sábado, 25 de agosto de 2012

SUSPENSION DE CONVENIOS COLECTIVOS: PREPOTENCIA vs JUSTICIA

 
Las negociaciones colectivas son procesos regulares del funcionamiento de las relaciones de trabajo. Es una manifestación de dialogo entre las partes. Si fuere necesario imponer una parálisis de esta institución, sería un hecho extraordinario que demanda justificaciones muy bien fundadas.

            En nuestra historia socio política, se recuerda que en el año de 1958 los sindicatos y empresarios firmaron un documento que llamaron Avenimiento Obrero Patronal. Con ello congelaban las negociaciones colectivas por un breve lapso. Recordemos que ese año fue derrocado el gobierno militar que por diez años gobernó con mano dura la vida política del país. La situación económica se había deteriorada al final de este decenio, la inestabilidad política se manifestó con varios levantamientos militares.

            Este documento, fue firmado por todas las fuerzas políticas actuantes en el medio sindical, incluyendo al Partido Comunista, así como todos los sectores empresariales. Por supuesto que el gobierno de transición se complació con su firma. Su contenido afectó los procesos de negociación colectiva en el corto plazo, ya que a un año de su firma, se empezaron a negociar los convenios pendientes.

            Recordar estas referencias históricas vienen a propósito de llamar la atención, que en los últimos años un fenómenos generalizado en el sector de organismos estatales es la suspensión de la firma de convenios colectivos. Los pocos que logran firmarse pasan por dificultades en la negociación, y luego al firmarse se agregan dificultades para su cumplimiento.

            La presente congelación proviene directamente del interés del patrono Estado, ya no se trata de un proceso concertado entre trabajadores y patronos, como aquel Avenimiento. Ahora es una política unilateral del Ejecutivo. Sin negociaciones ni consulta con los afectados.

            ¿Por qué no se puede negociar y firmar los convenios colectivos en los Ministerios, Institutos, Empresas o Fundaciones? Sencillamente un oficio de la Vice Presidencia lo indica, al transmitir instrucciones del Comandante Presidente, a todas estas entidades se les niega:

1- Realizar ajustes de precios en los bienes que producen o en los servicios que ofrecen.
2- Firmar contratos colectivos.
3- Realizar ajuste salarial o decretar bonificaciones al personal de cualquier nivel a su cargo” – oficio del 21 de mayo de 2010-

            Este oficio es parte de una política que ya venía ejecutándose en organismos que tiene record de no negociar convenios colectivos. Hasta el Ministerio del Trabajo estuvo en esa lista, acumulando catorce años sin firmar su convenio colectivo.

            Hemos destacado que hay momentos de crisis económica en donde se explica que los actores sociales abran una discusión para replantearse las negociaciones colectivas, pero nunca como imposición gubernamental. No es su naturaleza asumir esta postura, ni como regulador ni como empresario. Por supuesto que en una crisis económica se hacen análisis y se formulan proposiciones para encarar una baja de ingresos. La congelación de los convenios colectivos pudiera ser una de las opciones a ser discutidas, pero en un ámbito de muchas otras alternativas, donde se pondrán sobre la mesas concesiones de cada quién involucrado.

            Pero no estamos en un escenario de crisis económica coyuntural. Claro que cabalgamos sobre un modelo económico productivo cargado de incertidumbre, opacidad y que requiere revisiones. Pero téngase presente que hacemos un presupuesto nacional con un precio del barril a 50$, cuando lo estamos vendiendo al doble. 

            Es insólito que se congelen convenios colectivos de empresas productivas que también se les impone asignar precios no económicos a los bienes que elabora. Así como imposición de erráticos modelos de gestión que complejizan y encarecen la producción. Todo ello significa,  que en definitiva es la clase trabajadora la única que hace concesiones y sacrificios.

            El interés nacional no es ajeno a este fenómeno, exige por tanto que el Ejecutivo se resguarde y funcione en escenarios racionales, y evite que sus instituciones sean sometidas a situaciones de inviabilidad económica y operativa por compromisos laborales. Para ello los mecanismos laborales cuentan con varios procedimientos. Mencionamos algunos de ellos:

            Por un lado la Procuraduría General de la República participa de las negociaciones, y fija posición en asuntos sustantivos de lo negociación. Igual ocurre con la institución equivalente en los poderes regionales y municipales.

            Además existe la participación en el proceso de análisis de lo negociado del Ministerio de Planificación y Desarrollo (ahora Planificación y Finanzas), realizando los estudios económicos correspondientes.

            Las negociaciones son presididas y dirigidas por un funcionario del Ministerio del Trabajo.

            Estas tres instituciones funcionando coherente y profesionalmente deben de garantizar que según los escenarios políticos, regulatorios y económicos presentes, el Estado no pierde protagonismo en los procesos de negociación. Por ello nos parece prepotente y alevoso, que además se imponga a los entes públicos no negociar los convenios colectivos. ¿Contra quién la prepotencia y alevosía? Contra la clase trabajadora, como se ve es un es un problema de justicia.

sábado, 18 de agosto de 2012

EMPRESAS SANAS O APENAS SOBREVIVIENTES


         En nuestra anterior contribución analizamos la conducción política, directiva y gerencial en las Empresas Estatales, en esta ocasión continuamos con el tema, pero precisando situaciones que agudizan las dificultades en la conducción de empresas que colocan el interés por servir a fines políticos, sin establecer un necesario balance con la subsistencia de dicha empresa.

         Lo anterior se traduce en casos de  Empresas Estatales que si bien fueron concebidas para producir un bien o servicio requerido por la sociedad, la orientación política las lleva a privilegiar un funcionamiento con primacía de los fines de un aparente servicio social, dejando a un lado la condición de entes productivo.

         En términos operativos, se trata de empresas que venden un bien o servicio sin relación alguna con el costo que requiere producirlo.  Costo de producción mas elevado que el precio de venta. El caso extremo en nuestro país es PDVSA y el precio de la gasolina en el mercado interno. Es el precio mas barato de este bien en todo el mundo. La situación se hace más extrema cuando la cantidad de producción nacional es deficitaria y se requiere entonces importar gasolina de los EEUU, por supuesto que a los precios internacionales de este producto, téngase en cuenta que precio del barril del crudo está cómodamente sobre los cien dólares. Así que desde el punto de vista de las erogaciones de la nación se tiende a la dolarización de un bien que es vendido a un precio simbólico sin relación alguna con cualquier análisis económico.

         Ante la situación anterior se nota el inicio de búsqueda de alternativas para racionar la venta de este bien, caso exigencia del chip en los estados fronterizos. El tipo de salida señalada, que es explicado en el combate al contrabando y en la racionalización del consumo, deja de lado concentrar el análisis en el funcionamiento de la empresa, que se tome en consideración el balance entre los fines políticos, la dirección y la gestión, asegurando la subsistencia y progreso de la empresa.

         En el mismo orden se puede observar el caso de los precios de productos siderúrgicos regulados que manufactura Sidor, tal es el caso de la Hojalata y de las Cabillas de cierta medida. Entre sus precios regulados gubernamentalmente y el costo de producción hay una diferencia de - 220% y -158%. Se sostiene que estos precios sociales contribuyen a los envases para la industria de alimentos y la construcción de viviendas.

         Pero continuando con el análisis de la conducción política y directiva más que económica y gerencial, resulta que los precios de los productos no regulados, igualmente todos tienen precios asignados por debajo de los costos de producción.

         Aquí cabe reflexionar si la conducción política y la dirección están dispuestas a replantearse este tipo de funcionamiento, y fijarse un plan de recuperación de la empresa, conciliando intereses de naturaleza económica y gerencial. En caso de no ser así, continuarán desarrollándose un conjunto de dificultades como las que a continuación se exponen.

1- Continuar colocando la dirección y la gestión en manos de personal con impericia productiva; manejo errático del negocio; sin experiencia, y tampoco se contrata para esos niveles a gente conocedora del ramo productivo. De todos modos no deja de plantearse como problema el que aún contratándose personal conocedor del negocio, resulta que luego esté subordinado a una Dirección inexperta o comprometida con objetivos puramente no económicos, que sacrifican la subsistencia  operativa en el presente y futuro del negocio.

2- Empresa que no recibe inversión para actualizar bienes productivos, y va  gradualmente rezagándose en su capacidad y operatividad. Igualmente empresa que no hace investigación y desarrollo para mejorar sus procesos, por tanto repite prácticas obsoletas y que poco a poco se va quedando en posición que apenas le permiten sobrevivir. Esto genera incrementos de los costos por perdida de tiempo, materiales y errores.

3- Las dificultades operativas y los pobres resultados de la empresa inciden en incumplimiento de compromisos con el personal, sean los contractuales y los mismos legales. Demás esta destacar que las prácticas de gestión de las personas, puestas en ejercicio o aplicadas poco contribuyen a un buen ambiente de trabajo. Más notorias son estas anomalías cuando se trata de empresas que tienen en sus antecedentes logros en sus prácticas y conquistas laborales. Todo esto trae consigo frecuentes reclamos y paralizaciones laborales. Todo un circulo vicioso.

4- No generación de ganancias y por tanto no se hace aportes al Impuesto sobre la Renta, y dejan de cumplirse con otros tributos a entes estatales de servicios públicos y sociales (Alcaldías, Ivss, INCES, Foavih, entre otros)
         La sobrevivencia sana y robusta de la empresa también es una opción para cumplir objetivos políticos, pero sin prescindir de los económicos y de gestión.

domingo, 12 de agosto de 2012

EMPRESAS ESTATALES: CONDUCCION POLITICA, DIRECTIVA Y GERENCIAL

    
Los cambios en la conducción de las empresas estatales es un tema crítico. Los frecuentes cambios en los

niveles directivos de las empresas básicas localizadas en la Región de Guayana, vienen trayendo consigo un

constante proceso de dificultades que afectan a la nación -propietaria-, a los trabajadores, y a los receptores de

estos productos y servicios, así como a entidades públicas que no reciben los tributos correspondientes.

           A objeto de reflexionar sobre el caso, dada los frecuentes cambios de conducción a nivel de Presidentes de estas empresas, se aportan los siguientes planteamientos.
           En primer lugar es importante distinguir  en las empresas estatales entre los niveles político,  directivo y  gerencial. Cada uno tiene su especificidad.
            La gestión de empresas es un área altamente profesional. Lo político está más arriba, está en el Ministerio o Entidad de adscripción. Lo directivo en el eslabón entre lo político y lo económico-técnico en las directrices que conectan las metas políticas con el objeto de una empresa determinada.
          Lo político define en áreas económicas si se va a priorizar la redistribución de la riqueza, o si se va a priorizar la producción, dejando la distribución de la riqueza como un problema a ser resuelto por el mercado, con ajustes del Estado. Toca entonces decidir, como se va a hacer si se trata de lo primero o lo segundo.

            Si es priorizar la distribución de la riqueza, se plantearán programas para que mejoren los ingresos de la población trabajadora, se harán reformas tributarias para pechar según los segmentos de ingresos, y según la naturaleza de los procesos de generación de la riqueza. Si es lo segundo, es decir priorizar la producción, se tendrá que prever que ha de hacerse para dar respuestas a las presiones de cambios en los patrones de redistribución. En fin el ejemplo es un tanto deliberadamente  sencillo, porque lo que se quiere destacar es visualizar lo político en un aspecto económico importante de la acción de todo gobierno.

            Si se trata de dirigir una institución para producir determinados bienes o servicios, de lo que se trata es de funcionar en el marco de las directrices establecidas en lo político, pero el ente ha de gestionarse según criterios profesionales.

            Las empresas estatales que cuentan con unas instalaciones,  equipos y personal experimentado para hacer un determinado bien o servicios, pero si la dependencia política impone líneas de acción que sacrifican estos factores, como el mal uso de instalaciones y equipos, desatención al capital productivo, o falta de políticas y planes de  relaciones justas y participativas con el personal, las posibilidades del alcance de los objetivos será difícil.

            Hay negocios que aún actuándose como recién se describe, hay resultados para el puro mantenimiento o pago de la nómina de personal, y a lo mejor para un mantenimiento de emergencias en las instalaciones y equipos. No invertir en bienes de capital, en formación y desarrollo del personal, en el mantenimiento de condiciones idóneos para el desarrollo productivo, es el camino al fracaso, a morirse de inanición, de mengua.

            Si a lo anterior se le agrega a la empresa productora de un determinado bien o servicio, cumplir tareas extra empresa en ámbitos educativos, o brindar salud, o apoyos comunitarios, incluso se llega a percibir que los indicadores de sus gestores se muestran más en estos últimos asuntos, que en los que tienen que ver con la producción del bien o servicio para el cual existe esa empresa. Evidentemente hay una desnaturalización. La gerencia deja de jugar su papel especifico. Lo que se observa es que el nivel directivo y el político se imponen, y la gerencia es sólo nominal. Incluso lo político se manifiesta de un modo inconexo con un plan de desarrollo determinado, y más en función de intereses grupales y personales. 

            La desprofesionalización de la gerencia es un camino equivocado, incluso si es por considerar que todos pueden dirigir, como un enfoque ultra democrático o el otro extremo,  más bien el monárquico. Que si es hijo, conyugue o familiar de quién gobierna, tengo entonces los genes para dirigir eficientemente un negocio dado. La gestión requiere formación y dedicación. La pura condición de ser un cuadro del partido político que gobierna, no da las cualidades para gerenciar una empresa.

            Una gestión gubernamental necesita confiar la formación de los cuadros para gerenciar las empresas en instituciones calificadas,  sean de las existentes, o que tengan que crearse combinando recursos de las existentes. La constitución y los equipos de estas instituciones es un asunto clave. Igualmente los cuadros a escoger para la formación deben combinar aquellos con calificaciones adquiridas externamente al ente productivo, que traen nuevas ideas y métodos, con las calificaciones que se han adquirido en las propias instituciones productivas. En todo esto no tiene sentido empezar de cero, si el país cuenta con una trayectoria dada. Habrá que hacer ajustes, pero es iluso asumir que todo lo anterior es malo, nada sirve, y que es a partir de determinado momento que se hará lo correcto y lo bueno. Los hechos muestras aciertos y errores, tanto antes como ahora.

domingo, 5 de agosto de 2012

ELECCIONES SINDICALES: ANALISIS Y SIGNIFICADO

 
     Las elecciones de un sindicato determinado se han convertido en un hecho llamativo y extraordinario; si se toma en cuenta que es una exigencia reglamentaria que ha de ser realizada cada dos años, es entonces un hecho ordinario que forma parte de la normalidad de las organizaciones de los trabajadores.
Pero la realidad que vivimos hace de las elecciones  sindicales un fenómeno que trasciende a la organización sindical y a la empresa en donde funciona,  y se convierte  en un fenómeno de interés regional y hasta nacional.
Esto tiene que ver en primer lugar con los tiempos electorales que vivimos. Pero las explicaciones hay que llevarlas un poco más allá. Véase que las elecciones del sindicato de trabajadores de Alcasa ocurrieron a más de un año de distancia (agosto 2011)  de las próximas elecciones presidenciales,  y también captaron la atención regional y nacional. Esto nos lleva a otra explicación, que refiere al caso Guayana. Es decir que las elecciones sindicales en esta región, agregan un interés particular que las lleva a convertirse en asuntos de atención nacional.
¿Que ofrecen las elecciones sindicales de Guayana para convertirse en tema de interés nacional? Se trata del asiento de un conglomerado de empresas básicas en energía, en extracción y procesamiento de minerales y otros elementos importantes para el desarrollo,  que han sido objeto de una serie de ensayos impuestos por el Ejecutivo en sus esquemas de funcionamiento. Y que dichos ensayos han sido controversiales y han alimentado polémicas sobre su racionalidad, propósitos y resultados. 
Por lo expuesto en los dos párrafos anteriores, las elecciones en estas empresas representan un test o prueba para no sólo lo electoral sindical nacional y regional, sino también para juzgar los experimentos impuestos por el Ejecutivo en el funcionamiento empresarial estatal. Así que puede considerarse que con las elecciones sindicales se juzgan los ensayos sobre control obrero, consejos de trabajadores, producción social. Y por consiguiente se juzgan los procesos intervencionistas en la vida sindical que acompañan estas experiencias, que dan lugar a que los directores  –patronos-  de las empresas activen abiertamente en los asuntos internos sindicales.
El intervencionismo patronal en los asuntos internos sindicales no es nuevo, y mucho menos en las contiendas electorales, pero cuando son empresas  de la Nación, el interés de quienes las dirigen al inclinarse por algunas de las proposiciones electorales, y hacerlo con los recursos que da ser patrono, resulta más criticable que la ocurrencia de estas mismas experiencias en empresas privadas, ya que en este caso al menos los afectados del lado sindical tienen la opción real de recurrir al el árbitro estatal para denunciar las anomalías intervencionistas.  
El estado es regulador y por tanto a él se recurre para dirimir las controversias que son usuales en las relaciones de trabajo, y que aún más emergen en los procesos electorales,  pero si se hace un participante más en la contienda electoral, pierde su naturaleza arbitral,  credibilidad,  y hasta se le pierde el respeto,  para ejercer la función de regulador. Se requiere una madurez en el ejercicio de las funciones públicas, de gobierno, que aún no alcanzamos.
Agregaríamos en los dos recientes procesos electorales de empresas básicas de Guayana se observaban situaciones de acciones de presión y hasta de criminalización a organizaciones y dirigentes participantes en la contienda.  En el  caso de Carbonorca, hasta se les impidió judicialmente hacer sus elecciones, no obstante la Comisión Electoral de esta organización sindical autorizó su realización, encarando posturas comprometidas que colocaban al patrono apelando a todo tipo de recursos para impedirlas.
El caso del sindicato de los trabajadores de Ferrominera, era algo más complejo. Por un lado el segundo sindicato en afiliados entre las empresas básicas de la región, con cerca de seis mil afiliados, y lo que ello representa en la comunidad. Lo segundo se trata de la participación de un dirigente emblemático –Rubén González-  en lo más severo de la criminalización de la acción sindical, que por su propia condición de Secretario General estuvo al frente de acciones sindicales reclamando la aplicación del convenio colectivo, y sólo por ello estuvo preso 17 meses, y enfrenta un juicio que lo condena  a siete y medio año de presión. Su juicio fue reabierto en Caracas ubicada a ochocientos kilómetros de su residencia,  separándolo de su área de ejercicio sindical, en los días inmediatos al inicio de las elecciones del sindicato en donde ejerce la Secretaría General y se postulaba para la reelección. 
En los dos casos anteriores las elecciones se realizaron contra todo tipo de obstáculos e injerencias arbitrarias, y quienes eran victimizados resultaron los ganadores. Lo más relevante del análisis es que se trata de logros importantes contra prácticas que atropella la libertad sindical.