domingo, 23 de octubre de 2011

De la conflictividad laboral fragmentada a la unificada

La convocatoria por parte del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, Salario y Sindicato –FADESS- de una protesta nacional este pasado 20 de octubre, representa un paso en la dirección de unificar la gran diversidad de quejas y protestas que han venido ocurriendo en diversos ámbitos de la sociedad. Se sabe que las protestas ocurridas en los años 2002 y principios del 2003 dejaron una amarga experiencia para los sectores organizados del movimiento sindical. Desde entonces un continuado proceso de fragmentación laboral ha venido desarrollándose, que ha limitado la capacidad de organizar la protesta.

Sin embargo, la protesta social y en ella la laboral, han venido incrementándose año a año desde el 2006, como puede verse en los Informes Anuales de Provea. Lastima que el Ministerio del Trabajo, dejó de informar sobre la conflictividad laboral. Lo que informa este Despacho, se corresponde a una situación ajena a la realidad que observamos, como se desprende al leer que su estimación para el año 2011, indicado en la Memoria del 2010 es de la ocurrencia de 30 conflictos laborales a lo largo del año –ver pag. 89-. Los datos de Provea indicaron más de tres mil protestas en el pasado año 2010, de ellas cerca de un 40% son laborales. En lo que va del año, ya van rumbo a las cuatro mil, manteniéndose el porcentaje de aquellas de naturaleza laboral.

No obstante la enorme magnitud de protestas laborales, hay que destacar la fragmentación que las caracteriza; lo que determina los limitados impactos en la solución favorable de los problemas que las estimulan. Si los temas que animan las protestas laborales, refieren a incumplimientos de los convenios colectivos, la no negociación de los mismos, el desmejoramiento de condiciones de trabajo, el despido de trabajadores, el cierre de fuentes de trabajo, esta enorme diversidad de protestas que derivan de esta caótica situación, al final no están dando lugar a respuestas concretas. En algunos casos se producen decisiones favorables de los órganos competentes en la Administración del Trabajo y en la Justicia Laboral, pero luego los órganos que han de cumplir con las sentencias o disposiciones no lo hacen. Esto hace reactivar la protesta laboral, en algunos casos se producen cansancios y agotamientos, quedando la situación de los trabajadores en un estado de postración.

En este contexto se agrega la situación de la criminalización de dirigentes y trabajadores por el hecho de protestar, reclamando el cumplimiento de compromisos contractuales y exteriorizando sus aspiraciones reivindicativas, elementos genuinos de la acción y protesta laboral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Venezuela ha analizado el problema y llamado la atención al señalar: “la Comisión identifica una tendencia al uso de figuras penales para sancionar a personas que ejercen su derecho a manifestar o protestar en contra de las políticas oficiales”.

Mención necesaria en el marco de este artículo es referir el extremo fenómeno de violencia laboral, que se ha traducido en el exterminio de sindicalistas, cifra que desde el año 2005, ya suma 250 personas. Al respecto se observa una suerte de banalización en el tratamiento del problema desde las entidades encargadas de defender derechos de los trabajadores. Por ello es destacable llamar la atención que tanto en la Memoria del Ministerio del Trabajo, como en el Informe Anual de la Fiscalía General de la República, estos asuntos no figuran, simplemente como si no existieran.

En el problema del asesinato de dirigentes sindicales, Venezuela y Colombia muestran unos espeluznantes datos. Sin embargo en el portal web de la Fiscalía General de la República en Colombia, se indica en botón “Sentencias Crímenes contra Sindicalistas”, donde se transcriben cuarenta casos correspondientes a los últimos cinco meses (consulta de 22-10-111).

Una aspiración mínima de las instituciones venezolanas, seria otorgar relevancia al problema, no seguir ignorándolo. Igualmente Informes de la CIDH llaman la atención de este problema y afirma en su documento “Democracia y Derechos Humanos en Venezuela”, el ejercicio sindical está afectado “por el grado de polarización política y la falta de concertación social entre las organizaciones sindicales, las organizaciones de empleadores y el Gobierno”. Si la protesta laboral diera como resultado una respuesta gubernantal autentica en este orden sería un paso importante.