Petrobonos : de lo laboral a lo financiero

 

Con la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo en 1997, que trajo entre otros cambios, un nuevo régimen de prestaciones sociales, se fijo un plazo de cinco años para la transferencia del viejo al nuevo régimen, es decir que terminaría en el 2002. La transferencia fue cumplida en este plazo por el sector privado. En el sector público se le dejó  transcurrir y sólo  en algunas contadas instituciones adoptaron años más tarde el nuevo régimen.

            Desde el mismo momento de la aprobación de la reforma de 1997, hubo controversias en cuanto a la tesis de que el nuevo sistema significaba un “despojo” a los intereses de los trabajadores. Quienes sostenían esta tesis eran sectores excluidos o que se sentían excluidos del proceso de concertación que dio lugar a la reforma.

            El mismo proceso de elaboración de una nueva constitución nacional en el marco de la Asamblea Constituyente en 1999, confirmo esa postura critica y por ello exigió en sus disposiciones transitorias regresar al viejo sistema. Ello dio por supuesto fundamento para que desde las directrices del Ejecutivo poco se hizo para la adopción del nuevo régimen prestacional. El tiempo fue corriendo y poco se hacía para cumplir con pagos de intereses y de las mismas prestaciones.

            A lo largo de los años de la primera década de vigencia de la CRBV, varios intentos de reforma laboral tuvieron sobre la mesa el delicado tema de regresar al viejo régimen prestacional. No se tomaron decisiones, tampoco se cumplía con los pasivos laborales por este concepto. Fue finalmente con el Decreto Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, que se decidió eclecticamente  mantener vigentes los dos regimenes prestacionales y que fuera el trabajador que escogiera el que le diera mayor cantidad de bolívares, ya que según escenarios de antigüedad, inflación y ritmos de incrementos salariales, puede ser más beneficios uno u otro. Todo esto derrumbó la tesis del “despojo”.

            Uno de los sectores gremiales que ha mantenido una atención privilegiada en sus reclamos de estos pasivos ha sido el de los Profesores y Empleados Universitarios. Los acreedores de estos sectores alcanzan cerca de treinta mil y demandan el pago de quince mil millones de bolívares. De hecho en sus agendas reivindicativas de los últimos años no ha dejado de estar presente el reclamo de elaborar conjuntamente con el Gobierno la metodología y los instructivos, para el pago de estos pasivos laborales. Sin embargo, luego de varios reuniones en la búsqueda de concretar un proceso bilateral concertado,  el Gobierno optó por manejar estos asuntos unilateralmente.

            En cuanto al pago, en un cierto momento el Ejecutivo empezó a pagar estos pasivos laborales, y cumplió con un colectivo que llegó hasta los jubilados de 1997. A partir de los jubilados de 1998 se represó el proceso de cancelación. Por tanto, si no se pagaban los pasivos, se le agregaban los intereses. Son catorce años de intereses de las prestaciones sociales. Así que la deuda del Ejecutivo fue rápidamente incrementándose, a lo sumo contenida parcialmente con el hecho de que cada año se pagaba un 8.5% de intereses del capital en prestaciones, en la práctica como un anticipo.

            Recién el Ejecutivo inicia el pago de estos pasivos con los llamados Petrobonos, títulos que convierten una deuda que es un pasivo laboral, en una deuda financiera. Destacamos las desventajas de cobrar los pasivos sin el establecimiento previo de una metodología y cuantificación de la deuda con participación gremial, y que por otra parte se haya decidido al margen estas organizaciones convertir al trabajador universitario de un acreedor laboral a un acreedor financiero. El mundo de lo laboral conlleva tutela, en tanto el mundo de lo financiero es sinónimo de mercado y especulación.