miércoles, 21 de enero de 2015

LA DISYUNTIVA ENTRE MAS O MENOS DEMOCRACIA. La suspensión de elecciones de Sutiss.

   18-01-15

  Cuando los intereses de empresas o instituciones de la república, los del gobierno y los del estado se integran limitando o lesionando los que corresponden a los trabajadores, los jóvenes, o a los vecinos, o a cualesquiera sector de la sociedad civil, estaríamos en una situación opuesta a lo que comúnmente identificamos como golpe de estado, que como sabemos es una acción contra el estado de derecho y su recto ejercicio. De lo que aquí destacamos es un golpe contra quienes no tienen el control del gobierno ni del estado, ni obviamente la amplísima mayoría de las miles de entidades estatales, sino sólo su conciencia y comportamiento cívico.  

  Aquí es notable destacar que si desde el gobierno y el estado se confabula para limitar o lesionar los derechos de miembros de la sociedad civil a ésta se le plantean interrogantes bien delicadas, empezando por preguntarse ¿a quien recurrir?.  Cada vez con mayor frecuencia los afectados por abusos gubernamentales y/o estatales se ven empujados a mirar hacia el exterior, así como extremar la agudeza y el ingenio para encontrar alternativas en nuestro propio contexto. Con lo primero, las entidades de los organismos multilaterales reciben frecuentemente quejas de ciudadanos y organizaciones lesionadas en esta situación nacional. En el ámbito de los derechos humanos y de las violaciones laborales hay un inventario importante, en algunos casos con pronunciamientos concretos y del conocimiento del gobierno y estado venezolano, pero sin responder éste a sus contenidos. 

  Este comportamiento contrasta con lo que fue el inicio de la revolución bolivariana, que marcó hitos en su innovación en materia política y de participación popular. Un enfoque participativo propiciado por la Constitución se tradujo en un conjunto de políticas, leyes e innovaciones participativas que fueron evolucionando con el tiempo. Como lo destaca Margarita López “En una primera etapa, entre 1999 y 2006, el gobierno del presidente Hugo Chávez estimuló la apertura del aparato del Estado a múltiples experiencias para la cogestión en políticas públicas con las comunidades organizadas”. A estas propuestas la sociedad respondió entusiastamente, todo en concordancia con procesos electorales nacionales, regionales, municipales que mostraban la satisfacción de la mayoría de la sociedad con las innovaciones. 

  Sobre estas primeras experiencias participativas, luego se produce un notable cambio, que ha dado lugar a interpretaciones polémicas y contradictorias del texto constitucional. Sin dejar de destacar el emprendimiento de su reforma a través de referéndum, un primer intento en el 2007 cuyo planteamiento central era el socialismo del siglo XXI y la reelección indefinida del Presidente de la República, con un resultado fallido para el gobierno. Luego se concretaría en un segundo intento en el 2009, una reforma constitucional en donde la propuesta se redujo a la postulación de cualquier cargo de elección popular de manera continua. El enfoque participativo empezó a reducirse, y las interpretaciones constitucionales de quienes gobiernan van limitando los espacios ganados, así como las expectativas levantadas de una mayor democracia. 

  Estos párrafos anteriores se exteriorizan al observar las restricciones al ejercicio democrático de instituciones de la sociedad, las que siguiendo sus estatutos y sus tradiciones participativas se les colocan obstáculos y zancadillas que le limitan su ejercicio democrático y participativo. En ese orden se observan los procesos electorales que múltiples organizaciones de la sociedad civil se plantean para la renovación de sus liderazgos. Destaca el caso de las universidades que tienen la tradición de elegir sus autoridades rectorales, decanales, consejos en todos los niveles, estudiantiles y gremiales. Ya van varios casos de universidades que hacen los esfuerzos para sus elecciones internas  (UCV, LUZ, ULA, UC, USB, UNET) y a última hora la sala electoral del TSJ las suspende, por la acción a veces de hasta unas pocas personas, en comunidades de decenas de miles de miembros, dejando una situación de vacío. 

  El contraste mayor de estas obstrucciones al ejercicio autónomo de la democracia, es que en todas las universidades creadas por el gobierno en estos tres lustros, más aquellas anteriores que gobierna sin autonomía, nadie es elegido por las comunidades sino que son dirigidas por autoridades impuestas por el gobierno, en muchos casos con abierto rechazo de las comunidades a ser gobernadas. El  mundo universitario acumula experiencias participativas desde 1958, que han superado el autoritarismo.

  En el mundo sindical los procesos de cierre de los espacios democráticos han sido persistentes. Haber permitido la intromisión al CNE en los asuntos electorales de los sindicatos, ha sido un caballo de Troya para invadir y limitar el ejercicio democrático. Las organizaciones sindicales recientemente han hecho sus esfuerzos y han enfrentado esta intervención, pero aun persisten sectores de trabajadores liderados por corrientes que se rinden ante el poder gubernamental y ceden sus principios y autonomía. Además el ministerio del ramo, ha sido un militante actor de la construcción de un movimiento de los trabajadores más al servicio de la revolución que de los trabajadores.  

  El comportamiento estatal no ha sido tan expedito en responder a las peticiones de los trabajadores y sus organizaciones, quienes promovieron formalmente acción de nulidad, ante el Tribunal Supremo de Justicia, consignada en Diciembre del 2013, y por tanto más de un año sin recibir respuesta sobre el recurso que introdujeron contra 15 artículos del Decreto-Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, por considerar que violan la libertad sindical. 

  El análisis viene justo cuando inesperadamente para el entusiasta colectivo laboral sidorista, concluyendo su intensa y concentrada campaña electoral, se le pretende suspender el ejercicio democrático de renovación de sus cuadros directivos. Además reconocer que el lapso de quienes han gobernado el sindicato esta extendido más allá de un año de la fecha reglamentaria, explicable por una situación extraordinaria de conflicto laboral sobre asuntos fundamentales del interés de los trabajadores. Vale recordar un hecho histórico reciente, en octubre 2001 se impusieron desde el Estado unas elecciones sindicales obligatorias, y uno de los pocos sindicatos que se abstuvo de realizarlas por considerar que debía seguir el mandato de sus estatutos fue Sutiss, ello le dio una fortaleza moral en todo el movimiento laboral venezolano.