miércoles, 26 de agosto de 2015

ASALARIADOS NECESITAN REVISION SALARIAL ANUAL



  La inflación en los niveles de tres dígitos viene ampliando la desigualdad entre capital y trabajo. La inflación en la medida que ha venido aumentado ha ampliado la brecha entre los salarios nominales y los salarios reales. Los aumentos anuales de salarios mínimos y de salarios en niveles superiores están por debajo de la inflación. Se ha demostrado que la política de revisión exclusivamente de los salarios mínimos apenas lo que había alcanzado hasta el pasado año 2014, era preservar su poder adquisitivo sin incremento real. No tenemos política salarial que permita equilibrar esta desigualdad creciente. Uno de los pocos elementos de política salarial que sobreviven a duras penas son los convenios colectivos.  

   La elaboración de los proyectos de convenios colectivos para presentarlos a los patronos es una tarea demanda a los sindicatos una especial dedicación. Para ello se siguen en primer lugar por la manera como ha sido la administración del convenio vigente. Se toma en cuenta la fluidez o dificultad de cada una de las cláusulas, es decir de las condiciones de trabajo o asuntos objeto de la negociación.

  Es importante tener presente que en nuestras relaciones de trabajo los convenios colectivos suelen ser frondosos, incluyen cláusulas sobre diversos temas, en donde predominan aquellos relacionados con asuntos no productivos, sino más bien de beneficios a los que los trabajadores aspiran. Nos encontramos con convenios que pasan de las cien cláusulas. De ahí que las negociaciones pueden ser largas sobre temas muy diversos. 

  Esa frondosidad temática en el contenido de los convenios colectivos proviene de larga data. Se trata de los convenios pioneros como fueron los petroleros y los mineros, que nacen a mediados de la década del cuarenta. Recordemos que las regiones en donde se inician estas actividades extractivas eran de muy escaso desarrollo urbano, además de inhóspitas. De aquí que un convenio atendía un amplio espectro de temas de la vida del trabajador y su familia, tales como educación, salud, farmacia, recreación, vivienda, transporte. En esas zonas productivas no existían esos servicios proveídos por el Estado. Además esas actividades económicas brindaban una alta riqueza a las empresas, y el costo de la mano de obra local era sumamente bajo. Por otro lado, las empresas incluían en sus nóminas a expatriados a quienes tenían que brindarle adecuadas condiciones de vida.   

  Con el tiempo, el país inició un proceso de industrialización y modernización productiva tanto con los aportes de la inversión privada como pública, y en estos nuevos centros productivos las empresas como los sindicatos adoptaron convenios colectivos que igualmente incluían la diversidad de cláusulas y  beneficios que habíamos visto en los sectores pioneros del petróleo y del hierro, a pesar de estar instaladas en centros urbanos dotados de los servicios e infraestructura requerida para los trabajadores y sus familias. Este patrón de contenido de convenios colectivos seguía recargando a las relaciones laborales con multitud de servicios económicos y sociales, que correspondían más bien al compromiso estatal sea por el gobierno nacional o local. Las relaciones laborales descargaron al Estado de estos servicios para la población contractualizada. El Estado los prestaba al resto de la población no cubierta por los convenios colectivos. Con el tiempo este patrón ha venido cambiando, y apenas hoy se observan los servicios de salud, vía los seguros de hospitalización, cirugía y maternidad. 

  Pero en la realidad de una inflación de tres dígitos, el problema de la discusión salarial adquiere relevancia desconocida en las relaciones laborales venezolanas. Estamos en el año de la inflación más alta de nuestra historia, al menos de la que se tengan registros. Tengamos en cuenta que el Banco Central de Venezuela fue creado en 1939, y desde entonces ha venido proveyendo datos de la inflación a la sociedad venezolana. 

  Con lo expuesto lo que se quiere destacar es que la discusión salarial es tan imperiosa que requiere ser más expedita, al menos anual con mecanismos confiables y rigurosos de seguimiento de la inflación para adecuar ajustes, pero no estamos hablando del salario mínimo, sino de los salarios en general. Se trata de equilibrar el hecho que muchos precios de productos y servicios se incrementan mensualmente. Lo anterior plantea dos negociaciones: la de los salarios y por otro lado el resto de condiciones de trabajo. La primera anual de alcance sectorial, y la segunda cada dos o tres años por empresa.  

  Los trabajadores sólo venden su fuerza de trabajo, y perciben ingresos para su subsistencia, y con ello adquieren recursos para entregar al sistema productivo y así sobrevivir. Pero vista la anarquía reinante en la distribución de los bienes alimentarios y de primera necesidad tanto en su accesibilidad como en sus precios, los que viven de un salario están siendo esquilmados todos los días cuando han de comprar sus bienes y servicios. 

  Los mecanismos de seguimiento de la inflación y de otros índices económicos y sociales venían siendo provistos por el BCV, y otros por el Instituto Nacional de Estadísticas, pero visto que estos entes priorizan la protección del gobierno antes que la objetividad necesaria para con los ciudadanos y la sociedad en general, es por lo que se impone una revisión del manejo de estos entes para que se pueda confiar en ellos para una real política salarial.

  Otro elemento importante que apreciamos en los procesos de negociación salarial es que predomina que los sindicatos fijan valores nominales para la discusión; y que alcanzado el aumento a la firma, agregan aumentos escalonados durante la vigencia, pero que todo sin disponer de una brújula que permita confianza y certeza. Es por lo que estos aumentos anuales han de ser negociados  en términos porcentuales -%-, que preserven si se consideran justos los diferenciales existentes en los tabuladores o listados de los cargos; teniendo presente que los diferenciales provienen de determinaciones previas, atendiendo a experiencias, calificaciones y desempeño. 


  La inflación desbordada agrede cada día a quienes viven de un salario que sólo venden su fuerza de trabajo. El tiempo transcurre sin que se construyan salidas y alternativas. 

miércoles, 19 de agosto de 2015

INFLACION DE TRES DIGITOS, SIN POLITICA SALARIAL NI NEGOCIACIONES COLECTIVAS



  La situación de los asalariados experimenta con sus ingresos monetarios un momento de derrota absoluta por la manera como se comportan los precios de bienes y servicios. Sus liderazgos sindicales y las políticas de ingresos andan a la deriva. Un BCV y las autoridades financieras autistas y con la cabeza dentro de la arena. Mientras tanto se acelera el desespero. Por su parte el Ministro del Poder Popular del Proceso Social del Trabajo se le ocurre decirle que no se renovaran los convenios colectivos en los entes estatales, por cierto la única herramienta de revisión salarial que más mal que bien al menos existe. Dirigentes sindicales de base plantean “Si no van a discutir contrato que nos digan entonces ¿qué vamos a hacer?”

  Declaraciones tan inquietantes llevan hacer las siguientes consideraciones:

Renovación de los convenios colectivos vencidos. El contexto de las declaraciones del Ministro fue con motivo de visita a la zona de Guayana, y por tanto se estima que sus planteamientos estuvieron influenciados por la situación de dificultades de funcionamiento de buena parte de las empresas básicas.

Sus criterios estuvieron dirigidos a justificar la posición oficial de no favorecer la renovación de los convenios colectivos vencidos o por vencerse. En anteriores oportunidades posiciones oficiales con similares pretensiones pudieron descubrirse y no por voluntad del propio gobierno, tal fue el caso en el 2009, de circular emitida desde la Vice Presidencia, quién siguiendo instrucciones presidenciales, pedía a los directivos de las entidades públicas  que no se comprometieran en negociaciones colectivas, en otras palabras coartando este derecho fundamental. Pero desde antes de esa fecha es frecuente en el sector público, el retraso de las negociaciones de los convenios. Entes estatales que han de velar por los derechos de los ciudadanos, como la Defensoría del Pueblo o la Fiscalía, hacen caso omiso a estas violaciones.

  Muchos de los propios sindicatos y algunas organizaciones no gubernamentales llaman la atención, reclaman y protestan por estos retrasos, o mejor dicho por estas violaciones, pero hasta ahora sin generar mayores impactos.

  En el ámbito privado, las cosas son bien diferentes, ya que las negociaciones ocurren oportunamente y si hubiese retraso, la intervención de la administración del trabajo y de los entes relacionados sí funcionan como lo espera la sociedad y muy particularmente los trabajadores.


B.  El Decreto con rango y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras -DLOTTT- nos trajo muchas novedades regulatorias, algunas celebradas por los trabajadores así como otras muy cuestionadas. Vemos en estas últimas que las Inspectorías del Trabajo, léase el Ministerio, no sólo son los centros de depósito del convenio alcanzado y logrado entre empresas y sindicatos, como se entendía en la anterior legislación laboral e igualmente en los convenios sobre negociaciones colectivas de la OIT, sino que ahora la Inspectoría del Trabajo somete la validez de esta convención a su “conformidad con las normas de orden público que rigen la materia, a efecto de impartir la homologación. A partir de la fecha y hora de homologación surtirá todos los efectos legales” -Artículo 450-, y que es según este órgano público que el documento entrará o no en vigencia.

  La intervención restrictiva del ente llamado Ministerio del Poder Popular del Proceso Social del Trabajo, podrá no homologar parte del contenido del convenio colectivo negociado por las actores laborales, por considerar que no está conforme con las norma de orden público -Artículo 451-. El llamado Poder Popular pasó de los trabajadores al Estado, con esto de Ministerio del Poder Popular.


C.  Se afirma que los convenios colectivos vigentes y vencidos están en revisión porque “se establecieron condiciones que las empresas no estaban en capacidad de cubrirlas”. Se infiere que aquí revisión es no negociación sino acciones unilaterales del Ejecutivo, incluso acciones externas a los propios órganos empleadores negociadores de estos convenios cuestionados.

  Se trata de acciones que minimizan la libertad sindical por criterios que le son ajenos, por un lado
se trata de empresas cuya gerencia responde exclusivamente a los criterios gubernamentales ya sea el nivel central o local, y por otro lado se carece de estructuras estables y efectivas de relacionamiento entre las partes involucradas en el quehacer productivo, para tener alguna participación e incidencia en el diseño de políticas de carácter macro y sectorial en donde están insertas estas empresas. Temas como precios de los productos, sistemas de distribución y relaciones con el mercado, inversiones, destinos de los productos, adquisiciones, tecnologías, son decididos en instancias a las cuales los trabajadores y sus organizaciones no tienen acceso, y obviamente estas son decisiones determinantes en los posibles resultados financieros y estabilidad de las empresas.

Hechos como el engrosamiento de las nóminas para incorporar lealtades y militantes políticos, va inevitablemente ahogando toda actividad empresaria, sea pública o privada. Igual que fijarle precio  a sus productos basado en motivaciones ajenas a las necesarias exigencias de todo ente productivo de disponer de recursos para mantener sus instalaciones, su personal y todos sus elementos productivos en condiciones optimas para autosustentarse y aún más para darle al propietarios los dividendos esperados, entendiendo que el propietario es la nación.

En otras palabras no hay un sistema de relaciones laborales que permita el acceso a los trabajadores a decisiones que más allá de las propias empresas inciden en su desenvolvimiento, independientemente de cuales sean los esfuerzos de quienes en el espacio productivo hacen o ponen su parte de compromiso.

  No menos importante es que ha habido un continuado proceso de ajenidad en la determinación de los Presidentes y equipos de dirección de estas empresas, los que proceden de decisiones totales del poder ejecutivo. En los últimos años la ajenidad se ha sesgado a favor de colocar militares al frente de estas empresa, trayendo más elementos ajenos en la cultura de gestión y de los procesos productivo propios de cada empresa. A quienes argumenten que hubo fugazmente un “control obrero” que empoderó a los trabajadores, realmente fue una caricatura improvisada que sirvió más bien para control sobre los obreros.

  Finalmente este tema de pretender negar los convenios colectivos firmados, así como tratar de justificar la negación de la negociación de los convenios vencidos o por vencerse es un abierto retroceso en las relaciones de trabajo venezolanas.

hector.lucena@gmail.com
@hl_lucena

domingo, 9 de agosto de 2015

QUÉ TANTO CONOCEMOS LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO



Emprendimos hacer un balance del estado de los estudios del trabajo en los últimos veinte años, tarea emprendida con colega de destacada trayectoria en la investigación, la Dra. Consuelo Iranzo -Cendes-UCV-. La publicación está próxima a salir de imprenta desde México. De los tantos ámbitos atendidos en el balance, hemos escogido para reseñar en el presente artículo, solo uno de ellos, el de los estudios sobre la organización del trabajo.  

  El cambio político iniciado a finales de la década de los noventa da inicio a un nuevo régimen político en Venezuela y por tanto ha signado toda la producción en ciencias sociales y no podía ser menos en los estudios del trabajo.

  Los estudios de organización del trabajo antes de la presente etapa no prestaban mayor atención a las perspectivas de los trabajadores. Abundan aquellos orientados al análisis de las organizaciones en la óptica de mejorar la eficiencia en el uso de sus recursos humanos, pero los estudios enfocados en el proceso de trabajo en sí mismo han incluso declinado con el tiempo; o más bien, han ido cambiando su centro de interés.

  Para comprender las orientaciones de los estudios sobre la organización del trabajo en los últimos veinte años es necesaria su contextualización. La política de apertura aplicada a comienzos de los noventa tenía como uno de sus propósitos incentivar la competitividad en las empresas, cobijadas hasta ese momento por la política de sustitución de importaciones. Fue un tiempo en que la búsqueda del incremento de la productividad estaba a la orden del día y, aún en medio de la crisis que se prolongaría por largos años, tuvieron mucha difusión los principios de la modernización organizativa. Las publicaciones buscaban resaltar los aspectos más prometedores de dicha modernización y las investigaciones de campo indagaban sobre la incidencia práctica de tales principios; es decir, buscaban determinar en qué medida estos habían sido asumidos por las empresas venezolanas.

Las principales conclusiones de tales investigaciones las podemos resumir en: 1) las empresas venezolanas se manifestaban más interesadas en incorporar innovaciones blandas que lo que se había apreciado anteriormente, cuando se privilegiaba la incorporación de tecnología dura, propio de una economía rentista; 2) eran las empresas de gran tamaño las que más se modernizaban, pero sobre todo las pertenecientes al algunos pocos grupos corporativos -Sivensa, Polar- y las transnacionales, las cuales además motorizaron cierta mejora en sus cadenas productivas por las exigencias hechas a sus proveedores; 3) se comenzaba a observar un cambio en el discurso de la gerencia, que enfatizaba la necesidad de un estilo de gestión de puertas abiertas, acorde con la imagen del empresario moderno; 4) los cambios introducidos no alteraban significativamente la organización del trabajo, en tanto no modificaban la autonomía ni la capacidad de decisión de la mano de obra, sino que el acento se ponía en generar: a) una mayor conciencia respecto a la calidad y al necesario cumplimiento de los pasos establecidos para su logro, y b)  un sentido de identificación y pertenencia con la empresa; 4) en materia de relaciones laborales, el rasgo más reseñado era la progresión de la individualización de las relaciones obrero-patronales; 5) los sindicatos por su parte se mantenían al margen de los asuntos relativos a la organización del trabajo, mientras no se alterasen las asignaciones de tareas contempladas en los tabuladores de cargos o algún otro aspecto contemplado en el contrato colectivo.

Con la entrada del siglo XXI, y concretamente con la instauración de un nuevo régimen político que demoniza términos como competitividad o productividad y que cambia las reglas de juego del sistema de relaciones laborales, decae el interés por la modernización organizativa y por tanto el de su estudio. Ello no quiere decir que desaparece el tema plenamente pues se sigue trabajando sobre algunas de sus perspectivas como es la gestión de los recursos humanos o la importancia del capital social dentro de las organizaciones. Pero en el nuevo contexto, emergen otros temas en vinculación con la organización del trabajo. En los primeros años sería el de la cogestión, en virtud de las experiencias que se emprendieron y en especial en las empresas expropiadas; el de las cooperativas de trabajo asociado, por ser una de las puntas de lanza en los inicios del gobierno de Chávez; y el de la subcontratación, práctica que cobró mucha fuerza tanto en el sector privado como público, sobre todo a raíz de que fuera decretada la inamovilidad laboral. Sobre estos temas se ha escrito mucho y desde perspectivas contradictorias, como es de esperarse dentro de la polarización existente en el país.

 Pero en este momento que los consumidores andan nerviosos buscando productos esenciales para el consumo familiar, y los empresarios y gerentes otro tanto, tratando que sus negocios puedan cumplir con los clientes, que se mantenga activa la producción y las ventas. Pero más complicada es la situación si se toma en cuenta que no sólo se trata de buscar y encontrar tal o cual bien o servicio, sino el de los recursos para pagarlo por la especulación que anda de la mano con la escasez; igual la preocupación por mantenerse dentro de los parámetros de la frondosa maraña de regulaciones e instituciones que emiten permisos, que inspeccionan y eventualmente multan. Además éstas últimas no son solo las legales, sino las que provienen de la privatización de la seguridad y la protección, la cual se extiende informalmente dentro y fuera de las entidades públicas, llegando incluso al surgimiento de mega bandas que hostigan a los centros productivos y al desplazamiento de productos.  


 En escenarios tan inusuales se ahonda el déficit en los estudios y comprensión de la organización del trabajo.

domingo, 2 de agosto de 2015

Qué es una empresa eficiente


Preguntar que es una empresa eficiente es parte del campo de la gerencia, pero también de las relaciones de trabajo, de la economía, de la política y del interés de la sociedad toda. Las empresas son activos de la nación; ellas han sido levantadas, construidas y mantenidas con el esfuerzo no sólo de sus dueños, sino de quienes ahí trabajan y sus organizaciones, así como de los consumidores que eligen sus productos y de los fines de las políticas estatales, en sus niveles que van desde el gobierno local hasta el nacional. Pero así como estos factores las han mantenido, igualmente pueden darle la espalda y contribuir a su decadencia y eventual desaparición. Una empresa que cierra es para el empleo y para la producción un retroceso. Sin embargo una empresa puede ella misma venir funcionando con dificultades, tanto que se advierte a la claras que su mantenimiento y su sobrevivencia es una cuenta regresiva para una eventual parálisis. 

Una empresa es tanto un espacio de actividad económica como social, aunque lo segundo se preserva si se satisface lo primero. 

Lo económico y lo social son variables que no sólo se conducen siguiendo las lógicas de los actores en un espacio productivo determinado, además hay en el exterior otras lógicas que repercuten en el quehacer productivo, económico y social de la empresa. Ese exterior es el llamado entorno. Siempre lo hay, con unas características y lógicas X o Y, pero que no es posible ignorar o prescindir de su existencia. 

En el entorno destacan los proveedores, los consumidores, los acreedores, las comunidades y las autoridades estatales en sus distintas instancias y expresiones, sean las ejecutivas, las legislativas, las judiciales, las municipales.   

En la percepción dominante tanto de quienes gobiernan como de otros segmentos de la sociedad, existe el convencimiento que el rentismo ha dominado el papel de la actividad económica nacional tanto privada como pública, a él se rinden buena parte de los capitales tanto nacionales como extranjeros que explotan distintas actividades productivas. Desde quienes están al frente del Estado emanan hacia los propietarios de las empresas los más severos juicios en este sentido, extendido a sus gremios. Sin embargo desde mediados de los años setenta cuando se estatizaron las dos ramas productivas más generadoras de divisas - hierro y petróleo - le ha tocado al Estado fortalecer su papel de explotador de actividades económicas y por tanto productor de bienes, imponiéndose el rentismo en muchos casos por encima de la eficiencia.

Las propiedades productivas estatales se fueron multiplicando tanto las creadas directamente,  como las empresas que han sido estatizadas y cambiaron de ser propiedad privada a estatal. Conviene destacar que al funcionamiento rentista privado en tanto no controle el poder del Estado se le dosifican los apoyos y subsidios, pero en el caso de las propiedades administradas por un gobierno que controla todos los poderes no hay limitaciones para un comportamiento rentista exacerbado. Es aquí en donde, ademas de la pérdida que significa el cierre de empresas, la sociedad viene experimentando grandes pérdidas al asumir el Estado empresas que gradualmente pasan a disminuir su producción, a asumir mayores compromisos laborales con los incrementos de las plantillas, e ir incorporando prácticas laborales ajenas a los objetivos de la producción, minando la disciplina en el trabajo, y a ir rezagándose en la modernización de los sistemas productivos. 

A favor de estos procesos se emiten justificaciones que invocan la función social de las empresas. Es indiscutible que, desde el Estado haya preocupación por ello y que, en ese orden,  se formulen políticas y prácticas. Pero volvamos al inicio; lo social requiere respaldo económico. Digamos que una empresa que por razones sociales, se descapitaliza por no prever reinversiones que permita reponer activos y modernizarse para su mejor desempeño productivo, está castigando a la sociedad toda a la pérdida de un activo que por obsolescencia o por colapso, eventualmente dejará de atender necesidades económicas y sociales para las cuales existe. Por supuesto que los activos productivos tienen una vida útil, y llegado el momento toca sustituirlo.

Mantener en buen funcionamientos los entes productivos dando respuestas a los distintos interesados, y convivir con el entorno, incluso aún siendo las regulaciones y sus administradores críticos y rigurosos, por ejemplo con las inspecciones, lleva a reconocer que, en un ambiente así,  se va a construir un sector productivo que irá dejando a un lado la cultura rentista que inhibió por un largo período el desarrollo de las potencialidades productivas. Como contrapartida es de esperar que el Estado en sus funciones centrales y la administración de monopolios realice un esfuerzo que facilite la acción productiva. Ejemplo elemental en este orden, es que la seguridad que ha de ofrecer el Estado, permita a los interesados en las empresas abocarse a plenitud al esfuerzo productivo.  

Pero esto que teóricamente puede esbozarse con algún sentido, no tiene viabilidad si desde la construcción de las políticas públicas predomina la toma de decisiones sin una visión consensuada del país que queremos. Importante recordar que en los gastos del Estado participa la riqueza de la nación como son los bienes naturales más los aportes de los ciudadanos y las empresas con sus impuestos, que hace rato representan un mayor porcentaje que lo primero. El Seniat informa que éstos aportarán un 68.8% del presupuesto del Estado para este 2015.