Desarrollábamos en nuestra sesión de postgrado de la
presente semana un intercambio en torno a la intervención estatal en las
Relaciones de Trabajo. Es un tema fundamental en todo análisis del
funcionamiento de este campo de actividad. Ello nos llevó a considerar un
llamativo proceso promovido desde el Estado y que viene siendo denominado
proceso constituyente. Sobre el mismo se levantan algunas reservas.
Luego del 7_0, fecha de la elección presidencial, los resultados han sido interpretados
por la opción ganadora como el sustento social y político para activar el poder
constituyente. En esa dirección ya se vienen desarrollando asambleas y
reuniones para configurar el plan de gobierno, para el sexenio que se inicia
este enero del 2013 hasta el año 2019. Este proceso reposa de manera absoluta
en manos de la organización partidista al frente del gobierno, así como con los
recursos e influencias de las entidades estatales. Lentamente las corrientes
opositoras reaccionan ante este fenómeno, en la mayoría de los casos formulando
críticas de las inconsistencias del proceso, y en casos excepcionales
reconocer la conveniencia de
participar señalando las desviaciones más resaltantes.
Que
los adherentes a una fórmula ganadora de manera entusiasta se activen para un
proceso de construcción de un plan de gobierno es un hecho positivo. Pero otro
cosa es que una parcela partidista pretenda hacer de este legitimo proceso participativo
un genuino proceso constituyente nacional. Lo primero es loable, pero no para darle el carácter constituyente pleno que se ha venido mencionando.
Para ello es importante remitirnos a nuestra propia experiencia de fin de
siglo.
Es
así que cerrando el siglo XX -1999- el país conoció de un proceso constituyente
amplio que dio como resultado la Constitución Bolivariana de la República de
Venezuela –CRBV-. Se destacan tres fases en dicho proceso, todo ello a lo largo
de 1999. Una primera, que fue preguntarle a la sociedad si estaba de acuerdo en
ir a un proceso constituyente. El país dijo que si. Inmediatamente una elección
de los constituyentistas que conformarían la Asamblea Constituyente, integrada
por 134 representantes electos, quienes entre agosto y diciembre de este año
debatieron y construyeron el texto que finalmente sería sometido a referéndum,
como la tercera fase. Los resultados fueron favorables al texto propuesto con
poco más del 70% de los votantes, aunque con una abstención del 55%.
Como
se observa fue un proceso complejo
que tomo todo el año de 1999. Y difícilmente podía ser menos, ya que construir
el texto superior que va a regir la vida de una nación es un hecho que
trasciende lo circunstancial. Las oportunidades fueron para todos. El producto
–el texto- que se derivó de este proceso,
en el referéndum de diciembre de 1999 no levantó el entusiasmo para una
mayor participación, a lo que habría que agregar que un 30% de los votantes se fue por el No. Todo ello dejó
una cierta duda en la adhesión al texto constitucional. Sin embargo, hay que
resaltar que fue un avance extraordinario en cuanto a participación ciudadana,
el hecho de someter a un referéndum aprobatorio el texto constitucional, hecho
inédito en nuestra historia republicana
En
el tiempo de su ejecución el país fue asimilando este texto, con
resultados contradictorios, ya que
quienes en un principio se opusieron a ella han mostrado una mayor identidad en
defenderla, en tanto quienes la redactaron e impulsaron, frecuentemente se ven
en problemas para justificar acciones de gobierno, que no se ven claramente
enmarcados en el texto constitucional. El asunto no ha pasado a más, por el
control total que el Ejecutivo tiene sobre los demás poderes. Otro asunto sería
si funcionara algún grado de balance de poderes.
Con
lo expuesto tenemos suficientes elementos para admitir que actualmente las
asambleas que promueve la organización partidistas en ejercicio del gobierno,
constituyen un ejercicio importante de participación y análisis político, pero
las mismas no tienen alcance suficiente para calificarla de un proceso
representativo del conjunto de la sociedad venezolana, salvo que se entienda y
asocie con lo representativo admitir la primacía de un pensamiento único.
Para
el mundo del trabajo, las organizaciones idóneas para la convocatoria y la
promoción de definir un plan de gobierno, serían los sindicatos y otras
organizaciones gremiales, las que se sustentan en las asambleas y la
participación, así como en la constante búsqueda de su autonomía. Por lo que se
observa que no están jugado un papel estelar en estos procesos. Cierto que
viven un momento complicado, derivado de las divisiones en su seno, así como de
las dificultades de un aparato productivo que se ha venido a menos,
sustituyéndose producción nacional por importaciones, y la reproducción de
empleos precarios por parte del principal empleador.