivas y limita la emergencia de organizaciones estructuralmente débiles y de fácil control.
Lo virtuoso corresponde en ganar electoralmente y con procesos democráticos las organizaciones existentes, y no tener que recurrir a la protección estatal, que brinde privilegios para registros, que luego comprometen y limitan.
En cordial intercambio con colega, indicaba que él advertía en el fomento del paralelismo más virtudes que defectos. Razonaba que en primer lugar se recuperaron sindicatos que estaban en poder de la burocracia; ejemplificaba con el sector automotriz – se supone del Estado Carabobo, donde están instaladas la mayoría de las plantas ensambladoras y autopartistas-. Su segundo ejemplo, era la creación de sindicatos en donde no los había o se desplazaba a sindicatos patronales.
Nuestra apreciación del problema difiere, hemos venido identificando el fomento del paralelismo como resultante de una política oficial. En un principio de la presente etapa política, se anunció que la política laboral venía con el interés en la democratización del funcionamiento del movimiento sindical. En los primeros años del presente proceso político, 1999 y 2000, el registro sindical se mantuvo en los mismos parámetros previos, es decir el registro de nuevos sindicatos se ubicaba alrededor de 300 anualmente. La prioridad era que los trabajadores en un espacio plural, activaran mecanismos democratizantes en los sindicatos existentes. Pero ya en el 2001 en el proceso de establecimiento de las nuevas institucionalidades, el registro se disparó a más de 500 sindicatos. Recuérdese que este fue el año del Referéndum Sindical, que obligo a la celebración de elecciones bajo la autoridad del Consejo Nacional Electoral. Luego vino la turbulencia de los años 2002 y 2003, en la cual la CTV al lado del empresariado, se comprometió abiertamente en la confrontación más política que laboral contra el gobierno.
De lo anterior derivó que entre el 2002 y el 2005 se agregaban más de quinientos nuevos sindicatos anualmente. Importante tener presente que en los conflictos del 2002-2003, el sindicalismo oficial se deslindó totalmente de la CTV, en la que hasta entonces existían algunas organizaciones afectas al oficialismo; y simultáneamente se inició la construcción de una central nacional –UNT- con sus ramificaciones regionales. Esta central disfrutó de la ventaja de la cercanía con el gobierno, para que su registro no implicara todas las exigencias burocráticas que el interventor sistema venezolano impone a este tipo de organizaciones.
En los últimos años, del 2006 para acá, el registro ha seguido in crescendo. Ubicándose que cada año se registran más de seiscientos nuevos sindicatos. Importa destacar que se aplica explícitamente una política oficial vía del Ministerio del ramo, dirigida a lo que en sus postulados llama eufemísticamente “Impulsar la democratización y orientación de los sectores laborales del país.. consolidando la democracia participativa y protagónica” (MPPTSS de 2009, pag 58). Es así que cada año el Ministerio se fija metas de registro de nuevos sindicatos. La meta fijada para el 2007 fue cumplida, se registraron 623 nuevos sindicatos; para el 2008 la meta fue sustancialmente incrementada, no obstante el registro alcanza a 604 nuevos sindicatos. Finalmente los últimos datos que disponemos llevan a 790 nuevos registros en el 2009, aproximándose a la meta fijada.
Hay que advertir que tanto los patronos como el Estado no deben intervenir en la vida sindical. Por tanto es un contrasentido que el Gobierno fije metas de registro sindical; mucho más cuando hay tantos espacios desatendidos en el ámbito laboral. Metas convendría fijarse, para empezar, en la creación de empleos productivos y decentes; en el fomento de la negociación y acuerdos colectivos de trabajo. Por ahora se destacan estas dos, pero sería larga una lista de metas necesarias a fijarse en política laboral para consolidar a los actores.
En cuanto a recursos para el proceso de registro, llama la atención los cuantiosos recursos que se destinan a tal fin, en el 2009 se destinaron más de veintidós millones de Bolívares F, para los 790 registros. Realmente es una cifra monumental para una actividad interventora. Son mecanismos que le restan autonomía a la vida de los actores laborales.
Regresando a nuestra cordial discrepancia anotada en el segundo párrafo, el ejemplificar como virtuoso el paralelismo en el sector automotriz del Estado Carabobo, peca de no advertir que se trató desafortunadamente de fracturar una organización por rama, aglutinaba a casi todo el sector tanto de ensambladoras como de autopartistas, y que fue sucedida por organizaciones de empresas que representan la figura organizacional sindical más débil ante los poderes patronales y estatales. Un sindicato de rama, extiende sus facultades en amplio número de organizaciones productivas y limita la emergencia de organizaciones estructuralmente débiles y de fácil control.
Lo virtuoso corresponde en ganar electoralmente y con procesos democráticos las organizaciones existentes, y no tener que recurrir a la protección estatal, que brinde privilegios para registros, que luego comprometen y limitan.
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