viernes, 26 de marzo de 2010

Libertad Sindical y OIT

En las Relaciones de Trabajo en Venezuela la intervención estatal en el mundo sindical ha sido un fenómeno de vieja data. La intervención se remonta al los inicios mismos de las regulaciones laborales en la década de los treinta, al legislarse una primera ley del trabajo que el Estado asumió su implementación, sin intervención sindical, creando las instituciones fundantes de la Administración del Trabajo.

La libertad sindical ha sido a lo largo del período que se inicia en 1999 un tema altamente controversial, por ello tanto los gremios de trabajadores como los de empresarios han tenido constantes fricciones con el gobierno. A lo largo de seis años consecutivos en la agenda de la Comisión de Expertos de la OIT, casos relacionados con Venezuela fueron analizados, en un primer momento dieron lugar a la visita de Misiones de OIT, lo que gradualmente ha venido dando lugar a una relación difícil entre esta institución y el gobierno venezolano. En el año 2008, Venezuela fue retirada de la lista de países con problemas de libertad sindical, pero un año después fue nuevamente incluida, y cuya situación debía ser examinado por la Conferencia Internacional del Trabajo. Ahora por casos calificados de urgentes y graves, ya que tenían que ver con exclusiones y agresiones a organizaciones y sus dirigentes, tanto de gremios de empresarios como de trabajadores.

El punto de partida de las denuncias sindicales de violación de la libertad sindical está asociado a la intromisión estatal en la vida sindical, como se refleja en la incorporación en la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, aprobada en diciembre de 1999, del polémico artículo 293 que establece “El poder electoral tiene por función: (…) Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos en los términos que señale la ley (…).”.

En el Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Conferencia Internacional del Trabajo en su 98ª reunión de 2009 reiteró al gobierno “la necesidad de tomar medidas para que el Consejo Nacional Electoral deje de inmiscuirse en las elecciones sindicales”. Dirigentes gremiales revelaron que esa intromisión establece una serie de trabas para la concreción de los comicios, y con ello el desarrollo de las negociaciones colectivas, ya que hasta tanto el CNE no emite un certificado electoral, los sindicatos a quienes se les haya vencido el plazo reglamentario están en mora electoral, y no pueden ejercer sus funciones de representación para la negociación de convenios colectivos.

Es notoria la disminución del número de convenios al tiempo que ha ocurrido el incremento del número de sindicatos, lo que resulta paradojico. Lo primero es una muestra de debilidad y fuerza para obligar a los empleadores a negociar, y lo segundo de dispersión y división. En ambas anormalidades el problema se acentúa en las relaciones de trabajo en el ámbito público.

El crecimiento del empleo público con múltiples regímenes laborales y formas de representación, explica el interés del Ejecutivo en "diseñar y proponer una política laboral centralizada y común para los entes y órganos que conforman la Administración Pública”, para ello se emite el decreto contentivo del plan "Políticas Laborales y Negociación Colectiva 2009", elaborado por el, que dicta los pasos a seguir para lograr la transición al socialismo. El Minpptss -Ministerio del Poder Popular de Trabajo y la Seguridad Social- ha sido vulnerado y puesto en entredicho por las propias entidades públicas en el sentido de desacatar sus decisiones. Es una situación contradictoria ya que la misma política laboral, se caracteriza por su restricción en el procesamiento de los reclamos laborales por parte de los trabajadores que laboran en el sector público. De aquí que los sindicalistas oficialistas se ven en una difícil situación para el ejercicio de sus funciones; y cuando logran un pronunciamiento favorable por parte del Minpptss, se encuentran ante una nueva problemática, como es lograr el acatamiento por parte de la gerencia de los entes públicos. Los casos de desacatos por parte de entes públicos se pueden ver en Pdvsa, las empresas hidrológicas, electricas, Metro de Caracas, Mercal, VTV, Corporación Venezolana de Alimentos, entre otras.

Normas recientes dejan en manos de los sindicatos decidir si recurren al CNE para la realización de sus elecciones , el hecho es que ese organismo continúa disfrutando de una notable influencia en el proceso electoral, al supeditar la celebración de las elecciones a la notificación al CNE de los actos relacionados con los procesos electorales, de su convocatoria y al condicionar su posterior homologación a la publicación en Gaceta Electoral. La notificación demanda requisitos excesivos, lo cual nuevamente permite una discrecionalidad por parte de las autoridades. Los sindicatos tienen que esperar que se publique una Resolución en la Gaceta Oficial, lo que tarda varios meses y dificulta la actividad sindical. Otra intromisión la constituye la obligación de entregar un listado definitivo de los votantes al CNE, previa notificación al Minpptrass. Por otra parte, se impone al CNE como ente rector en caso de impugnación. Dirigentes sindicales afirman que esta medida permite que se suspendan a discreción las elecciones en repetidas oportunidades (Provea 2009:101). Un caso emblemático ocurrido a lo largo de 2009, fue la suspensión en cinco oportunidades de las elecciones sindicales petroleras de su organización nacional, adecuándose el CNE a exigencias que facilitaban a la empresa ir modificando la composición del listado de votantes y favoreciendo al final a corrientes oficialistas. Incluso se trataba de suspensiones sin convocar a las partes involucradas, además algunas impugnaciones fueron formuladas fuera del cronograma inicialmente establecido.

Digno de destacar las gestiones exitosas de la agrupación de empleados de nómina profesional de la CVG (SunepCVG), quienes denunciaron ante la Organización Internacional del Trabajo la situación de la indefensión de las organizaciones sindicales de Guayana ante el Estado venezolano, presentó hace meses atrás una queja ante este órgano multilateral. Finalmente el Comité de Libertad Sindical -órgano adscrito a la OIT, con sede en Ginebra- admitió examinar las denuncias de violaciones a la libertad sindical, que reseñan varios casos de persecución judicial y bloqueos a la organización de huelgas legales. Ver más detalles en:
http://www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,174/?id=149597

domingo, 14 de marzo de 2010

Funcionamiento Laboral antes y durante la Revolución Bolivariana

El período que nace en 1999, que se identifica como revolución bolivariana, plantea profundos cambios en el funcionamiento laboral. Se trata en primer lugar de marcar una ruptura con el régimen que venía gobernando a Venezuela desde 1958, conocido popularmente y en la literatura política el régimen “puntofijista”.

En cuanto al funcionamiento laboral, hay que tomar en cuenta que nuevos actores acceden al poder, una combinación de militares y parte de la izquierda (Lucena 2003). Los militares no ejercían directamente el poder desde los años cincuenta, pero aquellos eran abiertamente de derecha, sin discursos populistas e izquierdistas, anticomunistas a rabiar. Los de ahora, se proponen desde un primer momento, producir modificaciones en el cuadro sindical venezolano, y con ello en el funcionamiento de las relaciones laborales. Las ventajas de haber contado con amplia mayoría electoral en los órganos elaboradores de los instrumentos normativos, como fue en la Asamblea Constituyente –redactora de una nueva Constitución- y luego en la Asamblea Nacional, permitió al gobierno, emprender modificaciones significativas en los aspectos normativos.

La sociedad en general tuvo una actitud de expectativa y aceptación ante estas intervenciones, dado el grado de descomposición y exclusión alcanzado en los últimos veinte años, en donde las organizaciones sindicales fueron percibidas como corresponsables de tal situación. Por ejemplo, a pesar del notable crecimiento del sector informal, hicieron muy poco para atenderlo y prestarle atención. Ello ofrece bases ciertas para comprender el porqué hubo una actitud tolerante de amplios sectores de los trabajadores, ante los planteamientos oficialistas de intromisión y protagonismo en el mundo sindical. Solo que a medida que el gobierno promovió iniciativas de intervención sindical de orientación más bien autoritarias, como se analizará más adelante, la percepción general de aceptable paso a ser más bien de criticismo.

En las manifestaciones de política laboral oficial ha sido persistente enunciar un abierto criticismo al sindicalismo, originalmente se centraba en el sindicalismo organizado en la CTV, por considerarlo parte del establecimiento puntofijista. Luego las confrontaciones agudas de los años 2002 y 2003, condujeron al total desconocimiento de la CTV, y con ello a la emergencia de una central promovida por el gobierno, como es el caso de la Unión Nacional de Trabajadores –UNT-

El gobierno bolivariano se plantea en un principio, despojar al movimiento sindical de las prebendas que fueron acumuladas en el régimen anterior. Para quienes no dudaban de la orientación revolucionaria del régimen, se trataba de combatir a un movimiento sindical reaccionario al servicio de la derecha. Además, para combatirlo se promovió y alentó a otras corrientes sindicales. La revolución bolivariana nace con poca fuerza sindical. Sin embargo acumula un historial de triunfos electorales nacionales.

  Hay que tener presente que la población trabajadora no sindicalizada es mayoritaria, especialmente por la informalidad. Ha aumentado el número de sindicatos, pero no la población sindicalizada, más bien lo que ha venido ocurriendo es un continuado proceso de fragmentación, el denominado paralelismo sindical, que refiere a la legalización de sindicatos en donde ya los hay, generando tensiones y fricciones entre los propios trabajadores.

Por otro lado la UNT en su nacimiento -2003- no deja de observar rasgos, que conllevan limitaciones que afloran en el corto plazo. En primer lugar, el hecho de que su nacimiento es parte de una retaliación organizacional hacia el tradicional movimiento sindical cetevista. La UNT, no obstante la ventaja que otorga disponer del apoyo oficial, comete el pecado de nacer sin celebrar un congreso fundacional y sin estatutos, en condiciones apresuradas, beneficiándose del apoyo y facilidades recibidas del Ministerio del Trabajo, tras un acuerdo de las principales corrientes y dirigentes que venían enfrentando al liderazgo de la CTV, ya sea en su seno o desde afuera. Este nacimiento se caracteriza por ser del tipo acuerdista por arriba, sin asambleas constitutivas. Sus dirigentes lo justifican por la crisis política reinante para entonces. Nace como la propia acción de los dirigentes, en un ambiente estrecho, de su propia y circunstancial convergencia, y algunos de ellos sin una cierta y efectiva trayectoria sindical.

Pero al poco tiempo se evidencian dificultades para satisfacer los elementos mínimos de una organización democrática, como es la definición de sus estatutos y reglas de funcionamiento, así como la elección directa y democrática de sus autoridades. Obstáculos en su propio seno y dificultades derivadas de las políticas del propio gobierno han impedido un funcionamiento democrático de esta central. La situación se complejiza porque el gobierno promueve otras formas de representación de los trabajadores.

martes, 2 de marzo de 2010

De Privatizaciones a Re Estatizaciones

Un Capitalismo de Estado como el venezolano ofrecía un amplio margen para un proceso masivo de privatizaciones, por tanto era un elemento importante en la política pública en el período de 1989 a 1998. Sin embargo este proceso no tuvo un amplio desarrollo.

Las privatizaciones se llevaron a cabo en dos tiempos, uno en el período de Carlos Andrés Pérez (1989 a 1993), de aquí las más notables fueron las de la Aerolíneas Viasa, Aeropostal Venezolana y la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos. La otra tanda de privatizaciones ocurre en el período de Rafael Caldera (1994 a 1998). Hay que destacar que la crisis financiera de 1994, da lugar a que inesperadamente el Estado se haga dueño de bancos, empresas de seguros, bienes inmuebles, hoteles, entre otras empresas, como resultante de la masiva asistencia financiera que el Estado brindó a los banqueros y a los ahorristas, en la debacle justo al iniciarse este quinquenio gubernamental. La erogación de dinero público para enfrentar la crisis financiera agotó las finanzas estatales y trajo consigo varias devaluaciones. Este año el PIB decrece en – 2,23%, y para contrarrestar la fuga de capitales, se imponen una serie de controles.

La privatización de la Aerolínea Viasa, línea bandera venezolana, había sido originalmente una empresa mixta, luego adquirida por el Estado, y en el marco de las políticas económicas fue privatizada en 1991, adquirida por Iberia, empresa estatal española. Lo que llama la atención que al final no fue privatizada en el sentido estricto, sino que paso a ser parte de una empresa aerocomercial estatal, que para entonces se había expandido en América Latina con la adquisición de otras aerolíneas. La experiencia de esta privatización evidenció al poco tiempo resultados frustrantes, ya que Iberia confrontó problemas financieros en su sede, y empresas como Viasa y otras aerolíneas latinoamericanas fueron expoliadas, sometiéndolas a insostenibles presiones financieras, perdiendo gradualmente competitividad, todo lo contrario de lo que los apologistas de la privatización argumentaron para que el Estado saliera de ella, además perdiendo su capital y sus activos en general, de aquí que a los pocos años de la privatización Viasa entró en bancarrota . Demás esta señalar que las relaciones con los trabajadores fueron traumáticas, y que las condiciones de trabajo se venían a menos. A más de tres lustros de su cierre, aún están abiertos juicios y reclamos laborales, como evidencias de un proceso fracasado. http://www.volarenvenezuela.com/vev/modules.php?name=News&file=article&sid=1408 consulta 20-2-2010.

Menos complejo fue la privatización de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela –CANTV-. Si bien formó parte de la misma política neoliberal en donde se inscribió la de Viasa, su privatización no estuvo dirigida a liquidarla, sino a extraerle los mayores beneficios, además el estado de las comunicaciones telefónicas existentes eran tan deplorables, que quienes se opusieron a su privatización encontraban poco eco en la sociedad. De todos modos hubo un tanto más de resistencia sindical. Lo que permitió que se destinara un 20% de las acciones para ser vendidas a los trabajadores y al público general, con trato especial en el financiamiento. Sin embargo en lo relativo a las Relaciones Laborales, los nuevos propietarios, originalmente consorcio con predominio de capital de EEUU, pusieron en prácticas nuevas políticas de remuneración, de negociaciones colectivas, de contratación y subcontratación, todas ellas modificando sustancialmente las condiciones de trabajo. Una de las primeras medidas fue replantear quienes eran los beneficiarios de los convenios colectivos, y la empresa presionó para colocar fuera de su cobertura a una importante cantidad de trabajadores

En el período de Rafael Caldera II, de 1994 a 1998, la privatización bancaria es la más activa en los primeros años. La crisis financiera -1994- puso en sus manos una importante cantidad de instituciones del área financiera. Esta privatización fue mayormente aprovechada por el capital español, quién se hizo de las más importantes instituciones financieras subastadas; en menor proporción participó el capital de USA y de Chile. Terminada la década del noventa la mayor parte del sistema financiero se había desnacionalizado.

De todas las privatizaciones la más importante ocurrida en el período de R Caldera II, fue la de la Siderúrgica del Orinoco –Sidor-, culminada en 1998. Se trata de la mayor empresa en esa área, que para entonces tenía un producción de 2.5 millones de toneladas de acero y productos planos. Sidor fue adquirida por un consorcio latinoamericano, liderado por el grupo argentino-italiano Techint, en sus diez años de conducción elevó la producción a 4.5 millones. Para ello emprendió reformas productivas y laborales, algunas muy controversiales. Como todos los casos analizados en esta sección, la empresa vuelve a manos del Estado venezolano en el 2008. De paso, el Estado nunca estuvo ausente de la propiedad parcial de esta compañía, así como de sus órganos directivos, ya que la privatización fue del 60% de las acciones, quedando 20% para el Estado y 20% para los trabajadores. Este 40% accionario estuvo representado por el Estado en todo este período privatizado.

De las políticas laborales más criticadas al momento de la re estatización en el 2008, era la masificación de la externalización. La empresa había experimentado desde mucho antes de la privatización procesos de reestructuración que venían bajando su plantilla de 18 mil trabajadores, al momento de la privatización ya contaban sólo con 12 mil, y diez años más tarde al momento de la re estatización, cuenta con sólo 6 mil, y en contrapartida la producción casi se había duplicado. Aquí cuenta por un lado la puesta en ejercicio de innovaciones organizacionales y tecnológicas, pero lo verdaderamente más efectivo en la reducción de la plantilla ha sido la subcontratación que alcanzaba para el 2008, a más de diez mil trabajadores.

El sector productivo tanto público como privado en todo el período que va desde los años sesenta hasta la apertura en 1989, dispuso de amplia protección lo que le permitió disfrutar de los beneficios de la renta derivada de las exportaciones del petróleo y del hierro. También estas rentas contribuyeron a un mejoramiento de las instalaciones y la infraestructura para la producción, lo que coadyuvó a un incremento del consumo interno. Los esfuerzos por reestructurar el sistema productivo sólo son visibles a partir de la apertura económica iniciada en 1989, pero con serias dificultades políticas, que finalmente no facilitaron sus resultados estables, sino que se abrió una etapa de inestabilidad que dio al traste con lo consensos políticos y económicos que se habían establecido a fines de la década del cincuenta y que desde los primeros años de la década del sesenta, fueron claves para el desarrollo de la estabilidad política y la industrialización sustitutiva.