martes, 29 de noviembre de 2016

VICTIMAS DE LA INTOLERANCIA EN AMBIENTES LABORALES


 En las relaciones laborales se continúan presentando situaciones irregulares que muestran las dificultades que existen para los trabajadores al ejercer sus derechos ciudadanos y laborales, especialmente si el patrono es una institución del Estado. 

  A la condición de subordinado que caracteriza a todo trabajador ante el empleador, quién le fija y le supervisa las tareas, le da órdenes, le pide rendición de cuentas, se han establecido restricciones que agregan subordinaciones más allá de la condición de trabajador, al limitarle su autonomía para actuar con sentido crítico y autónomo. 

 Para contrarrestar y equilibrar esta asimetría, los trabajadores tienen la opción de organizarse colectivamente, como está universalmente reconocido y en el caso de nuestro país hay una tradición de largas décadas en ese sentido, que se desataron con el fin del gomecismo. Algunas pocas organizaciones petroleras y magisteriales ya cuentan con ochenta y setenta años de existencia. Sin embargo el grueso de las mismas tuvieron en las décadas del 60 y 70 un ambiente político y económico favorable para nacer y estabilizarse. 

  Además los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, a la cual pertenecemos desde su misma fundación en 1919, han venido construyendo una doctrina universal para el respeto a la condición de trabajador tanto en lo individual como en sus organizaciones creadas para su defensa y mejoramiento. Los dos convenios fundamentales en este sentido son el No. 87 de 1948 “Convenio sobre la libertad sindical y  la protección del derecho de sindicación” y el No.98 de 1949 “Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva”, ambos como se puede observar nacen al calor de la II post guerra mundial en momentos de reconocimientos de la necesidad de avances democráticos, han sido ratificados por nuestro país y por tanto su contenido forma parte de las relaciones laborales. Hecho insuficientemente conocido por los trabajadores, y ampliamente negado y violado por el pensamiento autoritario que predomina en esferas estatales. 

  Se espera que todo ciudadano, trabajador o no, tiene algún grado de inclinaciones y de identidades. De estas últimas la más elemental y temprana es con su familia, pero también con su grupo étnico, o categoría social y económica, con su país, con la religión que predomine a nivel familiar. El desarrollo de su vida va agregando vinculaciones que determinan nuevas adhesiones. Así tenemos las ideológicas, las políticas, las de aficiones determinadas. En toda sociedad funcionan acciones colectivas y movimientos sociales que se nutren de los ciudadanos, de los trabajadores, hombres, mujeres, jóvenes, residentes urbanos y rurales. 

  En tanto trabajador se plantean diversas opciones de identidades, como con el oficio, la profesión o actividad que realice, con las organizaciones para las cuales trabaja y con las que aglutinan por la condición de trabajador.

  La condición de miembro de una organización de trabajadores y al mismo tiempo tener simpatías por una determinada alternativa ideológica y política diferente a la oficial, se le ha convertido en un   problema  a aquellos trabajadores que no comulgan con quienes gobiernan. Es decir, esto se traduce que si trabajas para un ente estatal pierdes la autonomía de pensar, criticar, ser parte de una organización partidista o de alguna iniciativa social disidente y crítica, por tanto la participación en eventos públicos trae como consecuencias que el trabajador es hostigado en su trabajo, visto con desconfianza, sujeto a discriminaciones para acceder a derechos y hacer normalmente su carrera laboral y profesional.

  Se trata de manifestaciones de intolerancia que describen un ejercicio gubernamental alejado de principios democráticos y participativos. La verdadera democracia en un ambiente laboral es convivir para el progreso y la paz en tanto la condición de trabajador, independientemente de la ideología, cultura, religión, sexo o preferencia sexual, edad, nacionalidad. Lo laboral es una condición necesaria para varias dimensiones empezando por la satisfacción de las necesidades más elementales como es la alimentación y el hogar. Los ingresos percibidos por el esfuerzo laboral se destinan en primer lugar a esas necesidades, pero se amplían más allá como es el vestido, salud, educación, recreación. Por ello negar el desarrollo de las personas en las instituciones estatales, o el mismo empleo sólo por no pensar de la misma manera que como piensan quienes en un momento circunstancial ejercen el gobierno es una situación violatoria de principios básicos de la condición humana. Todo discurso de desarrollo social, de socialismo o cualquier ideología que peque e incurra en esta violación merece el más contundente repudio.


   Observamos que los trabajadores que disienten de las políticas que han traído escasez, penurias, empobrecimiento y el que se hayan perdido extraordinarias oportunidades para el mejoramiento del país y sus ciudadanos, ejercen con valentía su disentimiento muy a pesar de las gravosas consecuencias personales y familiares. Es un tema central a resolver en cualquier diálogo que pretende al menos la convivencia. 

viernes, 18 de noviembre de 2016

El diálogo porque hay fracaso y frustración


¿Por qué Venezuela está en la actual caótica situación política, social y económica? Esta situación es el resultado de la confrontación y de la polarización, y de la ausencia de diálogos sin balances de los poderes públicos. En lo social, debido a los altos índices de violencia y el deterioro de algunos indicadores sociales, como los de salud y educación. En lo económico, por el aumento de la pobreza, la disminución generalizada de la calidad de vida, la inflación alta y tres años continuos de decrecimiento. Por su parte, el régimen da importancia al fomento de nuevos discursos y relatos y de los programas sociales, a través del control comunicacional en diferentes medios.

Lo político

  La confrontación y la polarización ha sido una constante en lo que corre del presente siglo. Inicialmente, la revolución bolivariana levantó muchas expectativas. Sus triunfos electorales a partir de diciembre de 1998 fueron repetidos hasta 2007, momento en que sufrió su primer revés importante al no ser aprobada una propuesta de reforma constitucional.

  Este proyecto ha tenido fuertes contratiempos para mantener buenos resultados electorales en las elecciones parlamentarias nacionales, las cuales ha perdido en las dos últimas votaciones. En las elecciones de 2015 se dio el resultado más amplio a favor de la oposición, que obtuvo las dos terceras partes del parlamento. Hasta entonces la revolución bolivariana había gobernado hegemónicamente con una oposición en situación de permanente minoría.

  La reacción gubernamental ha sido obstaculizar la actividad parlamentaria utilizando al Tribunal Supremo de Justicia, en particular la Sala Constitucional que el Ejecutivo controla como su apéndice y que ha venido anulando casi todos los actos legislativos, inclusive la suspensión de los parlamentarios del Estado Amazonas. Dicha Sala Constitucional es un elemento clave de la agudización de la crisis política al apoyar todas las solicitudes del Ejecutivo. La fortaleza que tuvo la revolución bolivariana de medirse electoralmente y batir a los opositores hoy se ve disminuida.

Lo social
La calidad de vida del venezolano se ha venido a menos. Y no sólo son las condiciones materiales de vida las que desmejoran; el futuro se diagnostica muy complicado. Si bien se plantean opciones para avanzar hacia un mundo mejor, muchos han optado por irse.
  No ha sido necesario que una guerra haya devastado ciudades y campos como ocurrió con la diáspora europea post Segunda Guerra Mundial. Tampoco las cruentas dictaduras del cono sur que ahuyentaron a parte de la población, o una guerra donde guerrillas se convirtieron en ejércitos y se enfrentaron al gobierno con una respetable cantidad de efectivos y armamento, como en Colombia. Nuestra emigración masiva ha sido por la pérdida de oportunidades y porque la política económica tomó un camino que desperdició enormes recursos y desaprovechó las capacidades que ofrecía su gente y sus empresas.

Lo económico
El principal problema económico es el modelo de regresividad productiva. Transcurridos más de década y media, el balance en cuanto a modelo productivo es poco alentador. Desde hace tres años tenemos una inflación de más de tres dígitos, una de las más altas del mundo. Desde hace tres años hay un decrecimiento del PIB; -3, en 2014; -6, en 2015; y se estima que al cerrar el 2016 será de -10.
Cada vez se importan más bienes porque aquí no se producen. Se da la paradoja de plantas paradas o casi paradas y la llegada de similares productos, cuando esas plantas han estado esperando lo necesario para activarse. En función de lo anterior, se han creado desde el Gobierno o con su aliento, multitud de empresas sólo con fines de importación. Asimismo, no hay un debate público e institucional de los precios que se pagan por las importaciones, por lo que se evidencian problemas con los precios la calidad y otros aspectos sensibles en los procesos de adquisiciones, como en el caso de la importación de alimentos y medicinas.
Se han paralizado plantas de fabricación de bienes porque no se les asignan divisas para materias primas o elementos necesarios para la manufactura. La asignación además es irregular y sin fechas que permitan planificar. No hay bases para que los cronogramas entre proveedores y clientes puedan cumplirse. Hay empresas que han acumulado deudas con proveedores, con quienes se han perdido relaciones de confianza comercial. Hay plantas que han parado porque no reciben los insumos de empresas nacionales como proveedoras, que igualmente tienen problemas con la consecución de los suyos; y no se está invirtiendo en capacidad productiva para renovar el parque industrial. Se estatizan plantas porque se acusa a sus propietarios de ser conspiradores, o de hacer guerra económica.

 Se  han aplicado sanciones basadas en inspecciones y motivaciones ajenas a lo productivo y a lo económico. Se ha descalificado a empresarios y a determinadas marcas comerciales. Empresarios han dejado de invertir por incertidumbre, miedo y falta de confianza. Las plantas que venían exportando fueron acusadas de desatender el mercado interno y sobre esa base fueron estatizadas, dejaron de exportar, bajaron la producción y ahora se importan esos bienes que antes se exportaban. Algunas de estas plantas estatizadas también han paralizado, no obstante las ventajas y privilegios en la asignación de divisas, en la permisividad de los trámites públicos y en asegurarles la compra de lo que produzcan.

Efecto dominó
  Las condiciones de trabajo también tienden a desmejorar: se incumplen o se congelan los beneficios de los convenios colectivos. Estas incertidumbres han dado lugar a las migraciones de personal, gran parte muy calificada.
  Los trabajadores organizados están aislados o marginados del debate sobre el modelo productivo. Los mecanismos históricos de organización y acción reivindicativa de los trabajadores no son estimulados por las políticas públicas, sino que se promueven otras alternativas que se superponen sobre aquellos y generan situaciones de fricciones y controversias en el seno de los trabajadores de las entidades productivas.
  Los centros de formación de talento y de investigación experimentan restricciones que las lleva a invertir sus energías en sobrevivir, ante el acoso de las reducciones presupuestarias y de medidas que les obligan a sacrificar la calidad y la profundización del conocimiento, y así satisfacer contradictorias exigencias gubernamentales que nos alejan de la construcción de bases soberanas de independencia tecnológica y científica, en tiempos de las sociedades del conocimiento.

  Y por parte del gobierno solo vemos que firman acuerdos comerciales que se traducen en nuevas importaciones, lo que incide en la estabilidad productiva con efectos en los empleos, salarios, y pagos fiscales que de estar plenamente en producción ingresarían en las arcas públicas.

jueves, 10 de noviembre de 2016

REVISION SALARIAL DESINSTITUCIONALIZADA


Este primero de noviembre se inicia con nuevos incrementos en los ingresos de los trabajadores, tanto del salario mínimo como del bono de alimentación. Apenas sesenta días antes, el primero de septiembre se hizo el anterior incremento. El cuarto incremento en lo que va del año, pero no tienen mayor repercusión en evitar el deterioro de la calidad de la vida de la población, que se sigue deteriorando. 

  Estos incrementos de los ingresos tanto salariales como bonificaciones, ya superan el cuatrocientos por ciento anual. Pero sin que lo mencionen los órganos oficiales, la inflación va muy por arriba de esos porcentajes, por ejemplo Cenda institución dedicada al seguimiento de los índices de precios, registra para septiembre un incremento en alimentos del 670%, algunos de ellos muy por encima, como azúcar y similares 2.780%, cereales y derivados 2.393%, grasas y aceites 1.830%. En fin, día a día a los trabajadores se les rebaja su salario real, aquél que más importa porque tiene que ver con el poder adquisitivo, con su capacidad de compra de bienes y servicios. 

 Por varios años somos el país con la inflación más alta del mundo, y el peor desempeño en el continente, y no obstante se siguen repitiendo los mismos formatos para conducir y tomar decisiones. La incapacidad para rectificar ante tan negativos resultados se sustenta en acusar a terceros como los culpables, se sigue repitiendo que el país es víctima de las consecuencias de una guerra económica, conducida por las conspiraciones de la derecha apátrida en alianza con el imperialismo y factores internacionales. 

  Resolver el bienestar de la población trabajadora requiere esfuerzos mayores que los puros decretos de aumentos de salarios, decididos unilateralmente al margen de otras consideraciones y compromisos institucionales en lo económico y político. Si fuera así, que fácil sería el funcionamiento de una sociedad. El asunto es más complejo, de aquí que la variable salarios y bonos de alimentación funcionan en un sistema de relaciones con otros factores que si no se vinculan e integran, el impacto de los incrementos no logran sus propósitos. Lo predominante en América Latina es la negociación tripartita.

  Se ha demostrado que los ingresos de los trabajadores generan importantes impactos en la economía, porque estos ingresos se convierten directa e inmediatamente en la adquisición de bienes y servicios, lo que motoriza al sector productivo. En cambio, el ingreso del capital y de quienes disfrutan de los más altos niveles de ingresos, tiene destinos más diversos, entre ellos algunos más allá del impacto en la economía interna, porque parte de sus ingresos tienen la posibilidad de convertirse en ahorros, en adquisiciones en el exterior, tanto por inversiones como  gastos.

  La capacidad de ahorro de los trabajadores se ha reducido a su mínima expresión. Ello se evidencia en la solicitud de adelantos de prestaciones sociales, también en la permanente recurrencia a las cajas de ahorros hasta el mismo limite estatutario de atender las solicitudes de acuerdo a la capacidad del solicitante. 

  El gobierno ha creado y mantiene un ejército de funcionarios para el control de los precios, de la producción y distribución, sin embargo se incrementa el nivel del costo de vida  a niveles inéditos en la historia de la economía del país, con el contraste que la baja de la producción va por su cuarto año de descenso.

  Los intercambios para mejorar los salarios se iniciaron en el país por las negociaciones colectivas, que si bien ocurrían en los sectores modernos y mejor organizados, pero servían de referencia a aquellos sectores en donde no había ni sindicalización ni convenios. En la década del 60 fue clave en el fomento de estas prácticas de mejoramiento salarial. No hubo ningún decreto de incremento salarial, pero sí hubo mejorías en el nivel de vida de la población trabajadora. Incluso el único decreto que se registra en esta década fue para desmejorar los salarios de los trabajadores al servicio del Estado, que les rebajó en un 10% sus salarios apenas iniciaba su gobierno Romulo Betancourt, en el marco de ley de medidas económicas de emergencia. 

  Para entonces los salarios mínimos sólo existían en algunos convenios colectivos. Fue en 1975 que por primera vez se estableció por decreto un salario mínimo nacional. El impacto de los ingresos extraordinarios que la economía venezolana recibió como consecuencia del primer boom petrolero dio lugar a que por primera vez se alcanzara una inflación de dos dígitos, al llegar a 11% anual.   

  En la Ley Orgánica del Trabajo de 1990 se estableció un avance importante en cuanto a involucrar en la revisión del salario mínimo a los propios actores productivos y a la exigencia de consultar a dos órganos del ámbito económico, el Banco Central de Venezuela y el Consejo de Economía Nacional. De aquí que se institucionalizó un mecanismo que exigía la negociación de los órganos representativos de los empleadores y de los trabajadores. Los empresarios contaban por supuesto con una tradición de disponer de asesores con larga tradición en el análisis económico. Por su parte los trabajadores, ya desde principios de los años ochenta se venían apoyando en las orientaciones de académicos de reconocida trayectoria, destacándose el papel jugado por D.F Maza Zavala, el más reconocido economista para su tiempo. 

  Todos estos procesos de consulta y negociaciones permitían arribar a un acuerdo que debía someterse al Parlamento, en donde se producía un debate que involucraba a fracciones parlamentarias tanto gubernamentales como opositoras de todas las corrientes. Finalmente se concluía en una decisión que firmaba el Presidente de la República.


  Hoy, el camino que se ha seguido prescinde de los propios actores del mundo de la producción, empresarios y trabajadores, de los órganos especializados en materia económica, y del más genuino ente de la representación popular como es el Parlamento. Un Presidente que acumula una trayectoria de desacertada conducción económica que ha empobrecido a todo un país, sigue ejerciendo de manera total el ejercicio de lo que tiene que ver con asuntos fundamentales como son salarios, producción y nivel de vida de toda una sociedad. 

martes, 1 de noviembre de 2016

EL NO EJERCICIO ELECTORAL: CAMINO A LA INCERTIDUMBRE


   La constitución nacional, en cada sociedad, es el contrato social que aglutina y facilita la convivencia entre la diversidad de personas e instituciones que integran a la nación. Ahí está desarrollada la relación del Estado y la sociedad, así como la de los poderes públicos y los ciudadanos. 

  La que hoy nos rige desde el 1 de enero de 2000 ha tenido la bondad de haber sido divulgada profusamente, al menos en su imagen. Sus ediciones en diversos tamaños y especialmente las de formato de bolsillo, contribuyeron favorablemente para que la población la mirara. 

 El Presidente Hugo Chávez contribuyó a popularizarla con su permanente imagen y recurrencia,  blandiendo el pequeño libro azul ante las audiencias y las cámaras televisivas. La frase “dentro de la constitución todo, fuera de ella nada”, ha sido de uso común por gobierno y por oposición. 

  La amplia mayoría conseguida por el Polo Patriótico en las elecciones de la Asamblea Constituyente le permite diseñar una nueva Constitución en donde no tuvo necesidad de hacer concesión alguna a las fuerzas opositoras. El proceso fue acelerado y el Gobierno contó con la ventaja de una hábil fórmula matemática que en una Asamblea Constituyente de 132 miembros, tan sólo seis fueron electos fuera de la lista gubernamental, verdaderamente un dominio total. Aunque es necesario destacar que el carácter absolutamente uninominal del sistema electoral, determinó que con un 66% de votos el Gobierno obtuvo el 95% de los constituyentistas. Entre agosto y diciembre, en una marcha forzada, acelerada y zigzagueante, se discute y aprueba la nueva Constitución. La interferencia del Presidente fue abierta, en el sentido de hacerles cambiar contenidos en asuntos relevantes, luego de que los mismos asambleístas habían llegado a un determinado consenso. 

  En todo caso esta Constitución a diferencia de la derogada, la de 1961, nace bajo un clima poco consensual, ya que la propia convocatoria al referéndum que consultó a la nación, sobre este texto, tuvo una abstención del 55 por ciento. Quienes votaron, se repartieron en un 70% por el sí y el resto por el no (El Nacional 16-12-1999). Así que al final un tercio de la población afirmó la nueva Constitución.  A los dos años de su vigencia el Presidente y la oposición, señalan reservas en cuanto a su contenido. Era inminente que muy pronto empezarían sus reformas.  

  Sustituyó a una Constitución, la de 1961, que tenía la fuerza de haber sido la de más prolongada vigencia en la historia constitucional venezolana. Fue redactada por el primer parlamento de amplia pluralidad donde no había ninguna fuerza hegemónica, nacido luego del gobierno dictatorial de Pérez Jimenez, derrocado por protestas populares y militares, quién abandonó el poder y el país el 23 de enero de 1958, y diez meses más tarde se realizaron elecciones del Ejecutivo y del Legislativo, teniendo este la función de elaborar la nueva constitución, la que fue construida partir de la Constitución de 1947, de la que se tomaron sus postulados ampliándolos y actualizándolos, que fue para entonces realmente una Constitución revolucionaria, que vino a producir un corte abrupto con el gomecismo y su secuela. 

  El inicio del proceso democratizador venezolano de 1958 contó con unas elecciones presidenciales y legislativas en diciembre de ese mismo año, que atrajo una entusiasta participación electoral  de más del 92%, que sigue siendo el porcentaje más alto en la historia electoral del país. 

   Las décadas de los años sesenta, setenta y primera mitad de los ochenta, contribuyeron a consolidar el sistema político venezolano, evidencias son los porcentajes de abstención electoral, verdaderamente bajos: 

1963                            9.22%
1968 5.64%
1973 3.48%
1978 12.44%
1983 12.25%




  

  Comparando la participación electoral en el período 1958-2007, Héctor Briceño (Participación electoral y cultura política en Venezuela 1958-2007) nos muestra la muy alta participación electoral en las presidenciales en el período 1958-1989 por encima del 90%, en cambio en el período 2000-2008 de un 65%, notablemente menos en las regionales, siendo 59,3 y 53,1 respectivamente. 

  Estos antecedentes son referencias para analizar un elemento que se agrega a otras situaciones complejas en la etapa reciente que se vive en la sociedad venezolana, como es la aspiración de la población de ejercer sus derechos electorales. 

  Una de las fortalezas del periodo bolivariano fue el de promover la realización de elecciones, ya que a la alta participación electoral mostrada en el período 1958-1989, se había iniciado a principios de los años noventas una baja en la misma. Vino la revolución bolivariana y propuso los procesos refrendarios que activaron la frecuencia electoral. Aunque sus discursos y planteamientos eran más proclives a analizar los problemas políticos y sociales, pero menos a los económicos. Y resulta que en la medida que estos no se resolvían sino que por el contrario se agudizan, la revolución no ha podido resolver problemas elementales para el ciudadano, y ello evidentemente traería consecuencias electorales.

  A la crisis por la escasez de alimentos, de medicinas y de otros bienes para el funcionamiento y satisfacción de las necesidades normales de los hogares y de los centros productivos, también la falta de seguridad ciudadana, se agregan en los últimos años las dificultades para el ejercicio de los derechos  políticos, por lo que se han multiplicado las persecuciones, los exilados, los presos políticos, y los obstáculos para el ejercicio de los derechos electorales, emitiéndose decisiones del TSJ y del CNE que alteran los conceptos y principios constitucionales, todo con el propósito de obstaculizar e impedir las consultas electorales.     
  
La dificultad de entender y practicar honestamente que “dentro de la constitución todo, fuera de ella nada”,  nos coloca en este momento en una mayor incertidumbre que la ya conocida.

@hl_lucena