viernes, 23 de octubre de 2009

PROPIEDAD SOCIAL

En el primer semestre del presente año, empezó a circular públicamente un texto del llamado anteproyecto de “Ley de Propiedad Social”. Organizaciones empresariales, sindicales y políticas partidistas reaccionaron llamando la atención de sus implicaciones; especialmente empresarios y sindicatos, sintieron que para ellos las consecuencias planteaban limitaciones importantes. El fomento de una nueva forma de propiedad por un lado, y la no mención en ellas de las organizaciones sindicales, constituían suficiente preocupación.
Por diversas razones el texto ha quedado relegado en la agenda legislativa de este segundo semestre. Otros proyectos sobre temas igualmente medulares, han sido prioritarios para quienes definen esta agenda (educación, elecciones, lo militar, el trabajo).
De todos modos, este tema de la propiedad social está latente, habida cuenta que desde hace unos cinco años, viene fomentándose las empresas de producción social, diríamos que hermanas de la propiedad social.
Una de las justificaciones enunciadas para el fomento de la propiedad social consiste en superar la propiedad capitalista, así como también la experiencia socialista que se ha conocido desde el surgimiento de la extinta Unión Soviética y quienes siguieron este modelo. Tamaña pretensión obliga a un esfuerzo considerable de análisis, estudios, debate para una construcción que implicará impactos y riegos considerables en el futuro de la nación. Donde se elaboran estos estudios y análisis, parece un secreto bien guardado. Donde se debate y quienes participan de ello, igualmente pareciera ser algo clandestino.
Un cierto adelanto es asomado desde el escenario parlamentario, al afirmarse “que la propiedad social es de carácter colectivo no cooperativo”, ya que se considera “la propiedad cooperativa es una forma de propiedad privada, y no una forma de propiedad social” (Diputado Alfredo Murga, www.aporrea del 14-3-09).
En el movimiento cooperativo este enfoque ha creado inquietud, ya que la naturaleza social de la propiedad construida en su ámbito, así como su forma autentica de funcionamiento, lo hace sin duda expresarse como propiedad social, y con componentes socialistas, que dan ejemplo a muchas entidades que llevan la palabra socialista en su propio nombre. Ojala se discuta el asunto entre quienes le quitan lo social al cooperativismo, quienes le ponen socialismo a formas tradicionales de estatismo, y por supuesto quienes practican el cooperativismo genuino.

lunes, 12 de octubre de 2009

La violencia sindical en el sector de la construcción

La mayor parte de la violencia sindical que se ha venido observando se ubica en el sector de la construcción. Se reitera que no es el único sector en donde ocurre, pero se destaca que en la construcción los casos de víctimas de este fenómeno son ampliamente mayoritarios. El otro factor destacable es el hecho de lo desproporcionado del fenómeno en el Municipio Caroní, del Estado Bolívar. En los últimos cuatro años las fuentes periodísticas locales acumulan más de ciento veinte asesinatos. Por tanto la población de esta comunidad se empieza a acostumbrar a convivir con esta nueva barbarie.
Al sector de la construcción se incorporan grandes contingentes de trabajadoras. Es un sector con una gran capacidad de empleo. Por otro lado una gran parte de esa mano de obra es de poca calificación. Los empleos son por obra determinada, y por tanto inestables. El trabajador rota de una obra a otra. Estas características dan lugar a una mayor dependencia de los trabajadores de quienes dirigen los sindicatos, que son quienes controlan el ingreso a los puestos de trabajo. El trabajo es la mercancía que se ofrece de una obra a otra, y la intermediación sindical maneja la relación con los patronos. La venta de los empleos “pueden costar entre Bs. 600 mil y 1 millón, y en ocasiones, hasta 5 millones”.. Tres variables participan de valor del empleo, se trata del tiempo de la obra, la zona y la calificación del trabajador (Provea,2006). En una sola obra importante en la zona “El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción –(Sutic) Bolívar, afirma que para la obra del Puente II sobre el río Orinoco se vendieron más de 800 empleos” (Provea, 2005).
Desde la fundación de los sindicatos por rama de industria de los trabajadores de la construcción, los primeros en la década del cuarenta, y luego se multiplicarían en el aluvión sindical de la década de los sesenta, los adecos mantuvieron la hegemonía absoluta. Para entonces la violencia era fundamentalmente de cabillas y batazos. Los activistas de los sindicatos de la construcción eran generalmente los de las brigadas de choque en las manifestaciones sindicales, como las del 1 de Mayo. En la década del sesenta se popularizó en el medio sindical hablar con temor de “los cabilleros de Juan Herrera”, el por muy largo tiempo presidente-fundador de Fetraconstrucción.
Pero que ha pasado en estos años recientes, para que la contabilidad de la barbarie impacte a todos. Se asoman algunas inquietudes, para seguirlas profundizando.
En primer lugar se ha estimulado la constitución de nuevos sindicatos paralelos, en el mismo sector de la construcción. Ahora los patronos y las obras que ejecutan son conquistados en una lucha hombro a hombro por el sindicato tradicional o por el de reciente constitución, en algunos casos son varios los nuevos sindicatos. Este fenómeno si se quiere se observa en casi todo el país. Pero que tiene el Municipio Caroní, es decir Ciudad Guayana de especial, para que los números de violencia sean un record rojo en la historia del país. Las obras que aquí se han ejecutado en los últimos años son monumentales, un puente sobre el río Orinoco, luego un segundo puente, la construcción de nuevas represas, la ampliación de obras en centros productivos, la construcción de un stadium olímpico –Cachamay-. Son obras que congregan a miles de trabajadores, además son obras que se toman varios años para su ejecución. Todo ello implica un gran poder en el ingreso de trabajadores a la obra y el manejo de las finanzas.
Lo anterior ocurre en el marco de unas cifras respetables de desempleo, aunque ha venido bajando, no hay que olvidar que el empleo mayormente es el de la informalidad, sin tutela ni protección de ningún tipo. Se recuerda que el empleo de la construcción tiene la tutela de la legislación laboral y gozan de un buen contrato colectivo, por lo que si bien su naturaleza lo hace temporal, es plenamente formal.
Otro elemento perturbador de las relaciones de trabajo en este sector y en general en todas las relaciones de trabajo, es el de la fragmentada situación del movimiento sindical. Al paralelismo confrontador de los sindicatos de reciente constitución contra los viejos de dominio adeco, se ha sumado la fragmentación en el ámbito de los sindicatos de orientación oficialista, que ahora responden a diversas corrientes internas. Unas con el beneplácito de las autoridades de la Administración del Trabajo y otras marginadas. Esto determina que las obras de construcción en Ciudad Guayana se las pelean no dos organizaciones sindicales, sino tres y cuatro diferentes. La multiplicación de organizaciones ha llevado a improvisar dirigentes. En la medida que esto ha ocurrido el nivel de la dirigencia ha venido bajando, apareciendo las prácticas violentas como el medio dominante para dirimir las diferencias. Dado que se manejan cifras importantes de recursos económicos, ello ha llevado a la contratación de guardaespaldas y personas que manejan la violencia como práctica cotidiana. En algunos casos los guardaespaldas devienen en delegados en obras y aplican los métodos que conocen.
Algunos dirigentes del sector de la construcción en el Municipio Caroni han conversado en busca de la paz, y admiten que han logrado reducir el número de asesinatos:
Se ha minimizado pero no escapa a los delincuentes que se meten en los sindicatos y allí cometen sus fechorías, para ejemplo mi amigo Vladimir Deivis que hicimos un proyecto de integración y al día siguiente lo asesinaron, era de Sutic, en esa institución no se puede levantar la voz, viven una presión de el que levanta la voz es golpeado, por eso se hace necesario el rescate de Sutic Bolívar”. Declaraciones de de Angel Fajardo, Secretario General de SINATRACOM, el Correo del Caroní, 18-8-09.
Para terminar este problema se ha extendido a otros estados del país, y ya se observa en el Distrito Capital, Miranda, Carabobo, Aragua, Guarico, Zulia. Se trata de un problema nacional. Lamentablemente los esfuerzos necesarios para contrarrestar esta situación no se observan, especialmente desde el Estado, garante de la seguridad y del buen funcionamiento de las instituciones.

miércoles, 7 de octubre de 2009

Criminalización de la Protesta Laboral

La polarización y la confrontación política en los años del actual gobierno, han estimulado al sector gobernante a hacerse de un paquete de leyes que exponen la protesta social a acusaciones penales.
Si bien la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999 incluye un avance importante en los derechos humanos, el problema es que luego de los agitados años 2001 al 2003, los poderes públicos al unísono convinieron en implementar una serie de reformas legales, que dan lugar y propician el que las protestas sociales sean criminalizadas. Marino González (2009), Coordinador General de Provea, menciona el número de 2.200 personas en esta situación.Fuentes del medio sindical identifican más de un centenar de sus dirigentes bajo esta situación.
Se han venido cerrando los espacios institucionales para la protesta social, obligando a los sectores afectados a recurrir a la protesta “no institucional” quedando expuestos; R Uzcategui, de Provea (2009), señala:
“hombres y mujeres sometidas a procesos penales bajo condición de presentación periódica. Campesinos, trabajadores, estudiantes, habitantes de las comunidades populares, acuden cada quince días, o una vez al mes, a los tribunales penales a cumplir con la obligación de presentarse porque de lo contrario pueden terminar tras las rejas. A todas esas personas se les prohíbe circular libremente por el territorio nacional y a muchas de ellas se les priva de poder participar en manifestaciones o declarar de manera pública sobre su caso. Otras son sometidas durante años a dicho régimen de presentación afectando sus estudios, trabajos y vida comunitaria”.

Es en el año 2008 y a lo largo del 2009, que las protestas laborales han recrudecido, y se han localizado especialmente entre quienes le prestan sus servicios a las entidades públicas. Hay que tener en cuenta que los ingresos petroleros experimentaron una baja notable en estos años, y por ello los procesos de negociaciones colectivas se han dificultado aún mas, aparte del cumplimiento de compromisos previamente adquiridos por el Estado patrono. La continuada criminalización de la protesta laboral, acosa el funcionamiento de las Relaciones de Trabajo.