martes, 3 de junio de 2014

INTERROGANTES SOBRE EL CONVENIO MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El último convenio marco de la administración pública se firmó el 27 de Agosto del 2003, hace casi once años, y luego de ocho años de su vencimiento es cuando se inicia la negociación del nuevo convenio. Tendríamos que preguntarnos ¿Por qué este prolongado retardo? Es una explicación que la han de dar los responsables, por un lado las autoridades del trabajo, por el otro el Ejecutivo y también los responsables sindicales. No existe empresa privada que tenga este retraso, ahí sí las autoridades intervienen. 

  También es importante destacar que este convenio marco es el que cubre a la mayor cantidad de trabajadores, incluye a todos los funcionarios al servicio de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, tanto activos como jubilados, excluyendo a su personal obrero, así como al conjunto de los trabajadores que prestan servicios a las empresas del estado, los que se rigen por la legislación laboral y sus propios acuerdos; igual se excluye a  buena parte del personal de docencia. 

  El anterior convenio firmado en el 2003, cubría al momento de la firma a más de 640 mil funcionarios.  En este nuevo convenio, seguro serán muchos más los beneficiarios, pero los responsables de ofrecer estas informaciones no han dicho nada, a pesar del impacto que tendrá en el presupuesto nacional.  

  Por lo que se ha conocido y denunciado desde las propias bases y dirigencia no oficialista de este sector, es un proyecto de convenio marco redactado sin la consulta con los destinatarios. Si esta aseveración no fuera cierta, tampoco aún no se ha explicado como fue efectivamente el procedimiento de construcción de este proyecto. Hay que tener presente que estos son procedimientos que han de ser transparentes. Así también que sería contra natura que la redacción del proyecto la realice el patrono.  

  El proyecto es el texto con el cual el patrono hará los estudios y análisis para evaluar las posibilidades, la viabilidad, la funcionalidad y alguna otra consideración tanto conceptual como operativa que sea propia de la condición de empleador. Es con estos elementos que dará respuesta a los requerimientos de los trabajadores. Por tanto si el proyecto tiene la mano del empleador,  entonces no estamos hablando de un convenio de dos partes, sino de la imposición del más fuerte, del empleador en la generalidad de los casos.   

  Lo anterior remite tener presente la memoria histórica de los últimos quince años. Empecemos por un propósito fallido de la Presidencia de PDVSA por los años 2000, para ese entonces presidida por el Ing Héctor Ciavaldini, quien promovió el llamado contrato modelo, redactado desde su despacho. El impacto de estas pretensiones inmediatamente solivianto los ánimos de la fuerza laboral organizada en las federaciones petroleras, que se tradujo en una huelga que hizo trizas el ensayo del contrato modelo. 

  Otra pretendida innovación oficialista en su intento de cambiar las coordenadas de los trabajadores en la revisión de las condiciones salariales y de trabajo en general, ha sido la de promover el salario social, concepto impuesto sin definiciones conceptuales discutidas con los interesados, todo con la intención de la contención de las aspiraciones naturales y legítimas de los asalariados, que ven perder y desmejorar su calidad de vida por erráticas políticas económicas y laborales de las cuales son sólo observadores. 

  En el inventario e historial de proposiciones regresivas hay que agregar disposiciones directas de la Vice Presidencia de la República, de suspensión de las negociaciones colectivas y de cualquier cambio de las condiciones salariales, paralizando negociaciones en curso y congelando los convenios. 

  En los convenios colectivos petroleros también ha de mencionarse la introducción de elementos ajenos al contenido propio de esta institución. Fue el caso de obligar a la disolución de Federaciones de larga tradición histórica en el seno de los trabajadores, como fue el caso de Fedepetrol y Fetrahidrocarburos. Se trata de un asunto eminentemente sindical y absolutamente ajeno a la relación e intervencionismo  del patrono. Imaginémonos a las Federaciones de trabajadores petroleros condicionando las fusiones, creación y organización de empresas mixtas, e implementación de convenios operativos que realiza PDVSA con otras empresas del ramo para la explotación del negocio. Lo que realmente importa a estas federaciones es que se cumplan las regulaciones y convenios de trabajo establecidos. Y del patrono no se espera que se inmiscuya en la forma como los trabajadores se organizan, y si existen intereses entre la dirigencia sindical que lo acepta, realmente no esta abonando a la causa de su clase y movimiento, en el fondo le abre las puertas al patrono para que subordine a las organizaciones del movimiento de los trabajadores. 

  Con estos antecedentes, este proyecto de convenio marco para la administración pública ha de llamar la atención a los interesados y al resto del país. Ya se observan representantes de organizaciones de bases que critican a los liderazgos de Fentrasep y Fedunep, por la falta de información. Desde ya este texto ha de estar en un sitio web accesible a todos los interesados; también un cronograma de actividades de difusión e intercambio, que se aborden temas que no tienen ninguna vinculación con el mejoramiento de la calidad de vida del funcionario al servicio del estado, como incluir en el convenio marco el entrenamiento militar, la creación de milicias y el trabajo voluntario. 


  Finalizando, llama la atención que las autoridades han establecido un conjunto de exigencias a las organizaciones de trabajadores para ejercer sus facultades de presentar y negociar convenios colectivos, pero que en este caso han sido obviadas a las dos federaciones promotoras. Desde un ángulo favorable a la liberad sindical lo celebramos, y así ha de ser para todas las organizaciones que se les permita ejercer sus derechos sin las restricciones que se han impuesto a lo largo de estos últimos años, que sean los trabajadores desde las bases y por métodos democráticos que determinen sus asuntos. Sirva esta observación para que se pongan de lado  restricciones que han sistemáticamente vulnerado y violado la libertad sindical. Fentrasep nunca ha hecho elecciones, y Fedeunep la hizo en el año 2001, afortunadamente no se les exigió la solvencia electoral, que usualmente se les exige a los demás sindicatos en las relaciones laborales del país.