DE LOS CONSEJOS DE TRABAJADORES

En estos tiempos de planes de promover la reglamentación para los Consejos de Trabajadores, ya incluidos en el nuevo Decreto-Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, es oportuno detenerse a analizar la situación de las empresas que por distintas y variadas motivaciones engrosan el sector de empresas del Estado.

            Hay que señalar de entrada que desde décadas en Venezuela ha existido un amplio sector de empresas estatales. En el propósito de sembrar el petróleo, se promovió la inversión estatal en actividades productivas de bienes y servicios, dándole al Estado un espacio relativamente importante en tales áreas. Por otro lado, las generosas financiaciones con orientación clientelar, llevó a que pseudos empresarios fueran beneficiarios de créditos para emprendimientos que no tuvieron éxito, quedando a la postre estas instalaciones en manos del Estado.

            De lo anterior resulta que empezamos un nuevo gobierno -1999- y una nueva institucionalidad –Constitución de la  República Bolivariana de Venezuela, 2000- con un frondoso sector de empresas estatales. Incluso seguía siendo frondoso, a pesar de un cierto desarrollo de privatizaciones en los años noventa. De ellas las más famosas fueron la de CANTV, Sidor, Viasa. Pero aun así el sector estatal mantuvo un tamaño respetable en términos comparativos latinoamericanos.

            Ya sabemos de la onda estatizadora que ha caracterizado los últimos doce años. En algunos casos por razones estratégicas, en otras por recuperar empresas que fueron dejadas morir por sus dueños, fuera porque estos no sentían  estímulos para mantener la actividad, o por encontrar dificultades para desenvolverse en un entorno jurídico para el cual no sentían las garantías necesarias. En algunos casos no han dejado de verse la costura de las retaliaciones como motivación de la estatización.

            Lo cierto es que hoy, luego de trece años de estatizaciones, el sector estatal de empresas productoras de bienes y servicios alcanza unas dimensiones que multiplican lo encontrado por el régimen al llegar al poder. 

            Las empresas estatales disfrutan de un trato preferente en las diversas políticas con las cuales lidia una autentica dirección empresaria. Acceso privilegiado a divisas, reglas para protección, trato discriminatorio por los entes estatales de financiamiento, de justicia, de administración del trabajo, de precios y costos, en fin toda las entidades que tienen algún control o monitoreo de las actividades productivas se desenvuelven aplicando un doble rasero, uno para los privados estricto y riguroso, y por otro lado blando  y abstraído con las entidades estatales. Es por tanto lógico esperar que estas empresas sean las que logren los mejores resultados.

            Con las ventajas señaladas no tiene sentido que una empresa por ser del Estado tiene que dar perdidas, más bien por el contrario dispone de las ventajas para que sus resultados sean mejores. Se utiliza que tal empresa que pasa a manos del Estado, se destaque que ahora es de todos, es nuestra, es del pueblo, en fin propaganda para marcar una diferencia con el status de la situación anterior que pertenecía a una persona, a una familia, a una sociedad que pudo haber sido de decenas, de cientos o incluso de miles de propietarios. En el asunto de fondo, lo que importa es que la empresa sea eficiente, es decir que lo productivo tanto en manos de privados o del Estado.. o de todos, o del pueblo, como se quiera significar, resulte al final optimo o simplemente satisfactorio.

            Lo realmente político e ideológico ha debido ocurrir antes de la actividad operativas de las empresas, al definirse que productos, servicios, regiones, actividades han de privilegiarse en función mayormente del desarrollo armónico y equitativo de una sociedad que viene de notables desigualdades e inequidades, así como también después de los resultados operativos empresariales, es que se plantea que se hace con los resultados productivos, como se distribuyen los beneficios. ¿Que tanto para la gente que día a día contribuyó al alcance de las metas, tomando en cuenta las mayores y diversas responsabilidades y funciones?  ¿Que tanto para la región donde opera que ha contribuido al desenvolvimiento operativo del ente productivo? ¿Que tanto para la nación y la sociedad toda que son los dueños de esos activos? 

            Esto es lo que llamamos lo distributivo y reproductivo. Distribución por un lado, y contribuciones para la reproducción por otro, ya que las contribuciones al Tesoro nacional, al fisco, es para que se produzca la reproducción, mejorando las condiciones de vida del ciudadano y del país, en su estructura productiva y en la infraestructura de servicios de apoyo.

            Los promotores de los Consejos de Trabajadores, debieran mirar los desenvolvimientos productivos, antes o durante el proceso de construir una legislación determinada. Venimos de cientos de fracasos en empresas cooperativas, de producción social, de empresas cogestionadas, autogestionadas, mixtas. Se sabe de la propaganda que pretende pintar otro cuadro.

            Todo lo anterior le ha costado un enorme dineral al país, y ha sido semillero de frustraciones para quienes sueñan y tienen la disposición de aportar a la posibilidad de que el país alcance más altos niveles de producción y de calidad de vida, pero basados no en el consumo de la riqueza de nuestro subsuelo, es decir el subsidio petrolero, ni en la dádiva gubernamental, ni en el aprovechamiento grupal interesado en fines egoístas. Si se quiere pasar del Socialismo rentista con muy poco futuro, a un Socialismo productivo hay que mirar lo que se pretende con los Consejos de Trabajadores.