sábado, 1 de octubre de 2011

Entendiendo las Empresas Recuperadas


             Un mes atrás recibí solicitud de intercambio de grupo de investigación sobre el tema perteneciente al Instituto de Investigaciones “Gino Germani”, de Argentina, sobre empresas recuperadas por los trabajadores.  La inquietud  primaria de nuestros solicitantes, era conocer cuántos casos de empresas recuperadas existen en Venezuela.

            El planteamiento llevó de nuestra parte a solicitar que estableciéramos un criterio o definición de que se entendería por empresa recuperada. La solicitud fue respondida por los colegas argentinos, con el siguiente texto: “.. le decimos empresas recuperadas a las empresas autogestionadas por sus trabajadores; empresas que anteriormente tenían un dueño o patrón que la quebró y dejó a esos trabajadores sin trabajo. Es en ese momento en que los trabajadores deciden luchar para poder quedársela, armar una cooperativa y autogestionarla”.

En nuestro caso venezolano, señalamos que lo predominante en las experiencias locales es que el Estado se queda con las empresas, y pasan a ser identificadas como empresas de propiedad social y/o empresas de producción social, y que no pasan a manos de los trabajadores desde el punto de vista de la propiedad.

En cuanto a la preocupación por el número de experiencias de empresas recuperadas, es un número variable en el tiempo, porque además de que se agregan por diversas razones, y no solamente el hecho de que los propietarios las hayan quebrado, sino que también el Estado se interesa por estatizar empresas que están en pleno desarrollo productivo, nada quebradas, y en la mayoría de los casos, pasan luego a experimentar serias dificultades, dando lugar a que parte de ellas quiebren, pero ya en manos de la administración estatal. 

Pero la opacidad con la cual se maneja este sector de empresas recuperadas, expropiadas, estatizadas, no da lugar a que se conozca públicamente los detalles operativos y financieros correspondientes, ya sea la situación pre estatización, como la que se configura a lo largo del período en manos estatales. La exigencia de información, se trata de reclamo pertinente, habida cuenta de que estas empresas pasan a ser patrimonio de la nación y del interés de los ciudadanos.

También hay que señalar que los controles que desde el Estado se aplican a las empresas,  plantean la necesidad de analizar si la manera como los controles son administrados conllevan a agudizar el problema de funcionamiento de una empresa, o son los controles en si mismo generadores de dificultades. Esto es importante, para contrastarlo con la apreciación más frecuentemente  esbozada por las autoridades que asignan a los propietarios y administradores, la causa de una gestión errática, y es ello lo que lleva a situaciones de bancarrota.
 A priori no se trata de hacer señalamientos que se inclinen por una u otra situación y caer en generalizaciones, sino que la temática demanda apertura, información y transparencia para poder evaluar y concluir las razones que llevan a la situación de crisis de la firma.
El hecho de establecer a través de regulaciones controles y congelaciones de precios, tarifas, cuotas de servicios y/o productos en situación preferencial, plantea junto a la asignación de divisas en condiciones discriminatorias, así como un tratamiento desigual en la aplicación de la legislación laboral, en lo que tiene que ver empresas privadas y públicas, conlleva a que determinadas empresas deban sobrevivir en situaciones que gradualmente se va afectando la calidad de sus productos y servicios, levantando quejas de los consumidores y usuarios, y teniendo dificultades para cumplir con los trabajadores en los compromisos legales y contractuales.

El número de empresas sean estatizadas, expropiadas, con pago de sus bienes o sin pago de ellos, en fin, se asoma el número de 988 empresas en estas situaciones en los últimos cinco años, siendo el caso del presente año -2011- el de mayor acción estatal en este orden al alcanzar 402 casos, casi la mitad de este quinquenio. Estos datos son provistos por el gremio empresarial Fedecámaras, sin embargo no son refutados por el gobierno, y por otro lado las entidades públicas que tiene que ver con el tema, informan de casos muy limitados, y se carece de una información centralizada que trate el tema.

Del Estado se espera una función reguladora para conciliar intereses de la nación, de trabajadores, consumidores y empresas. Si el ejercicio de esta función se traduce en la creación de un ambiente de dificultades para producir, y que lamentablemente se intenta resolverlo con importaciones, se está atentando con los intereses de la nación completa, porque se destruye su tejido productivo. Le importa a la actual generación y a las futuras.

Concluyendo, por lo que leímos al principio de este artículo,  no es el mismo fenómeno lo que entienden los colegas argentinos por empresas recuperadas y lo que viene ocurriendo por estos lares.