sábado, 27 de abril de 2013

TENER EMPLEO EN DEMOCRACIA Y SOCIALISMO



          Quién tiene un empleo, tiene en primer lugar una fuente de ingresos para la subsistencia. Además cuenta con una inserción laboral que le permite  organizar su vida personal y familiar. Al mismo tiempo ocurre lo contrario, es decir que según su actividad laboral, organiza su vida y la de sus dependientes. De aquí que el individuo y sus dependientes,  están vinculados con ese trabajo que tiene un determinado miembro del grupo.

Por otro lado, por los bajos salarios predominantes en nuestro sistema laboral, es imprescindible en la gran mayoría de los casos, que al menos dos personas del grupo familiar requieran un ingreso para alcanzar satisfacer las necesidades básicas.

            Por supuesto que la inserción laboral conlleva la satisfacción de otras necesidades en lo individual, en lo ético, en lo social y en lo institucional, todos ellos no menos importantes.

Veamos que en lo individual el empleo o una inserción laboral digna, es un imperativo psicológico, que proporciona autoestima, afirmación personal, proporciona identidad, que aporta sentido a la vida, es una defensa contra la ociosidad o la tentación.

En lo ético y social, es un contrato de obligación social, contribuye a la socialización, a la identidad social para la mantener la solidaridad y la cohesión social, contribuye al desarrollo del espíritu y en medio para ser parte del conjunto y del tejido global de la sociedad.

En lo institucional el tener un empleo y una inserción laboral digna, da autoridad, da sentido a la vida, se es parte de las responsabilidades públicas y el esfuerzo que se realiza cuenta como parte del aporte para la existencia y desarrollo de la nación.

Estas necesidades asociadas al empleo son reconocidas universalmente. En este sentido, la prioridad de quienes administran los recursos públicos es ofrecer condiciones para el fomento y mantenimiento de empleos productivos, sean los que se crean en la propia esfera estatal, como los de la esfera privada.

Se ha subrayado que los empleos han de ser dignos, es decir que ofrezca a quienes lo ocupan un trato respetuoso por parte de quienes dirigen, sean propietarios o sus representantes. Esto no ha de ser diferente si la propiedad es privada o pública. 

Igual cabe subrayar que cada institución generadora de empleo tiene un compromiso productivo, con los propietarios, sean los individuos o la nación como seria el caso de los entes estatales. A ese compromiso coadyuvan los individuos que son empleados.  Las entidades empleadoras tienen una función de producir tales bienes o servicios, el colectivo laboral desempeña funciones en la división técnica del trabajo.

Los resultados de este esfuerzo se reparte entre los que participan, por un lado propietarios, por otro trabajadores, y la sociedad receptora del producto o servicio. El trabajo es ejercido con el concurso de estas partes, quienes representan a la dirección y los trabajadores. A ella se agrega el tercero, las autoridades competentes que se aseguran que haya justicia y equidad.

Las definiciones de las funciones del trabajo de las personas que laboran en una determinada organización, en su versión más tradicional eran impuestas por el estado o el empleador, con prescindencia del trabajo, pero con el desarrollo social, político y económico, en donde los más importantes protagonistas han estado orientados por un pensamiento renovador tendente a superar los estados precedentes, ha permitido  avanzar en la determinación conjunta de las reglas del trabajo, sea en toda la sociedad como en los específicos centros productivos. Para ello emergen los mecanismos de diálogos, negociación y acuerdos.

En nuestro país bien avanzado el siglo XX fue el inicio de estos procesos, algo tarde en términos comparativos con otros países de la región, además ha sido un proceso lento y accidentado, ya que enfrentaban las decisiones autoritarias y unilaterales dominantes en el siglo XIX y en buena parte de la primera mitad del XX. Somos una sociedad que avanzó un tanto más en el ejercicio de la ciudadanía en la calle, que en los centros de trabajo.

En los últimos años se ha observado un esfuerzo estatal por vigilar la justicia en los ámbitos laborales privados, buscando con ello preservar los empleos y sus condiciones de trabajo,  para ello las reestructuraciones en las regulaciones laborales, en la  administración del trabajo y en la justicia laboral, pero se observa una notable discriminación en la actuación de estos entes en lo que tiene relación de las situaciones cuando el empleador es el Estado y sus instituciones.

El cuadro anterior es lo que da lugar a discriminaciones en el empleo público,  por el sólo hecho de disentir y tener comportamientos personales en las identidades políticas divergentes con la actual opción gobernante. Para quienes sólo son trabajadores de nivel profesional, técnico y operativo, invadir su esfera personal que ponga en peligro la conservación de su empleo, así como el desarrollo y promoción en su carrera, representa un notable retroceso en la evolución laboral de una sociedad que se denomine democrática y aun más si se denomina socialista.