martes, 29 de diciembre de 2009

RAFAEL CALDERA Y LOS INICIOS DE LAS REGULACIONES LABORALES

La desaparición de Rafael Caldera este 24 de diciembre, invita a una reflexión sobre su vida y obra en el ámbito de los estudios del trabajo, ya que la misma estuvo signada por este campo y la política. Tan dilatada trayectoria exige un esfuerzo considerable que una breve nota no puede pretender sino sugerir algunas ideas preliminares.
Centrándose en sus contribuciones en el ambito de los estudios del trabajo, hay que empezar por destacar su temprana inclinación por estos asuntos. Habiendo nacido en 1916, que ya en 1939 haya publicado su obra “Derecho del Trabajo”, es decir con apenas 23 años de edad, y que la misma haya tenido un impacto que aún hoy se siente, es una evidencia de su precocidad en el análisis y la profundización de estos temas. Su temprana inclinación por indagar los asuntos relativos a la normativa laboral, en un país que para el tiempo de sus estudios universitarios de Derecho en la década del treinta, era sumamente atrasado. Hay que recordar que Venezuela, como se ha repetido tantas veces, entra en el siglo XX en el año de 1936 en adelante. De aquí que el haber escogido la temática laboral como centro de sus preocupaciones académicas ya es un postura visionaria.
En la construcción de los análisis de los asuntos del trabajo para entonces dominaron la marxista, la utilitaria y la doctrina de la Iglesia Católica. En nuestro país, las dos primeras aún no habían prendido en los contados medios académicos. En cambio la tercera sí contaba con notable influencia. La encíclica "Rerum Novarum" (1.891) del papa León XII, había tenido notable influencia en el mundo católico mundial, e incluso se le señala como una de las fuentes que inspiraron las primeras legislaciones laborales en nuestro continente. La temprana vinculación de Rafael Caldera con estas fuentes contribuyó a marcar su inquietud por lo laboral.
La creación de la primera entidad gubernamental dedicada al tema trabajo, la Oficina Nacional del Trabajo creada en febrero de 1936 tuvo a Caldera con apenas veinte años de edad, como Subdirector. Ha de destacarse que esta Oficina era parte del programa que tuvo que diseñar y presentar públicamente el régimen de López Contreras, ante las presiones populares de Febrero de 1936. A esta Oficina se le asigna como tarea central preparar un proyecto de Ley del Trabajo. Desde la década pasada, los veinte, ya un movimiento favorable a la construcción de legislaciones laborales estaba en pleno desarrollo en toda América Latina. Era parte de una respuesta a los acuerdos de paz al terminar la I Guerra Mundial, firmados por casi todos los países de la región, que incluían un capítulo de derechos de los trabajadores y comprometía a las autoridades a su implementación.
Es significativo destacar en la formación y oportunidad que tuvo Rafael Caldera en el ejercicio de la responsabilidad asignada en la Oficina Nacional de Trabajo, que Venezuela es receptora de la primera misión de asistencia técnica brindada por la Oficina Internacional del Trabajo, creada en 1919 y que ya había alcanzado una importante influencia mundial en las regulaciones laborales. Aquí se destacan dos hechos que brindaron una oportunidad que el joven estudiante de derecho Rafael Caldera no desaprovechó, una el haber contado con la asesoría de dos experimentados profesionales destacados por la OIT para apoyar en la elaboración de la Ley del Trabajo inicialmente, y luego su Reglamento dos años más tarde, se trata de David Blelloch en 1936 y de Wilfred Jenks, el cual estuvo casi un año en Venezuela para conocer el país y revisar los términos del proyecto de código del trabajo de 1938. Vinculado con esta relación profesional Rafael Caldera fue el primer corresponsal de la OIT en Venezuela.
Seguro que pronto habrá oportunidad para intercambiar sobre su obra en este campo, en donde Rafael Caldera deja una huella profunda, que aún hoy después de su obra pionera de hace setenta años, sigue siendo citado por los interesados en los temas de derecho del trabajo.

domingo, 29 de noviembre de 2009

La distribución del tiempo de trabajo y no trabajo

En el año 2007 la propuesta no aprobada de reforma constitucional promovida por el gobierno introdujo planteamiento sobre la reducción de la jornada. Nuevamente en el borrador de propuesta, que viene circulando a propósito de la reforma de la ley orgánica del trabajo, se incluyen varios artículos dirigidos a la reducción del tiempo de trabajo.

Un denominador común de las propuestas, la primera del ejecutivo y la segunda un borrador de comisión legislativa, es que no hay razonamientos que las acompañen. De todos modos, en la segunda - la propuesta legislativa- se abre un período para el intercambio, ya que inicialmente se planteaba con una sorprendente celeridad y afán aprobatorio. Lo importante es razonar, tanto en lo que tiene que ver con el interés en reducir el tiempo de trabajo, como en cualquier otra alternativa que afecte el tiempo de trabajo.

Algunas consideraciones necesarias a ser parte del análisis, incluirían en primer lugar disponer de datos del desenvolvimiento que ha venido ocurriendo en el tiempo de trabajo. El sólo tener como referente las jornadas legales anteriores, no nos dice mucho. Sería necesario conocer dos datos gruesos, por un lado cual es el tiempo real o efectivo de trabajo en el aparato productivo venezolano, entendido en sus más heterogéneas instituciones productivas y usuarias de fuerza de trabajo. En segundo lugar disponer de información de los patrones de uso del tiempo, en las diversas actividades que forman parte del llamado tiempo reproductivo, que se refiere al tiempo de no trabajo, pero que demanda de las personas que trabajan invertir tiempo suyo, aquí va el transporte, la familia, la educación, los servicios para la vida familiar y comunitaria, que incluiría asuntos como la salud, el recreo, la seguridad, entre otros.

Abarcar lo anterior implica involucrar en el análisis del tiempo de trabajo, también el tiempo de no trabajo, y con ello al trabajador, a la familia, a la comunidad y las dadores de los servicios esenciales, así como a la administración de la ciudad. Con esto se va perfilando que abordar el tiempo de trabajo y su distribución no es un asunto ligero, ya que no reposa en los puros intereses de la producción. Que de paso, son muy importantes en escenarios de dificultades económicos como las que se vienen experimentando, y no se menciona esto por el hecho de haber transcurridos dos trimestres consecutivos de decrecimiento económico, y expectativas de otros trimestres con similares resultados; sino que el modelo productivo imperante en el país, que descansa en exportar un productor primario, casi sin diversificación y más bien en un continuado proceso de desindustrialización temprana, nos coloca ante un escenario muy incierto, en el sentido de darle viabilidad y sustento a las aspiraciones de reducir el tiempo de trabajo. Aqui cabe preguntarse haste que punto somos una sociedad productiva y en cuanto somos una sociedad rentista.

Dejamos sólo esta inquietud inicial, con el deseo de continuarla, pero si pudiéramos contar con los datos que el Ejecutivo está obligado a suministrar, de temas como los indicados, el avance sería mucho mayor. Lo otro que resulta de interés consistiría en hacer análisis en ciertas zonas pilotos del país y en ciertas actividades productivas, que tengan algún grado de representatividad, para de ahí derivar propuestas para la discusión. Es evidente que esto no es tarea de una sóla institución, ni de un solo sector. Ojala debatir sobre este particular encuentre eco y a la vuelta de un proceso de análisis interdisciplinario del problema, nos encontremos más conscientes de adonde dirigirnos. Aunque mientras tanto, los actores laborales en sus convenios colectivos han adelantado propuestas que se deben conocer y considerar, sin ignorar el hecho de la vasta participación en el mercado laboral, de los sectores no beneficiarios de la actividad laboral contractualizada - los informales-, para quienes en muchos casos las jornadas legales no dicen mucho. Por eso el tiempo efectivo de trabajo es tan importante.

jueves, 19 de noviembre de 2009

Conflictos laborales y HCM

Reciente conflicto suscitado en la Ford Motors -Valencia-, por el reclamo de una mayor cobertura de la póliza de Hospitalización, Cirugía y Maternidad, trae a la reflexión varios asuntos importantes, en las relaciones de trabajo. El conflicto paralizó de manera intempestiva la producción de esta ensambladora de vehículos, la cual en los últimos tiempos se había salvado de paralizaciones, hecho notable por ser un sector que presenta un historial de frecuentes conflictos laborales en los últimos tres años.

Una primera reflexión, es que los trabajadores no confían en los servicios que ofrece el Estado en esta materia. Esto no es nuevo, ya que las pólizas como objetivo y conquista laboral viene de los años setenta. Hubo tiempos de mejores servicios en los hospitales públicos, y otras entidades no lucrativas, como la Cruz Roja, Ascardio y otras entidades similares. Pero toca admitir que a pesar de los recursos inyectados al sector salud, los trabajadores no confían en ellos.

Otra reflexión es el hecho de que a los trabajadores reclamantes, que guardan una notable fidelidad con el proceso político en curso, es impensable acusarles de poner deliberadamente en entredicho las políticas públicas de salud.

De la reflexión anterior, se extrae una inquietud, y es la relativa a los paros intempestivos. Es cierto que en el movimiento de los trabajadores, las estrategias y los recursos para la presión son diversos y no sólo responden a aquellos que las empresas y el gobierno prefieran, pero hubo gestiones ante las autoridades del trabajo para abordar este asunto? y como se desarrollaron esas gestiones? que se aportó a la búsqueda de salidas? que aportó cada quién?. La recurrencia frecuente a los paros intempestivos evidencia señales peligrosas de incompetencia de la institucionalidad. Claro que ninguna institucionalidad para atender las normales controversias entre empresas y trabajadores es estática, por tanto ha de experimentar un monitoreo constante, para adecuar y hacer los ajustes. A quienes competa este asunto, hay que pedirles respuesta.

También el conflicto invita a reflexionar en los crecientes costos de los servicios de salud privados. En el caso que comentamos, la póliza era de 20 mil Bolívares (o 20 millones de los antiguos) y los trabajadores fueron al conflicto reclamando una cobertura de 80 mil, es decir cuatro veces más. Han sido tan acelerados los incrementos de estos servicios privados? Que dice la medicina privada?

Otra reflexión es la fragmentada actuación de los actores laborales, tanto empresas como sindicatos, en atender el problema. Es cierto que la negociación por empresa que predomina en el sistema laboral venezolano, no es una ventaja para atender problemas de la magnitud del que se comenta, pero parece existen suficientes razones para encarar el asunto en el marco de una política de análisis e intercambio, por supuesto esto requiere dialogo, y quién tiene en primer lugar la obligación de promoverlo es el Estado, y especialmente el Gobierno.

Los costos de los conflictos laborales al final de cuentas los pagamos todos, los productos se encarecen y escasean.

martes, 10 de noviembre de 2009

Ezequiel Vivas Terán y los Estudios de Relaciones Industriales

Está en imprenta el libro de elaboración colectiva, en donde se incluye un capítulo nuestro que titulamos "Relaciones Industriales ¿que trata y para que?" en su contenido se hace una referencia a la manera como se iniciaron los estudios de las RRII en Venezuela. A propósito de la reciente desaparición de Ezequiel Vivas Terán, hoy es su entierro, fundador de estos estudios a nivel universitario Venezuela, he recogido unos párrafos de la contribución mencionada, que recogen lo significativo de este hecho:

".. Cuando la Universidad de Carabobo –UC- dio los primeros pasos concretos para promover los estudios de RRII –año 1964- estábamos en pleno despegue de la industrialización por sustitución de importaciones. El Estado Carabobo a través de sus líderes, jugó un papel protagónico en gestionar la aprobación de políticas públicas, que favorecieran la instalación de plantas industriales en su suelo.

El antecedente de esta denominación para una disciplina profesional en Venezuela, no pasaba de las denominaciones que para entonces habían logrado establecerse en las compañías petroleras y otras pocas empresas mineras e industriales. Ellas asignaban esta denominación, a sus funciones de gestión del personal y relaciones gerenciales con los sindicatos.

También es importante destacar que la UC promovía esta nueva carrera de las Relaciones Industriales, a partir de una incipiente experiencia de un Departamento y luego convertido en una División Docente, para entonces marcada por una Escuela de Administración y Contaduría, y en una Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, donde las carreras existentes eran con una abierta orientación empresarial, sin espacios para desarrollar ejercicios académicos que reconocieran que se trata de una relación bilateral de la empresas con los trabajadores y sus organizaciones. Por tanto es razonable deducir que la denominación de Relaciones Industriales, no guarda una relación con la literatura ya existente, de origen fundamentalmente anglosajona, que asignaba la denominación de RRII al estudio de la dinámica, controversial y compleja relación de empresas y trabajadores organizados, en el marco de la búsqueda de sociedades más justas, participativas y mejoramiento del bienestar colectivo. Además en la academia venezolana no se habían promovido estos estudios en el resto de las universidades existentes, aunque ha de señalarse que la iniciativa de la UC es coincidente con iguales propósitos en la Universidad Católica “Andrés Bello”. Dos ilustres profesores procedentes de la formación jurídica, fueron personas claves en las gestiones fundacionales de estos estudios, Ezequiel Vivas Terán en la UC y Arístides Calvani en la UCAB."

Estos planteamientos tuvimos la fortuna de exponerlos el pasado 17 de Septiembre, con motivo de la toma de posesión de la Junta Directiva del Colegio de Licenciados en Relaciones Industriales del Estado Carabobo. Ese día el Dr Ezequiel Vivas Terán fue el personaje central del acto y tomó el juramento de los directivos. Un auditorium colmado de sus discipulos, le brindo por varios minutos un aplauso de reconocimiento, ya que se sabía que últimamente sufría quebrantos de salud, y era un hecho excepcional contar con su presencia en el acto. Indudablemente este fue un momento de su despedida de quienes creyeron en su obra y lo recuerdan con respeto y cariño.

viernes, 23 de octubre de 2009

PROPIEDAD SOCIAL

En el primer semestre del presente año, empezó a circular públicamente un texto del llamado anteproyecto de “Ley de Propiedad Social”. Organizaciones empresariales, sindicales y políticas partidistas reaccionaron llamando la atención de sus implicaciones; especialmente empresarios y sindicatos, sintieron que para ellos las consecuencias planteaban limitaciones importantes. El fomento de una nueva forma de propiedad por un lado, y la no mención en ellas de las organizaciones sindicales, constituían suficiente preocupación.
Por diversas razones el texto ha quedado relegado en la agenda legislativa de este segundo semestre. Otros proyectos sobre temas igualmente medulares, han sido prioritarios para quienes definen esta agenda (educación, elecciones, lo militar, el trabajo).
De todos modos, este tema de la propiedad social está latente, habida cuenta que desde hace unos cinco años, viene fomentándose las empresas de producción social, diríamos que hermanas de la propiedad social.
Una de las justificaciones enunciadas para el fomento de la propiedad social consiste en superar la propiedad capitalista, así como también la experiencia socialista que se ha conocido desde el surgimiento de la extinta Unión Soviética y quienes siguieron este modelo. Tamaña pretensión obliga a un esfuerzo considerable de análisis, estudios, debate para una construcción que implicará impactos y riegos considerables en el futuro de la nación. Donde se elaboran estos estudios y análisis, parece un secreto bien guardado. Donde se debate y quienes participan de ello, igualmente pareciera ser algo clandestino.
Un cierto adelanto es asomado desde el escenario parlamentario, al afirmarse “que la propiedad social es de carácter colectivo no cooperativo”, ya que se considera “la propiedad cooperativa es una forma de propiedad privada, y no una forma de propiedad social” (Diputado Alfredo Murga, www.aporrea del 14-3-09).
En el movimiento cooperativo este enfoque ha creado inquietud, ya que la naturaleza social de la propiedad construida en su ámbito, así como su forma autentica de funcionamiento, lo hace sin duda expresarse como propiedad social, y con componentes socialistas, que dan ejemplo a muchas entidades que llevan la palabra socialista en su propio nombre. Ojala se discuta el asunto entre quienes le quitan lo social al cooperativismo, quienes le ponen socialismo a formas tradicionales de estatismo, y por supuesto quienes practican el cooperativismo genuino.

lunes, 12 de octubre de 2009

La violencia sindical en el sector de la construcción

La mayor parte de la violencia sindical que se ha venido observando se ubica en el sector de la construcción. Se reitera que no es el único sector en donde ocurre, pero se destaca que en la construcción los casos de víctimas de este fenómeno son ampliamente mayoritarios. El otro factor destacable es el hecho de lo desproporcionado del fenómeno en el Municipio Caroní, del Estado Bolívar. En los últimos cuatro años las fuentes periodísticas locales acumulan más de ciento veinte asesinatos. Por tanto la población de esta comunidad se empieza a acostumbrar a convivir con esta nueva barbarie.
Al sector de la construcción se incorporan grandes contingentes de trabajadoras. Es un sector con una gran capacidad de empleo. Por otro lado una gran parte de esa mano de obra es de poca calificación. Los empleos son por obra determinada, y por tanto inestables. El trabajador rota de una obra a otra. Estas características dan lugar a una mayor dependencia de los trabajadores de quienes dirigen los sindicatos, que son quienes controlan el ingreso a los puestos de trabajo. El trabajo es la mercancía que se ofrece de una obra a otra, y la intermediación sindical maneja la relación con los patronos. La venta de los empleos “pueden costar entre Bs. 600 mil y 1 millón, y en ocasiones, hasta 5 millones”.. Tres variables participan de valor del empleo, se trata del tiempo de la obra, la zona y la calificación del trabajador (Provea,2006). En una sola obra importante en la zona “El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción –(Sutic) Bolívar, afirma que para la obra del Puente II sobre el río Orinoco se vendieron más de 800 empleos” (Provea, 2005).
Desde la fundación de los sindicatos por rama de industria de los trabajadores de la construcción, los primeros en la década del cuarenta, y luego se multiplicarían en el aluvión sindical de la década de los sesenta, los adecos mantuvieron la hegemonía absoluta. Para entonces la violencia era fundamentalmente de cabillas y batazos. Los activistas de los sindicatos de la construcción eran generalmente los de las brigadas de choque en las manifestaciones sindicales, como las del 1 de Mayo. En la década del sesenta se popularizó en el medio sindical hablar con temor de “los cabilleros de Juan Herrera”, el por muy largo tiempo presidente-fundador de Fetraconstrucción.
Pero que ha pasado en estos años recientes, para que la contabilidad de la barbarie impacte a todos. Se asoman algunas inquietudes, para seguirlas profundizando.
En primer lugar se ha estimulado la constitución de nuevos sindicatos paralelos, en el mismo sector de la construcción. Ahora los patronos y las obras que ejecutan son conquistados en una lucha hombro a hombro por el sindicato tradicional o por el de reciente constitución, en algunos casos son varios los nuevos sindicatos. Este fenómeno si se quiere se observa en casi todo el país. Pero que tiene el Municipio Caroní, es decir Ciudad Guayana de especial, para que los números de violencia sean un record rojo en la historia del país. Las obras que aquí se han ejecutado en los últimos años son monumentales, un puente sobre el río Orinoco, luego un segundo puente, la construcción de nuevas represas, la ampliación de obras en centros productivos, la construcción de un stadium olímpico –Cachamay-. Son obras que congregan a miles de trabajadores, además son obras que se toman varios años para su ejecución. Todo ello implica un gran poder en el ingreso de trabajadores a la obra y el manejo de las finanzas.
Lo anterior ocurre en el marco de unas cifras respetables de desempleo, aunque ha venido bajando, no hay que olvidar que el empleo mayormente es el de la informalidad, sin tutela ni protección de ningún tipo. Se recuerda que el empleo de la construcción tiene la tutela de la legislación laboral y gozan de un buen contrato colectivo, por lo que si bien su naturaleza lo hace temporal, es plenamente formal.
Otro elemento perturbador de las relaciones de trabajo en este sector y en general en todas las relaciones de trabajo, es el de la fragmentada situación del movimiento sindical. Al paralelismo confrontador de los sindicatos de reciente constitución contra los viejos de dominio adeco, se ha sumado la fragmentación en el ámbito de los sindicatos de orientación oficialista, que ahora responden a diversas corrientes internas. Unas con el beneplácito de las autoridades de la Administración del Trabajo y otras marginadas. Esto determina que las obras de construcción en Ciudad Guayana se las pelean no dos organizaciones sindicales, sino tres y cuatro diferentes. La multiplicación de organizaciones ha llevado a improvisar dirigentes. En la medida que esto ha ocurrido el nivel de la dirigencia ha venido bajando, apareciendo las prácticas violentas como el medio dominante para dirimir las diferencias. Dado que se manejan cifras importantes de recursos económicos, ello ha llevado a la contratación de guardaespaldas y personas que manejan la violencia como práctica cotidiana. En algunos casos los guardaespaldas devienen en delegados en obras y aplican los métodos que conocen.
Algunos dirigentes del sector de la construcción en el Municipio Caroni han conversado en busca de la paz, y admiten que han logrado reducir el número de asesinatos:
Se ha minimizado pero no escapa a los delincuentes que se meten en los sindicatos y allí cometen sus fechorías, para ejemplo mi amigo Vladimir Deivis que hicimos un proyecto de integración y al día siguiente lo asesinaron, era de Sutic, en esa institución no se puede levantar la voz, viven una presión de el que levanta la voz es golpeado, por eso se hace necesario el rescate de Sutic Bolívar”. Declaraciones de de Angel Fajardo, Secretario General de SINATRACOM, el Correo del Caroní, 18-8-09.
Para terminar este problema se ha extendido a otros estados del país, y ya se observa en el Distrito Capital, Miranda, Carabobo, Aragua, Guarico, Zulia. Se trata de un problema nacional. Lamentablemente los esfuerzos necesarios para contrarrestar esta situación no se observan, especialmente desde el Estado, garante de la seguridad y del buen funcionamiento de las instituciones.

miércoles, 7 de octubre de 2009

Criminalización de la Protesta Laboral

La polarización y la confrontación política en los años del actual gobierno, han estimulado al sector gobernante a hacerse de un paquete de leyes que exponen la protesta social a acusaciones penales.
Si bien la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999 incluye un avance importante en los derechos humanos, el problema es que luego de los agitados años 2001 al 2003, los poderes públicos al unísono convinieron en implementar una serie de reformas legales, que dan lugar y propician el que las protestas sociales sean criminalizadas. Marino González (2009), Coordinador General de Provea, menciona el número de 2.200 personas en esta situación.Fuentes del medio sindical identifican más de un centenar de sus dirigentes bajo esta situación.
Se han venido cerrando los espacios institucionales para la protesta social, obligando a los sectores afectados a recurrir a la protesta “no institucional” quedando expuestos; R Uzcategui, de Provea (2009), señala:
“hombres y mujeres sometidas a procesos penales bajo condición de presentación periódica. Campesinos, trabajadores, estudiantes, habitantes de las comunidades populares, acuden cada quince días, o una vez al mes, a los tribunales penales a cumplir con la obligación de presentarse porque de lo contrario pueden terminar tras las rejas. A todas esas personas se les prohíbe circular libremente por el territorio nacional y a muchas de ellas se les priva de poder participar en manifestaciones o declarar de manera pública sobre su caso. Otras son sometidas durante años a dicho régimen de presentación afectando sus estudios, trabajos y vida comunitaria”.

Es en el año 2008 y a lo largo del 2009, que las protestas laborales han recrudecido, y se han localizado especialmente entre quienes le prestan sus servicios a las entidades públicas. Hay que tener en cuenta que los ingresos petroleros experimentaron una baja notable en estos años, y por ello los procesos de negociaciones colectivas se han dificultado aún mas, aparte del cumplimiento de compromisos previamente adquiridos por el Estado patrono. La continuada criminalización de la protesta laboral, acosa el funcionamiento de las Relaciones de Trabajo.

viernes, 25 de septiembre de 2009

El “enganche” de personal

La mayor parte de la violencia sindical se observa en sectores productivos donde concurren dos factores, por un lado una situación de paralelismo sindical y por el otro, el sindicato tiene un papel relevante en el ingreso o contratación de trabajadores, ambos fenómenos han venido mostrando su mayor evidencia en el sector de la construcción, pero también se observa en el sector petrolero.
Hay que tener presente que la vinculación de los sindicatos con el ingreso a los puestos de trabajo tiene una dilatada historia, y se remonta a las viejas organizaciones por oficio, las que disfrutaron del reconocimiento de estar dirigidas por los trabajadores más capaces y calificados en un oficio artesanal determinado. De ahí derivaba que era el sindicato quién otorgaba la certificación de formación y capacitación, la que se adquiría por la propia práctica en los centros productivos, bajo la tutoría de trabajadores experimentados.
Luego con la descalificación del trabajo de los artesanos y de los obreros calificados, por el desarrollo de las prácticas tayloristas en el seno de la organización de la producción, se vino a menos el sindicato de trabajadores calificados con funciones de certificador de oficios, pero a cambio surge la necesidad de preservar las organizaciones, a su vez puestas en entredicho porque la descalificación de los oficios permitía fácilmente la sustitución de los trabajadores, y habiendo abundante mano de obra, los empleadores no pensaban dos veces para la sustitución de un trabajador. A su vez este cambio profundo en la organización y el proceso de trabajo, dio lugar al surgimiento de las organizaciones por empresa y por rama productiva.
Sin embargo, bajo estas nuevas condiciones en el funcionamiento productivo y su repercusión que dio lugar a adversas condiciones de mercado laboral, los sindicatos lucharon para mantener al menos la preferencia de la contratación por su intermedio. En el contrato colectivo de la construcción la proporción es 70% y 30%, para el sindicato y la empresa, respectivamente. Con ello, se le daba al sindicato una función que los trabajadores desempleados en busca de empleo valoraban efectivamente. El sindicato como institución se justificaba ante los buscadores de empleos, era una puerta de entrada a la obtención de un empleo y con ello a la condición de asalariado, que implicaba la inclusión en la cobertura de las Relaciones de Trabajo. Y por otro lado, la dirigencia sindical ganaba lealtades y apoyos a la institución y organización sindical. Los orígenes de esta práctica se observan en los convenios colectivos, luego incorporada de manera discreta en la Constitución Nacional de 1961 .
En cuanto a los apoyos a la organización sindical, con los tiempos estos era más bien a la corriente ideológica o partidista que tenía el control del sindicato; y gradualmente se fue convirtiendo en el apoyo directo al propio dirigente, que en un principio asumió el ingreso o postulación de determinado trabajador. Se trata de un proceso que al empezar con el ingreso al empleo, se produce una deuda de este nuevo trabajador con el liderazgo sindical. Deuda que se paga, inicialmente con un aporte económico, así como también con los apoyos exigidos para los procesos electorales y las gestiones que adelante el dirigente facilitador del ingreso. En el seno de las organizaciones sindicales estos ingresos de personal se reparten en forma de cuotas entre los dirigentes. Originalmente, el reparto era por dirigente y grupo político de pertenencia, ya que en el seno de las organizaciones convivían diversas corrientes partidarias o grupos políticos de naturaleza solamente sindical. Pero en los últimos años el fomento del paralelismo ha dado lugar a organizaciones sindicales menos plurales.
Del ingreso o “enganche” de los trabajadores por vía sindical se derivó una consecuencia desventajosa para el trabajador “enganchado”, ya que además de su sujeción al control de la empresa ejercido por supervisores o capataces, se agrega el del dirigente sindical que le facilitó el ingreso o lo postuló. De aquí que el control sobre el trabajador es doble, el de la supervisión de la empresa, que se hace presente a lo largo de la jornada laboral, y el del dirigente sindical, que es eventual, ocurre ante el llamado de atención que la empresa formule sobre el desenvolvimiento del trabajador, y en los asuntos eminentemente sindicales en donde el dirigente dispone de este trabajador en cuanto a los temas de orden sindical y político.
Finalmente el fenómeno del “enganche” se complejiza a extremos que nos coloca en el umbral de la violencia. Se trata de la mercantilización del empleo. Se trafica con un derecho como es el derecho al trabajo, y con ello las necesidades básicas del trabajador y de su familia. ¿De que se trata? Se refiere al cobro por el ingreso del trabajador desempleado. ¿Quién cobra y por que? Cobra la dirigencia sindical. Los sindicatos son precarios en el registro y control de sus ingresos, obviamente ellos entran a bolsillos de los dirigentes y no a las finanzas de las organizaciones. En las razones que contribuyen a explicar porque los desempleados se ven obligados a pagar por la consecución de un empleo, hay que mencionar el hecho de que se trata de empleos que relativamente son buenos, ya que existe una contratación colectiva que ha alcanzado beneficios que superan ampliamente los contenidos de la Ley Orgánica del Trabajo y la legislación laboral en general. Aunque ha de remarcarse que tanto en la industria de la construcción como en la petrolera, estos son empleos por tiempo y obra determinada, lo cual le da al negocio de la mercantilización una ventaja para quienes se benefician de este tráfico, ya que un trabajador desempleado accede a un empleo y ha de pagar por él, y ello puede ocurrir con cierta frecuencia en su vida laboral. En estos empleos el largo plazo no existe.

martes, 15 de septiembre de 2009

Fragmentación y Paralelismo Sindical: manifestaciones peligrosas

Uno de los fenómenos que ha venido lamentablemente ocurriendo en los últimos años es el de la fragmentación sindical, dando lugar al llamado paralelismo sindical. Se trata de la coexistencia de más de un sindicato en un determinado espacio productivo. Este fenómeno se combina con las conquistas contractuales sindicales, de contar con cuotas o porcentajes de ingreso de nuevo personal, dando lugar a una situación de competencia y confrontación en el ámbito inter-sindical. Si bien no es una manifestación nueva, lo crítico del asunto en estos años recientes es su agudización, y lo más grave con consecuencias inéditas en la historia laboral venezolana, como es el que este fenómeno ha servido de cultivo para el alcance y el haber llegado a unos extremos de violencia, que vienen desbordando a las instituciones que atienden el problema.

Ya desde los origines de la conformación de la estructura sindical venezolana, se facilitó el germen para que a posteriori la fragmentación sindical se multiplicara. Cuando se construyó el esquema de organización sindical en la Ley del Trabajo de 1936, se diseño una estructura que facilitaba la organización de sindicatos por municipio, distrito, por empresa, por profesión. Se circunscribía el ámbito de estas organizaciones a microespacios, a diversos seccionamientos, y colocadas en una marcada subordinación al gobierno para autorizar su creación y funcionamiento.

Naturalmente que esto ocurrió de tal manera, porque se trataba de la definición y diseño de una estructura sindical ajena a los propios trabajadores. Incluso los primeros sindicatos de los trabajadores petroleros, se identificaron así mismo como organizaciones de la industria o de la rama productiva, al constituirse como Sindicatos de Trabajadores Petroleros, por ello este tipo de organización no figura en el diseño legal aprobado en este año 1936. Pero en el ámbito nacional y en los círculos de poder, el movimiento carecía de la fuerza necesaria para haber construido sus propuestas de organización propia. Esto conduce a afirmar que se trató de la imposición de una estructura organizativa con gérmenes atomizadores.

Las reformas de mayor relevancia puestas en práctica en los años posteriores no alteraron el fondo de estos gérmenes de la fragmentación. Incluso el proceso que dio lugar a la vigente Ley Orgánica del Trabajo, discusiones ocurridas en los últimos años de la década del ochenta, y que culminó con la aprobación de este instrumento a fines de 1990, pudo al menos insertar las organizaciones sindicales de carácter sectorial y las de ámbito nacional, así como también introdujo el silencio administrativo en el proceso de legalización de los sindicatos. Importa señalar que para ese entonces se pudo al menos conocer de las aspiraciones del propio movimiento sindical, aunque no hay que dejar de mencionar que el mismo hecho de la fragmentación sindical existente le dio preeminencia a la vocería de algunas corrientes sindicales sobre otras. A pesar de este avance en la estructura sindical, el mismo ocurre cuando ya la creada y mantenida por varias décadas, había consolidado mecanismos electorales de reproducción de liderazgos, con un ejercicio cuestionable de la democracia y libertad sindical.

Como se ha podido observar, el esquema diseñado para la organización de los sindicatos es el germen inicial que facilita el paralelismo sindical. En manos del Estado y particularmente del Ejecutivo ha existido una amplia discrecionalidad para facilitar o entorpecer el desarrollo sindical, por la vía del control de los procesos de legalización.

En los años que van del siglo XXI, la relación Movimiento Sindical y Poderes Públicos ha sido difícil. El hecho de que los poderes públicos fomentaron un Referéndum – año 2000- para intervenir en la vida sindical fue una de sus evidencias. Igualmente el haberle sustraído a los sindicatos el manejo de sus elecciones internas, al someterlas a la supervisión de un ente estatal –Consejo Nacional Electoral- ha dado lugar a nuevas formas de intervención, ya que los sindicatos al no contar con la certificación que este organismo emite, son declarados en mora sindical y se les niega su capacidad para ejercer sus facultades de representación.

Recientemente el CNE -órgano del poder electoral-, emana la resolución número 090528-0265, de fecha 28 de mayo de 2009, la cual rige todo lo concerniente a los procesos electorales llevados a cabo en los Sindicatos para la elección de su representantes; y flexibiliza esta intervención, aunque continúa jugando un papel central este ente electoral al “Recibir las notificaciones de convocatoria a elecciones de las organizaciones sindicales”, así como “Conocer y decidir los recursos interpuestos contra los hechos, actos, omisiones y abstenciones de la Comisión Electoral, relativas al proceso electoral de las organizaciones sindicales”.

En el medio sindical hay antecedentes de bandas armadas para atemorizar a los opuestos. Pero ha predominado que la violencia ha estado de lado de quienes cuentan con el amparo de las autoridades. Ocurrió en el período de predominio de los adecos especialmente en los años sesenta y setenta. Renacen estas prácticas en los años dos mil al volverse violento el ambiente sindical, como resultante de la confrontación y el antagonismo político; y nuevamente la licencia para actuar con violencia la tienen aquellos que igualmente cuentan con el amparo y protección de las autoridades.

El asunto se complejiza porque se empiezan a proponerse salidas cuasi militares, tal es el caso de la corriente sindical oficialista conocida como Marea Socialista, corriente que forma parte de la Unión Nacional de Trabajadores –UNT- del 7-5-09 http://www.aporrea.org/trabajadores/n134093.html consultado el 8-5-09
“Séptimo: Autorización, preparación y entrenamiento de autodefensa para los trabajadores, luchadores sociales, obreros, campesinos, estudiantiles, en común con la milicia bolivariana y desarrolla en los lugares de trabajo, los centros de estudio revolucionarios y las comunidades. Octavo: organización de defensa y seguridad para los dirigentes sociales desde las bases.”; aunque esta reacción se entiende por la inercia gubernamental ante el problema. De todos modos esta reacción conlleva riesgos de mayor violencia.

En el análisis de la fragmentación sindical cabe incluir el fomento de los Delegados y Consejos de Prevención, emanados de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Dichos delegados han sido receptores de un conjunto de atribuciones que son tradicionalmente facultades sindicales, como es el caso de la prevención e investigación de accidentes, condiciones de trabajo, tiempo de trabajo, ocio y recreación de los trabajadores.

Luego de puesta en vigencia esta legislación y sus reglamentaciones, se ha continuado un proceso de cooptación de estos trabajadores, dando lugar a una nueva situación de fragmentación en el ámbito sindical. Es llamativo que estas regulaciones y el programa de fomento de los delegados de prevención, se ha venido produciendo al margen del movimiento sindical. Desde el Ministerio del Poder Popular del Trabajo y de la Seguridad Social –MPPTSS-, se realizan acciones de intervención en el seno de los Delegados de Prevención. Gradualmente esto ha venido traduciéndose en una sustracción de actividades de naturaleza sindical, por parte de un ente que funciona bajo directrices que responden más al Ministerio que a los directivos sindicales. Hay casos de Delegados de Prevención que exteriorizan confusamente estar al servicios del Inpsasel.

A favor del fomento de los Delegados de Prevención cabe destacar que esta figura es de constitución obligatoria, por tanto se le observa en todos los centros de trabajo, lo que no ocurre con los sindicatos, que como es conocido son de carácter voluntario, tanto su creación como la afiliación. En donde no existe sindicato, ya sea por el propio tamaño de los centros productivos o por dificultades en los esfuerzos para organizarlo, la existencia de los Delegados de Prevención de alguna manera se constituye en entes que extienden su papel más allá de la prevención de accidentes.

lunes, 7 de septiembre de 2009

La Administración del Trabajo: ¿un tercero neutral?

Continuando con el análisis de los factores que contribuyen a la fragmentación de las Relaciones de Trabajo y con ello a la violencia sindical, toca considerar a la Administración del Trabajo, que viene a ser el ejecutante y expresión de las políticas estatales en el ámbito de las Relaciones de Trabajo.
Se abordan cinco elementos que contribuyen a la fragmentación de las RT, con ello se facilitan condiciones para su desinstitucionalización, y de ahí un paso para el estimulo de la violencia sindical.
Desde su formación inicial las RT se han caracterizado por una notable intervención estatal, aunque un poco menos en el sector petrolero del período concesionario. Estas empresas manejaron sus asuntos laborales poniendo límites a la intervención estatal, más bien por el contrario, desde el sector petrolero se influía en la formación de políticas públicas laborales. Pero lo característico de las RT del los entes públicos,y particularmente del Ejecutivo, ha sido la búsqueda de la limitación de la autonomía del movimientos sindical.
Consecuente con lo anterior el manejo de los asuntos laborales por parte del Ejecutivo, conlleva dos características que ponen en entredicho, el que la Administración del Trabajo desempeñe realmente el papel de un tercero neutral en las relaciones entre capital y trabajo. Una es el sectarismo y la otra la discrecionalidad funcionarial. La primera ha servido al Ejecutivo hacerse de una fuerza sindical bajo la influencia del partido político gobernante. En su momento lo hizo Acción Democrática, ahora lo hacen las organizaciones partidistas gobernantes, en un primer momento el MVR y en los últimos años el PSUV, incluso se puede observar que los partidos políticos aliados no gozan de iguales privilegios en este orden.
El sectarismo corroe la autonomía sindical, y desnaturaliza el papel de la Administración del Trabajo. Incluso todo esto empieza por la propia discriminación para el ingreso y permanencia en la funciones públicas. Son elementos que alimentan la violencia. Provea lo señala en su informe del 2007 con estos términos:“La discriminación por motivos políticos se ha convertido abiertamente en una política de Estado, sin que se hayan aplicado remedios adecuados para prevenirla y sancionarla.”
Sobre la discrecionalidad funcionarial, es una característica del sistema de Administración del Trabajo imperante, que deja en manos del funcionariado amplios márgenes de decisión en los asuntos laborales.
Los otros cuatro elementos a analizar serán temas de los próximos materiales.

jueves, 27 de agosto de 2009

Violencia Laboral: Prácticas provocadoras en escenarios productivos

Se destacó al inicio del presente documento que la violencia sindical se inscribe en una categoría más general, como es la violencia laboral. La que a su vez se inscribe en un contexto de violencia generalizada, que coloca a Venezuela como la sociedad más violenta de América Latina, dado el número de homicidios por cada cien mil habitantes (Briceño-León y Avila, 2007), en donde se confía poco en los órganos de justicia . A esto ha de agregarse que la violencia en el medio sindical no ha sido atacada por las autoridades. Los casos que las autoridades judiciales han llegado a penalizar son aislados, y a pesar de la naturaleza de muertes por encargo en la mayoría de los asesinatos, son pocos los casos en donde las investigaciones policiales han dado lugar a la detención de los acusados del hecho material, y lo mas grave es que no se ha llegado en ningún caso a la identificación de los responsables intelectuales.
Volviendo al ámbito laboral, también debe destacarse que el mismo se desenvuelve en un ambiente político altamente confrontativo y polarizado. El proceso político que viene desarrollándose a lo largo del presente siglo ha contribuido a agudizar la confrontación, sea por las políticas gubernamentales, o sea por la manera como los opositores las han enfrentado. Cuando se ha mencionado el contexto de violencia laboral, ha de precisarse que se trata de manifestaciones que implican la pérdida de vigencia de mecanismos de convivencia entre los actores laborales y productivos, lo que evidencia situaciones de desinstitucionalización. Mecanismos que han tendido a experimentar procesos de fragmentación, y generan estados de caos en los ámbitos laborales.

Prácticas provocadoras en escenarios productivos

Corresponde analizar el desenvolvimiento de las RT en un contexto social y político complejo como ya se ha destacado. Ahora toca ubicarse en los espacios productivos. Empezando por admitir la naturaleza de las Relaciones Capital y Trabajo, y reconociendo que se trata de una relación que conlleva un elemento complejo como es la determinación del precio de la fuerza de trabajo, es por tanto obvio que eventualmente estas relaciones impliquen acciones de presión que pueden llegar a adquirir visos violentos, sea de un lado o del otro. Claro que la convivencia productiva demanda acuerdos y consensos, para que se produzca la actividad para la cual la empresa fue creada.
Un punto de partida para el análisis de la violencia laboral es el propio inicio de esta relación, es decir la formación del contrato de trabajo. Es un momento de extrema desigualdad en contra del trabajador, a tal punto que U Beck (2000) lo llama “El contrato laboral, es por tanto, políticamente considerado, un contrato de sometimiento. Los fines, contenidos, objetivos del trabajo no están ya en manos de los propios trabajadores, sino en las de aquellos que organizan los procesos laborales (generalmente según principios económicos)”.
En nuestro medio se dan casos extremos de empleadores que obligan al trabajador entrante a firmar documentos incluso en blanco, usualmente se trata de una carta que eventualmente se le llenará el texto con una supuesta renuncia. El desempleado o no que aspira un empleo, tiene un margen muy limitado de fijar condiciones, ellas vienen del empleador; y por supuesto en aquellos casos en donde existen los acuerdos colectivos, en su contenido se indican condiciones de empleo, que han sido negociados con los sindicatos. Es un momento en donde la situación de asimetría entre el trabajador y la empresa es ampliamente favorable a esta. Según la calificación del trabajador este asimetría puede ir reduciéndose hasta incluso ponerse del lado del trabajador. Pero no es el caso de la generalidad de los empleos sindicalizados, en donde los niveles de calificación son más bien modestos. Ello mismo explica la necesidad de la organización colectiva.
La violencia laboral se manifiesta igualmente con las políticas antisindicales que perviven en centros productivos dirigidos por empleadores que temen la presencia sindical, y hacen esfuerzos violando disposiciones legales para contrarrestar la formación de la organización sindical.
En los años que las políticas neoliberales orientaron la conducta empresarial y estatal, como fue en los ochenta y en los noventa, se privilegió y se fomentó una flexibilización de las formas de contratación, que unilateralmente fue reduciendo la fuerza de trabajo, transfiriendo trabajadores a otras formas organizacionales que resultaran más baratas para la empresa central. En casos más radicales la estrategia fue más allá, llegando al cierre del negocio para abrirlo de nuevo con otro denominación jurídica, lo que significaba empezar con nuevas y desmejoradas condiciones de trabajo.
Igualmente en este contexto floreció la mercantilización en las relaciones de trabajo, conminando a trabajadores a constituirse en empresas mercantiles, todo con el fin de eludir la tutela laboral, así también florecieron las empresas de trabajo temporal y otras formas externalizadas de organización del trabajo, conllevando el desmejoramiento de las condiciones de trabajo, y generando desigualdades de las condiciones de trabajo entre la empresa central y estas otras nuevas creaciones organizacionales. Si bien en estas modalidades se dificultaba la organización colectiva, no por ello el malestar no afloraba, pero lo hacía vía reclamos individuales o acciones colectivas no sindicales.
La interrupción intempestiva de la relación de trabajo, dando lugar al desempleo es un elemento delicado que contribuye a generar tensiones, ya que lleva las dificultades al propio seno de la familia. Si bien la estabilidad en el trabajo y la inamovilidad laboral, permite garantías de que la interrupción ha de ser justificada, y por otro lado el trabajador tiene la opción de recurrir a las instancias administrativas y judiciales, todo esto se constituye en un proceso que afecta la vida familiar. De otro lado, existen mecanismos compensadores como es el seguro de desempleo, pero el organismo encargado de pagar estos conceptos –IVSS- toma un tiempo prolongado para hacerlo efectivo .
Retomando el tema Condiciones de Trabajo, como un componente de la Organización del Trabajo, hay que destacar que esta dimensión en una amplia mayoría de los casos, fue tradicionalmente sacrificada en los esfuerzos y en la acción sindical, para subordinarla al tema reivindicativo de naturaleza monetario. La expresión monetarización del riesgo y del descanso, ilustran este fenómeno. Con ello se alude al canje de aceptar riesgos a cambio de bonos monetarios, igual caso es el canje de sacrificar descansos por más dinero. Esta evolución a la larga determinó un sacrificio de principios y valores de estima de la propia dignidad del trabajador. Esto no es ajeno a que también se observen manifestaciones de trato despótico hacia los trabajadores. Se ha planteado que el desarrollo de los derechos del ciudadano o de ciudadanía ha avanzado más que esos mismos derechos en los espacios laborales. En éstos persiste una estructura vertical, de sumisión del trabajador a la empresa (Iturraspe, 2000).
Finalmente en la empresa frecuentemente ocurren situaciones de desacato a las providencias y decisiones de los organismos públicos de la Administración del Trabajo. Ahora algo minimizado con la exigencia de la solvencia laboral a aquellas empresas privadas que pretenden hacer negocios con entidades estatales, y muy especialmente requerir divisas preferenciales para pagos de importaciones. El desacato, luego de la culminación de todo un proceso que para los trabajadores es engorroso, representa una situación de violencia institucional. Pero lo llamativo de esta anormal situación, es que ella está más generalizada en los entes y empresas estatales, que como no necesitan obtener la solvencia laboral, se toman más libertades en ignorar las decisiones favorables a los trabajadores.

viernes, 21 de agosto de 2009

Las Relaciones de Trabajo: inclusión y exclusión


-->Continuando con el tema de la Violencia Sindical, como expresión de la fragmentación de las Relaciones de Trabajo, se presenta en la nota a continuación como éstas ofrecen la posiblidad de constituirse en una opción inclusiva.
Las Relaciones de Trabajo –RT- forma parte de los procesos de modernización construidos como resultante de la combinación de las luchas generadas por los movimientos de trabajadores, y las respuestas y propuestas del capital y las elites políticos económicas, todo con el objeto de garantizar las condiciones para el

-->desarrollo productivo. El eje de las RT descansa en la convivencia entre el trabajo asalariado y el capital, y las necesidades de la producción y el bienestar de los productores – trabajadores y empresarios-. 
La construcción de las RT es un proceso histórico de acumulación de experiencias y procesos, que tienen antecedentes concretos y que exteriorizan continuidad en nuestro país, desde mediados de la década de los treinta. El nacimiento de la democracia venezolana es una condición política necesaria para el surgimiento de las RT, así también la existencia de procesos productivos en el ámbito económico que aglutinen numerosos contingentes de trabajadores en condiciones de relaciones productivas claramente capitalistas, como es el caso de la explotación petrolera en la Venezuela de esos mismos años.
-->
Al tiempo que el país logró condiciones para que su sistema democrático se estabilizara y su aparato productivo se modernizara y extendiera a diversas ramas o sectores, así como en la vasta geografía nacional, en esa medida se fueron creando las condiciones objetivas para la difusión y extensión de los mecanismos propios de la RT, como son los sindicatos, las empresas y sus prácticas de relaciones cotidianas y estables de intercambio dada la convivencia; además de las instituciones estatales de inspección y solución de las diferencias que las partes o actores tengan.
La construcción de las RT descansa además de las iniciativas de los actores del lado del trabajo, que en un primer momento pueden resultar frustradas totalmente, en la capacidad de que se alcance alianzas que permitan consensos y se concreten grandes acuerdos de carácter nacional, que luego tienen expresiones en los sectores productivos y en las empresas concretas. Pero todo esto demanda que se construyan y funcionen diálogos entre las representaciones genuinas de los actores políticos, económicos y sociales. Teniendo presente que su expresión en lo laboral implica el diseño y funcionamiento de mecanismos y procesos para el normal relacionamiento para atender las diferencias y la convivencia.
Las RT surgen acompañando discursos modernizadores, que tuvieron repercusión real en nuestra sociedad, ya que por un lapso importante fue creciente el mejoramiento de los niveles productivos de las empresas y de la calidad de vida de los trabajadores de los sectores modernos. La aspiración de los jóvenes que se
-->incorporaban al mercado laboral era acceder a un buen empleo, que además significaba la sindicalización y la cobertura del convenio colectiva, y para los sectores medios y altos, poner en práctica el ejercicio profesional de unas calificaciones alcanzadas en la educación superior o en instituciones especializadas de la formación profesional.
Pero las RT no se extendieron a toda la sociedad, como igualmente ocurrió con la legislación laboral, y con las instituciones de la seguridad social. Ocurrió lo que Robert Castel (1995) denomina una zona de integración, otra de vulnerabilidad y otra zona de exclusión. Los alcances de las RT cubrieron a una parte de la población, aquella que laboraba en los llamados sectores modernos de la economía privada, y casi en toda la administración pública; estos contaban con sindicatos y convenios colectivos, y sus empleadores ponían en práctica modernas políticas de gestión de personal. Sin embargo se nos quedo por fuera más de la mitad de la población. Por un lado lo que apenas eran receptores de la protección mínima de la legislación, pero sin beneficios de las instituciones colectivas, y finalmente lo que carecían de todo tipo de protección.
En este contexto, los empleos en algunos sectores se convirtieron en privilegiados, no porque se trabajara menos o las jornadas fuesen blandas, sino porque había una política empresarial moderna, organización sindical efectiva y un contrato colectivo que mejoraba ampliamente los mínimos de la legislación laboral y de la seguridad social, y se materializaba un mejoramiento continuo de la calidad de vida del trabajador y su familia.
Desde los años ochenta en adelante, este continuado proceso de mejoramiento empezó a encontrar dificultades. Las Relaciones de Trabajo y sus instituciones perdieron su naturaleza progresiva. Cesó por varios años continuos el incremento de los salarios reales, de la sindicalización, de la cobertura de las negociaciones colectivas. Los salarios y la calidad de vida venían mejorando continuamente desde los años de los años treinta; un poco menos prolongado los otros factores, como la sindicalización y las negociaciones colectivas. En la segunda mitad de los ochenta la continuada inclusión de las RT llegaron a su termino, y se abre una etapa que presenta más dificultades para acceder a un empleo, así como una desmejora en la calidad de los mismo. En estos años se empiezan a manifestar una serie de limitaciones en el funcionamiento de las RT que denominamos el inicio de un proceso de su fragmentación, que alcanza su clímax con la violencia sindical de los últimos cinco años.

sábado, 1 de agosto de 2009

Violencia Sindical

El problema y antecedentes
A partir de este material nos planteamos un acercamiento al tema de la violencia sindical. Se ubica este fenómeno como una manifestación de la violencia laboral, la que a su vez es un reflejo de la situación de violencia generalizada que experimenta la sociedad venezolana. La violencia sindical es un fenómeno que ha alcanzado niveles preocupantes en la vida del país, por supuesto que los primeros en captar este drama son quienes participan o se interesan por el funcionamiento de las Relaciones de Trabajo.

La violencia sindical refiere a violaciones de derechos humanos, los que alcanzan en su manifestación más extrema a asesinatos, pero igualmente ella incluye las amenazas, el hostigamiento, atentados con o sin lesiones, desplazamientos forzados, las detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, las desapariciones, la tortura .

El Informe de Provea, institución privada que lleva registros de violaciones de los derechos humanos, indica para el año 2005 el asesinato de 45 dirigentes sindicales, relacionados con la obtención de empleos en los sectores de la construcción, industrias básicas y petrolero. El año siguiente -2006- el Informe de Provea correspondiente indica un número de 48 asesinados, el fenómeno sigue ocurriendo por el acceso al empleo, en los sectores de la construcción y el petrolero. El número baja a 29 en el 2007, este año “se instala una mesa de dialogo de alto nivel constituida en el 2007 para buscar soluciones a esta problemática fue abandonada tanto por los trabajadores como por el gobierno sin haber logrado resultado alguno”. Provea (2008)

Con los datos anteriores Provea informa que ya para el año 2007 indica que “Venezuela es el segundo país en el mundo más peligroso para los sindicalistas, luego de Colombia” . Pero Analizando los datos recopilados por la Escuela Nacional Sindical (–ENS de Colombia- que cuenta con un sostenido programa de recopilación de registros y testimonios -), resulta discutible esta afirmación, véase lo siguiente: Disponiendo de dos fuentes por un lado la ENS, da cuenta de 22 homicidios de sindicalistas en el 2007 y de 34 en el 2008. Estos números son más bajos que los de Venezuela en esos mismos años. Aunque otra fuente importante como es la Confederación Sindical Internacional, a la cual está afiliado el sindicalismo colombiana, presenta un registro de 39 y 45 de asesinatos de sindicalistas para igual período.

No obstante lo extremo de la situación de violencia sindical, dada la magnitud que ha alcanzado la violencia general existente en el país, coloca a aquella como una violencia más, de alguna manera le resta importancia. Por tanto, interesa destacar que la violencia sindical está vinculada con una situación de deterioro institucional, que lesiona directamente el funcionamiento de las Relaciones de Trabajo. La violencia sindical no es una violencia aislada. No menos importante es agregar que en ella se recurre frecuentemente al sicariato, es decir asesinatos por encargo. Hasta en los medios ha surgido una nueva y especializada categoría el "sindicariato".

Hay que señalar que la vida sindical venezolana no tiene ni remotamente en su historia, nada que se le parezca en cuanto a tales niveles de violencia. En la historia sindical venezolana, se contabilizan hechos de violencia sindical en las décadas del cincuenta y del sesenta, por la inevitable asociación entre los partidos políticos activos en la lucha política clandestina y su relación con las organizaciones sindicales bajo su orientación o influencia. Incluso en la década del sesenta ya no sólo fue la acción política clandestina, sino que ella era además insurreccional y armada, por supuesto más expuesto el sindicalismo a experimentar agresiones violentas.

En los años violentos de la emergencia de la subversión guerrillera a principios de la década de los sesenta, el sector sindical quedó expuesto a la represión, ya que la acción sindical por su propia naturaleza necesita actuar abiertamente, para la vinculación directa con las masas y la acción laboral reivindicativa ante las instancias correspondientes. Por supuesto, la fracción sindical de la izquierda experimentó consecuencias directas de la violencia política, como fue una importante pérdida del número de adherentes, luego de haber tenido una relación de fuerzas similar a la corriente acciondemocratista, como se evidenció en los resultados electorales del III Congreso de la CTV en 1959. La etapa de la violencia política la aisló de importantes contingentes de trabajadores, facilitando con ello que las corrientes acciondemocratista y socialcristiana hegemonizaran el movimiento sindical por los siguientes cuarenta años.

Por otro lado, si bien se entiende que en la relación capital y trabajo hay intereses contradictorios, los actores del mundo del trabajo junto con el Estado, han construido a lo largo de un proceso histórico de más de setenta años, un conjunto de instituciones y mecanismos que permiten el abordaje y tratamiento de las diferencias.

Pero el funcionamiento de las Relaciones de Trabajo ha venido experimentando en los últimos veinte años un proceso de descomposición que se identifica como Fragmentación . Los procesos de transformación en el sistema político y el sistema económico influyen en el funcionamiento de las Relaciones de Trabajo –RT-, y como es notorio, en las últimas décadas estos han experimentado importantes transformaciones.
En próximas entregas se continuará con el tema.

martes, 9 de junio de 2009

PARTICIPACION EN LAS EMPRESAS PRIVADAS

Sería un tanto ingenuo aspirar que las empresas tuvieran interés en promover procesos genuinos de participación de los trabajadores en la gestión de sus negocios. Sin embargo es importante reconocer los cambios que en la organización del trabajo se han venido manifestando, y auscultar en ellos las posibilidades o facilidades que ellos implican para un eventual desarrollo de la participación en las empresas.
La concepción tradicional de empresa implica que ella a través del empresario, reúne en su seno a los factores de producción y los combina del modo más eficiente posible para proveer bienes y servicios al mercado, quién le asigna la renta (utilidad marginal). El empresario asigna las funciones de los otros factores de producción requeridos para el proceso, determina el rol de cada quién en la organización de la producción, asume la dirección del proceso, y con ello el riesgo de cara a la dinámica competitiva del mercado (Vásquez 2003:553). En la medida que el factor riesgo se minimiza por apoyos y garantías provistas por las políticas públicas, entra entonces en acción una posibilidad de que planteamientos favorables a la participación formen parte de los procesos organizativos de las empresas. En este orden es como se entienden las propuestas gubernamentales, cuando se trata de brindar un apoyo a empresas en dificultades económicas. Como lo evidencia el “Acuerdo Marco de Corresponsabilidad para la Transformación Industrial” , en su art. 4 (Este Acuerdo fue promovido por el Gobierno a través de varios despachos ministeriales vinculados con el área productiva y laboral, y al mismo se adhieren las empresas que reciben apoyo financiero del Gobierno. El gremio de las pequeñas y medianas industrias, Fedeindustria, ha jugado un papel igualmente promotor.) :
“Cuarto. Las empresas que se adhieran al Acuerdo Marco, iniciarán, junto al gobierno nacional, un proceso exploratorio de diálogo para el establecimiento de compromisos específicos sobre los siguientes aspectos:
• Garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes laborales.
• Asegurar el cumplimiento de la responsabilidad social de las empresas con sus trabajadores, trabajadoras, la comunidad y el país.
Promover formas y procedimientos de participación del colectivo de trabajadores y trabajadoras, en la gestión y propiedad accionaria de las empresas.
–negrillas nuestras-.

Con el objeto de poner en antecedentes una característica de la organización empresarial en Venezuela, una consideración inicial es tener presente que el desarrollo de la organización del trabajo en las empresas privadas, recibe en una primera etapa una enorme influencia de las empresas transnacionales petroleras. Para entonces el empresariado nacional era casi inexistente. Resulta que estas empresas fueron pocos permeables a dar la más mínima participación a las incipientes organizaciones de los trabajadores. Además, como ellas fueron muy influyentes en la organización que se desarrolló en el país en años posteriores, al iniciar Venezuela su política de industrialización, basada en la sustitución de importaciones, en la década de los sesenta, sentaron su huella caracterizada por no permitir inherencia de los sindicatos en lo que ellas denominaban “las prerrogativas gerenciales”, que refería al manejo de la organización técnica y administrativa del negocio, y a cambio de ello permitir una agenda de reivindicaciones socio económicas más o menos frondosas, las que ocupaban totalmente la atención de los sindicatos, y los alejaban de los problemas y temas de la gestión de las empresas. Incluso disposiciones que se generalizaron en el funcionamiento de las relaciones laborales venezolanas, como el papel de los sindicatos como oferente de fuerza de trabajo –cláusula de ingreso- fue totalmente impedido en el sector petrolero, y tan sólo se permitió para el ingreso de los trabajadores a las empresas contratistas, es decir no en las operadoras principales.
Luego de la nacionalización petrolera -1976- se constituye la empresa PDVSA, y en un principio varias empresas operadoras que correspondían casi exactamente a las operadoras extranjeras, que recién habían sido indemnizadas (por ejemplo Creole devino en Lagoven, la Shell en Maraven). Pues bien, estas compañías filiales de PDVSA no incorporaron a los Directores Laborales, y no pasó nada. Su explicación consistía en que al tener la casa matriz al Director Laboral, no se sentían obligadas a incorporarlo en las operadoras. La dirigencia sindical petrolera hizo el gesto de solicitarlo. Pero téngase en cuenta que las bases sindicales no sentían esta representación como propia, por tanto no fue tema de un genuino conflicto laboral.
En la década de los ochenta el discurso neoliberal se hizo dominante, y atrás quedaron todas las posibilidades de que el sector empresarial hiciera gestos a favor de la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas.
En el período bolivariano la crisis económica y política que se manifestó plenamente en los años 2002 y 2003, dejó a muchas empresas en dificultades operativas. El gobierno ha promovido iniciativas para hacerse de empresas en sectores que considera estratégico, las negociaciones han estado orientadas a entenderse con los antiguos propietarios, cumpliéndose con reglas formales en las correspondientes transacciones. (El juicio que aquí se emite está relacionado con actividades productivas industriales y de servicios. La situación del campo –agrícola y pecuario- no es foco de los planteamientos considerados en el presente documento).
Otro programa digno de mención es el llamado “Acuerdo Marco de Corresponsabilidad para la Transformación Industrial”, sobre este programa:
Del acuerdo marco de corresponsabilidad han surgido 120 empresas cogestionarias. Solamente hay cuatro casos donde el Estado ha obligado a ceder la propiedad. Declara Elio Colmenares, Vice Ministro de Industrias Ligeras y Comercio y responsable del programa “Acuerdo Marco de Responsabilidad”.. –AMC- que a partir de marzo se empezó a llamar “Fábrica Adentro”. Admite que hay conflictos y desacuerdos entre Edo y propiedad privada, porque es un programa nuevo y tiene una nueva manera de ver las relaciones de producción, además no se han fijado normas. El AMC ofrece ayuda técnica y financiera a empresas con dificultades “casi quebradas”, a cambio de la participación. de los trabajadores. en la gestión y en la junta .directiva, así como un compromiso con la comunidad y la población donde está la fábrica“ . EL AMC ha brindado atención financiera a 595 empresas, por un monto de 600 millardos a un interés que va desde 4 al 8%, con un año de gracia y la entrega en tres porciones. Señala solo 4 casos de expropiaciones (Invepal, Inveval, Sideroca y Central Cumanacoa)” Ult.Noticias, 30-7-06 p.33.

Sobre el manejo y los resultados de estos recursos y en general el funcionamiento de estas experiencias no se tiene una información oficial. A lo sumo declaraciones aisladas de funcionarios, como es el caso anterior. Quién por la misma fecha indicó que “Empresas en cogestión calculan pérdidas durante dos años” –El Nacional, 13-8-06, A15. Lo que en otras palabras pudiera entenderse que ya estarían muchas de ellas brindando ganancias sea para las acciones estatales, de los trabajadores o el apoyo a programas comunitarios.

jueves, 7 de mayo de 2009

Lo reivindicativo redistributivo y lo productivo

Retomando el funcionamiento de las Relaciones de Trabajo, se tiene que la agenda temática reivindicativa dominante la copan asuntos de orden redistributivo y no productivo. Es decir, con la influencia señalada de las negociaciones colectivas petroleras que se inician en la década de los cuarenta y gradualmente van influyendo en el modelo laboral venezolano, que se caracterizaron por un minucioso contenido de reivindicaciones de orden socio económico, fueron dejando a un lado los procesos productivos.
Los segmentos laborales en mejor situación reivindicativa, son herederos de un patrón o modelo de acción sindical que tuvo sus orígenes en la actividad petrolera. Como se sabe los campos o enclaves petroleros, fueron espacios productivos y al mismo tiempo reproductivos, ubicados en zonas de escaso desarrollo urbano, carentes de infraestructura. Es por lo que la acción reivindicativa sindical en el marco de las relaciones laborales en el espacio productivo concertó con los patronos construir una contratación colectiva amplia, que trascendía los aspectos salariales y de condiciones de trabajo, y se introducía en un diverso espectro de conquistas desvinculadas de lo productivo, tales como salud, escuelas, deportes, servicios sociales. Explicable en los espacios productivos propios de las explotaciones petroleras iniciales, así como las del hierro.
Pero este mismo patrón reivindicativo fue trasladado a la plataforma sindical, en las urbes y zonas con infraestructura pública para estos propósitos y objetivos. Resultado, el movimiento de los trabajadores se desentendió de dos asuntos claves en perspectiva histórica. Por un lado de la temática de la gestión de las empresas y de todo lo relativo a la organización del trabajo y de la producción, dejándoselo como un monopolio en manos de los patronos. Y por otro lado, se desentendió de funciones y servicios públicos brindado por el Estado, ya que el movimiento lograba de alguna manera resolver esta situación con lo negociado contractualmente con el patrono.
Las negociaciones colectivas petroleras en el período de las transnacionales alcanzaron una extensión en el contenido de 131 cláusulas y 10 anexos – contrato colectivo 1973-976. Cuando se analiza su contenido, apenas los temas relativos a la actividad productiva son sólo aquellos relacionados con los riesgos, el uso del tiempo de trabajo y, el tabulador de cargos y salarios. Temas de la gestión de la empresa están ausentes. El grueso del contenido tiene que ver con cláusulas sindicales, servicios sociales, como educación, salud, comisariatos – abastos o proveeduría- que expende a precios subsidiados cerca de ochenta diferentes alimentos y artículos del hogar .
En años recientes y en otros sectores productivos se confirman estas mismas características. Véase el caso del sector automotriz: los convenios colectivos de DaimlerChrysler 2000-2003 y de Ford 2001-2004, son algo menos extensos que el contrato petrolero mencionado, ya que no incluyen por supuesto cláusulas que tienen que ver con la vida en los campos petroleros, pero siguen siendo frondosos con 100 y 92 cláusulas respectivamente, e igualmente ausente los temas de la gestión y producción, las únicas referencias directamente vinculadas son los riesgos, el tiempo de trabajo y el tabulador de salarios . El sindicato es funcional a las necesidades de orden y disciplina que tiene el proceso productivo, pero no forma parte de la gestión de cómo se organiza la fuerza de trabajo para la producción y como se desarrolla el proceso productivo. Un ejemplo de esta orientación puede verse en las siguientes cláusulas de los contratos colectivos citados:
Cláusula No 98 “Determinación de normas y reglamentos”: La empresa conviene en discutir con el Sindicato las reglamentaciones internas que proyecte poner en vigor dentro de la misma, relacionadas con las normas de disciplina y el orden que deberá mantenerse dentro de la Empresa. Es entendido que los reglamentos internos de carácter técnico, serán establecidos unilateralmente por la Empresa” -Chrysler-

Cláusula No. 86 “Compromiso con la calidad, la diversidad y la formación”: Las partes considerando que la globalización, la integración, la diversidad y los procesos de apertura representan oportunidades y amenazas que exigen la acción conjunta de todas las partes para alcanzar las soluciones necesarias, reafirman su compromiso por la búsqueda de la excelencia y la mejora continua a través de programas como el Sistema Productivo Ford (FPS), Pago por conocimiento, Proceso de Revisión y Evaluación de Seguridad y Salud (SHARP), etc
a- .Las partes ratifican su compromiso para:
b- Mejorar los niveles de competitividad y productividad;
Profundizar el proceso de la mejora continua de la calidad de los productos, procurando que en dicho proceso la formación del recurso humano sea uno de los factores fundamentales en la satisfacción de nuestros clientes y en la calidad de vida de los trabajadores.” Ford.

Cabe destacar que a pesar de la semejanza en lo relativo a la limitada acción sindical contractualizada en los temas de la gestión de empresas, los dos contratos colectivos automotrices mencionados fueron negociados por sindicatos de diversa orientación ideológica, el de DaimlerChrysler es un sindicato afiliado a la CTV (Fetrametal y Fetracarabobo), con un liderazgo de orientación socialcristiano, y el de Ford es una organización afiliada a la UNT, de orientación bolivariana. En la vieja e imprecisa manera de identificar, el primero sería de derecha y el segundo de izquierda. Pero los dos sindicatos responden y son consecuencia de un modelo de relaciones de trabajo que poco ha avanzado, en donde los sindicatos adquieran un papel relevante en los temas de la gestión de empresas.

domingo, 26 de abril de 2009

“Crisis es oportuna para combatir el despotismo y la partidización”

Así títula el Correo del Caroní entrevista que nos hicieron, a través de la periodista Clavel Rangel Jiménez y publicaron el 20-4-09, aquí van unos fragmentos:

Héctor Lucena, especialista en estudios del trabajo señala que sacrificios de los trabajadores son coherentes siempre y cuando el Estado ponga en evidencia los sacrificios que de su parte está dispuesto a dar.

Las acciones del patrón-Estado hacia los trabajadores cada día dan mayores luces de lo que espera al movimiento sindical venezolano. Sin embargo, en el encuentro con esa realidad decenas de corrientes están fortaleciendo sus posturas o buscando un nuevo centro, todo ello ante la necesidad de fijar una posición hacia la supervivencia de la representación sindical.

Ante eso Héctor Lucena, coordinador del doctorado en Ciencias Sociales mención Estudios del Trabajo en la Universidad de Carabobo y editor de la Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, plantea que las armas disuasivas del Gobierno pueden aminorar la acción del movimiento sindical.

“La amenaza de militarizar el metro -en el caso de los trabajadores de ese servicio- es algo que mete miedo, y otro caso palpable es lo que ocurrió en el 2008 con los trabajadores de Sidor, cuando discutían la convención colectiva, luego vinieron medidas judiciales, criminalizaron la protesta y ahora 20 ó 30 dirigentes tienen que estar presentándose”.

Otro aspecto que a su juicio puede ser un revés es la nueva titular del Ministerio para el Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, María Cristina Iglesias. “Puede ser menos negociadora que la anterior, es una persona más dura, eso también hace rígido el ambiente laboral”.

Lucena señala que la manera como se han tomado las decisiones entre los cuadros gerenciales y los cuadros de base son muy distintos. “A los cuadros de base se les responde con sacrificios, recorte de presupuesto, austeridad, mientras que a los cuadros gerenciales se les dan otras concesiones”.

Considera que de acuerdo a la manera como se han desarrollado los hechos en Guayana, podría generarse la participación de nuevas figuras que tenían tradición de no participar, y que esta vez la lucha tendría que ir más por la nacionalidad del buen uso de los medios productivos que por las reivindicaciones laborales.

“El aparato productivo asume una gerencia burocrática que tiene fallas, desaciertos que incurre en errores costosos, al final de todo eso las consecuencias las pagan los trabajadores con despidos”, agregó.
- ¿Puede negociarse el seguro de Hospitalización Cirugía y Maternidad (HCM)?

- Puede ser aceptable. Pero verás, el HCM en principio, hace 30 años, no fue promovido por los trabajadores sino por la empresa para los ejecutivos y profesionales, comenzó como una política de recursos humanos. Posteriormente su incorporación a los contratos colectivos estaba relacionada con el deterioro de los servicios, ahora la medicina privada se sabe supervisada.

Llegará el momento en que los promotores de una política de salud y los privados se crucen, las clínicas tendrán que abrirse más a la política pública... eso repercute en el convenio colectivo, porque los trabajadores la defienden pero los gerentes la atacarán porque ellos tienen unos recetarios, sobre todo los nombrados por lealtades ideológicas.

Para el dirigente sindical es una situación muy ambigua, tener que aceptar esa posición del alto gobierno -que además lesiona la calidad de vida- porque el HCM en general te da más que cualquier servicio público. Si sigue mejorando el servicio público a lo mejor eso pueda pasar...

El tema del HCM es muy ambiguo para el sindicalista que justifique su conversión, porque todavía el servicio público no ha llegado a tener la calidad. Cuando llegue a los niveles del privado pues se le puede dar la razón a los promotores de eliminar el HCM y así, que peleen por el servicio público de salud, que no es lucha nada más sindical sino que es social y global.

- En estos momentos la dirigencia sindical manifiesta disposición a hacer sacrificios por la supervivencia de las empresas básicas ¿Hasta dónde puede llegar revertir ciertos beneficios?

- Hacer concesiones y desprenderse de conquistas es una acción posible y hasta justificada siempre que ubiques esos sacrificios dentro de un plan global. Es decir, ¿Qué otros esfuerzos o concesiones están haciendo otros involucrados? Por ejemplo, empresas que marcharon mal y sin sentido común, a la gente que tomó esas decisiones habría que castigarlas, habría que cobrarles, pero si eso no se ve es como que tú pagas lo malo que hicieron aquellos, los favoritos del proceso. Entonces, eso cuesta aceptarlo.

Por otro lado, está el sacrificio de quienes tienen años trabajando a cambio de la sobrevivencia, me parece que no es suficiente. Tiene que ser a cambio de dar un nuevo lugar a un nuevo modo de funcionar la organización del trabajo, a un nuevo modo de toma de decisiones, un nuevo modo de relacionarse entre los distintos sectores que en ellas imperan.

- ¿Qué oportunidades se vislumbran dentro de la crisis que atraviesan las empresas básicas y la dirigencia sindical?

- Es una oportunidad para combatir el autoritarismo, el despotismo, la incompetencia, la improvisación y la partidización que lesionan el esfuerzo productivo, porque puede haber partidización en los órganos estrictamente políticos pero no en una empresa. Lo que se espera de las empresas es que produzcan buen acero o aluminio y que sea buena competidora, porque si no el capitalismo sería mejor.

El socialismo mal productor, improductivo, errático, nunca va a ponerse a tope con el capitalismo, que aunque tiene sus críticas bien justificadas es el referente de cómo se produce, cómo alcanza sus índices. Una empresa que se define como socialista y que es errática, que no alcanza sus metas y crea caos hace que a la gente que apuesta al socialismo se le haga más difícil entenderlo.

Gerentes no tienen fuerza gremial

Lucena señala que los sindicatos tienen la capacidad de activarse en tanto los gerentes no tienen fuerza colectiva, responden a intereses del alto gobierno. En ese sentido, dice que es posible entender las discrepancias.

“Ellos cuando se quedan callados muchas veces es porque están apoyando a la base, porque saben que la base está procurando algo que es rentable para ellos, pero ellos no lo vociferan, solo reivindican públicamente el mandato de quien los nombra”.

Para el especialista es inconcebible que un plan de rescate venga de afuera y no de quienes trabajan diariamente en el proceso de producción.

“Es muy atrasado que un plan de rescate no involucre a los trabajadores, porque las transnacionales cuando se reestructuran, las conversaciones con los sindicatos son minuciosas, a lo mejor harán concesiones pero seguro presionan para que sea toma y dame, pero está el diálogo”.

jueves, 23 de abril de 2009

DISTINCION: MOVIMIENTO DE LOS TRABAJADORES Y LOS SINDICATOS

La experiencia histórica de la intervención estatal en Venezuela, ha sido más invasora de los asuntos del movimiento sindical que aquellos de las empresas y los gremios empresariales. Desde la básica formación y legalización de un sindicato, y de ahí en adelante todos los procesos normales de las relaciones laborales, han estado subordinados a aprobaciones y discreciones burocráticas gubernamentales. Dando a la larga por resultado, un movimiento que ha perdido autonomía, y se ha tenido que subordinar al gobernante de turno, y con ello ha devenido en un movimiento que no cuestiona las relaciones capitalistas de producción.

Aquí es importante distinguir la categoría movimiento sindical de la de movimiento de los trabajadores. Es comprensible que la acción sindical se encuentra más circunscrita a la naturaleza de las relaciones de trabajo y de producción existentes en una sociedad dada, ya que son los organismos que ejecutan las acciones formalizada en los mecanismos institucionalizados, vale decir casi a entes estatales.

Mientras que la categoría movimiento de los trabajadores se desenvuelve en ámbitos más políticos y no se encuentra subordinado a los procedimientos establecidos, sino que por el contrario es una fuerza socio política que se desenvuelve en los escenarios de lucha e intercambio con otras fuerzas políticas y económicas. Según enfoque se pudiera hablar de la representación de la clase obrera, o más bien de un grupo de presión concreto.

jueves, 16 de abril de 2009

EMPRESAS DE PRODUCCIÓN SOCIAL –EPS-

Con el decantamiento de las cooperativas emerge la figura de las EPS. Si bien aquellas tienen una conceptualización universal y nacional, en cambio esta nueva figura responde a la manera como sus propulsores la definen, es una construcción eminentemente local. “La novedad de las Empresas de Producción Social, bandera económica de la capacidad inventiva venezolana” (El Troudi y Monedero, 2006“Empresas de Producción Social. Instrumento para el Socialismo del Siglo XXI”, 2da edición, Editado por el Centro Internacional Miranda ). Sus propulsores reconocen que existe confusión sobre su conceptualización. Haiman El Troudi (2006):
“Pocos en el gobierno, o dentro de las empresas, o en los grupos productivos de base, saben con certeza lo que son, su propósito y utilidad. Es obvio que ha hecho falta una campaña comunicacional – educativa, pero no menos cierto es que se ha requerido homologar el discurso oficial. Sectores empresariales cercanos se quejan por la disparidad de criterios empleados por PDVSA, MILCO, MINEP, MIBAM para la contratación y el otorgamiento de créditos o garantías a sus EPS.
Por ejemplo, PDVSA exige a sus contratistas otorguen un 10% del monto a contratar al Fondo de Producción Social de PDVSA. Este fondo es destinado por la industria petrolera para sus planes sociales; MILCO exige participación accionaria a los trabajadores para otorgar créditos; MINEP financia proyectos productivos que estén acompañados de responsabilidad social; MIBAM cambió la denominación de las cooperativas, llamándolas ahora, EPS.

Los propulsores de la EPS indican que estas nacen orientadas al socialismo pero dentro de una economía que tiene sus anclajes en el sistema capitalista, por ello la diversidad de expresiones en organización, propiedad o cualesquiera otros aspectos (El Troudi y Monedero:2006:94)
En cuanto a la evolución y la construcción de un concepto, en el website de PDVSA se lee:

"Son `Empresas de Producción Social` las entidades económicas dedicadas a la producción de bienes o servicios en las cuales el trabajo tiene significado propio, no alienado y auténtico, no existe discriminación social en el trabajo y de ningún tipo de trabajo, no existen privilegios en el trabajo asociados a la posición jerárquica, con igualdad sustantiva entre sus integrantes, basadas en una planificación participativa y protagónica y bajo régimen de propiedad estatal, propiedad colectiva o la combinación de ambas."
Está por promulgarse una ley que defina y precise esta figura. “La Ley deberá ser desarrollada a la luz de las vivencias sistematizadas, y en virtud a los aportes que las propias comunidades y los integrantes de las EPS ofrezcan. Debe ejemplarizar la idea señalada: premiar lo social, castigar lo antisocial, desechar lo socialmente ineficiente” (El Troudi 2006).
Con lo expuesto sobre las EPS, seguirá predominando que el modelo de EPS “Variará de acuerdo a las especificidades de cada caso, si bien siempre su condición esencial es la participación” El Troudi y Monedero 2006:23). Por ahora, con las experiencias acumuladas, los autores reconocen que las EPS se encuentran distorsiones “como instrumento para la flexibilización y precarización laboral a través de la externalización de la producción. Estas EPS -que no tienen posibilidades de encontrar otros proveedores o compradores-, deben someterse a las reglas del juego que le fija la empresa madre, repitiéndose errores que ya se cometieron en el capitalismo de Estado de corte soviético” (2006:24).
A pesar de que se señala que “las EPS son empresas que ayudan a dejar atrás el capitalismo”, por otro lado se destaca que “No son empresas capitalistas de Estado” y que “La revolución bolivariana.. requiere crear un nuevo inversionista privado, un nuevo contingente de empresarios, referenciados en el ámbito comunitario, independientes del Estado y del mercado, consustanciados y comprometidos con la emancipación” (2006: 97).
En cuanto a la participación de los trabajadores en la gestión de empresa, la propuesta de las EPS aún no cuenta con hechos que evidencien sus virtudes. Por ello en el capítulo referido a la cogestión del libro indicado, se mencionan como experiencias referentes a Alcasa, Invepal e Invetex (206: 140 y 142), y todas ellas desde el punto de vista de la participación de los trabajadores en la gestión de empresas son un fracaso, aparte de que desde la perspectiva productiva convencional en cualquiera de las opciones organizacionales que se quiera ver, tampoco han dado una respuesta satisfactoria en funcion de los recursos recibidos y los activos disponibles para la actividad productiva.

sábado, 11 de abril de 2009

Cooperativismo: auge y limitaciones

Si bien el cooperativismo es una forma de organización asociativa y empresarial que coexiste con las empresas privadas y estatales, y el implica participación en la propiedad y obviamente con ello la participación de los trabajadores – en este caso socios- en su gestión global. Pero hay que tener claro que el cooperativismo es considerado un elemento extraño al Derecho del Trabajo, y tampoco es un elemento central de las Relaciones de Trabajo, “porque los socios de las cooperativas son justamente eso, socios y no trabajadores en relación de dependencia (Cuartango 2003:14); además este autor agrega “.. nada tienen que hacer los laboralistas en el estudio de estas entidades, en tanto no medie fraude laboral

Su consideración en el presente análisis responde a dos razones, en primer lugar al hecho de que su fomento desde la acción estatal, privilegió el cooperativismo de trabajo asociado y de producción en el sector servicios, y es este tipo el más critico y expuesto a caer en el terreno del fraude. Hay que destacar que el movimiento cooperativo existente para el momento de la construcción de nuevas institucionalices en la etapa de la Revolución Bolivariana, presentó importantes sugerencias que fueron acogidas en el texto de la nueva Constitución Bolivariana, las que flexibilizaron su constitución (Freitez, 2007:291-2). La segunda razón es que algunas experiencias de empresas con dificultades económicas, han sido reestructuradas por la vía de la cooperativización, y ello ha traído consigo una mezcla compleja de organización del trabajo, partiendo del hecho de que se trata de empresas con problemas, y su rescate implica esfuerzos mayores .

Una de las medidas iniciales post crisis 2002-3, fue un enérgico fomento estatal de organizaciones cooperativas. Si bien en su constitución se observan que la mayoría de las iniciativas respondían a aspiraciones familiares, de socios y de la comunidad, especialmente como una opción para encontrar salida al desempleo, así lo indica un 74% en el estudio de Machado, del Centro Gumilla (2008_13). En menor proporción se observa la sustitución o conversión de empresas privadas convencionales (sociedades o compañías anónimas, empresas familiares, o personales) en cooperativas.

Esto fue significativo en los sectores en donde empresas públicas o instituciones del Estado son contratantes estratégicos, ya que se emitió normativa que privilegia la contratación de cooperativas. En general, dado las facilidades para el registro y los incentivos brindados a las organizaciones cooperativas, inmediatamente se produjo una explosión o boom cooperativo .

Para el año 2007 se registraban más de 200.000, cuando tan sólo en el año 2000, apenas existían en el país menos de un millar. La mayor parte de la promoción o fomento cooperativo procedía de la acción gubernamental, pero en este boom también levantó apetitos en grupos privados, a objeto de poder participar en el acceso a ventajas crediticias y en las contrataciones o licitaciones con los entes públicos. No obstante, en el estudio de Machado (2008:18) se destaca al indagar sobre los problemas que enfrentan las cooperativas, se menciona en primer lugar la falta de dinero y créditos.

El fomento del cooperativismo de trabajo asociado ha dado lugar a que tanto empresas estatales como privadas, hayan visto en esta figura la posibilidad de cooperativizar actividades que venían ejecutando por medio de otras formas productivas, entre ellas las mismas del convencional trabajo asalariado, y tomando con ello ventajas de doble tipo, una la de evasión de la tutela laboral, y otra, la del acceso a los beneficios de las políticas financieras públicas. En el primer caso la práctica es que se trata de una imposición de los empleadores, ante la cual no le queda otra opción a los trabajadores sino de acogerse o irse. Muy pocos casos se conocen de procesos de discusión, intercambio y consenso. Venequip es uno de esos casos, y que incluso se trata de un proceso no asociado tampoco con la búsqueda de las ventajas financieras públicas.

Se ha llamado la atención que este desarrollo estatal del cooperativismo responde más bien a una política de asistencia social, más que a una de desarrollo económico, es decir de desarrollo productivo (Freitez 2007). Los resultados en el fomento de la asociatividad han sido mucho mayores que en la producción. Aunque hay que destacar que el cooperativismo pasó de estar mayoritariamente presente en ahorro y crédito, y transporte, por ello en 1997 las de mayor tipo representaban el 32 y el 22% de las cooperativas existentes, en tanto ahora predominan las productoras de servicios y las agropecuarias, que representan 53% y 30% (Colina: 2006). En este nuevo perfil cooperativo, destaca que se multiplicaron las cooperativas de producción y en ellas la de trabajo asociado.

El sector cooperativo ya establecido vio con reservas y escepticismo este abierto fomento estatal. Si bien contaba inicialmente con la satisfacción de su participación en la redacción de los planteamientos de principios en el marco de la Asamblea Constituyente -1999-, posteriormente se fue desencantando al redactarse el Decreto Ley y observar la conformación de cooperativas al margen de los principios propios de este movimiento, ya que entendía que no se estaba constituyendo un desarrollo autentico del cooperativismo. Al poco tiempo se pudo constatar que sus reservas fueron ciertas, ya que muchas de estas organizaciones apenas creadas empezaron a morir. Por ello en el Censo Cooperativo apenas un 25% de las 155.000 registradas hasta el año 2006 pudo evidenciar y cumplir con los requisitos del censo, que eran tan sólo mostrar sus libros de actas y su nómina de socios, obviamente muchas se crearon para propósitos circunstanciales, sin la debida formación cooperativa . Junto con ello el mismo entusiasmo gubernamental empezó a decaer en el fomento de esta organización productiva (El Troudi 2006; El Troudi y Monedero 2006; Lanz 2005). La emergencia de diversos tipos de problemas y contratiempos, dejó en evidencia que no es nada fácil construir un movimiento cooperativo sin mantener principios y procesos formativos propios de estas instituciones. Lo que reclama conducir estos procesos en períodos más detenidos de tiempo.