martes, 21 de febrero de 2017

SALARIOS Y BONIFICACIONES PARA ESTAR PEOR


Empezando el año se decreto una revisión del salario mínimo a partir del 1 de Enero. Era la 3era revisión consecutiva cuyos lapsos entre una y otra era de 60 días, reflejo directo del camino sostenido hacia una hiperinflación en el presente año. Para este 1ero de Marzo se completa otro nuevo ciclo de sesenta días, el aumento del ingreso de los trabajadores ya está decretado con el aumento del valor de la unidad tributaria que a partir de la presente fecha pasa de Bs 177 a Bs 300, lo que representa un incremento del 70% que repercute directamente en el bono de alimentación que pasaría de Bs 63.720 a Bs 108.000 mensuales.

  Este proceso que da lugar a que los trabajadores perciban más ingresos por la bonificación (Bs 108.000) que por el salario mínimo (40.638), donde lo primero representa 2.65 veces los segundo, lo que se traduce en una real situación de bonificación de los salarios.  Este fenómeno nos remite al proceso que a lo largo del período  que va desde fines de los años 80s hasta 1997, que llegó al extremo de que la bonificación representaba cuatro veces más el salario mínimo, por lo que en un momento dado los trabajadores percibían de salario mínimo Bs15 bolívares diarios, en cambio tenían Bs 75 de bonificación, cuatro veces más. En este momento tenemos una relación que fomenta la bonificación al tiempo que desalariza el ingreso de los trabajadores, el fenómeno ha sido continuado y en cada ocasión de revisión del ingreso la brecha se amplia a favor de la bonificación. 

  Esta tendencia es de consecuencias muy importantes para que sea promovida al margen de los actores productivos y laborales. Existen países en donde las cargas distintas al salario son de poca monta, y ofrecen un pago sustancioso de los salarios. En nuestro caso se han fomentado cargas al empleador basadas en la condición de asalariado tutelado, pero manteniendo muy bajos salarios. Todo ha ocurrido sin que se ha haya fomentado la creación de empleos de calidad. ¿Que es lo que se quiere? ¿Hacia donde se pretende llevar la situación de los ingresos del trabajo? Son temas pendiente de debatir.

  Está muy bien entendido la distinción entre bonificación y salario porque este último implica repercusiones directas en todos los conceptos que han de retribuirse al trabajador en su condición de dependiente, en cambio la bonificación tiene algunas restricciones por no tener carácter salarial, especialmente en la relativa a las utilidades, en las bonificaciones por vacaciones y en las prestaciones sociales, entre las más importantes. 

  Esta evolución de la bonificación que es del mismo valor para todos los trabajadores que lo perciben,  también implica que al revisarse sólo el nivel de los salarios mínimos,  no se tocan las categorías que ganan por encima, salvo que este incremento los supere, entonces se corrige para que no quede nadie por debajo del mínimo. De ello deriva una tendencia a homogeneizar los salarios y en general los ingresos laborales de los trabajadores. Tendemos a ser una sociedad más igualitaria, pero aceleradamente más pobre con la igualación hacia abajo.

  Para mantener los diferenciales una opción es incrementar las categorías superiores en las mismas proporciones en que fue incrementado el propio salario mínimo, obviamente este incremento ensancha la brecha en valores nominales, pero no en términos relativos. En otras palabras esto serían aumentos generales de salarios. Es la opción que evita la continuada reducción de los diferenciales. 

 Colateralmente la bonificación tiene consecuencias perversas para el sistema de la seguridad social ya que le resta recursos. Los aportes que se hacen en función de los salarios, tanto los patronales como de los trabajadores, dejan de tomar en cuenta el 73% de los ingresos ordinarios de los trabajadores. Agreguemos que la justa incorporación al jubilado del equivalente de la bonificación por alimentos, hace más dependiente sus ingresos pensionales del presupuesto público y no del sistema de seguridad social. Esto en el fondo implica unas pensiones más inestables, si bien se pueden estar cobrando regularmente, mes a mes, pero con billetes con menor poder adquisitivo, emitidos para mantener las pensiones como un programa más de la asistencia social.

  Por supuesto que los planteamientos expuestos no atienden a la preservación del poder adquisitivo de los salarios, es decir los salarios reales. La teoría que reconoce que los salarios han de incrementarse porque dinamizan la economía exige que haya producción nacional. De lo contrario estos incrementos se convierten en cada vez menor adquisición de productos y servicios, cada vez más escasos y por tanto más caros. Y si aparecen de pronto en los anaqueles, ello proviene de misteriosas importaciones con precios claramente dolarizados a tasas cercanas o equivalentes a las del mercado paralelo. En este contexto las revisiones de los  salarios son un espejismo, solo sirven para fines propagandísticos del Ejecutivo, pero para quienes lo perciben lo ven con preocupación y como una abierta falacia.  

  Recordemos que no se maneja en la toma de decisiones ninguno de los típicos índices propios de la revisión salarial, como son:

  • Los de costo de vida, ya sea generales, por regiones, por segmentos de ingresos; de los niveles de precios por rubros; 
  • Del estado del uso de la capacidad productiva, de la producción en unidades y en valores monetarias; 
  • De la productividad por el uso eficiente de los recursos; 
  • De los niveles y de la calidad de los empleos; 
  • De las inversiones para mejorar y mantener la capacidad productiva; de estímulos a los productores. 

  Todas las decisiones sobre salarios que se han venido tomando desde el Ejecutivo no son debatidas con los factores de la producción,  y tampoco con las instituciones que disponen de la representación propia de una sociedad con una constitución que fija estos procedimientos. Lo acordado unilateralmente no pasa de ser intentos de muy corto alcance para corregir las anomalías que predominan en el acceso a los bienes para la sociedad y en el funcionamiento normal del sistema productivo.

  Se afirma de parte del Ejecutivo que esta política salarial está enmarcada en leyes de emergencia económica, del plan de la patria y del presupuesto nacional, pero es evidente que se trata de instrumentos referenciales que no han sido discutidos y debatidos en los espacios propios establecidos en la constitución de la república. Todo ello agrega desconfianza a los agentes económicos. No hay rumbos claros en lo económico, por tanto continúa el deterioro para la sociedad tanto del lado del trabajo como de las empresas. 

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