La organización de la producción es una materia de vital interés en una sociedad. De ella deriva que se disponga de bienes y servicios, suficientes y adecuados para el bienestar. El Capital ha sido el adelantado en prestar detenida atención en cómo organizar la producción, en tanto el Trabajo ha carecido de propuestas. El Estado ha privilegiado la gobernabilidad y la atención a las demandas de los distintos sectores, incluidas por supuesto las necesarios para la producción.
En el período de mayor estabilidad productiva y política del país, como es el iniciado en 1958 hasta la década de noventa, se distinguen dos etapas, una que concertó un marco para la actividad productiva, y que le dio impulsó al modelo de sustitución de importaciones, con protagonismo del capital extranjero y el nacional asociado, y que por supuesto permitió un crecimiento del empresariado local. Por otro lado, continuó el desarrollo de las empresas básicas con recursos y gestión estatal y sus vínculos con el sector privado. Cabe tener presente que para el desarrollo industrial, el estado aportó una buena porción de recursos, con créditos y exoneraciones. Esta etapa se ve nítidamente reflejada en el período que va desde los sesenta hasta los ochenta. Fue una etapa que mostró señales de crecimiento y mejoramiento social durante los primeros veinte años.
La otra etapa que muestra un patrón diferente en la organización productiva predominante, ya es visible en la década del ochenta, que abre lugar a orientaciones neoliberales en el modelo económico y por supuesto con obvias repercusiones en la organización productiva, alterando el funcionamiento de las relaciones laborales que se desarrollaron con dinamismo en la etapa anterior.
Tanto en el primer período como en el segundo, en el país y en el exterior, hay un buen material de análisis que evidencian las características y limitaciones de cada modelo. De ahí su justificada revisión. Persisten por supuesto posiciones encontradas en cuanto al balance del desarrollo productivo de estas etapas, hay condenatorias y también nostalgias. Se continúan sus análisis.
Ensayo tras ensayo
Con el nuevo siglo, entramos en una nueva etapa en la organización productiva, respondiendo a un modelo de desarrollo que ha pasado por distintas denominaciones y caracterizaciones. Una de las primeras fue la búsqueda y coincidencia con la llamada “tercera vía”, acompañada de la democracia ahora protagónica en vez de representativa. Inmediatamente se desestimó la tercera vía y se pasó al desarrollo endógeno, hasta llegar al socialismo del siglo XXI, o también del socialismo a secas.
En este camino reciente, de más de una década, se han ensayado varias proposiciones en la organización productiva. Entre ellas se cuenta el estimulo a las pymes, aunque no tan novedoso porque en el discurso y accionar de las etapas previas siempre estuvo en agenda, aunque sin pretensión de estimular para enfrentarlas con las empresas grandes.
El cooperativismo también recibió la venia de las políticas públicas multiplicándo las unidades cooperativas. Se inventaron las EPS, con conceptos diversos. La crisis económica y política hizo aparecer un sector de empresas recuperadas, y tomadas. Se multiplicaron las estatizaciones, las re estatizaciones, las nacionalizaciones y expropiaciones, alterando y promoviendo nuevos valores y categorías con repercusiones en la organización productiva.
Evaluar y profundizar que resultados se han logrado en todas estas experiencias es una tarea necesaria. Mientras, cada ensayo que es costoso y complejo, pudiera ir llevando a la sociedad venezolana, no al socialismo del siglo XXI sino a un capitalismo más salvaje del que conocemos, como costos de la destrucción de un tejido productivo y la no sustitución eficiente por otro, amén de los compromisos y relaciones económicas que se destruyen y son sustituidas por otras inciertas y con insuficientes transparencias.
Nota:Ver este texto en edición de hoy: http://www.correodelcaroni.com/content/view/156567/149
domingo, 4 de julio de 2010
domingo, 27 de junio de 2010
Inicio de "El Mundo del Trabajo"
http://www.correodelcaroni.com/content/view/156034/149
Inicio de EL MUNDO DEL TRABAJO
domingo, 27 de junio de 2010
Presentación de los Editores de Correo del Caroní:
* Con esta edición conmemorativa Correo del Caroní da la bienvenida al profesor Héctor Lucena, una voz autorizada en los temas laborales. En distintas ocasiones sus opiniones han esclarecido casos y es conocida en el país su atención al acontecer de los trabajadores de Guayana, tema recurrente en sus investigaciones.
* A partir de esta publicación Lucena, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Glasgow y actual coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales mención Estudios del Trabajo de la Universidad de Carabobo, se incorpora al staff de columnistas fijos del medio y sus artículos serán ubicados en la sesión de Laboral.
Con esta primera entrega damos inicio a la publicación del espacio El mundo del trabajo. Es una grata invitación de Correo del Caroní que se valora por varias razones. Una primera, se trata de un medio impreso que en sus páginas los temas de este mundo ocupan un espacio significativo.
Una segunda razón, ligada estrechamente con la primera, tiene que ver con lo que representa la zona de Ciudad Guayana y sus entornos. Desde fines de la década de los años cuarenta se inició la explotación del hierro, y en la siguiente década adquirió estatura de explotación en gran escala y de ahí la denominación de la “zona del hierro”. El hierro al igual que el petróleo son materiales que la naturaleza brinda para el desarrollo. Con el correr del tiempo, la zona se convirtió en un nuevo polo de desarrollo. Quizás la región en donde se pudo ver más nítidamente la “siembra del petróleo”, enfoque orientador de la distribución de la riqueza petrolera, que nació en los años cuarenta y vino a adquirir cuerpo en infraestructura pública y grandes empresas ya en los años sesenta.
Derivado de lo anterior surge lo inevitable, la región se convierte en un espacio de intensa actividad laboral moderna. Las empresas que se instalan en la región constituyen centros de trabajo que convocaron en su mejor momento cientos de miles de trabajadores, con honda repercusión en otras actividades de la zona y del resto del país. En algún momento hemos introducido una presentación comparando la zona de Guayana con el ABC industrial de Sao Paulo, Brasil, obviamente guardando las proporciones. Esta es una ciudad de catorce millones de habitantes. Pero la convergencia de los trabajadores industriales en los distritos San Andrés, San Bernardo y San Cayetano -de ahí el ABC-, albergó una población trabajadora que adquirió la disciplina del trabajo industrial y devino en organizaciones de trabajadores que dieron lugar a importantes transformaciones en ese gran país, como fue la creación de la principal central sindical y de ella un proyecto político de alcance nacional, que ha logrado ser seguido y compartido por otros sectores de la sociedad.
La zona del hierro
La zona del hierro ha constituido un laboratorio para factorías, Estado y sindicatos. En ella se han innovado las relaciones entre los actores sociales; especialmente para el trabajo en medianas y grandes empresas; que es donde hay mayores posibilidades para unas relaciones que se aproximen a la bilateralidad empresas y trabajadores. En las pequeñas, la asimetría de poder tanto en las relaciones con las grandes, como las que ocurren al interior en lo laboral, no ofrecen mayores opciones para la innovación en las relaciones empresas-trabajadores.
Pero “El mundo del trabajo” no termina con la actividad laboral en las medianas y grandes empresas, ya que lo que ocurre en éstas a la larga tiene repercusión en las pequeñas, y en general en los funcionamientos globales de las relaciones empleadores y trabajadores. También es importante tener presente, que al referirse a empleador, se trata del privado o del público. En el fondo de lo que se trata, es de las relaciones de poder que acompañan al manejo de la producción de bienes y servicios, elemento esencial para el funcionamiento de una sociedad, lo que le da bienestar y calidad de vida.
Finalmente, “El mundo del trabajo” es universal y diverso. El trabajo no es sólo lo que nos da el sustento y el elemento clave para generar los bienes y servicios de consumo social, es una actividad de múltiples dimensiones, que pasan por lo ético, lo psicológico, individual y social, lo antropológico, sociológico, lo institucional, lo religioso, en fin cuando una persona tiene un trabajo, tiene algo más que el sustento cotidiano, y por otro lado, cuando no lo tiene, está mucho más que desempleado, ya que experimenta desafiliación y exclusión, su vulnerabilidad es extrema.
Como las visiones sobre el trabajo y sus relaciones son diversas, bienvenida la oportunidad de hacer esta nota, e intercambiar con los interesados, para ello dejamos estos lugares de encuentro.
Inicio de EL MUNDO DEL TRABAJO
domingo, 27 de junio de 2010
Presentación de los Editores de Correo del Caroní:
* Con esta edición conmemorativa Correo del Caroní da la bienvenida al profesor Héctor Lucena, una voz autorizada en los temas laborales. En distintas ocasiones sus opiniones han esclarecido casos y es conocida en el país su atención al acontecer de los trabajadores de Guayana, tema recurrente en sus investigaciones.
* A partir de esta publicación Lucena, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Glasgow y actual coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales mención Estudios del Trabajo de la Universidad de Carabobo, se incorpora al staff de columnistas fijos del medio y sus artículos serán ubicados en la sesión de Laboral.
Con esta primera entrega damos inicio a la publicación del espacio El mundo del trabajo. Es una grata invitación de Correo del Caroní que se valora por varias razones. Una primera, se trata de un medio impreso que en sus páginas los temas de este mundo ocupan un espacio significativo.
Una segunda razón, ligada estrechamente con la primera, tiene que ver con lo que representa la zona de Ciudad Guayana y sus entornos. Desde fines de la década de los años cuarenta se inició la explotación del hierro, y en la siguiente década adquirió estatura de explotación en gran escala y de ahí la denominación de la “zona del hierro”. El hierro al igual que el petróleo son materiales que la naturaleza brinda para el desarrollo. Con el correr del tiempo, la zona se convirtió en un nuevo polo de desarrollo. Quizás la región en donde se pudo ver más nítidamente la “siembra del petróleo”, enfoque orientador de la distribución de la riqueza petrolera, que nació en los años cuarenta y vino a adquirir cuerpo en infraestructura pública y grandes empresas ya en los años sesenta.
Derivado de lo anterior surge lo inevitable, la región se convierte en un espacio de intensa actividad laboral moderna. Las empresas que se instalan en la región constituyen centros de trabajo que convocaron en su mejor momento cientos de miles de trabajadores, con honda repercusión en otras actividades de la zona y del resto del país. En algún momento hemos introducido una presentación comparando la zona de Guayana con el ABC industrial de Sao Paulo, Brasil, obviamente guardando las proporciones. Esta es una ciudad de catorce millones de habitantes. Pero la convergencia de los trabajadores industriales en los distritos San Andrés, San Bernardo y San Cayetano -de ahí el ABC-, albergó una población trabajadora que adquirió la disciplina del trabajo industrial y devino en organizaciones de trabajadores que dieron lugar a importantes transformaciones en ese gran país, como fue la creación de la principal central sindical y de ella un proyecto político de alcance nacional, que ha logrado ser seguido y compartido por otros sectores de la sociedad.
La zona del hierro
La zona del hierro ha constituido un laboratorio para factorías, Estado y sindicatos. En ella se han innovado las relaciones entre los actores sociales; especialmente para el trabajo en medianas y grandes empresas; que es donde hay mayores posibilidades para unas relaciones que se aproximen a la bilateralidad empresas y trabajadores. En las pequeñas, la asimetría de poder tanto en las relaciones con las grandes, como las que ocurren al interior en lo laboral, no ofrecen mayores opciones para la innovación en las relaciones empresas-trabajadores.
Pero “El mundo del trabajo” no termina con la actividad laboral en las medianas y grandes empresas, ya que lo que ocurre en éstas a la larga tiene repercusión en las pequeñas, y en general en los funcionamientos globales de las relaciones empleadores y trabajadores. También es importante tener presente, que al referirse a empleador, se trata del privado o del público. En el fondo de lo que se trata, es de las relaciones de poder que acompañan al manejo de la producción de bienes y servicios, elemento esencial para el funcionamiento de una sociedad, lo que le da bienestar y calidad de vida.
Finalmente, “El mundo del trabajo” es universal y diverso. El trabajo no es sólo lo que nos da el sustento y el elemento clave para generar los bienes y servicios de consumo social, es una actividad de múltiples dimensiones, que pasan por lo ético, lo psicológico, individual y social, lo antropológico, sociológico, lo institucional, lo religioso, en fin cuando una persona tiene un trabajo, tiene algo más que el sustento cotidiano, y por otro lado, cuando no lo tiene, está mucho más que desempleado, ya que experimenta desafiliación y exclusión, su vulnerabilidad es extrema.
Como las visiones sobre el trabajo y sus relaciones son diversas, bienvenida la oportunidad de hacer esta nota, e intercambiar con los interesados, para ello dejamos estos lugares de encuentro.
domingo, 20 de junio de 2010
PARTICIPACION EN LOS BENEFICIOS, -“LIQUIDAS”- Y SUTISS-SIDOR
En los medios impresos se ha venido observando el sostenido reclamo de los trabajadores de Sidor, organizados en Sutiss, del complemento de las utilidades dejadas de pagar a los trabajadores en el lapso 2003-2007. Es un reclamo que se sustenta en primer lugar, en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo –LOT- (“Las empresas deberán distribuir entre todos sus trabajadores por lo menos el quince por ciento -15%- de los beneficios líquidos que hubieren obtenido al fin de su ejercicio anual.. )
De este reclamo interesa resaltar algunos elementos, que aparte de lo legal, tienen su relevancia en el ámbito de las Relaciones de Trabajo. Se tiene por un lado la Participación en los Beneficios. Es una dimensión ya establecida en las Relaciones de Trabajo venezolanas desde la década del cuarenta, en los años de trienio adeco. Esta participación en los beneficios (10% de los beneficios líquidos) tuvo la desventaja, que no otorgaba a los trabajadores elementos que les permitieran, asegurarse que los registros contables y de beneficios fuesen de su conocimiento y análisis. Fue mucho más tarde que una regulación ejecutiva -Decreto 125-, dio lugar al establecimiento de un mecanismo para que los trabajadores tuvieran acceso a esta información. Otra contribución importante, al menos en las Empresas propiedad del Estado, fue el establecimiento de los Directores Laborales, aunque establecida en 1966, sin ningún impacto hasta que se determinó su elección directa en la LOT, 1990-. El tener presencia en los órganos de toma de decisiones podía conocer lo necesario para el asunto que nos ocupa.
Agréguese que las organizaciones sindicales predominantes se caracterizaban por dos debilidades crónicas para encarar el tema del análisis económico y de resultados, por un lado las de estar organizadas por empresa y en segundo lugar el establecer una artificial división entre empleados y obreros. Para no alargar el análisis, rápidamente habría que decir, que una empresa es un eslabón de un conjunto de organizaciones productivas, y que su análisis y acción sindical, requieren trascender el establecimiento en donde se realiza la producción transformadora; y en cuanto la exclusión de los trabajadores empleados, son éstos quienes normalmente trabajan con la información y los datos que permiten entender más detenidamente el tema que nos ocupa.
Por otro lado en el ámbito de las relaciones empresas-sindicatos en aquellos sectores que lograban establecer bilateralmente las condiciones de trabajo –negociaciones colectivas-, prefirieron irse por un atajo que dejó de lado el tema de las utilidades líquidas, y se opto por asegurarse un número determinado de días de utilidades para los trabajadores, independientemente de las líquidas. Así se tiene que empezando en los quince días, en los convenios colectivos fueron subiendo contrato a contrato, hasta que en la Ley Orgánica del Trabajo se les puso un techo, según tamaño de la empresa de 60 o de 120 días. Es entendible que asegurarse un número determinado de días era irse por lo seguro, pero porque no se combinó una y otra cosa, es decir un número determinado de días, y si ellos no llegan a significar el 10% antes de la LOT y el 15% a partir de ella, de las utilidades líquidas, entonces completarlos.
Finalmente en este reclamo conviene resaltar que Sutiss es una organización sindical, que cuenta en su patrimonio el haber emprendido luchas por conquistas laborales que son paradigmáticas en las Relaciones de Trabajo venezolanas. Una de ellas fue justamente el haber conquistado en sus convenios colectivos llevar la participación en los beneficios del 10% al 15%, y fue posteriormente que el Parlamento adoptó este porcentaje en la elaboración de la LOT. Desde el mismo proyecto Caldera – que empezó a divulgarse en 1985- lo mencionaba. Ello obviamente era el reconocimiento de un hecho concreto, como efectivamente lo representaba que Sutiss-Sidor ya lo habían acordado, por conquista contractual. Se dio el caso característico de la más natural evolución de las Relaciones de Trabajo, que las conquistas empiezan por los sectores laborales y productivos más organizados, y es a posteriori que ellos pueden extenderse al resto de las relaciones laborales del país, a través de la regulaciones generales, como es el caso de la LOT. Todo ello da lugar a la construcción de un patrimonio de los trabajadores en el conjunto de una sociedad, es por ello que la reclamación de Sutiss no es un hecho aislado.
De este reclamo interesa resaltar algunos elementos, que aparte de lo legal, tienen su relevancia en el ámbito de las Relaciones de Trabajo. Se tiene por un lado la Participación en los Beneficios. Es una dimensión ya establecida en las Relaciones de Trabajo venezolanas desde la década del cuarenta, en los años de trienio adeco. Esta participación en los beneficios (10% de los beneficios líquidos) tuvo la desventaja, que no otorgaba a los trabajadores elementos que les permitieran, asegurarse que los registros contables y de beneficios fuesen de su conocimiento y análisis. Fue mucho más tarde que una regulación ejecutiva -Decreto 125-, dio lugar al establecimiento de un mecanismo para que los trabajadores tuvieran acceso a esta información. Otra contribución importante, al menos en las Empresas propiedad del Estado, fue el establecimiento de los Directores Laborales, aunque establecida en 1966, sin ningún impacto hasta que se determinó su elección directa en la LOT, 1990-. El tener presencia en los órganos de toma de decisiones podía conocer lo necesario para el asunto que nos ocupa.
Agréguese que las organizaciones sindicales predominantes se caracterizaban por dos debilidades crónicas para encarar el tema del análisis económico y de resultados, por un lado las de estar organizadas por empresa y en segundo lugar el establecer una artificial división entre empleados y obreros. Para no alargar el análisis, rápidamente habría que decir, que una empresa es un eslabón de un conjunto de organizaciones productivas, y que su análisis y acción sindical, requieren trascender el establecimiento en donde se realiza la producción transformadora; y en cuanto la exclusión de los trabajadores empleados, son éstos quienes normalmente trabajan con la información y los datos que permiten entender más detenidamente el tema que nos ocupa.
Por otro lado en el ámbito de las relaciones empresas-sindicatos en aquellos sectores que lograban establecer bilateralmente las condiciones de trabajo –negociaciones colectivas-, prefirieron irse por un atajo que dejó de lado el tema de las utilidades líquidas, y se opto por asegurarse un número determinado de días de utilidades para los trabajadores, independientemente de las líquidas. Así se tiene que empezando en los quince días, en los convenios colectivos fueron subiendo contrato a contrato, hasta que en la Ley Orgánica del Trabajo se les puso un techo, según tamaño de la empresa de 60 o de 120 días. Es entendible que asegurarse un número determinado de días era irse por lo seguro, pero porque no se combinó una y otra cosa, es decir un número determinado de días, y si ellos no llegan a significar el 10% antes de la LOT y el 15% a partir de ella, de las utilidades líquidas, entonces completarlos.
Finalmente en este reclamo conviene resaltar que Sutiss es una organización sindical, que cuenta en su patrimonio el haber emprendido luchas por conquistas laborales que son paradigmáticas en las Relaciones de Trabajo venezolanas. Una de ellas fue justamente el haber conquistado en sus convenios colectivos llevar la participación en los beneficios del 10% al 15%, y fue posteriormente que el Parlamento adoptó este porcentaje en la elaboración de la LOT. Desde el mismo proyecto Caldera – que empezó a divulgarse en 1985- lo mencionaba. Ello obviamente era el reconocimiento de un hecho concreto, como efectivamente lo representaba que Sutiss-Sidor ya lo habían acordado, por conquista contractual. Se dio el caso característico de la más natural evolución de las Relaciones de Trabajo, que las conquistas empiezan por los sectores laborales y productivos más organizados, y es a posteriori que ellos pueden extenderse al resto de las relaciones laborales del país, a través de la regulaciones generales, como es el caso de la LOT. Todo ello da lugar a la construcción de un patrimonio de los trabajadores en el conjunto de una sociedad, es por ello que la reclamación de Sutiss no es un hecho aislado.
domingo, 6 de junio de 2010
Trabajadores de Polar y su Conciencia
Un frente común de propietarios, gerentes y trabajadores se viene observando en la difícil situación que experimentan las empresas del Grupo Polar. Ser objeto de amenazas de expropiación genera suficientes razones para la aprehensión del colectivo laboral, que constituyen en los tres segmentos mencionados, el grupo mayoritario. Así también el que tiene una mayor capacidad de dar lugar a una solidaridad amplia, que va más allá de los trabajadores y sus familiares, de este grupo empresarial.
Cabe preguntarse por que en tiempos de socialismo, un colectivo laboral tan importante, se trata de más de treinta mil trabajadores, como no lo tiene ninguna empresa o grupo privado nacional o internacional operando en el país, hace causa común con los propietarios y los gerentes. Aquí se nos presenta una alianza, que luego de tantos años de mensajes contra el capitalismo, nos muestra lo contrario. Capital y Trabajo juntos ante las amenazas Estatales, en nombre del Socialismo. Hay que advertir que no se trata de que capital y trabajo, no hayan armado e implementado estrategias defensivas y agresivas acciones en contra de las políticas estatales, pero las ya conocidas han sido más bien producto de cúpulas gremiales. De ahí la negación gubernamental de cualquier posible dialogo con ciertos gremios empresariales y sindicales. En el caso que nos ocupa de los trabajadores de Polar, no se observa que las cúpulas sindicales tengan alguna influencia en sus reacciones defensivas. También hay que destacar que las organizaciones sindicales de segundo y tercer grado, como las federaciones y las confederaciones, pasan por un grave momento de desarticulación, y poco pueden hacer en situaciones como las comentadas.
Volviendo a la pregunta del inicio del párrafo anterior, proponemos como respuesta, que la alianza de propietarios, gerentes y trabajadores, la construye el propio gobierno con las dificultades que muestra en el manejo de las ya bastantes empresas estatales. Hay una muy visible incompetencia en el manejo de los asuntos productivos. Y no se trata de un juicio peyorativo contra los trabajadores que prestan servicios en las empresas y organismos estatales, se trata de reivindicar las tres categorías con las que empezamos el artículo: propietarios, gerentes y trabajadores. En el ámbito público el equivalente a la figura del propietario, no se trata de la figura abstracta del soberano, sino de personas que en el más alto nivel dirigen y toman las decisiones que se les ha encomendado, de gobernar y buscar la prosperidad y el desarrollo para todos. A ello se agrega el segmento gerencial, que teóricamente serían los cuadros dotados de la formación y experiencia para el manejo de las entidades productivas. Hasta aquí se tiene a los que están empoderados para manejo de los negocios públicos estatales. Si los resultados son buenos o malos, mucho tiene que ver con ellos, y no tanto con el tercer segmento, el de los trabajadores, el del nivel operativo, amplios y mayoritarios colectivos que son los que reciben órdenes y para quienes el diseño de políticas y la toma de decisiones le son ajenos.
Terminando, con mejores desempeños productivos en las empresas estatales, seguro que la alianza propietarios, gerentes y trabajadores sería más difícil de forjar. En el presente caso, es una alianza que para los trabajadores es de sobrevivencia. Aquí la conciencia de los trabajadores la forja en lo positivo la propia experiencia adquirida laborando en el grupo Polar, y en lo negativo el reflejo que producen las malas experiencias productivas en la conducción de las empresas estatales. Que esto signifique que los trabajadores de Polar no tengan conciencia de tales, de sus propios intereses, de sus diferencias con los propietarios y los gerentes es un asunto discutible, pero sería luego de la sobrevivencia en sus empleos y la defensa de sus conquistas laborales.
Cabe preguntarse por que en tiempos de socialismo, un colectivo laboral tan importante, se trata de más de treinta mil trabajadores, como no lo tiene ninguna empresa o grupo privado nacional o internacional operando en el país, hace causa común con los propietarios y los gerentes. Aquí se nos presenta una alianza, que luego de tantos años de mensajes contra el capitalismo, nos muestra lo contrario. Capital y Trabajo juntos ante las amenazas Estatales, en nombre del Socialismo. Hay que advertir que no se trata de que capital y trabajo, no hayan armado e implementado estrategias defensivas y agresivas acciones en contra de las políticas estatales, pero las ya conocidas han sido más bien producto de cúpulas gremiales. De ahí la negación gubernamental de cualquier posible dialogo con ciertos gremios empresariales y sindicales. En el caso que nos ocupa de los trabajadores de Polar, no se observa que las cúpulas sindicales tengan alguna influencia en sus reacciones defensivas. También hay que destacar que las organizaciones sindicales de segundo y tercer grado, como las federaciones y las confederaciones, pasan por un grave momento de desarticulación, y poco pueden hacer en situaciones como las comentadas.
Volviendo a la pregunta del inicio del párrafo anterior, proponemos como respuesta, que la alianza de propietarios, gerentes y trabajadores, la construye el propio gobierno con las dificultades que muestra en el manejo de las ya bastantes empresas estatales. Hay una muy visible incompetencia en el manejo de los asuntos productivos. Y no se trata de un juicio peyorativo contra los trabajadores que prestan servicios en las empresas y organismos estatales, se trata de reivindicar las tres categorías con las que empezamos el artículo: propietarios, gerentes y trabajadores. En el ámbito público el equivalente a la figura del propietario, no se trata de la figura abstracta del soberano, sino de personas que en el más alto nivel dirigen y toman las decisiones que se les ha encomendado, de gobernar y buscar la prosperidad y el desarrollo para todos. A ello se agrega el segmento gerencial, que teóricamente serían los cuadros dotados de la formación y experiencia para el manejo de las entidades productivas. Hasta aquí se tiene a los que están empoderados para manejo de los negocios públicos estatales. Si los resultados son buenos o malos, mucho tiene que ver con ellos, y no tanto con el tercer segmento, el de los trabajadores, el del nivel operativo, amplios y mayoritarios colectivos que son los que reciben órdenes y para quienes el diseño de políticas y la toma de decisiones le son ajenos.
Terminando, con mejores desempeños productivos en las empresas estatales, seguro que la alianza propietarios, gerentes y trabajadores sería más difícil de forjar. En el presente caso, es una alianza que para los trabajadores es de sobrevivencia. Aquí la conciencia de los trabajadores la forja en lo positivo la propia experiencia adquirida laborando en el grupo Polar, y en lo negativo el reflejo que producen las malas experiencias productivas en la conducción de las empresas estatales. Que esto signifique que los trabajadores de Polar no tengan conciencia de tales, de sus propios intereses, de sus diferencias con los propietarios y los gerentes es un asunto discutible, pero sería luego de la sobrevivencia en sus empleos y la defensa de sus conquistas laborales.
lunes, 31 de mayo de 2010
Sobrevivencia de los Directores Laborales
De las tantas empresas que el Estado controla por ser propietario mayoritario, son pocas las que preservan la figura de los Directores Laborales. De ellas destaca la Corporación Venezolana de Guayana, que recién concluyó su proceso electoral que condujo a la eleccion de los Dos Directores Laborales electos por votación directa, universal y secreta.
De 2 mil 474 electores, ejercieron su derecho al voto 1.688 cevegistas, lo que representa alrededor de un 69% de participación. No está nada mal. Los cuatro electos (dos principales y dos suplentes), tres provienen de los medios sindicales. Se trata de una figura que permite ejercer la representación de los trabajadores en los órganos de dirección y toma de decisiones empresariales.
En tiempos de propuestas gubernamentales de un Control Obrero, que ha levantado inquietudes e incertidumbres entre los trabajadores, por el hecho de venir del propio patrono, valdría la pena en revitalizar la figura de los Directores Laborales. Si bien son dos directores en una mesa directiva que van a estar con toda certeza en minoría, no está mal estar ahí, en donde se toman las decisiones, y es conveniente que existan criterios que no responden docilmente a patronos, por el hecho de provenir de procesos electivos de la base laboral. Ello da sustento a voces que tienen el compromiso con las bases en primer lugar, antes que con las propuestas del patrono estado, que suelen venir de manera vertical.
Más información de las elecciones mencionadas en:
http://www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,174/?id=153846
De 2 mil 474 electores, ejercieron su derecho al voto 1.688 cevegistas, lo que representa alrededor de un 69% de participación. No está nada mal. Los cuatro electos (dos principales y dos suplentes), tres provienen de los medios sindicales. Se trata de una figura que permite ejercer la representación de los trabajadores en los órganos de dirección y toma de decisiones empresariales.
En tiempos de propuestas gubernamentales de un Control Obrero, que ha levantado inquietudes e incertidumbres entre los trabajadores, por el hecho de venir del propio patrono, valdría la pena en revitalizar la figura de los Directores Laborales. Si bien son dos directores en una mesa directiva que van a estar con toda certeza en minoría, no está mal estar ahí, en donde se toman las decisiones, y es conveniente que existan criterios que no responden docilmente a patronos, por el hecho de provenir de procesos electivos de la base laboral. Ello da sustento a voces que tienen el compromiso con las bases en primer lugar, antes que con las propuestas del patrono estado, que suelen venir de manera vertical.
Más información de las elecciones mencionadas en:
http://www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,174/?id=153846
jueves, 6 de mayo de 2010
Temas de Interés Laboral para continuar indagando
A los interesados en los estudios laborales, les invitamos a intercambiar en los siguientes temas
1. Gasto Social y PIB
2. Inversión –tasas- extranjera y nacional; pública y privada; procedencia.
3. Importaciones y exportaciones; origen y destino.
4. Mercado Laboral: trabajo no registrado; informalidad (composición)
5. Tasas de sindicalización; por sectores y regiones; por ocupaciones.
6. Salarios reales
7. PIB público y privado; evolución tomando en cuenta estatizaciones. En los 80 y 90 transferencia del sector publico al privado; y en el 2000 del privado al público.
1. Gasto Social y PIB
2. Inversión –tasas- extranjera y nacional; pública y privada; procedencia.
3. Importaciones y exportaciones; origen y destino.
4. Mercado Laboral: trabajo no registrado; informalidad (composición)
5. Tasas de sindicalización; por sectores y regiones; por ocupaciones.
6. Salarios reales
7. PIB público y privado; evolución tomando en cuenta estatizaciones. En los 80 y 90 transferencia del sector publico al privado; y en el 2000 del privado al público.
sábado, 24 de abril de 2010
Empresas Básica en Guayana ¿Control Obrero?
Interesantes planteamientos se vienen formulando en las empresas básicas de Guayana, desde el propio Gobierno. El asunto ha dado un notable giro con la asunción al cargo de Ministro de Industrias Básicas y Minería, así como la Presidencia de la Corporación Venezolana de Guayana –CVG- a José Khan.
Se trata de abrir la oportunidad para que los trabajadores presenten propuestas para los cargos más importantes de estas empresas, lo que incluye su Presidente y los responsables de Producción, Finanzas, Comercialización y Compras. Sin embargo desde el sector oficialista el Diputado Angel Marcano anuncia “Tenemos que ir a una estructura horizontal y acabar con la verticalidad. No tienen cabida los que no son socialistas... aunque esto no se trata de un partido político pero sí de un compromiso y apoyo al Plan Guayana Socialista”. Por supuesto con este tipo de declaración se levantan reservas en los colectivos laborales de estas empresas.
En este proceso de participación el primer protagonista debe ser el sindicato y me parece que no es así, son las mesas del trabajo y éstas no son del todo plurales. Luego lo más importante es la construcción de unas reglas y que se determinen los procesos de participación como paso previo y allí entran los sindicatos con su pluralidad, y quienes han de ser protagonistas en la construcción de las reglas.
Los más fervorosos apoyantes de la propuesta la denominan Control Obrero. Ya hubo una experiencia similar en Alcasa, al tiempo que el mismo Ministro Khan ocupo por primera vez esta cartera. De los resultados de la experiencia de Alcasa, se observa de las continuadas declaraciones dadas por dirigentes de esta empresa, así también de los sindicatos, que no indican resultados dignos de replicar la experiencia. Sencillamente, la empresa está quebrada.
Cierto que está pendiente un análisis de este tipo de experiencia, pero así como se promovieron experiencias identificadas como Cogestión, en varias empresas públicas, luego se dejaron de lado y se pasa a otros esquemas productivos y organizacionales, sin detenerse quienes en los niveles más elevados son responsables de haberlas promovido, a un mínimo esfuerzo de evaluación, que le diga a la sociedad, porque fracasaron, cuanto se ha perdido en recursos humanos, tiempo, financieros y frustraciones. Que es lo que debe hacerse para no repetir errores. No debiera hablarse de control obrero sin un mínimo de control social. Cierto que existen instituciones como la Contraloría General de la República, pero parece que este ámbito no existe.
Por otro lado la política laboral oficial con el fomento del paralelismo sindical ha inoculado gérmenes que agudizan la división entre los trabajadores, y simultáneamente se ha fomentado otras formas de representación, algunas con sesgos militaristas, que carecen de la tolerancia para que entre diversos analicen y construyan propuestas para el ejercicio de la representación, que incluya el diseño y ejercicio de proposiciones para la conducción de las empresas. Haría falta limar asperezas entre la propia fuerza laboral para que la enorme crisis de las empresas de Guayana pueda ser enfrentada. Con las divisiones existentes se arranca con debilidades. Si esa política se planteara previamente, para ir reconstruyendo posiciones menos polarizadas, se empezaría a transitar un camino necesario en lo que más tarde pudieran ser formas avanzadas de representación de los trabajadores. De lo contrario, las fórmulas que se observan se ven con escepticismo y desconfianza.
20-abr-10
Se trata de abrir la oportunidad para que los trabajadores presenten propuestas para los cargos más importantes de estas empresas, lo que incluye su Presidente y los responsables de Producción, Finanzas, Comercialización y Compras. Sin embargo desde el sector oficialista el Diputado Angel Marcano anuncia “Tenemos que ir a una estructura horizontal y acabar con la verticalidad. No tienen cabida los que no son socialistas... aunque esto no se trata de un partido político pero sí de un compromiso y apoyo al Plan Guayana Socialista”. Por supuesto con este tipo de declaración se levantan reservas en los colectivos laborales de estas empresas.
En este proceso de participación el primer protagonista debe ser el sindicato y me parece que no es así, son las mesas del trabajo y éstas no son del todo plurales. Luego lo más importante es la construcción de unas reglas y que se determinen los procesos de participación como paso previo y allí entran los sindicatos con su pluralidad, y quienes han de ser protagonistas en la construcción de las reglas.
Los más fervorosos apoyantes de la propuesta la denominan Control Obrero. Ya hubo una experiencia similar en Alcasa, al tiempo que el mismo Ministro Khan ocupo por primera vez esta cartera. De los resultados de la experiencia de Alcasa, se observa de las continuadas declaraciones dadas por dirigentes de esta empresa, así también de los sindicatos, que no indican resultados dignos de replicar la experiencia. Sencillamente, la empresa está quebrada.
Cierto que está pendiente un análisis de este tipo de experiencia, pero así como se promovieron experiencias identificadas como Cogestión, en varias empresas públicas, luego se dejaron de lado y se pasa a otros esquemas productivos y organizacionales, sin detenerse quienes en los niveles más elevados son responsables de haberlas promovido, a un mínimo esfuerzo de evaluación, que le diga a la sociedad, porque fracasaron, cuanto se ha perdido en recursos humanos, tiempo, financieros y frustraciones. Que es lo que debe hacerse para no repetir errores. No debiera hablarse de control obrero sin un mínimo de control social. Cierto que existen instituciones como la Contraloría General de la República, pero parece que este ámbito no existe.
Por otro lado la política laboral oficial con el fomento del paralelismo sindical ha inoculado gérmenes que agudizan la división entre los trabajadores, y simultáneamente se ha fomentado otras formas de representación, algunas con sesgos militaristas, que carecen de la tolerancia para que entre diversos analicen y construyan propuestas para el ejercicio de la representación, que incluya el diseño y ejercicio de proposiciones para la conducción de las empresas. Haría falta limar asperezas entre la propia fuerza laboral para que la enorme crisis de las empresas de Guayana pueda ser enfrentada. Con las divisiones existentes se arranca con debilidades. Si esa política se planteara previamente, para ir reconstruyendo posiciones menos polarizadas, se empezaría a transitar un camino necesario en lo que más tarde pudieran ser formas avanzadas de representación de los trabajadores. De lo contrario, las fórmulas que se observan se ven con escepticismo y desconfianza.
20-abr-10
miércoles, 14 de abril de 2010
Agremiación Voluntaria u Obligatoria
Declaraciones de voceros de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional "Colegiación no debe ser obligatoria para ejercer profesión.. consideran que el requisito de la Colegiación no debe ser vinculante para ejercer cualquier profesión y que los colegios sólo se aboquen a actividades sociales, educativas y recreativas de sus asociados." -ver web de la Asamblea Nacional-
El tema es para abordarlo con más detenimiento que el esta breve nota permite, pero espero que el tema sea tratado en diversas instancias con el detenimiento necesario.
Algunas consideraciones sobre el asunto:
- Hay que recordar que con anterioridad se abrió legalmente la opción a los Colegios de convertirse o actuar como sindicatos. No recuedo si fue con ocasión de la Reglamentación de la LT a fines del gobierno de Caldera I, y que luego se confirmó en la LOT. Entonces, desde hace cierto apareció la dualidad de la afiliación obligatorio y voluntario para unos mismos sujetos, actuando en ámbitos casi similares. Esto dió lugar a algunos estudios que vale la pena retomarlos y analizarlos.
- Con la implantación de la misión Barrio Adentro, la llegada de personal médico y paramédico cubano para el ejercicio de la profesión, dio lugar que la FVM hiciera gestiones legales, demandando la revalida, y logró un pronunciamiento favorable de la instancia judicial competente. Pero poco después despidieron a los tres magistrados que sentenciaron y dieron la razón a la FVM (Apitz y dos que no recuerdo sus nombres), éstos emprendieron una lucha legal ante la CIDH, la cual ganaron; pero el Gobierno venezolano hizo caso omiso de este decisión, que incluso planteaba la reinstalación de los magistrados en sus cargos.
- Lo anterior es una clara señal de la orientación que parece lleva este asunto de la obligatoriedad de la colegiación para el ejercicio de las profesiones. Mucho más contundente, si se toma en cuenta que quién tomó la iniciativa de actuar judicialmente es el gremio profesional más antiguo, mejor organizado, y con actividades de fortalecimiento de la profesión de mayor envergadura que cualquier otro gremio.
- El Estado venezolano viene firmando convenios multilaterales y bilaterales a granel, generando compromisos a la Nación. Estos textos no se conocen suficientemente, y es de entender que un tema tan relevante como el ejercicio de las profesiones en la instrumentación de los acuerdos no es del conocimiento de las organizaciones gremiales.
- Los origines de la agreamiación obligatoria como condición para el ejercicio de las profesiones está ligado a su papel protagónico en la formación y certificación de conocimiento y saberes del campo profesional en cuestión. Con la revisión de los enfoque basados en las disciplinas, la multidisciplina, interdisciplina y la transdiciplina, que se viene desarrollado en las últimas décadas, se hace necesario replantear este asunto.
El tema es para seguirlo intercambiando.
El tema es para abordarlo con más detenimiento que el esta breve nota permite, pero espero que el tema sea tratado en diversas instancias con el detenimiento necesario.
Algunas consideraciones sobre el asunto:
- Hay que recordar que con anterioridad se abrió legalmente la opción a los Colegios de convertirse o actuar como sindicatos. No recuedo si fue con ocasión de la Reglamentación de la LT a fines del gobierno de Caldera I, y que luego se confirmó en la LOT. Entonces, desde hace cierto apareció la dualidad de la afiliación obligatorio y voluntario para unos mismos sujetos, actuando en ámbitos casi similares. Esto dió lugar a algunos estudios que vale la pena retomarlos y analizarlos.
- Con la implantación de la misión Barrio Adentro, la llegada de personal médico y paramédico cubano para el ejercicio de la profesión, dio lugar que la FVM hiciera gestiones legales, demandando la revalida, y logró un pronunciamiento favorable de la instancia judicial competente. Pero poco después despidieron a los tres magistrados que sentenciaron y dieron la razón a la FVM (Apitz y dos que no recuerdo sus nombres), éstos emprendieron una lucha legal ante la CIDH, la cual ganaron; pero el Gobierno venezolano hizo caso omiso de este decisión, que incluso planteaba la reinstalación de los magistrados en sus cargos.
- Lo anterior es una clara señal de la orientación que parece lleva este asunto de la obligatoriedad de la colegiación para el ejercicio de las profesiones. Mucho más contundente, si se toma en cuenta que quién tomó la iniciativa de actuar judicialmente es el gremio profesional más antiguo, mejor organizado, y con actividades de fortalecimiento de la profesión de mayor envergadura que cualquier otro gremio.
- El Estado venezolano viene firmando convenios multilaterales y bilaterales a granel, generando compromisos a la Nación. Estos textos no se conocen suficientemente, y es de entender que un tema tan relevante como el ejercicio de las profesiones en la instrumentación de los acuerdos no es del conocimiento de las organizaciones gremiales.
- Los origines de la agreamiación obligatoria como condición para el ejercicio de las profesiones está ligado a su papel protagónico en la formación y certificación de conocimiento y saberes del campo profesional en cuestión. Con la revisión de los enfoque basados en las disciplinas, la multidisciplina, interdisciplina y la transdiciplina, que se viene desarrollado en las últimas décadas, se hace necesario replantear este asunto.
El tema es para seguirlo intercambiando.
viernes, 26 de marzo de 2010
Libertad Sindical y OIT
En las Relaciones de Trabajo en Venezuela la intervención estatal en el mundo sindical ha sido un fenómeno de vieja data. La intervención se remonta al los inicios mismos de las regulaciones laborales en la década de los treinta, al legislarse una primera ley del trabajo que el Estado asumió su implementación, sin intervención sindical, creando las instituciones fundantes de la Administración del Trabajo.
La libertad sindical ha sido a lo largo del período que se inicia en 1999 un tema altamente controversial, por ello tanto los gremios de trabajadores como los de empresarios han tenido constantes fricciones con el gobierno. A lo largo de seis años consecutivos en la agenda de la Comisión de Expertos de la OIT, casos relacionados con Venezuela fueron analizados, en un primer momento dieron lugar a la visita de Misiones de OIT, lo que gradualmente ha venido dando lugar a una relación difícil entre esta institución y el gobierno venezolano. En el año 2008, Venezuela fue retirada de la lista de países con problemas de libertad sindical, pero un año después fue nuevamente incluida, y cuya situación debía ser examinado por la Conferencia Internacional del Trabajo. Ahora por casos calificados de urgentes y graves, ya que tenían que ver con exclusiones y agresiones a organizaciones y sus dirigentes, tanto de gremios de empresarios como de trabajadores.
El punto de partida de las denuncias sindicales de violación de la libertad sindical está asociado a la intromisión estatal en la vida sindical, como se refleja en la incorporación en la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, aprobada en diciembre de 1999, del polémico artículo 293 que establece “El poder electoral tiene por función: (…) Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos en los términos que señale la ley (…).”.
En el Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Conferencia Internacional del Trabajo en su 98ª reunión de 2009 reiteró al gobierno “la necesidad de tomar medidas para que el Consejo Nacional Electoral deje de inmiscuirse en las elecciones sindicales”. Dirigentes gremiales revelaron que esa intromisión establece una serie de trabas para la concreción de los comicios, y con ello el desarrollo de las negociaciones colectivas, ya que hasta tanto el CNE no emite un certificado electoral, los sindicatos a quienes se les haya vencido el plazo reglamentario están en mora electoral, y no pueden ejercer sus funciones de representación para la negociación de convenios colectivos.
Es notoria la disminución del número de convenios al tiempo que ha ocurrido el incremento del número de sindicatos, lo que resulta paradojico. Lo primero es una muestra de debilidad y fuerza para obligar a los empleadores a negociar, y lo segundo de dispersión y división. En ambas anormalidades el problema se acentúa en las relaciones de trabajo en el ámbito público.
El crecimiento del empleo público con múltiples regímenes laborales y formas de representación, explica el interés del Ejecutivo en "diseñar y proponer una política laboral centralizada y común para los entes y órganos que conforman la Administración Pública”, para ello se emite el decreto contentivo del plan "Políticas Laborales y Negociación Colectiva 2009", elaborado por el, que dicta los pasos a seguir para lograr la transición al socialismo. El Minpptss -Ministerio del Poder Popular de Trabajo y la Seguridad Social- ha sido vulnerado y puesto en entredicho por las propias entidades públicas en el sentido de desacatar sus decisiones. Es una situación contradictoria ya que la misma política laboral, se caracteriza por su restricción en el procesamiento de los reclamos laborales por parte de los trabajadores que laboran en el sector público. De aquí que los sindicalistas oficialistas se ven en una difícil situación para el ejercicio de sus funciones; y cuando logran un pronunciamiento favorable por parte del Minpptss, se encuentran ante una nueva problemática, como es lograr el acatamiento por parte de la gerencia de los entes públicos. Los casos de desacatos por parte de entes públicos se pueden ver en Pdvsa, las empresas hidrológicas, electricas, Metro de Caracas, Mercal, VTV, Corporación Venezolana de Alimentos, entre otras.
Normas recientes dejan en manos de los sindicatos decidir si recurren al CNE para la realización de sus elecciones , el hecho es que ese organismo continúa disfrutando de una notable influencia en el proceso electoral, al supeditar la celebración de las elecciones a la notificación al CNE de los actos relacionados con los procesos electorales, de su convocatoria y al condicionar su posterior homologación a la publicación en Gaceta Electoral. La notificación demanda requisitos excesivos, lo cual nuevamente permite una discrecionalidad por parte de las autoridades. Los sindicatos tienen que esperar que se publique una Resolución en la Gaceta Oficial, lo que tarda varios meses y dificulta la actividad sindical. Otra intromisión la constituye la obligación de entregar un listado definitivo de los votantes al CNE, previa notificación al Minpptrass. Por otra parte, se impone al CNE como ente rector en caso de impugnación. Dirigentes sindicales afirman que esta medida permite que se suspendan a discreción las elecciones en repetidas oportunidades (Provea 2009:101). Un caso emblemático ocurrido a lo largo de 2009, fue la suspensión en cinco oportunidades de las elecciones sindicales petroleras de su organización nacional, adecuándose el CNE a exigencias que facilitaban a la empresa ir modificando la composición del listado de votantes y favoreciendo al final a corrientes oficialistas. Incluso se trataba de suspensiones sin convocar a las partes involucradas, además algunas impugnaciones fueron formuladas fuera del cronograma inicialmente establecido.
Digno de destacar las gestiones exitosas de la agrupación de empleados de nómina profesional de la CVG (SunepCVG), quienes denunciaron ante la Organización Internacional del Trabajo la situación de la indefensión de las organizaciones sindicales de Guayana ante el Estado venezolano, presentó hace meses atrás una queja ante este órgano multilateral. Finalmente el Comité de Libertad Sindical -órgano adscrito a la OIT, con sede en Ginebra- admitió examinar las denuncias de violaciones a la libertad sindical, que reseñan varios casos de persecución judicial y bloqueos a la organización de huelgas legales. Ver más detalles en:
http://www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,174/?id=149597
La libertad sindical ha sido a lo largo del período que se inicia en 1999 un tema altamente controversial, por ello tanto los gremios de trabajadores como los de empresarios han tenido constantes fricciones con el gobierno. A lo largo de seis años consecutivos en la agenda de la Comisión de Expertos de la OIT, casos relacionados con Venezuela fueron analizados, en un primer momento dieron lugar a la visita de Misiones de OIT, lo que gradualmente ha venido dando lugar a una relación difícil entre esta institución y el gobierno venezolano. En el año 2008, Venezuela fue retirada de la lista de países con problemas de libertad sindical, pero un año después fue nuevamente incluida, y cuya situación debía ser examinado por la Conferencia Internacional del Trabajo. Ahora por casos calificados de urgentes y graves, ya que tenían que ver con exclusiones y agresiones a organizaciones y sus dirigentes, tanto de gremios de empresarios como de trabajadores.
El punto de partida de las denuncias sindicales de violación de la libertad sindical está asociado a la intromisión estatal en la vida sindical, como se refleja en la incorporación en la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, aprobada en diciembre de 1999, del polémico artículo 293 que establece “El poder electoral tiene por función: (…) Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos en los términos que señale la ley (…).”.
En el Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Conferencia Internacional del Trabajo en su 98ª reunión de 2009 reiteró al gobierno “la necesidad de tomar medidas para que el Consejo Nacional Electoral deje de inmiscuirse en las elecciones sindicales”. Dirigentes gremiales revelaron que esa intromisión establece una serie de trabas para la concreción de los comicios, y con ello el desarrollo de las negociaciones colectivas, ya que hasta tanto el CNE no emite un certificado electoral, los sindicatos a quienes se les haya vencido el plazo reglamentario están en mora electoral, y no pueden ejercer sus funciones de representación para la negociación de convenios colectivos.
Es notoria la disminución del número de convenios al tiempo que ha ocurrido el incremento del número de sindicatos, lo que resulta paradojico. Lo primero es una muestra de debilidad y fuerza para obligar a los empleadores a negociar, y lo segundo de dispersión y división. En ambas anormalidades el problema se acentúa en las relaciones de trabajo en el ámbito público.
El crecimiento del empleo público con múltiples regímenes laborales y formas de representación, explica el interés del Ejecutivo en "diseñar y proponer una política laboral centralizada y común para los entes y órganos que conforman la Administración Pública”, para ello se emite el decreto contentivo del plan "Políticas Laborales y Negociación Colectiva 2009", elaborado por el, que dicta los pasos a seguir para lograr la transición al socialismo. El Minpptss -Ministerio del Poder Popular de Trabajo y la Seguridad Social- ha sido vulnerado y puesto en entredicho por las propias entidades públicas en el sentido de desacatar sus decisiones. Es una situación contradictoria ya que la misma política laboral, se caracteriza por su restricción en el procesamiento de los reclamos laborales por parte de los trabajadores que laboran en el sector público. De aquí que los sindicalistas oficialistas se ven en una difícil situación para el ejercicio de sus funciones; y cuando logran un pronunciamiento favorable por parte del Minpptss, se encuentran ante una nueva problemática, como es lograr el acatamiento por parte de la gerencia de los entes públicos. Los casos de desacatos por parte de entes públicos se pueden ver en Pdvsa, las empresas hidrológicas, electricas, Metro de Caracas, Mercal, VTV, Corporación Venezolana de Alimentos, entre otras.
Normas recientes dejan en manos de los sindicatos decidir si recurren al CNE para la realización de sus elecciones , el hecho es que ese organismo continúa disfrutando de una notable influencia en el proceso electoral, al supeditar la celebración de las elecciones a la notificación al CNE de los actos relacionados con los procesos electorales, de su convocatoria y al condicionar su posterior homologación a la publicación en Gaceta Electoral. La notificación demanda requisitos excesivos, lo cual nuevamente permite una discrecionalidad por parte de las autoridades. Los sindicatos tienen que esperar que se publique una Resolución en la Gaceta Oficial, lo que tarda varios meses y dificulta la actividad sindical. Otra intromisión la constituye la obligación de entregar un listado definitivo de los votantes al CNE, previa notificación al Minpptrass. Por otra parte, se impone al CNE como ente rector en caso de impugnación. Dirigentes sindicales afirman que esta medida permite que se suspendan a discreción las elecciones en repetidas oportunidades (Provea 2009:101). Un caso emblemático ocurrido a lo largo de 2009, fue la suspensión en cinco oportunidades de las elecciones sindicales petroleras de su organización nacional, adecuándose el CNE a exigencias que facilitaban a la empresa ir modificando la composición del listado de votantes y favoreciendo al final a corrientes oficialistas. Incluso se trataba de suspensiones sin convocar a las partes involucradas, además algunas impugnaciones fueron formuladas fuera del cronograma inicialmente establecido.
Digno de destacar las gestiones exitosas de la agrupación de empleados de nómina profesional de la CVG (SunepCVG), quienes denunciaron ante la Organización Internacional del Trabajo la situación de la indefensión de las organizaciones sindicales de Guayana ante el Estado venezolano, presentó hace meses atrás una queja ante este órgano multilateral. Finalmente el Comité de Libertad Sindical -órgano adscrito a la OIT, con sede en Ginebra- admitió examinar las denuncias de violaciones a la libertad sindical, que reseñan varios casos de persecución judicial y bloqueos a la organización de huelgas legales. Ver más detalles en:
http://www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,174/?id=149597
domingo, 14 de marzo de 2010
Funcionamiento Laboral antes y durante la Revolución Bolivariana
El período que nace en 1999, que se identifica como revolución bolivariana, plantea profundos cambios en el funcionamiento laboral. Se trata en primer lugar de marcar una ruptura con el régimen que venía gobernando a Venezuela desde 1958, conocido popularmente y en la literatura política el régimen “puntofijista”.
En cuanto al funcionamiento laboral, hay que tomar en cuenta que nuevos actores acceden al poder, una combinación de militares y parte de la izquierda (Lucena 2003). Los militares no ejercían directamente el poder desde los años cincuenta, pero aquellos eran abiertamente de derecha, sin discursos populistas e izquierdistas, anticomunistas a rabiar. Los de ahora, se proponen desde un primer momento, producir modificaciones en el cuadro sindical venezolano, y con ello en el funcionamiento de las relaciones laborales. Las ventajas de haber contado con amplia mayoría electoral en los órganos elaboradores de los instrumentos normativos, como fue en la Asamblea Constituyente –redactora de una nueva Constitución- y luego en la Asamblea Nacional, permitió al gobierno, emprender modificaciones significativas en los aspectos normativos.
La sociedad en general tuvo una actitud de expectativa y aceptación ante estas intervenciones, dado el grado de descomposición y exclusión alcanzado en los últimos veinte años, en donde las organizaciones sindicales fueron percibidas como corresponsables de tal situación. Por ejemplo, a pesar del notable crecimiento del sector informal, hicieron muy poco para atenderlo y prestarle atención. Ello ofrece bases ciertas para comprender el porqué hubo una actitud tolerante de amplios sectores de los trabajadores, ante los planteamientos oficialistas de intromisión y protagonismo en el mundo sindical. Solo que a medida que el gobierno promovió iniciativas de intervención sindical de orientación más bien autoritarias, como se analizará más adelante, la percepción general de aceptable paso a ser más bien de criticismo.
En las manifestaciones de política laboral oficial ha sido persistente enunciar un abierto criticismo al sindicalismo, originalmente se centraba en el sindicalismo organizado en la CTV, por considerarlo parte del establecimiento puntofijista. Luego las confrontaciones agudas de los años 2002 y 2003, condujeron al total desconocimiento de la CTV, y con ello a la emergencia de una central promovida por el gobierno, como es el caso de la Unión Nacional de Trabajadores –UNT-
El gobierno bolivariano se plantea en un principio, despojar al movimiento sindical de las prebendas que fueron acumuladas en el régimen anterior. Para quienes no dudaban de la orientación revolucionaria del régimen, se trataba de combatir a un movimiento sindical reaccionario al servicio de la derecha. Además, para combatirlo se promovió y alentó a otras corrientes sindicales. La revolución bolivariana nace con poca fuerza sindical. Sin embargo acumula un historial de triunfos electorales nacionales.
Hay que tener presente que la población trabajadora no sindicalizada es mayoritaria, especialmente por la informalidad. Ha aumentado el número de sindicatos, pero no la población sindicalizada, más bien lo que ha venido ocurriendo es un continuado proceso de fragmentación, el denominado paralelismo sindical, que refiere a la legalización de sindicatos en donde ya los hay, generando tensiones y fricciones entre los propios trabajadores.
Por otro lado la UNT en su nacimiento -2003- no deja de observar rasgos, que conllevan limitaciones que afloran en el corto plazo. En primer lugar, el hecho de que su nacimiento es parte de una retaliación organizacional hacia el tradicional movimiento sindical cetevista. La UNT, no obstante la ventaja que otorga disponer del apoyo oficial, comete el pecado de nacer sin celebrar un congreso fundacional y sin estatutos, en condiciones apresuradas, beneficiándose del apoyo y facilidades recibidas del Ministerio del Trabajo, tras un acuerdo de las principales corrientes y dirigentes que venían enfrentando al liderazgo de la CTV, ya sea en su seno o desde afuera. Este nacimiento se caracteriza por ser del tipo acuerdista por arriba, sin asambleas constitutivas. Sus dirigentes lo justifican por la crisis política reinante para entonces. Nace como la propia acción de los dirigentes, en un ambiente estrecho, de su propia y circunstancial convergencia, y algunos de ellos sin una cierta y efectiva trayectoria sindical.
Pero al poco tiempo se evidencian dificultades para satisfacer los elementos mínimos de una organización democrática, como es la definición de sus estatutos y reglas de funcionamiento, así como la elección directa y democrática de sus autoridades. Obstáculos en su propio seno y dificultades derivadas de las políticas del propio gobierno han impedido un funcionamiento democrático de esta central. La situación se complejiza porque el gobierno promueve otras formas de representación de los trabajadores.
En cuanto al funcionamiento laboral, hay que tomar en cuenta que nuevos actores acceden al poder, una combinación de militares y parte de la izquierda (Lucena 2003). Los militares no ejercían directamente el poder desde los años cincuenta, pero aquellos eran abiertamente de derecha, sin discursos populistas e izquierdistas, anticomunistas a rabiar. Los de ahora, se proponen desde un primer momento, producir modificaciones en el cuadro sindical venezolano, y con ello en el funcionamiento de las relaciones laborales. Las ventajas de haber contado con amplia mayoría electoral en los órganos elaboradores de los instrumentos normativos, como fue en la Asamblea Constituyente –redactora de una nueva Constitución- y luego en la Asamblea Nacional, permitió al gobierno, emprender modificaciones significativas en los aspectos normativos.
La sociedad en general tuvo una actitud de expectativa y aceptación ante estas intervenciones, dado el grado de descomposición y exclusión alcanzado en los últimos veinte años, en donde las organizaciones sindicales fueron percibidas como corresponsables de tal situación. Por ejemplo, a pesar del notable crecimiento del sector informal, hicieron muy poco para atenderlo y prestarle atención. Ello ofrece bases ciertas para comprender el porqué hubo una actitud tolerante de amplios sectores de los trabajadores, ante los planteamientos oficialistas de intromisión y protagonismo en el mundo sindical. Solo que a medida que el gobierno promovió iniciativas de intervención sindical de orientación más bien autoritarias, como se analizará más adelante, la percepción general de aceptable paso a ser más bien de criticismo.
En las manifestaciones de política laboral oficial ha sido persistente enunciar un abierto criticismo al sindicalismo, originalmente se centraba en el sindicalismo organizado en la CTV, por considerarlo parte del establecimiento puntofijista. Luego las confrontaciones agudas de los años 2002 y 2003, condujeron al total desconocimiento de la CTV, y con ello a la emergencia de una central promovida por el gobierno, como es el caso de la Unión Nacional de Trabajadores –UNT-
El gobierno bolivariano se plantea en un principio, despojar al movimiento sindical de las prebendas que fueron acumuladas en el régimen anterior. Para quienes no dudaban de la orientación revolucionaria del régimen, se trataba de combatir a un movimiento sindical reaccionario al servicio de la derecha. Además, para combatirlo se promovió y alentó a otras corrientes sindicales. La revolución bolivariana nace con poca fuerza sindical. Sin embargo acumula un historial de triunfos electorales nacionales.
Hay que tener presente que la población trabajadora no sindicalizada es mayoritaria, especialmente por la informalidad. Ha aumentado el número de sindicatos, pero no la población sindicalizada, más bien lo que ha venido ocurriendo es un continuado proceso de fragmentación, el denominado paralelismo sindical, que refiere a la legalización de sindicatos en donde ya los hay, generando tensiones y fricciones entre los propios trabajadores.
Por otro lado la UNT en su nacimiento -2003- no deja de observar rasgos, que conllevan limitaciones que afloran en el corto plazo. En primer lugar, el hecho de que su nacimiento es parte de una retaliación organizacional hacia el tradicional movimiento sindical cetevista. La UNT, no obstante la ventaja que otorga disponer del apoyo oficial, comete el pecado de nacer sin celebrar un congreso fundacional y sin estatutos, en condiciones apresuradas, beneficiándose del apoyo y facilidades recibidas del Ministerio del Trabajo, tras un acuerdo de las principales corrientes y dirigentes que venían enfrentando al liderazgo de la CTV, ya sea en su seno o desde afuera. Este nacimiento se caracteriza por ser del tipo acuerdista por arriba, sin asambleas constitutivas. Sus dirigentes lo justifican por la crisis política reinante para entonces. Nace como la propia acción de los dirigentes, en un ambiente estrecho, de su propia y circunstancial convergencia, y algunos de ellos sin una cierta y efectiva trayectoria sindical.
Pero al poco tiempo se evidencian dificultades para satisfacer los elementos mínimos de una organización democrática, como es la definición de sus estatutos y reglas de funcionamiento, así como la elección directa y democrática de sus autoridades. Obstáculos en su propio seno y dificultades derivadas de las políticas del propio gobierno han impedido un funcionamiento democrático de esta central. La situación se complejiza porque el gobierno promueve otras formas de representación de los trabajadores.
martes, 2 de marzo de 2010
De Privatizaciones a Re Estatizaciones
Un Capitalismo de Estado como el venezolano ofrecía un amplio margen para un proceso masivo de privatizaciones, por tanto era un elemento importante en la política pública en el período de 1989 a 1998. Sin embargo este proceso no tuvo un amplio desarrollo.
Las privatizaciones se llevaron a cabo en dos tiempos, uno en el período de Carlos Andrés Pérez (1989 a 1993), de aquí las más notables fueron las de la Aerolíneas Viasa, Aeropostal Venezolana y la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos. La otra tanda de privatizaciones ocurre en el período de Rafael Caldera (1994 a 1998). Hay que destacar que la crisis financiera de 1994, da lugar a que inesperadamente el Estado se haga dueño de bancos, empresas de seguros, bienes inmuebles, hoteles, entre otras empresas, como resultante de la masiva asistencia financiera que el Estado brindó a los banqueros y a los ahorristas, en la debacle justo al iniciarse este quinquenio gubernamental. La erogación de dinero público para enfrentar la crisis financiera agotó las finanzas estatales y trajo consigo varias devaluaciones. Este año el PIB decrece en – 2,23%, y para contrarrestar la fuga de capitales, se imponen una serie de controles.
La privatización de la Aerolínea Viasa, línea bandera venezolana, había sido originalmente una empresa mixta, luego adquirida por el Estado, y en el marco de las políticas económicas fue privatizada en 1991, adquirida por Iberia, empresa estatal española. Lo que llama la atención que al final no fue privatizada en el sentido estricto, sino que paso a ser parte de una empresa aerocomercial estatal, que para entonces se había expandido en América Latina con la adquisición de otras aerolíneas. La experiencia de esta privatización evidenció al poco tiempo resultados frustrantes, ya que Iberia confrontó problemas financieros en su sede, y empresas como Viasa y otras aerolíneas latinoamericanas fueron expoliadas, sometiéndolas a insostenibles presiones financieras, perdiendo gradualmente competitividad, todo lo contrario de lo que los apologistas de la privatización argumentaron para que el Estado saliera de ella, además perdiendo su capital y sus activos en general, de aquí que a los pocos años de la privatización Viasa entró en bancarrota . Demás esta señalar que las relaciones con los trabajadores fueron traumáticas, y que las condiciones de trabajo se venían a menos. A más de tres lustros de su cierre, aún están abiertos juicios y reclamos laborales, como evidencias de un proceso fracasado. http://www.volarenvenezuela.com/vev/modules.php?name=News&file=article&sid=1408 consulta 20-2-2010.
Menos complejo fue la privatización de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela –CANTV-. Si bien formó parte de la misma política neoliberal en donde se inscribió la de Viasa, su privatización no estuvo dirigida a liquidarla, sino a extraerle los mayores beneficios, además el estado de las comunicaciones telefónicas existentes eran tan deplorables, que quienes se opusieron a su privatización encontraban poco eco en la sociedad. De todos modos hubo un tanto más de resistencia sindical. Lo que permitió que se destinara un 20% de las acciones para ser vendidas a los trabajadores y al público general, con trato especial en el financiamiento. Sin embargo en lo relativo a las Relaciones Laborales, los nuevos propietarios, originalmente consorcio con predominio de capital de EEUU, pusieron en prácticas nuevas políticas de remuneración, de negociaciones colectivas, de contratación y subcontratación, todas ellas modificando sustancialmente las condiciones de trabajo. Una de las primeras medidas fue replantear quienes eran los beneficiarios de los convenios colectivos, y la empresa presionó para colocar fuera de su cobertura a una importante cantidad de trabajadores
En el período de Rafael Caldera II, de 1994 a 1998, la privatización bancaria es la más activa en los primeros años. La crisis financiera -1994- puso en sus manos una importante cantidad de instituciones del área financiera. Esta privatización fue mayormente aprovechada por el capital español, quién se hizo de las más importantes instituciones financieras subastadas; en menor proporción participó el capital de USA y de Chile. Terminada la década del noventa la mayor parte del sistema financiero se había desnacionalizado.
De todas las privatizaciones la más importante ocurrida en el período de R Caldera II, fue la de la Siderúrgica del Orinoco –Sidor-, culminada en 1998. Se trata de la mayor empresa en esa área, que para entonces tenía un producción de 2.5 millones de toneladas de acero y productos planos. Sidor fue adquirida por un consorcio latinoamericano, liderado por el grupo argentino-italiano Techint, en sus diez años de conducción elevó la producción a 4.5 millones. Para ello emprendió reformas productivas y laborales, algunas muy controversiales. Como todos los casos analizados en esta sección, la empresa vuelve a manos del Estado venezolano en el 2008. De paso, el Estado nunca estuvo ausente de la propiedad parcial de esta compañía, así como de sus órganos directivos, ya que la privatización fue del 60% de las acciones, quedando 20% para el Estado y 20% para los trabajadores. Este 40% accionario estuvo representado por el Estado en todo este período privatizado.
De las políticas laborales más criticadas al momento de la re estatización en el 2008, era la masificación de la externalización. La empresa había experimentado desde mucho antes de la privatización procesos de reestructuración que venían bajando su plantilla de 18 mil trabajadores, al momento de la privatización ya contaban sólo con 12 mil, y diez años más tarde al momento de la re estatización, cuenta con sólo 6 mil, y en contrapartida la producción casi se había duplicado. Aquí cuenta por un lado la puesta en ejercicio de innovaciones organizacionales y tecnológicas, pero lo verdaderamente más efectivo en la reducción de la plantilla ha sido la subcontratación que alcanzaba para el 2008, a más de diez mil trabajadores.
El sector productivo tanto público como privado en todo el período que va desde los años sesenta hasta la apertura en 1989, dispuso de amplia protección lo que le permitió disfrutar de los beneficios de la renta derivada de las exportaciones del petróleo y del hierro. También estas rentas contribuyeron a un mejoramiento de las instalaciones y la infraestructura para la producción, lo que coadyuvó a un incremento del consumo interno. Los esfuerzos por reestructurar el sistema productivo sólo son visibles a partir de la apertura económica iniciada en 1989, pero con serias dificultades políticas, que finalmente no facilitaron sus resultados estables, sino que se abrió una etapa de inestabilidad que dio al traste con lo consensos políticos y económicos que se habían establecido a fines de la década del cincuenta y que desde los primeros años de la década del sesenta, fueron claves para el desarrollo de la estabilidad política y la industrialización sustitutiva.
Las privatizaciones se llevaron a cabo en dos tiempos, uno en el período de Carlos Andrés Pérez (1989 a 1993), de aquí las más notables fueron las de la Aerolíneas Viasa, Aeropostal Venezolana y la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos. La otra tanda de privatizaciones ocurre en el período de Rafael Caldera (1994 a 1998). Hay que destacar que la crisis financiera de 1994, da lugar a que inesperadamente el Estado se haga dueño de bancos, empresas de seguros, bienes inmuebles, hoteles, entre otras empresas, como resultante de la masiva asistencia financiera que el Estado brindó a los banqueros y a los ahorristas, en la debacle justo al iniciarse este quinquenio gubernamental. La erogación de dinero público para enfrentar la crisis financiera agotó las finanzas estatales y trajo consigo varias devaluaciones. Este año el PIB decrece en – 2,23%, y para contrarrestar la fuga de capitales, se imponen una serie de controles.
La privatización de la Aerolínea Viasa, línea bandera venezolana, había sido originalmente una empresa mixta, luego adquirida por el Estado, y en el marco de las políticas económicas fue privatizada en 1991, adquirida por Iberia, empresa estatal española. Lo que llama la atención que al final no fue privatizada en el sentido estricto, sino que paso a ser parte de una empresa aerocomercial estatal, que para entonces se había expandido en América Latina con la adquisición de otras aerolíneas. La experiencia de esta privatización evidenció al poco tiempo resultados frustrantes, ya que Iberia confrontó problemas financieros en su sede, y empresas como Viasa y otras aerolíneas latinoamericanas fueron expoliadas, sometiéndolas a insostenibles presiones financieras, perdiendo gradualmente competitividad, todo lo contrario de lo que los apologistas de la privatización argumentaron para que el Estado saliera de ella, además perdiendo su capital y sus activos en general, de aquí que a los pocos años de la privatización Viasa entró en bancarrota . Demás esta señalar que las relaciones con los trabajadores fueron traumáticas, y que las condiciones de trabajo se venían a menos. A más de tres lustros de su cierre, aún están abiertos juicios y reclamos laborales, como evidencias de un proceso fracasado. http://www.volarenvenezuela.com/vev/modules.php?name=News&file=article&sid=1408 consulta 20-2-2010.
Menos complejo fue la privatización de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela –CANTV-. Si bien formó parte de la misma política neoliberal en donde se inscribió la de Viasa, su privatización no estuvo dirigida a liquidarla, sino a extraerle los mayores beneficios, además el estado de las comunicaciones telefónicas existentes eran tan deplorables, que quienes se opusieron a su privatización encontraban poco eco en la sociedad. De todos modos hubo un tanto más de resistencia sindical. Lo que permitió que se destinara un 20% de las acciones para ser vendidas a los trabajadores y al público general, con trato especial en el financiamiento. Sin embargo en lo relativo a las Relaciones Laborales, los nuevos propietarios, originalmente consorcio con predominio de capital de EEUU, pusieron en prácticas nuevas políticas de remuneración, de negociaciones colectivas, de contratación y subcontratación, todas ellas modificando sustancialmente las condiciones de trabajo. Una de las primeras medidas fue replantear quienes eran los beneficiarios de los convenios colectivos, y la empresa presionó para colocar fuera de su cobertura a una importante cantidad de trabajadores
En el período de Rafael Caldera II, de 1994 a 1998, la privatización bancaria es la más activa en los primeros años. La crisis financiera -1994- puso en sus manos una importante cantidad de instituciones del área financiera. Esta privatización fue mayormente aprovechada por el capital español, quién se hizo de las más importantes instituciones financieras subastadas; en menor proporción participó el capital de USA y de Chile. Terminada la década del noventa la mayor parte del sistema financiero se había desnacionalizado.
De todas las privatizaciones la más importante ocurrida en el período de R Caldera II, fue la de la Siderúrgica del Orinoco –Sidor-, culminada en 1998. Se trata de la mayor empresa en esa área, que para entonces tenía un producción de 2.5 millones de toneladas de acero y productos planos. Sidor fue adquirida por un consorcio latinoamericano, liderado por el grupo argentino-italiano Techint, en sus diez años de conducción elevó la producción a 4.5 millones. Para ello emprendió reformas productivas y laborales, algunas muy controversiales. Como todos los casos analizados en esta sección, la empresa vuelve a manos del Estado venezolano en el 2008. De paso, el Estado nunca estuvo ausente de la propiedad parcial de esta compañía, así como de sus órganos directivos, ya que la privatización fue del 60% de las acciones, quedando 20% para el Estado y 20% para los trabajadores. Este 40% accionario estuvo representado por el Estado en todo este período privatizado.
De las políticas laborales más criticadas al momento de la re estatización en el 2008, era la masificación de la externalización. La empresa había experimentado desde mucho antes de la privatización procesos de reestructuración que venían bajando su plantilla de 18 mil trabajadores, al momento de la privatización ya contaban sólo con 12 mil, y diez años más tarde al momento de la re estatización, cuenta con sólo 6 mil, y en contrapartida la producción casi se había duplicado. Aquí cuenta por un lado la puesta en ejercicio de innovaciones organizacionales y tecnológicas, pero lo verdaderamente más efectivo en la reducción de la plantilla ha sido la subcontratación que alcanzaba para el 2008, a más de diez mil trabajadores.
El sector productivo tanto público como privado en todo el período que va desde los años sesenta hasta la apertura en 1989, dispuso de amplia protección lo que le permitió disfrutar de los beneficios de la renta derivada de las exportaciones del petróleo y del hierro. También estas rentas contribuyeron a un mejoramiento de las instalaciones y la infraestructura para la producción, lo que coadyuvó a un incremento del consumo interno. Los esfuerzos por reestructurar el sistema productivo sólo son visibles a partir de la apertura económica iniciada en 1989, pero con serias dificultades políticas, que finalmente no facilitaron sus resultados estables, sino que se abrió una etapa de inestabilidad que dio al traste con lo consensos políticos y económicos que se habían establecido a fines de la década del cincuenta y que desde los primeros años de la década del sesenta, fueron claves para el desarrollo de la estabilidad política y la industrialización sustitutiva.
martes, 23 de febrero de 2010
Venezuela: Industrialización Tardía y Desindustrialización Temprana
Los esfuerzos por emprender la industrialización, se ubican a partir de la década del cincuenta y sesenta del pasado siglo. Un fenómeno tardío si se compara con otros países de la región. Se ha sustentado la tesis que la industrialización venezolana estuvo motivada a aumentar el consumo interno de bienes y servicios, para compensar los desequilibrios favorables de la balanza de pagos con los Estados Unidos de Norteamérica, es decir el país les exportaba (petróleo) pero no consumía, así que la industrialización le permitió al capital norteamericano asegurar un enclave para el consumo de sus productos (Malavé Mata, 1973: 56). Importa destacar que antes de la industrialización el ingreso per cápita del venezolano era de las más altas de América Latina.
También se ha destacado la tesis de la sobrevaluación del signo monetario; lo que afectó en una primera etapa las posiciones del sector agroexportador tradicional, benefició las importaciones, y no facilitó las exportaciones manufactureras. Estos signos se revierten con las devaluaciones que se inician en 1983 y que aún persisten (Baptista y Mommer, 1989). En tanto en los últimos años varios países latinoamericanos han sobrevaluado su moneda, en Venezuela la devaluación ha sido un fenómenos persistente en las últimas tres décadas.
Las inversiones estatales con recursos provenientes de las exportaciones petroleras, sirvieron para la instalación de las industrias básicas de energía y materias primas como el acero, la petroquímica y el aluminio, así como infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria recibieron cuantiosos recursos en los años cincuenta, sesenta y setenta. Todo esto respondía a una realidad, el Estado disponía de los recursos de la renta petrolera, lo que lo convertía en un distribuidor, y no sólo un redistribuidor de los ingresos derivados de la actividad productiva de capital y trabajo. De tal modo que la distribución factorial del ingreso en Venezuela es el resultado de dos procesos de distribución con características muy distintas entre sí (Baptista y Mommer, 1989:16); fortaleciendo así el peso del Estado en la determinación del modelo productivo.
En lo relativo al sector manufacturero, la década del sesenta fue clave para su establecimiento y crecimiento, ya que se adoptaron políticas estatales de estimulo y fomento. Fue un modelo que tuvo notables carencias en el limitado encadenamiento con la producción de materias primas e insumos nacionales, por tanto se le ha llamado un modelo ensamblador, que requería un fuerte componente de importaciones para su funcionamiento. Las inversiones extranjeras se sintieron atraídas por las facilidades otorgadas, y por otro lado, algunos pocos empresarios que detentaban riquezas adquiridas en la agricultura y el comercio, asumieron iniciativas en el sector secundario. Resultado de este proceso se alcanzó para los fines de los sesenta, una contribución del sector manufacturero al PIB de un 18%. Sin embargo a muy temprana fecha, el sector manufacturero empieza a vivir un acelerado proceso de cambio estructural con un marcado sesgo desindustrializador.
Algunos autores llaman la atención que la des-industrialización venezolana es de naturaleza temprana o prematura, pues parece haber comenzado a finales de los años ochenta cuando los niveles de PIB per capita eran bajos (Vera, 2009:89; Valecillos, 1993; Carmona, 2009). Hecho más llamativo y se toma en cuenta que la industrialización venezolana es de las más recientes en el continente, el despegue comenzó en los años cincuenta y se consolidó en los sesenta, es decir empezó sesenta años más tarde que Argentina, Brasil, Chile, México, e incluso veinte años más tarde que en Colombia. (Echavarría y Villamizar, 2010). Este proceso ha continuado persistentemente en los noventa y en lo que va del siglo XXI, en contrapartida ha ocurrido que la economía venezolana se ha primarizado, ya que su composición de actividades con valor agregado han venido a menos, a cambio de actividades basadas en la exportación de petróleo, así como en la importación de bienes de consumo.
Por supuesto que también ha ocurrido un amplio proceso de tercerización, que se expresa en que el sector servicios representa cerca del 70% de la estructura ocupacional, con énfasis en el empleo en la administración pública, en los servicios personales y en el comercio. El peso de los servidores al servicio gubernamental subió entre el 2004 y el 2008, con 517.600 nuevos trabajadores, para alcanzar a 2.257.126 (octubre 2009), representando un 18,2 % de la p.e.a. Para el 2003 el porcentaje era de 14%.
Un plan de re-industrialización es una tarea necesaria para el futuro del país. Es un tema para la discusión, el acuerdo y una visión amplia del país.
También se ha destacado la tesis de la sobrevaluación del signo monetario; lo que afectó en una primera etapa las posiciones del sector agroexportador tradicional, benefició las importaciones, y no facilitó las exportaciones manufactureras. Estos signos se revierten con las devaluaciones que se inician en 1983 y que aún persisten (Baptista y Mommer, 1989). En tanto en los últimos años varios países latinoamericanos han sobrevaluado su moneda, en Venezuela la devaluación ha sido un fenómenos persistente en las últimas tres décadas.
Las inversiones estatales con recursos provenientes de las exportaciones petroleras, sirvieron para la instalación de las industrias básicas de energía y materias primas como el acero, la petroquímica y el aluminio, así como infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria recibieron cuantiosos recursos en los años cincuenta, sesenta y setenta. Todo esto respondía a una realidad, el Estado disponía de los recursos de la renta petrolera, lo que lo convertía en un distribuidor, y no sólo un redistribuidor de los ingresos derivados de la actividad productiva de capital y trabajo. De tal modo que la distribución factorial del ingreso en Venezuela es el resultado de dos procesos de distribución con características muy distintas entre sí (Baptista y Mommer, 1989:16); fortaleciendo así el peso del Estado en la determinación del modelo productivo.
En lo relativo al sector manufacturero, la década del sesenta fue clave para su establecimiento y crecimiento, ya que se adoptaron políticas estatales de estimulo y fomento. Fue un modelo que tuvo notables carencias en el limitado encadenamiento con la producción de materias primas e insumos nacionales, por tanto se le ha llamado un modelo ensamblador, que requería un fuerte componente de importaciones para su funcionamiento. Las inversiones extranjeras se sintieron atraídas por las facilidades otorgadas, y por otro lado, algunos pocos empresarios que detentaban riquezas adquiridas en la agricultura y el comercio, asumieron iniciativas en el sector secundario. Resultado de este proceso se alcanzó para los fines de los sesenta, una contribución del sector manufacturero al PIB de un 18%. Sin embargo a muy temprana fecha, el sector manufacturero empieza a vivir un acelerado proceso de cambio estructural con un marcado sesgo desindustrializador.
Algunos autores llaman la atención que la des-industrialización venezolana es de naturaleza temprana o prematura, pues parece haber comenzado a finales de los años ochenta cuando los niveles de PIB per capita eran bajos (Vera, 2009:89; Valecillos, 1993; Carmona, 2009). Hecho más llamativo y se toma en cuenta que la industrialización venezolana es de las más recientes en el continente, el despegue comenzó en los años cincuenta y se consolidó en los sesenta, es decir empezó sesenta años más tarde que Argentina, Brasil, Chile, México, e incluso veinte años más tarde que en Colombia. (Echavarría y Villamizar, 2010). Este proceso ha continuado persistentemente en los noventa y en lo que va del siglo XXI, en contrapartida ha ocurrido que la economía venezolana se ha primarizado, ya que su composición de actividades con valor agregado han venido a menos, a cambio de actividades basadas en la exportación de petróleo, así como en la importación de bienes de consumo.
Por supuesto que también ha ocurrido un amplio proceso de tercerización, que se expresa en que el sector servicios representa cerca del 70% de la estructura ocupacional, con énfasis en el empleo en la administración pública, en los servicios personales y en el comercio. El peso de los servidores al servicio gubernamental subió entre el 2004 y el 2008, con 517.600 nuevos trabajadores, para alcanzar a 2.257.126 (octubre 2009), representando un 18,2 % de la p.e.a. Para el 2003 el porcentaje era de 14%.
Un plan de re-industrialización es una tarea necesaria para el futuro del país. Es un tema para la discusión, el acuerdo y una visión amplia del país.
sábado, 20 de febrero de 2010
REESTRUCTURACIÓN PRODUCTIVA EN VENEZUELA: BALANCE LABORAL
Con este título hemos venido elaborando contribución para publicación colectiva que reune análisis de autores de varios países. La obra es dirigida por Julio Cesar Neffa -Argentina- y Enrique de la Garza -México-, pero además reune contribuciones de Marcio Pochman y Giovanny Alves -Brasil-, Jorge Carrillo -México-, Fernando Urrea -Colombia- y la contribución nuestra, caso venezolano obviamente, cuyo índice es que sigue, aunque cada contribución presente su propio esquema:
• I Introducción. Rasgos sobresalientes del modelo productivo
• Industrialización Tardía y Desindustrialización Temprana
• Manifestaciones de agotamiento del modelo de desarrollo productivo previo; 1983-1989.
• Reestructuración Productiva: Apertura, Privatización, Descentralización, 1989-1998
• II Caracterización del funcionamiento laboral en Venezuela. Nuevas institucionalidades; ruptura del pacto tripartito; recentralización y tensiones políticas.
• Libertad Sindical
• Sindicalismo fragmentado. Paralelismo y consecuencias. Conflictos inter e intra sindicales. Violencia Laboral y Sindical.
• La Violencia Sindical
• Criminalización de la Protesta Laboral
• El fomento de nuevas formas de representación.
• Los Delegados de Prevención
• Los Consejos de Trabajadores
• Los Consejos Comunales
• Las Milicias Obreras
• Las luchas reivindicativas: negociaciones colectivas
• La reforma de la Legislación Laboral
• Salarios Mínimos: Inflación, Dialogo, Cobertura y Dolarización
• Política Social
• III Estatización del aparato productivo. Nuevos esquemas productivos. Nuevas Relaciones de Trabajo, 2003-2008.
• Fomento del Cooperativismo
• Las Empresas de Producción Social
• Las Empresas de Propiedad Social
• Las expropiaciones
• Sistema Productivo y Relaciones Internacionales
• Conclusiones
• Bibliografía
• Apéndice Estadístico
Es un esquema de fenómenos controversiales en el desarrollo productivo y laboral de los últimos 25 años, y desde ya el mayor interés en intercambiar sobre los mismos.
• I Introducción. Rasgos sobresalientes del modelo productivo
• Industrialización Tardía y Desindustrialización Temprana
• Manifestaciones de agotamiento del modelo de desarrollo productivo previo; 1983-1989.
• Reestructuración Productiva: Apertura, Privatización, Descentralización, 1989-1998
• II Caracterización del funcionamiento laboral en Venezuela. Nuevas institucionalidades; ruptura del pacto tripartito; recentralización y tensiones políticas.
• Libertad Sindical
• Sindicalismo fragmentado. Paralelismo y consecuencias. Conflictos inter e intra sindicales. Violencia Laboral y Sindical.
• La Violencia Sindical
• Criminalización de la Protesta Laboral
• El fomento de nuevas formas de representación.
• Los Delegados de Prevención
• Los Consejos de Trabajadores
• Los Consejos Comunales
• Las Milicias Obreras
• Las luchas reivindicativas: negociaciones colectivas
• La reforma de la Legislación Laboral
• Salarios Mínimos: Inflación, Dialogo, Cobertura y Dolarización
• Política Social
• III Estatización del aparato productivo. Nuevos esquemas productivos. Nuevas Relaciones de Trabajo, 2003-2008.
• Fomento del Cooperativismo
• Las Empresas de Producción Social
• Las Empresas de Propiedad Social
• Las expropiaciones
• Sistema Productivo y Relaciones Internacionales
• Conclusiones
• Bibliografía
• Apéndice Estadístico
Es un esquema de fenómenos controversiales en el desarrollo productivo y laboral de los últimos 25 años, y desde ya el mayor interés en intercambiar sobre los mismos.
martes, 16 de febrero de 2010
Violencia Laboral en Carabobo
Quienes hacemos estudios de las Relaciones de Trabajo, hemos venido viendo paulatinamente la descomposición de su funcionamiento. Múltiples manifestaciones lo vienen mostrando. Y preocupa que se haga muy poco para contrarrestarlo. Un proceso de descomposición laboral avanza y hace la convivencia más difícil en los espacios productivos.
En ese marco parece ubicarse lo ocurrido el pasado jueves 12 del presente mes, con asesinato de gerente de Recursos Humanos de la empresa italiana Ghella C.A., constructora contratada para las obras del ferrocarril.
Todo parece apuntar a una víctima más de la existencia de anormalidades en el funcionamiento laboral que desembocan en la violencia. Hechos como la existencia de múltiples organizaciones sindicales, así como múltiples mecanismos de representación, - paralelismo pronunciado-, ya que además de la diversidad de sindicatos actuantes en un mismo sector productivo, y por encima de ellos las organizaciones sindicales de segundo y tercer grado (federaciones y centrales sindicales), funcionan los delegados de prevención y los comités de esa misma actividad, los consejos comunales que se vinculan con los repartos de los empleos, las “pseudocooperativas”, a todo ellos agréguese que se vienen promoviendo las milicias obreras, y los consejos de trabajadores. Con tal diversidad de instituciones imaginemos la complejidad y dificultad para el ejercicio de una representación laboral efectiva, autónoma y transparente. Para las empresas que se desenvuelven en esos escenarios la actividad productiva se torna heroica. Por eso la competitividad para un mejoramiento sustentable y sostenido de las condiciones de trabajo se convierte en una quimera.
El fenómeno de la violencia laboral adquiere magnitudes extremas a partir del 2005. El Informe de Provea, institución no gubernamental que lleva registros de violaciones de los derechos humanos, indica para ese año, el asesinato de 45 dirigentes sindicales, la amplia mayoría relacionados con la obtención de empleos en los sectores de la construcción y petrolero. El año siguiente -2006- el Informe de Provea correspondiente indica un número de 48 asesinados, el más alto en toda la historia del país; el fenómeno sigue ocurriendo por el acceso al empleo, en los sectores mencionados.
El número baja a 29 en el 2007, este año “se instala una mesa de dialogo de alto nivel constituida en el 2007 para buscar soluciones a esta problemática fue abandonada tanto por los trabajadores como por el gobierno sin haber logrado resultado alguno” (Provea 2008:128). Nuevamente en el 2009, se tienen 46 casos. La amplia mayoría ocurren en el sector de la construcción, y en menor proporción en el sector petrolero y el automotriz.
Con los datos anteriores Provea informa que ya para el año 2007 “Venezuela es el segundo país en el mundo más peligroso para los sindicalistas, luego de Colombia” . Sin embargo, comparando y analizando los datos recopilados por la Escuela Nacional Sindical –ENS-, resulta discutible esta afirmación, véase lo siguiente: Disponiendo de dos fuentes por un lado la ESN, que da cuenta de 22 homicidios de sindicalistas –Colombia- en el 2007 y de 34 en el 2008. Estos números son más bajos que los de Venezuela en esos mismos años. Aunque otra fuente importante como es la Confederación Sindical Internacional, a la cual está afiliado el sindicalismo colombiana, presenta un registro de 39 y 45 de asesinatos de sindicalistas para igual período.
Hay que destacar que en Colombia se inició en el 2006 un programa de dialogo y varias medidas para combatir el problema – “Acuerdo sobre Libertad Sindical y Democracia”-, que incluye por cierto la instalación permanente de una misión de OIT coadyuvando a la solución del problema. La Comisión de Aplicación de Normas de la OIT informa de los adelantos, entre ellos el aumento de las sentencias condenatorias, la creación de un fondo de reparación para las víctimas de la violencia. La Comisión sigue considerando bajo el número de de condenas, y que las sentencias que han sido dictadas sólo se refieren a los autores materiales de la violencia y no a los instigadores.
Volviendo al caso del gerente de RRHH asesinado el pasado 12 del presente, hay que destacar, que hasta ahora, no ha habido ninguna declaración de funcionarios públicos sobre el particular, ni de la empresa ni de los sindicatos del ramo. En cuanto a la Administración del Trabajo, hace rato que se le ha venido escapando su papel orientador, pedagógico y vigilante de las relaciones entre empresas y trabajadores, para una convivencia favorable el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, y de una mejor producción para la sustentabilidad productiva y el bienestar general de sociedad.
En ese marco parece ubicarse lo ocurrido el pasado jueves 12 del presente mes, con asesinato de gerente de Recursos Humanos de la empresa italiana Ghella C.A., constructora contratada para las obras del ferrocarril.
Todo parece apuntar a una víctima más de la existencia de anormalidades en el funcionamiento laboral que desembocan en la violencia. Hechos como la existencia de múltiples organizaciones sindicales, así como múltiples mecanismos de representación, - paralelismo pronunciado-, ya que además de la diversidad de sindicatos actuantes en un mismo sector productivo, y por encima de ellos las organizaciones sindicales de segundo y tercer grado (federaciones y centrales sindicales), funcionan los delegados de prevención y los comités de esa misma actividad, los consejos comunales que se vinculan con los repartos de los empleos, las “pseudocooperativas”, a todo ellos agréguese que se vienen promoviendo las milicias obreras, y los consejos de trabajadores. Con tal diversidad de instituciones imaginemos la complejidad y dificultad para el ejercicio de una representación laboral efectiva, autónoma y transparente. Para las empresas que se desenvuelven en esos escenarios la actividad productiva se torna heroica. Por eso la competitividad para un mejoramiento sustentable y sostenido de las condiciones de trabajo se convierte en una quimera.
El fenómeno de la violencia laboral adquiere magnitudes extremas a partir del 2005. El Informe de Provea, institución no gubernamental que lleva registros de violaciones de los derechos humanos, indica para ese año, el asesinato de 45 dirigentes sindicales, la amplia mayoría relacionados con la obtención de empleos en los sectores de la construcción y petrolero. El año siguiente -2006- el Informe de Provea correspondiente indica un número de 48 asesinados, el más alto en toda la historia del país; el fenómeno sigue ocurriendo por el acceso al empleo, en los sectores mencionados.
El número baja a 29 en el 2007, este año “se instala una mesa de dialogo de alto nivel constituida en el 2007 para buscar soluciones a esta problemática fue abandonada tanto por los trabajadores como por el gobierno sin haber logrado resultado alguno” (Provea 2008:128). Nuevamente en el 2009, se tienen 46 casos. La amplia mayoría ocurren en el sector de la construcción, y en menor proporción en el sector petrolero y el automotriz.
Con los datos anteriores Provea informa que ya para el año 2007 “Venezuela es el segundo país en el mundo más peligroso para los sindicalistas, luego de Colombia” . Sin embargo, comparando y analizando los datos recopilados por la Escuela Nacional Sindical –ENS-, resulta discutible esta afirmación, véase lo siguiente: Disponiendo de dos fuentes por un lado la ESN, que da cuenta de 22 homicidios de sindicalistas –Colombia- en el 2007 y de 34 en el 2008. Estos números son más bajos que los de Venezuela en esos mismos años. Aunque otra fuente importante como es la Confederación Sindical Internacional, a la cual está afiliado el sindicalismo colombiana, presenta un registro de 39 y 45 de asesinatos de sindicalistas para igual período.
Hay que destacar que en Colombia se inició en el 2006 un programa de dialogo y varias medidas para combatir el problema – “Acuerdo sobre Libertad Sindical y Democracia”-, que incluye por cierto la instalación permanente de una misión de OIT coadyuvando a la solución del problema. La Comisión de Aplicación de Normas de la OIT informa de los adelantos, entre ellos el aumento de las sentencias condenatorias, la creación de un fondo de reparación para las víctimas de la violencia. La Comisión sigue considerando bajo el número de de condenas, y que las sentencias que han sido dictadas sólo se refieren a los autores materiales de la violencia y no a los instigadores.
Volviendo al caso del gerente de RRHH asesinado el pasado 12 del presente, hay que destacar, que hasta ahora, no ha habido ninguna declaración de funcionarios públicos sobre el particular, ni de la empresa ni de los sindicatos del ramo. En cuanto a la Administración del Trabajo, hace rato que se le ha venido escapando su papel orientador, pedagógico y vigilante de las relaciones entre empresas y trabajadores, para una convivencia favorable el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, y de una mejor producción para la sustentabilidad productiva y el bienestar general de sociedad.
jueves, 11 de febrero de 2010
Desarrollo Endógeno y Socialismo no Participativo
El modelo productivo dominante en el discurso promovido desde el Estado se le identifica como un modelo de desarrollo endógeno. Indudablemente bien distante a la orientación de un modelo abierto con proyección exportadora. Hay que recordar que el modelo productivo que se pretende sustituir tampoco llegó a alcanzar niveles de exportaciones importantes. El patrón de consumo dominante descansaba en una producción desarticulada sin encadenamientos productivos estables, con un alto nivel de importaciones.
Para alcanzar sus propósitos se ha fomentado un mayor control del sistema productivo por parte del Estado. Hay que señalar que las primeras medidas de control, que fueron enunciadas y aprobadas a fines del 2001, generaron inmediatamente una relación tirante con el empresariado, que se ha profundizado año tras año, a pesar de ciertas muestras de acercamiento que buena parte del empresariado parecería estar dispuesto a aceptar, si al menos el gobierno hiciera algún gesto. Pero éste recurre sistemáticamente a recordar hechos ocurridos en el 2002 y 2003, para invocar y justificar el distanciamiento y hasta la "lucha de clases".
El modelo productivo y las consecuencias en las Relaciones de Trabajo se hacen más impactantes, a partir del fomento de formas de propiedad y organización del trabajo por parte del Estado. En este sentido se destacan el reimpulso al Cooperativismo que ha resultado más bien en pseudocooperativismo, el fomento de nuevas organizaciones productivas, como son las Empresas de Producción Social por un lado, y más recientemente la Empresas de Propiedad Social. A ello hay que agregar las estatizaciones, fundadas en un primer momento en el carácter de sectores productivos estratégicos, en otros casos la ansiada búsqueda de la soberanía alimentaria, en otros casos como resultado de situaciones conflictivas laborales, no siempre bien conducidas por la Administración del Trabajo, y finalmente estatizaciones que no expresan claramente sus fundamentos, en donde las justificaciones surgen es a posteriori de la propia estatización, sin ningún debate con nadie ni en ningún ámbito que pueda corresponder con la más mínima dosis de participación, resultando algo así como "Socialismo no participativo", que caso tras caso van minando la capacidad productiva del país, y no vamos ni al desarrollo exógeno, ni al endógeno, más bien al no desarrollo.
Para alcanzar sus propósitos se ha fomentado un mayor control del sistema productivo por parte del Estado. Hay que señalar que las primeras medidas de control, que fueron enunciadas y aprobadas a fines del 2001, generaron inmediatamente una relación tirante con el empresariado, que se ha profundizado año tras año, a pesar de ciertas muestras de acercamiento que buena parte del empresariado parecería estar dispuesto a aceptar, si al menos el gobierno hiciera algún gesto. Pero éste recurre sistemáticamente a recordar hechos ocurridos en el 2002 y 2003, para invocar y justificar el distanciamiento y hasta la "lucha de clases".
El modelo productivo y las consecuencias en las Relaciones de Trabajo se hacen más impactantes, a partir del fomento de formas de propiedad y organización del trabajo por parte del Estado. En este sentido se destacan el reimpulso al Cooperativismo que ha resultado más bien en pseudocooperativismo, el fomento de nuevas organizaciones productivas, como son las Empresas de Producción Social por un lado, y más recientemente la Empresas de Propiedad Social. A ello hay que agregar las estatizaciones, fundadas en un primer momento en el carácter de sectores productivos estratégicos, en otros casos la ansiada búsqueda de la soberanía alimentaria, en otros casos como resultado de situaciones conflictivas laborales, no siempre bien conducidas por la Administración del Trabajo, y finalmente estatizaciones que no expresan claramente sus fundamentos, en donde las justificaciones surgen es a posteriori de la propia estatización, sin ningún debate con nadie ni en ningún ámbito que pueda corresponder con la más mínima dosis de participación, resultando algo así como "Socialismo no participativo", que caso tras caso van minando la capacidad productiva del país, y no vamos ni al desarrollo exógeno, ni al endógeno, más bien al no desarrollo.
martes, 19 de enero de 2010
Salarios Mínimos:Inflación, Dialogo, Cobertura y Dolarización
Con el establecimiento del salario mínimo por primer vez en 1975, conviene llamar la atención que hasta entonces, la inflación no era un problema en la economía petrolera venezolana del siglo XX; cincuenta años con una inflación anual entre 1 y 3 %. La estabilidad concluye en los años del primer boom, cuando por primera vez se llega a los dos dígitos en 1974, como se puede ver en la gráfica “Inflación 1950-2008”, de ahí su implantación, como decisión unilateral del Poder Ejecutivo.
Posteriormente en 1990 con la nueva Ley Orgánica del Trabajo se establece un mecanismo de Dialogo Social, que coloca primeramente en las negociaciones entre empleadores y trabajadores la determinación del porcentaje de incremento. Este es colocado en manos del Poder Ejecutivo quien lo confirma o modifica, para luego ser planteado al Legislativo. Desde 1991 hasta 1999 este mecanismo se practicó regularmente, en el mes de enero de cada año se instalaba la comisión y lo concertado pasaba al Ejecutivo y Legislativo, apuntando a ser anunciado y puesto en vigencia con motivo del 1 de Mayo, Día del Trabajador.
En la última década este mecanismo se ha practicado de manera diferente, no obstante que no se han modificado los textos legales del caso. El hecho central es que no se convoca a los actores empresariales y sindicales. En los primeros años se convocaba a un espectro de diversas instituciones, originando que las tradicionales organizaciones representativas de los actores, presentaran quejas ante la OIT por la deformación y ruptura del Dialogo Social. Finalmente las confrontaciones abiertas, entre por un lado el gremio empresarial de Fedecamaras y la CTV, y por el otro el Gobierno Nacional, determinaron que el salario mínimo resulta solamente establecido por este último.
El alcance del salario mínimo ha venido resultando un incremento de salarios para un número cada vez mayor de trabajadores. Si bien en los primeros años de su establecimiento, de 1975 a 1987 existía un diferencial notable entre el ingreso laboral real promedio y el salario mínimo -al respecto existen datos demostrativos-. Pero desde 1988 el diferencial se ha reducido, en principio por la disminución del primero, pero desde 1989 ocurrió otro tanto con los salarios mínimos. Una de los factores de este decrecimiento fue la bonificación salarial, práctica que permitía a los empleadores pagar a sus trabajadores con bonos que no tenían carácter salarial y éstos llegaron a superar ampliamente el salario, perjudicando a la larga los ingresos anuales y de la vida laboral de los trabajadores, ya que los bonos no eran tomados en cuenta para pagos como vacaciones y utilidades, ni para la seguridad social. En 1997 se reforma el régimen legal y se le fija un límite a esta práctica, dando lugar a un mejoramiento del salario mínimo.Hoy persiste el generalizado ticket de alimentación que conserva tal carácter, ya no repercute en prestaciones de liquidación por terminación de servicios y mucho menos en la seguridad social del trabajador.
En cuanto a la población que recibe el salario mínimo como remuneración regular, datos oficiales la ubican en 5.023.726, lo que representa el 40% de la población económicamente activa.
El poder adquisitivo del salario mínimo es objeto de controversias por el hecho de que las mediciones del INE son cuestionadas por entidades no gubernamentales que mes a mes publican resultados de sus encuestas, las más importantes y acreditadas son el Cenda y el Cendas.
Mientras los datos del INE tienden a mostrar que con el salario mínimo se cubre la canasta alimentaria, al menos así lo muestran sus registros desde el 2006 para acá, los de las entidades no gubernamentales demuestran que sólo alcanza para cubrir parte de la misma, tan poco como solamente el 45% caso del año 2008 hasta años mejores sobre el 60% como el 2006 y el 2007, por ejemplo.
La diferencia entre estos datos y los del INE se debe a dos consideraciones metodológicas, ya que por un lado no es la misma cesta y lo segundo es que las entidades no gubernamentales hacen su encuesta con los precios reales. En cambio el INE lo hace con los precios regulados.También hay que registrar que sus datos son recogidos a nivel nacional, en cambios las entidades no gubernamentales se refieren es al Area Metropolitana. Para ver las diversas metodologías se recomienda consultar a Venescopio, centro de análisis y métodos de datos sociales, su web http://www.venescopio.org.ve/docs/reporte_octubre.pdf -consultado 18-1-2010-
La representación del salario mínimo en dólares de los EEUU, plantea la dificultad de que han existido dos tasas cambiarias en los diversos controles de cambio a lo largo de los años ochenta, noventa y en este siglo. Incluso en algunos momentos se han llegado a manejar tres tasas, y de ellas dos oficiales, y una no oficial pero no marginal por los montos que transa. Entonces si se trata de expresar el salario mínimo en dólares EEUU, habría que expresarlo en las distintas tasas cambiarias.
Finalmente lo deseable es que los salarios mínimos sean referenciales, como fueron en sus primeros doce años (1975-1987), en donde era notable la brecha entre los salarios promedios y el mínimo. El grueso de estos era resultado de la propia relación entre las partes, que contractualmente fijaban según las posibilidades y características de los centros productivos sus propios salarios mínimos, por supuesto siempre por encima del referencial que habían convenido empresarios, trabajadores y gobierno.
Posteriormente en 1990 con la nueva Ley Orgánica del Trabajo se establece un mecanismo de Dialogo Social, que coloca primeramente en las negociaciones entre empleadores y trabajadores la determinación del porcentaje de incremento. Este es colocado en manos del Poder Ejecutivo quien lo confirma o modifica, para luego ser planteado al Legislativo. Desde 1991 hasta 1999 este mecanismo se practicó regularmente, en el mes de enero de cada año se instalaba la comisión y lo concertado pasaba al Ejecutivo y Legislativo, apuntando a ser anunciado y puesto en vigencia con motivo del 1 de Mayo, Día del Trabajador.
En la última década este mecanismo se ha practicado de manera diferente, no obstante que no se han modificado los textos legales del caso. El hecho central es que no se convoca a los actores empresariales y sindicales. En los primeros años se convocaba a un espectro de diversas instituciones, originando que las tradicionales organizaciones representativas de los actores, presentaran quejas ante la OIT por la deformación y ruptura del Dialogo Social. Finalmente las confrontaciones abiertas, entre por un lado el gremio empresarial de Fedecamaras y la CTV, y por el otro el Gobierno Nacional, determinaron que el salario mínimo resulta solamente establecido por este último.
El alcance del salario mínimo ha venido resultando un incremento de salarios para un número cada vez mayor de trabajadores. Si bien en los primeros años de su establecimiento, de 1975 a 1987 existía un diferencial notable entre el ingreso laboral real promedio y el salario mínimo -al respecto existen datos demostrativos-. Pero desde 1988 el diferencial se ha reducido, en principio por la disminución del primero, pero desde 1989 ocurrió otro tanto con los salarios mínimos. Una de los factores de este decrecimiento fue la bonificación salarial, práctica que permitía a los empleadores pagar a sus trabajadores con bonos que no tenían carácter salarial y éstos llegaron a superar ampliamente el salario, perjudicando a la larga los ingresos anuales y de la vida laboral de los trabajadores, ya que los bonos no eran tomados en cuenta para pagos como vacaciones y utilidades, ni para la seguridad social. En 1997 se reforma el régimen legal y se le fija un límite a esta práctica, dando lugar a un mejoramiento del salario mínimo.Hoy persiste el generalizado ticket de alimentación que conserva tal carácter, ya no repercute en prestaciones de liquidación por terminación de servicios y mucho menos en la seguridad social del trabajador.
En cuanto a la población que recibe el salario mínimo como remuneración regular, datos oficiales la ubican en 5.023.726, lo que representa el 40% de la población económicamente activa.
El poder adquisitivo del salario mínimo es objeto de controversias por el hecho de que las mediciones del INE son cuestionadas por entidades no gubernamentales que mes a mes publican resultados de sus encuestas, las más importantes y acreditadas son el Cenda y el Cendas.
Mientras los datos del INE tienden a mostrar que con el salario mínimo se cubre la canasta alimentaria, al menos así lo muestran sus registros desde el 2006 para acá, los de las entidades no gubernamentales demuestran que sólo alcanza para cubrir parte de la misma, tan poco como solamente el 45% caso del año 2008 hasta años mejores sobre el 60% como el 2006 y el 2007, por ejemplo.
La diferencia entre estos datos y los del INE se debe a dos consideraciones metodológicas, ya que por un lado no es la misma cesta y lo segundo es que las entidades no gubernamentales hacen su encuesta con los precios reales. En cambio el INE lo hace con los precios regulados.También hay que registrar que sus datos son recogidos a nivel nacional, en cambios las entidades no gubernamentales se refieren es al Area Metropolitana. Para ver las diversas metodologías se recomienda consultar a Venescopio, centro de análisis y métodos de datos sociales, su web http://www.venescopio.org.ve/docs/reporte_octubre.pdf -consultado 18-1-2010-
La representación del salario mínimo en dólares de los EEUU, plantea la dificultad de que han existido dos tasas cambiarias en los diversos controles de cambio a lo largo de los años ochenta, noventa y en este siglo. Incluso en algunos momentos se han llegado a manejar tres tasas, y de ellas dos oficiales, y una no oficial pero no marginal por los montos que transa. Entonces si se trata de expresar el salario mínimo en dólares EEUU, habría que expresarlo en las distintas tasas cambiarias.
Finalmente lo deseable es que los salarios mínimos sean referenciales, como fueron en sus primeros doce años (1975-1987), en donde era notable la brecha entre los salarios promedios y el mínimo. El grueso de estos era resultado de la propia relación entre las partes, que contractualmente fijaban según las posibilidades y características de los centros productivos sus propios salarios mínimos, por supuesto siempre por encima del referencial que habían convenido empresarios, trabajadores y gobierno.
martes, 29 de diciembre de 2009
RAFAEL CALDERA Y LOS INICIOS DE LAS REGULACIONES LABORALES
La desaparición de Rafael Caldera este 24 de diciembre, invita a una reflexión sobre su vida y obra en el ámbito de los estudios del trabajo, ya que la misma estuvo signada por este campo y la política. Tan dilatada trayectoria exige un esfuerzo considerable que una breve nota no puede pretender sino sugerir algunas ideas preliminares.
Centrándose en sus contribuciones en el ambito de los estudios del trabajo, hay que empezar por destacar su temprana inclinación por estos asuntos. Habiendo nacido en 1916, que ya en 1939 haya publicado su obra “Derecho del Trabajo”, es decir con apenas 23 años de edad, y que la misma haya tenido un impacto que aún hoy se siente, es una evidencia de su precocidad en el análisis y la profundización de estos temas. Su temprana inclinación por indagar los asuntos relativos a la normativa laboral, en un país que para el tiempo de sus estudios universitarios de Derecho en la década del treinta, era sumamente atrasado. Hay que recordar que Venezuela, como se ha repetido tantas veces, entra en el siglo XX en el año de 1936 en adelante. De aquí que el haber escogido la temática laboral como centro de sus preocupaciones académicas ya es un postura visionaria.
En la construcción de los análisis de los asuntos del trabajo para entonces dominaron la marxista, la utilitaria y la doctrina de la Iglesia Católica. En nuestro país, las dos primeras aún no habían prendido en los contados medios académicos. En cambio la tercera sí contaba con notable influencia. La encíclica "Rerum Novarum" (1.891) del papa León XII, había tenido notable influencia en el mundo católico mundial, e incluso se le señala como una de las fuentes que inspiraron las primeras legislaciones laborales en nuestro continente. La temprana vinculación de Rafael Caldera con estas fuentes contribuyó a marcar su inquietud por lo laboral.
La creación de la primera entidad gubernamental dedicada al tema trabajo, la Oficina Nacional del Trabajo creada en febrero de 1936 tuvo a Caldera con apenas veinte años de edad, como Subdirector. Ha de destacarse que esta Oficina era parte del programa que tuvo que diseñar y presentar públicamente el régimen de López Contreras, ante las presiones populares de Febrero de 1936. A esta Oficina se le asigna como tarea central preparar un proyecto de Ley del Trabajo. Desde la década pasada, los veinte, ya un movimiento favorable a la construcción de legislaciones laborales estaba en pleno desarrollo en toda América Latina. Era parte de una respuesta a los acuerdos de paz al terminar la I Guerra Mundial, firmados por casi todos los países de la región, que incluían un capítulo de derechos de los trabajadores y comprometía a las autoridades a su implementación.
Es significativo destacar en la formación y oportunidad que tuvo Rafael Caldera en el ejercicio de la responsabilidad asignada en la Oficina Nacional de Trabajo, que Venezuela es receptora de la primera misión de asistencia técnica brindada por la Oficina Internacional del Trabajo, creada en 1919 y que ya había alcanzado una importante influencia mundial en las regulaciones laborales. Aquí se destacan dos hechos que brindaron una oportunidad que el joven estudiante de derecho Rafael Caldera no desaprovechó, una el haber contado con la asesoría de dos experimentados profesionales destacados por la OIT para apoyar en la elaboración de la Ley del Trabajo inicialmente, y luego su Reglamento dos años más tarde, se trata de David Blelloch en 1936 y de Wilfred Jenks, el cual estuvo casi un año en Venezuela para conocer el país y revisar los términos del proyecto de código del trabajo de 1938. Vinculado con esta relación profesional Rafael Caldera fue el primer corresponsal de la OIT en Venezuela.
Seguro que pronto habrá oportunidad para intercambiar sobre su obra en este campo, en donde Rafael Caldera deja una huella profunda, que aún hoy después de su obra pionera de hace setenta años, sigue siendo citado por los interesados en los temas de derecho del trabajo.
Centrándose en sus contribuciones en el ambito de los estudios del trabajo, hay que empezar por destacar su temprana inclinación por estos asuntos. Habiendo nacido en 1916, que ya en 1939 haya publicado su obra “Derecho del Trabajo”, es decir con apenas 23 años de edad, y que la misma haya tenido un impacto que aún hoy se siente, es una evidencia de su precocidad en el análisis y la profundización de estos temas. Su temprana inclinación por indagar los asuntos relativos a la normativa laboral, en un país que para el tiempo de sus estudios universitarios de Derecho en la década del treinta, era sumamente atrasado. Hay que recordar que Venezuela, como se ha repetido tantas veces, entra en el siglo XX en el año de 1936 en adelante. De aquí que el haber escogido la temática laboral como centro de sus preocupaciones académicas ya es un postura visionaria.
En la construcción de los análisis de los asuntos del trabajo para entonces dominaron la marxista, la utilitaria y la doctrina de la Iglesia Católica. En nuestro país, las dos primeras aún no habían prendido en los contados medios académicos. En cambio la tercera sí contaba con notable influencia. La encíclica "Rerum Novarum" (1.891) del papa León XII, había tenido notable influencia en el mundo católico mundial, e incluso se le señala como una de las fuentes que inspiraron las primeras legislaciones laborales en nuestro continente. La temprana vinculación de Rafael Caldera con estas fuentes contribuyó a marcar su inquietud por lo laboral.
La creación de la primera entidad gubernamental dedicada al tema trabajo, la Oficina Nacional del Trabajo creada en febrero de 1936 tuvo a Caldera con apenas veinte años de edad, como Subdirector. Ha de destacarse que esta Oficina era parte del programa que tuvo que diseñar y presentar públicamente el régimen de López Contreras, ante las presiones populares de Febrero de 1936. A esta Oficina se le asigna como tarea central preparar un proyecto de Ley del Trabajo. Desde la década pasada, los veinte, ya un movimiento favorable a la construcción de legislaciones laborales estaba en pleno desarrollo en toda América Latina. Era parte de una respuesta a los acuerdos de paz al terminar la I Guerra Mundial, firmados por casi todos los países de la región, que incluían un capítulo de derechos de los trabajadores y comprometía a las autoridades a su implementación.
Es significativo destacar en la formación y oportunidad que tuvo Rafael Caldera en el ejercicio de la responsabilidad asignada en la Oficina Nacional de Trabajo, que Venezuela es receptora de la primera misión de asistencia técnica brindada por la Oficina Internacional del Trabajo, creada en 1919 y que ya había alcanzado una importante influencia mundial en las regulaciones laborales. Aquí se destacan dos hechos que brindaron una oportunidad que el joven estudiante de derecho Rafael Caldera no desaprovechó, una el haber contado con la asesoría de dos experimentados profesionales destacados por la OIT para apoyar en la elaboración de la Ley del Trabajo inicialmente, y luego su Reglamento dos años más tarde, se trata de David Blelloch en 1936 y de Wilfred Jenks, el cual estuvo casi un año en Venezuela para conocer el país y revisar los términos del proyecto de código del trabajo de 1938. Vinculado con esta relación profesional Rafael Caldera fue el primer corresponsal de la OIT en Venezuela.
Seguro que pronto habrá oportunidad para intercambiar sobre su obra en este campo, en donde Rafael Caldera deja una huella profunda, que aún hoy después de su obra pionera de hace setenta años, sigue siendo citado por los interesados en los temas de derecho del trabajo.
domingo, 29 de noviembre de 2009
La distribución del tiempo de trabajo y no trabajo
En el año 2007 la propuesta no aprobada de reforma constitucional promovida por el gobierno introdujo planteamiento sobre la reducción de la jornada. Nuevamente en el borrador de propuesta, que viene circulando a propósito de la reforma de la ley orgánica del trabajo, se incluyen varios artículos dirigidos a la reducción del tiempo de trabajo.
Un denominador común de las propuestas, la primera del ejecutivo y la segunda un borrador de comisión legislativa, es que no hay razonamientos que las acompañen. De todos modos, en la segunda - la propuesta legislativa- se abre un período para el intercambio, ya que inicialmente se planteaba con una sorprendente celeridad y afán aprobatorio. Lo importante es razonar, tanto en lo que tiene que ver con el interés en reducir el tiempo de trabajo, como en cualquier otra alternativa que afecte el tiempo de trabajo.
Algunas consideraciones necesarias a ser parte del análisis, incluirían en primer lugar disponer de datos del desenvolvimiento que ha venido ocurriendo en el tiempo de trabajo. El sólo tener como referente las jornadas legales anteriores, no nos dice mucho. Sería necesario conocer dos datos gruesos, por un lado cual es el tiempo real o efectivo de trabajo en el aparato productivo venezolano, entendido en sus más heterogéneas instituciones productivas y usuarias de fuerza de trabajo. En segundo lugar disponer de información de los patrones de uso del tiempo, en las diversas actividades que forman parte del llamado tiempo reproductivo, que se refiere al tiempo de no trabajo, pero que demanda de las personas que trabajan invertir tiempo suyo, aquí va el transporte, la familia, la educación, los servicios para la vida familiar y comunitaria, que incluiría asuntos como la salud, el recreo, la seguridad, entre otros.
Abarcar lo anterior implica involucrar en el análisis del tiempo de trabajo, también el tiempo de no trabajo, y con ello al trabajador, a la familia, a la comunidad y las dadores de los servicios esenciales, así como a la administración de la ciudad. Con esto se va perfilando que abordar el tiempo de trabajo y su distribución no es un asunto ligero, ya que no reposa en los puros intereses de la producción. Que de paso, son muy importantes en escenarios de dificultades económicos como las que se vienen experimentando, y no se menciona esto por el hecho de haber transcurridos dos trimestres consecutivos de decrecimiento económico, y expectativas de otros trimestres con similares resultados; sino que el modelo productivo imperante en el país, que descansa en exportar un productor primario, casi sin diversificación y más bien en un continuado proceso de desindustrialización temprana, nos coloca ante un escenario muy incierto, en el sentido de darle viabilidad y sustento a las aspiraciones de reducir el tiempo de trabajo. Aqui cabe preguntarse haste que punto somos una sociedad productiva y en cuanto somos una sociedad rentista.
Dejamos sólo esta inquietud inicial, con el deseo de continuarla, pero si pudiéramos contar con los datos que el Ejecutivo está obligado a suministrar, de temas como los indicados, el avance sería mucho mayor. Lo otro que resulta de interés consistiría en hacer análisis en ciertas zonas pilotos del país y en ciertas actividades productivas, que tengan algún grado de representatividad, para de ahí derivar propuestas para la discusión. Es evidente que esto no es tarea de una sóla institución, ni de un solo sector. Ojala debatir sobre este particular encuentre eco y a la vuelta de un proceso de análisis interdisciplinario del problema, nos encontremos más conscientes de adonde dirigirnos. Aunque mientras tanto, los actores laborales en sus convenios colectivos han adelantado propuestas que se deben conocer y considerar, sin ignorar el hecho de la vasta participación en el mercado laboral, de los sectores no beneficiarios de la actividad laboral contractualizada - los informales-, para quienes en muchos casos las jornadas legales no dicen mucho. Por eso el tiempo efectivo de trabajo es tan importante.
Un denominador común de las propuestas, la primera del ejecutivo y la segunda un borrador de comisión legislativa, es que no hay razonamientos que las acompañen. De todos modos, en la segunda - la propuesta legislativa- se abre un período para el intercambio, ya que inicialmente se planteaba con una sorprendente celeridad y afán aprobatorio. Lo importante es razonar, tanto en lo que tiene que ver con el interés en reducir el tiempo de trabajo, como en cualquier otra alternativa que afecte el tiempo de trabajo.
Algunas consideraciones necesarias a ser parte del análisis, incluirían en primer lugar disponer de datos del desenvolvimiento que ha venido ocurriendo en el tiempo de trabajo. El sólo tener como referente las jornadas legales anteriores, no nos dice mucho. Sería necesario conocer dos datos gruesos, por un lado cual es el tiempo real o efectivo de trabajo en el aparato productivo venezolano, entendido en sus más heterogéneas instituciones productivas y usuarias de fuerza de trabajo. En segundo lugar disponer de información de los patrones de uso del tiempo, en las diversas actividades que forman parte del llamado tiempo reproductivo, que se refiere al tiempo de no trabajo, pero que demanda de las personas que trabajan invertir tiempo suyo, aquí va el transporte, la familia, la educación, los servicios para la vida familiar y comunitaria, que incluiría asuntos como la salud, el recreo, la seguridad, entre otros.
Abarcar lo anterior implica involucrar en el análisis del tiempo de trabajo, también el tiempo de no trabajo, y con ello al trabajador, a la familia, a la comunidad y las dadores de los servicios esenciales, así como a la administración de la ciudad. Con esto se va perfilando que abordar el tiempo de trabajo y su distribución no es un asunto ligero, ya que no reposa en los puros intereses de la producción. Que de paso, son muy importantes en escenarios de dificultades económicos como las que se vienen experimentando, y no se menciona esto por el hecho de haber transcurridos dos trimestres consecutivos de decrecimiento económico, y expectativas de otros trimestres con similares resultados; sino que el modelo productivo imperante en el país, que descansa en exportar un productor primario, casi sin diversificación y más bien en un continuado proceso de desindustrialización temprana, nos coloca ante un escenario muy incierto, en el sentido de darle viabilidad y sustento a las aspiraciones de reducir el tiempo de trabajo. Aqui cabe preguntarse haste que punto somos una sociedad productiva y en cuanto somos una sociedad rentista.
Dejamos sólo esta inquietud inicial, con el deseo de continuarla, pero si pudiéramos contar con los datos que el Ejecutivo está obligado a suministrar, de temas como los indicados, el avance sería mucho mayor. Lo otro que resulta de interés consistiría en hacer análisis en ciertas zonas pilotos del país y en ciertas actividades productivas, que tengan algún grado de representatividad, para de ahí derivar propuestas para la discusión. Es evidente que esto no es tarea de una sóla institución, ni de un solo sector. Ojala debatir sobre este particular encuentre eco y a la vuelta de un proceso de análisis interdisciplinario del problema, nos encontremos más conscientes de adonde dirigirnos. Aunque mientras tanto, los actores laborales en sus convenios colectivos han adelantado propuestas que se deben conocer y considerar, sin ignorar el hecho de la vasta participación en el mercado laboral, de los sectores no beneficiarios de la actividad laboral contractualizada - los informales-, para quienes en muchos casos las jornadas legales no dicen mucho. Por eso el tiempo efectivo de trabajo es tan importante.
jueves, 19 de noviembre de 2009
Conflictos laborales y HCM
Reciente conflicto suscitado en la Ford Motors -Valencia-, por el reclamo de una mayor cobertura de la póliza de Hospitalización, Cirugía y Maternidad, trae a la reflexión varios asuntos importantes, en las relaciones de trabajo. El conflicto paralizó de manera intempestiva la producción de esta ensambladora de vehículos, la cual en los últimos tiempos se había salvado de paralizaciones, hecho notable por ser un sector que presenta un historial de frecuentes conflictos laborales en los últimos tres años.
Una primera reflexión, es que los trabajadores no confían en los servicios que ofrece el Estado en esta materia. Esto no es nuevo, ya que las pólizas como objetivo y conquista laboral viene de los años setenta. Hubo tiempos de mejores servicios en los hospitales públicos, y otras entidades no lucrativas, como la Cruz Roja, Ascardio y otras entidades similares. Pero toca admitir que a pesar de los recursos inyectados al sector salud, los trabajadores no confían en ellos.
Otra reflexión es el hecho de que a los trabajadores reclamantes, que guardan una notable fidelidad con el proceso político en curso, es impensable acusarles de poner deliberadamente en entredicho las políticas públicas de salud.
De la reflexión anterior, se extrae una inquietud, y es la relativa a los paros intempestivos. Es cierto que en el movimiento de los trabajadores, las estrategias y los recursos para la presión son diversos y no sólo responden a aquellos que las empresas y el gobierno prefieran, pero hubo gestiones ante las autoridades del trabajo para abordar este asunto? y como se desarrollaron esas gestiones? que se aportó a la búsqueda de salidas? que aportó cada quién?. La recurrencia frecuente a los paros intempestivos evidencia señales peligrosas de incompetencia de la institucionalidad. Claro que ninguna institucionalidad para atender las normales controversias entre empresas y trabajadores es estática, por tanto ha de experimentar un monitoreo constante, para adecuar y hacer los ajustes. A quienes competa este asunto, hay que pedirles respuesta.
También el conflicto invita a reflexionar en los crecientes costos de los servicios de salud privados. En el caso que comentamos, la póliza era de 20 mil Bolívares (o 20 millones de los antiguos) y los trabajadores fueron al conflicto reclamando una cobertura de 80 mil, es decir cuatro veces más. Han sido tan acelerados los incrementos de estos servicios privados? Que dice la medicina privada?
Otra reflexión es la fragmentada actuación de los actores laborales, tanto empresas como sindicatos, en atender el problema. Es cierto que la negociación por empresa que predomina en el sistema laboral venezolano, no es una ventaja para atender problemas de la magnitud del que se comenta, pero parece existen suficientes razones para encarar el asunto en el marco de una política de análisis e intercambio, por supuesto esto requiere dialogo, y quién tiene en primer lugar la obligación de promoverlo es el Estado, y especialmente el Gobierno.
Los costos de los conflictos laborales al final de cuentas los pagamos todos, los productos se encarecen y escasean.
Una primera reflexión, es que los trabajadores no confían en los servicios que ofrece el Estado en esta materia. Esto no es nuevo, ya que las pólizas como objetivo y conquista laboral viene de los años setenta. Hubo tiempos de mejores servicios en los hospitales públicos, y otras entidades no lucrativas, como la Cruz Roja, Ascardio y otras entidades similares. Pero toca admitir que a pesar de los recursos inyectados al sector salud, los trabajadores no confían en ellos.
Otra reflexión es el hecho de que a los trabajadores reclamantes, que guardan una notable fidelidad con el proceso político en curso, es impensable acusarles de poner deliberadamente en entredicho las políticas públicas de salud.
De la reflexión anterior, se extrae una inquietud, y es la relativa a los paros intempestivos. Es cierto que en el movimiento de los trabajadores, las estrategias y los recursos para la presión son diversos y no sólo responden a aquellos que las empresas y el gobierno prefieran, pero hubo gestiones ante las autoridades del trabajo para abordar este asunto? y como se desarrollaron esas gestiones? que se aportó a la búsqueda de salidas? que aportó cada quién?. La recurrencia frecuente a los paros intempestivos evidencia señales peligrosas de incompetencia de la institucionalidad. Claro que ninguna institucionalidad para atender las normales controversias entre empresas y trabajadores es estática, por tanto ha de experimentar un monitoreo constante, para adecuar y hacer los ajustes. A quienes competa este asunto, hay que pedirles respuesta.
También el conflicto invita a reflexionar en los crecientes costos de los servicios de salud privados. En el caso que comentamos, la póliza era de 20 mil Bolívares (o 20 millones de los antiguos) y los trabajadores fueron al conflicto reclamando una cobertura de 80 mil, es decir cuatro veces más. Han sido tan acelerados los incrementos de estos servicios privados? Que dice la medicina privada?
Otra reflexión es la fragmentada actuación de los actores laborales, tanto empresas como sindicatos, en atender el problema. Es cierto que la negociación por empresa que predomina en el sistema laboral venezolano, no es una ventaja para atender problemas de la magnitud del que se comenta, pero parece existen suficientes razones para encarar el asunto en el marco de una política de análisis e intercambio, por supuesto esto requiere dialogo, y quién tiene en primer lugar la obligación de promoverlo es el Estado, y especialmente el Gobierno.
Los costos de los conflictos laborales al final de cuentas los pagamos todos, los productos se encarecen y escasean.
martes, 10 de noviembre de 2009
Ezequiel Vivas Terán y los Estudios de Relaciones Industriales
Está en imprenta el libro de elaboración colectiva, en donde se incluye un capítulo nuestro que titulamos "Relaciones Industriales ¿que trata y para que?" en su contenido se hace una referencia a la manera como se iniciaron los estudios de las RRII en Venezuela. A propósito de la reciente desaparición de Ezequiel Vivas Terán, hoy es su entierro, fundador de estos estudios a nivel universitario Venezuela, he recogido unos párrafos de la contribución mencionada, que recogen lo significativo de este hecho:
".. Cuando la Universidad de Carabobo –UC- dio los primeros pasos concretos para promover los estudios de RRII –año 1964- estábamos en pleno despegue de la industrialización por sustitución de importaciones. El Estado Carabobo a través de sus líderes, jugó un papel protagónico en gestionar la aprobación de políticas públicas, que favorecieran la instalación de plantas industriales en su suelo.
El antecedente de esta denominación para una disciplina profesional en Venezuela, no pasaba de las denominaciones que para entonces habían logrado establecerse en las compañías petroleras y otras pocas empresas mineras e industriales. Ellas asignaban esta denominación, a sus funciones de gestión del personal y relaciones gerenciales con los sindicatos.
También es importante destacar que la UC promovía esta nueva carrera de las Relaciones Industriales, a partir de una incipiente experiencia de un Departamento y luego convertido en una División Docente, para entonces marcada por una Escuela de Administración y Contaduría, y en una Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, donde las carreras existentes eran con una abierta orientación empresarial, sin espacios para desarrollar ejercicios académicos que reconocieran que se trata de una relación bilateral de la empresas con los trabajadores y sus organizaciones. Por tanto es razonable deducir que la denominación de Relaciones Industriales, no guarda una relación con la literatura ya existente, de origen fundamentalmente anglosajona, que asignaba la denominación de RRII al estudio de la dinámica, controversial y compleja relación de empresas y trabajadores organizados, en el marco de la búsqueda de sociedades más justas, participativas y mejoramiento del bienestar colectivo. Además en la academia venezolana no se habían promovido estos estudios en el resto de las universidades existentes, aunque ha de señalarse que la iniciativa de la UC es coincidente con iguales propósitos en la Universidad Católica “Andrés Bello”. Dos ilustres profesores procedentes de la formación jurídica, fueron personas claves en las gestiones fundacionales de estos estudios, Ezequiel Vivas Terán en la UC y Arístides Calvani en la UCAB."
Estos planteamientos tuvimos la fortuna de exponerlos el pasado 17 de Septiembre, con motivo de la toma de posesión de la Junta Directiva del Colegio de Licenciados en Relaciones Industriales del Estado Carabobo. Ese día el Dr Ezequiel Vivas Terán fue el personaje central del acto y tomó el juramento de los directivos. Un auditorium colmado de sus discipulos, le brindo por varios minutos un aplauso de reconocimiento, ya que se sabía que últimamente sufría quebrantos de salud, y era un hecho excepcional contar con su presencia en el acto. Indudablemente este fue un momento de su despedida de quienes creyeron en su obra y lo recuerdan con respeto y cariño.
".. Cuando la Universidad de Carabobo –UC- dio los primeros pasos concretos para promover los estudios de RRII –año 1964- estábamos en pleno despegue de la industrialización por sustitución de importaciones. El Estado Carabobo a través de sus líderes, jugó un papel protagónico en gestionar la aprobación de políticas públicas, que favorecieran la instalación de plantas industriales en su suelo.
El antecedente de esta denominación para una disciplina profesional en Venezuela, no pasaba de las denominaciones que para entonces habían logrado establecerse en las compañías petroleras y otras pocas empresas mineras e industriales. Ellas asignaban esta denominación, a sus funciones de gestión del personal y relaciones gerenciales con los sindicatos.
También es importante destacar que la UC promovía esta nueva carrera de las Relaciones Industriales, a partir de una incipiente experiencia de un Departamento y luego convertido en una División Docente, para entonces marcada por una Escuela de Administración y Contaduría, y en una Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, donde las carreras existentes eran con una abierta orientación empresarial, sin espacios para desarrollar ejercicios académicos que reconocieran que se trata de una relación bilateral de la empresas con los trabajadores y sus organizaciones. Por tanto es razonable deducir que la denominación de Relaciones Industriales, no guarda una relación con la literatura ya existente, de origen fundamentalmente anglosajona, que asignaba la denominación de RRII al estudio de la dinámica, controversial y compleja relación de empresas y trabajadores organizados, en el marco de la búsqueda de sociedades más justas, participativas y mejoramiento del bienestar colectivo. Además en la academia venezolana no se habían promovido estos estudios en el resto de las universidades existentes, aunque ha de señalarse que la iniciativa de la UC es coincidente con iguales propósitos en la Universidad Católica “Andrés Bello”. Dos ilustres profesores procedentes de la formación jurídica, fueron personas claves en las gestiones fundacionales de estos estudios, Ezequiel Vivas Terán en la UC y Arístides Calvani en la UCAB."
Estos planteamientos tuvimos la fortuna de exponerlos el pasado 17 de Septiembre, con motivo de la toma de posesión de la Junta Directiva del Colegio de Licenciados en Relaciones Industriales del Estado Carabobo. Ese día el Dr Ezequiel Vivas Terán fue el personaje central del acto y tomó el juramento de los directivos. Un auditorium colmado de sus discipulos, le brindo por varios minutos un aplauso de reconocimiento, ya que se sabía que últimamente sufría quebrantos de salud, y era un hecho excepcional contar con su presencia en el acto. Indudablemente este fue un momento de su despedida de quienes creyeron en su obra y lo recuerdan con respeto y cariño.
viernes, 23 de octubre de 2009
PROPIEDAD SOCIAL
En el primer semestre del presente año, empezó a circular públicamente un texto del llamado anteproyecto de “Ley de Propiedad Social”. Organizaciones empresariales, sindicales y políticas partidistas reaccionaron llamando la atención de sus implicaciones; especialmente empresarios y sindicatos, sintieron que para ellos las consecuencias planteaban limitaciones importantes. El fomento de una nueva forma de propiedad por un lado, y la no mención en ellas de las organizaciones sindicales, constituían suficiente preocupación.
Por diversas razones el texto ha quedado relegado en la agenda legislativa de este segundo semestre. Otros proyectos sobre temas igualmente medulares, han sido prioritarios para quienes definen esta agenda (educación, elecciones, lo militar, el trabajo).
De todos modos, este tema de la propiedad social está latente, habida cuenta que desde hace unos cinco años, viene fomentándose las empresas de producción social, diríamos que hermanas de la propiedad social.
Una de las justificaciones enunciadas para el fomento de la propiedad social consiste en superar la propiedad capitalista, así como también la experiencia socialista que se ha conocido desde el surgimiento de la extinta Unión Soviética y quienes siguieron este modelo. Tamaña pretensión obliga a un esfuerzo considerable de análisis, estudios, debate para una construcción que implicará impactos y riegos considerables en el futuro de la nación. Donde se elaboran estos estudios y análisis, parece un secreto bien guardado. Donde se debate y quienes participan de ello, igualmente pareciera ser algo clandestino.
Un cierto adelanto es asomado desde el escenario parlamentario, al afirmarse “que la propiedad social es de carácter colectivo no cooperativo”, ya que se considera “la propiedad cooperativa es una forma de propiedad privada, y no una forma de propiedad social” (Diputado Alfredo Murga, www.aporrea del 14-3-09).
En el movimiento cooperativo este enfoque ha creado inquietud, ya que la naturaleza social de la propiedad construida en su ámbito, así como su forma autentica de funcionamiento, lo hace sin duda expresarse como propiedad social, y con componentes socialistas, que dan ejemplo a muchas entidades que llevan la palabra socialista en su propio nombre. Ojala se discuta el asunto entre quienes le quitan lo social al cooperativismo, quienes le ponen socialismo a formas tradicionales de estatismo, y por supuesto quienes practican el cooperativismo genuino.
Por diversas razones el texto ha quedado relegado en la agenda legislativa de este segundo semestre. Otros proyectos sobre temas igualmente medulares, han sido prioritarios para quienes definen esta agenda (educación, elecciones, lo militar, el trabajo).
De todos modos, este tema de la propiedad social está latente, habida cuenta que desde hace unos cinco años, viene fomentándose las empresas de producción social, diríamos que hermanas de la propiedad social.
Una de las justificaciones enunciadas para el fomento de la propiedad social consiste en superar la propiedad capitalista, así como también la experiencia socialista que se ha conocido desde el surgimiento de la extinta Unión Soviética y quienes siguieron este modelo. Tamaña pretensión obliga a un esfuerzo considerable de análisis, estudios, debate para una construcción que implicará impactos y riegos considerables en el futuro de la nación. Donde se elaboran estos estudios y análisis, parece un secreto bien guardado. Donde se debate y quienes participan de ello, igualmente pareciera ser algo clandestino.
Un cierto adelanto es asomado desde el escenario parlamentario, al afirmarse “que la propiedad social es de carácter colectivo no cooperativo”, ya que se considera “la propiedad cooperativa es una forma de propiedad privada, y no una forma de propiedad social” (Diputado Alfredo Murga, www.aporrea del 14-3-09).
En el movimiento cooperativo este enfoque ha creado inquietud, ya que la naturaleza social de la propiedad construida en su ámbito, así como su forma autentica de funcionamiento, lo hace sin duda expresarse como propiedad social, y con componentes socialistas, que dan ejemplo a muchas entidades que llevan la palabra socialista en su propio nombre. Ojala se discuta el asunto entre quienes le quitan lo social al cooperativismo, quienes le ponen socialismo a formas tradicionales de estatismo, y por supuesto quienes practican el cooperativismo genuino.
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