lunes, 26 de enero de 2015

ANUNCIOS LABORALES E INCONSISTENCIAS



   Los países que viven de la exportación de petróleo, los llamados petroestados, de acuerdo a resultados de investigaciones en el ámbito de las ciencias sociales se caracterizan por una débil institucionalidad (Terry Karl). Nosotros los venezolanos y quienes aquí viven, nos acostumbramos a convivirla y hasta ser parte de esta débil institucionalidad que nos rodea y gobierna.

  Evidenciemos lo anterior por la vía de recordar los criterios y parámetros bajo los cuales se aprobó el presupuesto de la República para este año 2015:

“En el presupuesto se contempla una inflación entre 25 y 30%, un crecimiento de 3%, un tipo de cambio de 6,30 bolívares y un barril de 60 dólares.. las directrices del Presidente, Nicolás Maduro, se orientan a la creación de condiciones macroeconómicas favorables.. El presidente de la Asamblea Nacional… destacó que el Presupuesto 2015 se estableció en función del pueblo venezolano y recordó que ´Chávez decía pongan el barril de petróleo a 0$ y el pueblo no sufrirá las consecuencias, serán los privilegiados´“. (El Universal, 28 de octubre de 2014).

  Que lejos están las expectativas que se fijaron para elaborar este presupuesto del 2015 y lo que apenas empezando el año ya evidenciamos ! tamaño contraste !. Es decir que el presupuesto tendría que ser modificado radicalmente apenas en la primera semana del año. Veamos que quienes hacen estudios sobre la inflación la estiman en 4 o 5 veces más que nuestros elaboradores del presupuesto. Con el crecimiento de la economía, los organismos internacionales especializados lo ubican en -6%.  La paridad del dólar se fija a 6.30, ya se ha mencionado que  esta tasa sólo refiere a algunos alimentos y medicamentos, pero el tipo de cambio para el resto de lo que requiere la sociedad está en el limbo ¿?; finalmente el presupuesto se calculó con un precio del barril en 60 $ y sabemos que arrancamos el año con un precio por debajo de 40 $. De aquí que lo que tenemos por delante no es una crisis, sino más bien una catástrofe. El país se mueve sin brújula.

  En este orden de criterios administrativos afirma el  Presidente de la Asamblea Nacional “se garantiza el incremento del salario mínimo .. mientras la revolución esté gobernando.. seguirán aumentando el salario mínimo de los trabajadores venezolanos. Igualmente agregó  "En 15 años nunca se le ha dejado de pagar a los pensionados y las pensionadas gracias a la fracción revolucionaria. Siempre se han garantizados los recursos para el pueblo”

  Se observa que salarios mínimos y pensiones, son dos estandartes asumidos por la política oficial para llenar pancartas y discursos. En documentos de propaganda es frecuente leer que tenemos el salario mínimo más alto de América Latina. El cálculo es tendencioso, ya que se divide el salario mínimo entre 6.30, como si todo lo que consume el trabajador esta puesto en el mercado con esa tasa cambiaria. Apenas se use otra tasa de cambio, sin necesidad de llegar a la del mercado negro, nuestro salario mínimo se va al foso en las comparaciones regionales.

  Las remuneraciones en el país tienden a ser cada vez más de apenas un salario mínimo, porque muy poco se hace para incrementar los niveles salariales superiores. Año a año los trabajadores experimentan desmejoras de sus salarios reales; los trabajadores venezolanos llevan más de tres décadas de reducción; desde 1981 en adelante no se conoce lo que es una mejoría de los salarios reales.

  El mecanismo idóneo para revisar los salarios por encima del mínimo, así como las escalas y los tabuladores para los trabajadores según calificación y experiencia cada vez funciona menos, nos referimos a las convenciones colectivas. De mas de un mil quinientos convenios firmados anualmente en promedio en la década del ochenta, hemos pasado en los últimos años a poco mas de cuatrocientos anualmente. De esta manera la abierta obstrucción gubernamental  a la libertad sindical rinde  sus frutos a los empleadores públicos y privados.

  Con las pensiones, se vive una situación frágil cuando frecuentemente se recurre a la emisión de créditos público para poder completar el pago de las mismas. No existen fondos que aseguren su pago. La institucionalidad es casi inexistente.

  El único fondo que podía tener el músculo financiero para brindar certidumbre a sus afiliados, como era el de los petroleros fue esquilmado por directivos puestos por Pdvsa para administrarlo. Quinientos cuarenta millones de dólares de este fondo están en situación de riesgo. La magnitud monumental del monto sólo es posible en el sector petrolero. Los afectados son miles de aportantes trabajadores y ex trabajadores, además de sus familiares. Hasta el momento hay una investigación y un detenido, pero ninguna tiene que ver con las autoridades venezolanas, todo es en EEUU, que por razones fiscales intervinieron. En cambio aquí no ha pasado nada. Para este caso, nuestra institucionalidad no existe.

  La abierta debilidad institucional se confirma cuando se anuncian en la presente semana aumentos de salarios mínimos, que apenas semanas antes al aprobar el presupuesto de este año no aparecen por ningún lado. Igual inquietud se levanta sobre los impactos del salario mínimo en pensiones, jubilaciones, programas sociales, y no se indica la disponibilidad de recursos. ¿De que fuente emanarán?. Igual ocurre con el incremento de trescientos mil nuevos pensionados.

  Gobernar una sociedad requiere mayor institucionalidad. Que si de revisiones del mínimo salarial se trata, así como de pensiones y jubilaciones, son asuntos muy serio para ser manejado con tanta orfandad institucional. La conexión natural de estas categorías laborales con políticas macroeconómicas, con precios, producción, productividad, gestión eficiente de empresas y sectores, empleos, participación, democracia y libertad sindical son fundamentales, y la debilidad institucional pretende manejarlas como estandarte para pancartas y discursos.

hector.lucena@gmail.com
@hl_lucena

miércoles, 21 de enero de 2015

LA DISYUNTIVA ENTRE MAS O MENOS DEMOCRACIA. La suspensión de elecciones de Sutiss.

   18-01-15

  Cuando los intereses de empresas o instituciones de la república, los del gobierno y los del estado se integran limitando o lesionando los que corresponden a los trabajadores, los jóvenes, o a los vecinos, o a cualesquiera sector de la sociedad civil, estaríamos en una situación opuesta a lo que comúnmente identificamos como golpe de estado, que como sabemos es una acción contra el estado de derecho y su recto ejercicio. De lo que aquí destacamos es un golpe contra quienes no tienen el control del gobierno ni del estado, ni obviamente la amplísima mayoría de las miles de entidades estatales, sino sólo su conciencia y comportamiento cívico.  

  Aquí es notable destacar que si desde el gobierno y el estado se confabula para limitar o lesionar los derechos de miembros de la sociedad civil a ésta se le plantean interrogantes bien delicadas, empezando por preguntarse ¿a quien recurrir?.  Cada vez con mayor frecuencia los afectados por abusos gubernamentales y/o estatales se ven empujados a mirar hacia el exterior, así como extremar la agudeza y el ingenio para encontrar alternativas en nuestro propio contexto. Con lo primero, las entidades de los organismos multilaterales reciben frecuentemente quejas de ciudadanos y organizaciones lesionadas en esta situación nacional. En el ámbito de los derechos humanos y de las violaciones laborales hay un inventario importante, en algunos casos con pronunciamientos concretos y del conocimiento del gobierno y estado venezolano, pero sin responder éste a sus contenidos. 

  Este comportamiento contrasta con lo que fue el inicio de la revolución bolivariana, que marcó hitos en su innovación en materia política y de participación popular. Un enfoque participativo propiciado por la Constitución se tradujo en un conjunto de políticas, leyes e innovaciones participativas que fueron evolucionando con el tiempo. Como lo destaca Margarita López “En una primera etapa, entre 1999 y 2006, el gobierno del presidente Hugo Chávez estimuló la apertura del aparato del Estado a múltiples experiencias para la cogestión en políticas públicas con las comunidades organizadas”. A estas propuestas la sociedad respondió entusiastamente, todo en concordancia con procesos electorales nacionales, regionales, municipales que mostraban la satisfacción de la mayoría de la sociedad con las innovaciones. 

  Sobre estas primeras experiencias participativas, luego se produce un notable cambio, que ha dado lugar a interpretaciones polémicas y contradictorias del texto constitucional. Sin dejar de destacar el emprendimiento de su reforma a través de referéndum, un primer intento en el 2007 cuyo planteamiento central era el socialismo del siglo XXI y la reelección indefinida del Presidente de la República, con un resultado fallido para el gobierno. Luego se concretaría en un segundo intento en el 2009, una reforma constitucional en donde la propuesta se redujo a la postulación de cualquier cargo de elección popular de manera continua. El enfoque participativo empezó a reducirse, y las interpretaciones constitucionales de quienes gobiernan van limitando los espacios ganados, así como las expectativas levantadas de una mayor democracia. 

  Estos párrafos anteriores se exteriorizan al observar las restricciones al ejercicio democrático de instituciones de la sociedad, las que siguiendo sus estatutos y sus tradiciones participativas se les colocan obstáculos y zancadillas que le limitan su ejercicio democrático y participativo. En ese orden se observan los procesos electorales que múltiples organizaciones de la sociedad civil se plantean para la renovación de sus liderazgos. Destaca el caso de las universidades que tienen la tradición de elegir sus autoridades rectorales, decanales, consejos en todos los niveles, estudiantiles y gremiales. Ya van varios casos de universidades que hacen los esfuerzos para sus elecciones internas  (UCV, LUZ, ULA, UC, USB, UNET) y a última hora la sala electoral del TSJ las suspende, por la acción a veces de hasta unas pocas personas, en comunidades de decenas de miles de miembros, dejando una situación de vacío. 

  El contraste mayor de estas obstrucciones al ejercicio autónomo de la democracia, es que en todas las universidades creadas por el gobierno en estos tres lustros, más aquellas anteriores que gobierna sin autonomía, nadie es elegido por las comunidades sino que son dirigidas por autoridades impuestas por el gobierno, en muchos casos con abierto rechazo de las comunidades a ser gobernadas. El  mundo universitario acumula experiencias participativas desde 1958, que han superado el autoritarismo.

  En el mundo sindical los procesos de cierre de los espacios democráticos han sido persistentes. Haber permitido la intromisión al CNE en los asuntos electorales de los sindicatos, ha sido un caballo de Troya para invadir y limitar el ejercicio democrático. Las organizaciones sindicales recientemente han hecho sus esfuerzos y han enfrentado esta intervención, pero aun persisten sectores de trabajadores liderados por corrientes que se rinden ante el poder gubernamental y ceden sus principios y autonomía. Además el ministerio del ramo, ha sido un militante actor de la construcción de un movimiento de los trabajadores más al servicio de la revolución que de los trabajadores.  

  El comportamiento estatal no ha sido tan expedito en responder a las peticiones de los trabajadores y sus organizaciones, quienes promovieron formalmente acción de nulidad, ante el Tribunal Supremo de Justicia, consignada en Diciembre del 2013, y por tanto más de un año sin recibir respuesta sobre el recurso que introdujeron contra 15 artículos del Decreto-Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, por considerar que violan la libertad sindical. 

  El análisis viene justo cuando inesperadamente para el entusiasta colectivo laboral sidorista, concluyendo su intensa y concentrada campaña electoral, se le pretende suspender el ejercicio democrático de renovación de sus cuadros directivos. Además reconocer que el lapso de quienes han gobernado el sindicato esta extendido más allá de un año de la fecha reglamentaria, explicable por una situación extraordinaria de conflicto laboral sobre asuntos fundamentales del interés de los trabajadores. Vale recordar un hecho histórico reciente, en octubre 2001 se impusieron desde el Estado unas elecciones sindicales obligatorias, y uno de los pocos sindicatos que se abstuvo de realizarlas por considerar que debía seguir el mandato de sus estatutos fue Sutiss, ello le dio una fortaleza moral en todo el movimiento laboral venezolano.