domingo, 29 de abril de 2012

LA PROMOCION DE EMPLEOS: Aciertos y fracasos


Promover empleos es responsabilidad fundamental de un Estado. Para ello es necesaria una alianza con los sectores privados, tanto los del capital como los del trabajo. No se trata que sea el Estado quién absorba la mayor cantidad de contingentes de trabajadores, sino que promueva las condiciones y facilidades para que se creen empleos.

En los años que corren del presente siglo ha ocurrido un proceso contrario a lo expuesto en el párrafo anterior. Es el Estado quién ha aumentado notablemente la nómina de personal. Entre agosto del 2000 e igual mes de 2010, la nómina del sector público se incrementó 79,2%, de modo que 1.024.595 trabajadores ingresaron al aparato estatal. Por su lado la nómina del sector privado en ese mismo lapso apenas creció 27.5% (Provea Informe anual 2011, con datos INE). Lo lógico no es que empleo estatal crezca tres veces más que el privado.

Lo anterior sería menos complicado si no consideramos que buena parte de ese empleo adicional en el sector público, eran empleos que ya existían. Que lo ocurrido es producto de la estatización de empresas privadas, por lo que estos empleos sencillamente pasan entonces al sector público.  Para mayor ampliación ver http://hectorlucena.blogspot.com/search?q=Empresas+Estatizadas
http://hectorlucena.blogspot.com/2011/12/ubicacion-y-balance-de-empresas.html

Debe considerarse que el empleo público ha de dividirse en dos grandes categorías, uno que forma parte de las empresas estatales, que elaboran productos y servicios que igualmente elaboran o elaboraban los privados. Destacamos esto último porque ha habido la tendencia a crear monopolios estatales, dejando de lado al sector privado en cada vez mayor cantidad de ramas productivas.

El otro gran segmento del empleo público, el mayoritario es aquel que atiende los servicios públicos tradicionales de la actividad estatal, como son educación, seguridad y defensa, salud, justicia, tramitaciones burocráticas diversas. En el Producto Interno Bruto este componente forma  parte de la actividad de servicios y se mide por los sueldos que remuneran a quienes ahí laboran. Es una medida gruesa poco sofisticada, ya que no precisa la calidad, resultados  e innovación de lo logrado con estas remuneraciones. En otro análisis es menester detenerse en la calidad y resultados en este orden. Hay servicios estatales que claramente a pesar de contar con más personal han desmejorado.

Es interesante entonces tener presente que la medición de la actividad privada es por la cantidad de bienes y servicios producidos para la sociedad, sea al mercado interno o para la exportación. Aunque este último destino se ha venido notablemente a menos, salvo la actividad petrolera que saca el oro negro del subsuelo y lo manda al exterior, de ello una porción minoritaria con el valor agregado de la refinación, que también suple el consumo interno.

En el sector privado,  la medición no está determinada por los sueldos y salarios, sino cuanta facturación en Bolívares han tenido los negocios, a partir de las unidades producidas – primario y secundario- o los usuarios atendidos, con su correspondiente facturación – servicios-.

Estos parámetros sugieren que el tema del empleo requiere de una alianza como ya se destaco al principio. Resulta que a lo largo del presente siglo no ha habido iniciativa alguna para que produzca un plan o programa que tenga este objetivo.

Lo más concreto que se observa en las políticas públicas en cuanto al tema del empleo, es la protección de los ya existentes, a través de los decretos de inamovilidad, así como vigilancia y monitoreo vía Administración del Trabajo. Pero esto no ataca ni abona al tema de la creación de empleos.

Por otro lado las políticas públicas adoptan el enfoque de misiones para atender este problema. Estas estrategias se desarrollan sin acuerdos con los sectores productivos, ni con las organizaciones representativas de los trabajadores, son iniciativas totalmente estatales a lo sumo con organizaciones comunales, que son direccionadas por el aparato público. Igualmente no descansan en regulaciones que permitan contar con reglas definidas para los involucrados, sea quienes crean y  ofrecen puestos de trabajo como quienes andan buscando un empleo, sea el primero en la vida laboral, tan difícil por la demanda de experiencias, como quienes se ven obligados a procesos de movilidad ocupacional por razones de crecimiento profesional o por razones familiares.

También es importante destacar que el enfoque de misiones es administrado con sesgos que implican discriminaciones tanto en el acceso como en el mantenimiento de las personas dentro de los programas, desnaturalizando una autentica igualdad de oportunidades, como es lo natural en toda actividad que se realiza con dineros públicos, y aún más el empleo que es una obligación estatal fomentarlo, y es un deber de los ciudadanos.