sábado, 20 de julio de 2013

LA PROGRESIVIDAD EN PELIGRO


En las relaciones de trabajo primero surgen las organizaciones de trabajadores y luego las convenciones colectivas. Las convenciones colectivas son hijas de la libertad sindical. En tanto esta experimente restricciones ellas se reflejan en el desenvolvimiento de las primeras.  Para ambas instituciones un marco favorable para la libertad sindical es imprescindible. La convención colectiva es una conquista alcanzada por el movimiento de los trabajadores. Primero se conquistó en el ámbito privado, y más tarde en el público. En Venezuela, los trabajadores petroleros son pioneros en el privado; los médicos y maestros al servicio de la administración pública en el segundo caso. Los docentes universitarios, poco después, para mediados de los setenta ya habían logrado negociar actas convenios en algunas universidades.

El marco para su desarrollo comprende varias dimensiones, pero la política es esencialmente clave. Es decir, que las fuerzas dominantes en una determinada etapa histórica reconozcan y faciliten el desarrollo de estas instituciones. Los socialdemócratas, en nuestro caso los adecos reconocieron aunque con los sesgos y limitaciones del sectarismo. Por supuesto que las fuerzas en el poder reconocerán a la representación de los trabajadores dependiendo de su peso y capacidad de presión. Son estas características las que darían lugar a un movimiento con autonomía. De otro lado, un reconocimiento no sustentado en las propias fuerzas y capacidades del movimiento lo hace vulnerable a la cooptación y consecuente dependencia de fuerzas ajenas, como pueden ser las del patronato sea privado o público.

Para quienes gobiernan sus objetivos primarios son promover un determinado modelo de desarrollo, que implica promocionarlo por un lado y desmontar el preexistente por el otro,  igualmente cuestionar algún otro modelo alternativo emergente,  y en el fondo asegurarse el ejercicio y mantenimiento en el poder; lo que conlleva a conciliar con los distintos sectores que conforman la alianza en el poder; así como obstaculizar a los contrarios. Esto genera una tensión permanente. Por ello la negociación y su resultado, como es la convención colectiva, es reconocida como una tregua o armisticio dentro de una confrontación.

En cuanto al marco económico, siempre está presente, sea en una situación de bonanza o de crisis, y si el contexto político concilia con el fomento de las negociaciones, ellas podrán desarrollarse fluidamente. En lo que va de siglo XXI, casi todo este lapso se ha caracterizado por un generoso ingreso de recursos por exportación petrolera, sin embargo las negociaciones colectivas parecen desenvolverse en un contexto de crisis económica. Véase que hemos llegado a un pico de dos mil convenios colectivos negociados anualmente en los años setenta, y hemos bajado a apenas 415 en el 2013. Incluso en el 2009 apenas se firmaron 360 convenios. Lo que se explica porque han cerrado empresas por un lado, se ha deteriorado el mercado laboral, se ha debilitado el movimiento de los trabajadores y porque el gobierno no fomenta las convenciones colectivas, a lo sumo lo hace cuando los que tienen que negociar son los empresarios privados, pero no ocurre lo mismo si se trata del patrono público. Además ha promovido obstáculos que afectan a todos el movimiento de los trabajadores, lo que determina el vencimiento de los convenios y la no inmediata renovación.

En el sector público los obstáculos han dado lugar a pasar de negociaciones colectivas a decretos presidenciales. Lo que significa un retroceso en términos de participación. Por ejemplo en el sector docente universitario, se ha dejado de negociar el convenio de trabajo en los últimos seis años y se sustituyó por dos decretos presidenciales de incrementos salariales.

La negociación colectiva está descentralizada, predomina la negociación por empresas; el régimen legal que permite la negociación por rama de industria se ha desarrollado discretamente. A partir de la LOT -1990-, se le llama normativa laboral. Su escaso desarrollo va asociado al hecho de predominar como unidad de organización de los trabajadores, el sindicato de empresa. Además, los empleadores privilegian negociar por empresa, incluso en aquellos grupos que están conformados por varias empresas vinculadas entre sí.

Se mantiene como negociación más importante a nivel nacional –normativa laboral- la del sector de la construcción. Otros sectores practican este tipo de negociación, pero no a nivel nacional, sino regional; tales son los casos de gráficos, lavanderías, estaciones de expendio de gasolina; por cierto, se trata de unidades productivas en donde predominan pequeñas y medianas industrias.

En las más importantes negociaciones colectivas, como en la industria petrolera, siderúrgica, hierro, empresas estatales en general, existe una notable intervención política orientada a impedir la ocurrencia de conflictos como consecuencia de las negociaciones colectivas. Estos contratos, tradicionalmente, han ejercido una notable influencia en el resto de las convenciones colectivas.

En este contexto se desenvuelven las negociaciones colectivas en el sector docente universitario. El gobierno ha pretendido sustituir las negociaciones con una entidad autónoma, como es Fapuv,  que ha acumulado un alto grado de representatividad con tasas de afiliación superior al 90% en las entidades en donde se desenvuelve, por una organización – Fenasinpres- que para las relaciones de trabajo en las universidades con asociaciones afiliadas a Fapuv,  es un ente desconocido. Se dan casos en donde para cuando se inicia el proceso de la normativa laboral, en varias universidades este organismo no contaba con ningún afiliado, ¿por que el gobierno le otorgó representatividad en estas condiciones? Evidentemente carece de sustento, y es una provocación.

Las negociaciones colectivas son un patrimonio de los trabajadores organizados en sus gremios o sindicatos. Pretender desconocerlas, o sustituir desde el gobierno a quienes han sido los protagonistas de la trayectoria que ha dado lugar a su existencia es un acto regresivo, arbitrario y sustentable solo con la fuerza y no con la razón ni el estado de derecho. Esto plantea la defensa del principio de progresividad en momento de amenazas.